Hasta el principio del año pasado, llegando a las oficinas de migración de la colonia Las Vegas, en Tapachula, había una cola interminable de extranjeros, un par de comedores, un carrito que vendía raspados, uno de naranjas y chicharrones, y una mujer sentada bajo un techito de lámina, con una computadora enchufada a la luz del restaurante de a lado. A su izquierda, el único fotógrafo de un improvisado servicio de retratos iba y venía enseñando su cámara Canon. Era un caos ordenado de negocios informales, chismes, consejos y recuentos de atrocidades vividas en el camino que ahora se transformaban en recomendaciones para los demás.

Bajo un sol inclemente, en un molinillo de empanadas, fruta y refrescos, los cincuenta metros que precedían la entrada al Instituto Nacional de Migración (INM) eran un momento humano y solidario, en medio de la violencia de la migración, donde lo más suave que les toca a los migrantes es la indiferencia sin rostro de la burocracia mexicana. En este pasado mes de julio de 2017, en el mismo lugar, sólo quedaba la cola interminable de extranjeros, el techito de lamina ya no existe, los comedores se han vuelto cibercafés super equipados con servicio de foto exprés y asesoría para todo trámite, visa humanitaria incluida. Se escucha absurdo, pero parece que la «migra» de Las Vegas se esté gentrificando.

«Ha fallecido», murmura una voz a mis espaldas, «hace unos meses la señora del restaurán ha fallecido. Desde años tenia una enfermedad, pero murió sólo cuando se la diagnosticaron. Los nuevos nos han corrido y ahora yo trabajo poco y desde allá». Es Héctor, el ex-único fotógrafo, que la concurrencia ha desplazado mucho más lejos y ahora tiene aún más ganas de irse, aunque es muy probable que, como siempre, no se irá. Es muy buen fotógrafo, crecido en la Ciudad de México, nunca habla de cómo acabó en la frontera sur retratando gente de paso. Nunca habla del hecho que para muchos, aquella imagen que él les tomó frente a un telón blanco, en el rincón de un comedor de Tapachula, fue la última.

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La señora en el escritorio bajo el techito era Nora. Hondureña de origen y huacalera de adopción, la mayor parte de los diecisiete años que tenía en Tapachula los había dedicado a ayudar tanto a los migrantes que habían decidido quedarse en la ciudad como a aquellos que querían continuar su camino.

Nora es una luchadora, la primera vez que la encontramos fue durante la Caravana de las Madres del Movimiento Migrante Mesoamericano de 2014. En ese entonces vivía en Los Cafetales, una colonia afuera del centro donde había fundado junto con otros compañeros y compañeras la «Comunidad Hondureña», una asociación en apoyo a los migrantes que no discriminaba por nacionalidad. A pesar del trabajo que quedaba por hacer, el año pasado ella también se fue, reanudó su viaje hacia Estados Unidos.

Estaba cansada de las trabas que cada día aumentaban en aquel oficio que se había inventado en 2005 y que le encantaba: ayudar a los que viajaban de Centroamérica a Estados Unidos a desenredarse en el laberinto de requisitos y posibilidades de estancia. Pero, sobre todo, ahora temía a las amenazas que ya no llegaban sólo de los maras, sino también de los polleros y de unos cuantos abogados que, en el abril del 2016, en el momento de máxima afluencia de cubanos procedentes de Costa Rica en Tapachula, comenzaron un opulento negocio para realizar o agilizar el trámite que se conocía como «salvoconducto para los cubanos».

En realidad no existía ningún documento oficial con este nombre, el «salvoconducto» no era nada más que un Oficio de Salida que el INM expide gratuitamente para que un extranjero regularice su situación migratoria o abandone el país. Con este oficio, válido por veinte días, y su pasaporte, los cubanos podían tomar autobuses o aviones para trasladarse por México y alcanzar Estados Unidos y por esto se les cobraba ilegalmente hasta dos mil quinientos dólares. La prensa local denunció a los estafadores como «falsos abogados», pero los migrantes afirmaban que «de falso tenían sólo su conciencia» y que trabajaban en coordinación con oficiales del INM. Nora, como muchos, lucharon contra esta práctica, denunciándola y difundiendo la información correcta. El resultado fueron las amenazas y su decisión de irse.

La llamada crisis de los cubanos terminó, como se acabó la de los haitianos que se declaraban congoleses, y como se acabarán las otras que vendrán. Los negocios afuera de las oficinas de Las Vegas se están profesionalizando y dentro de las instalaciones del INM ha aparecido una mesa con dos defensores de derechos humanos del centro Fray Matías de Córdoba, uno de los más activos en la ciudad. Verlos informar a los migrantes sobre sus derechos y los riesgos vinculados a la violencia y corrupción frente a las ventanillas de los oficiales es impactante, sobretodo porque durante el día se permite a los defensores y por las noches se hacen rondines en el parque Miguel Hidalgo, con apoyo de la Policía Municipal. Revisan, detienen, deportan.

Todo Tapachula está lleno de policía, o, más bien, de Gendarmería, ese cuerpo híbrido que Enrique Peña Nieto creó en agosto de 2014 como parte de su estrategia de seguridad. Una fuerza civil bajo el mando del ejército, es decir, entrenada por militares.

Las paginas del periódico El Orbe y la radio ciudadana lo justifican con la necesidad de acabar con los robos a casa habitación, las supuestas amenazas de saqueos en el centro y la “perpetua plaga de migrantes”. Sin embargo, esta proliferación de fuerza pública coincide también con los primeros pasos que Tapachula está dando hacia la realización de la Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas, proyecto también lanzado por el actual presidente en 2014 y que hasta la fecha no ha tenido resultados. La ZEE de Tapachula se encuentra en la tercera de siete fases, durante la cual se están sentando las bases para atraer grandes inversiones.

El pasado 12 de julio, una delegación china procedente de Jiangsu, una región que cuenta con trece zonas económicas especiales, visitó  Tapachula con la finalidad de presentar su exitoso camino hacia la realización de las ZEE.

Alrededor de una mesa ovalada en la Secretaría de la Frontera Sur se sentó la «crema y nata» de la ciudad, políticos y empresarios se reunieron para aprender como entregar de la mejor manera su territorio a inversionistas nacionales y extranjeros. Porque como subrayó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, pocos minutos antes de la reunión: «¿Creen que alguien de Tapachula lo va a manejar? Claro que no… no tenemos la experiencia… hablamos de inversiones mayores de mil millones de dólares, no es la feria del pueblo, es una inversión a nivel internacional grandísima y no la van a encargar a alguien que no tiene experiencia».

La junta municipal y los empresarios hablan de la ZEE como si el único problema a resolver fuera elaborar una estrategia para incentivar las inversiones y decidir cuáles serán las empresas lideres del nuevo motor económico de la Frontera Sur. Sin embargo, Tapachula sigue siendo una ciudad que vive contradicciones explosivas, donde una fachada oficial de defensa de los derechos humanos tapa la fobia y la criminalización en contra de los migrantes y un supesto plan federal para el desarrollo aumentará aún más las diferencias sociales que pretende eliminar.

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Las Vegas no es el único lugar de Tapachula que está cambiando rápidamente, muchas cosas se están moviendo a nivel político y económico. En las zonas más populares del centro y de la periferia, ahora ya no se respiran sólo olores a comida, asfalto y fruta podrida, sino una mezcla inquietante de medidas de control y limpieza social. Ojalá nos equivoquemos, ojalá los planes de desarrollo traigan por primera vez en la historia un apartado dedicado al cuidado de los habitantes de sus enclaves a régimen especial, ojalá los gendarmes estén para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ojalá.

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