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ESPECIAL: Consulta indígena legaliza despojo de los pueblos

Foto: Renata Bessi

La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.

Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.

Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Consulta Indígena Legaliza Despojo de los Pueblos

 

Chile: Dos jóvenes Mapuches fueron asesinados por un capitán que apropió tierras ancestrales

Foto: mapuexpress

Es irrisorio pensar que un terrateniente o un latifundista del siglo 21 justifique un asesinato cometido con sus manos argumentando que buscaban asaltarlo y quitarle sus tierras. ¿Quién asalto a quien? ¿Fueron los colonizadores o los pueblos originarios de las Américas? ¿Fueron las empresas o los campesinos? ¿Los hacendados y latifundistas o los indígenas?. No hay órgano de justicia que cuestione esto. En un predio en La Araucanía, en Chile, con una licencia para matar, una escopeta y una pistola, el capitán de Carabineros en retiro, Ignacio Gallegos Pereira, dio muerte a dos indígenas Mapuches. Se trata de los weichafes Patricio Gabriel González Guajardo y Luis Humberto Marileo Cariqueo.

El hecho ocurrió en el fundo El Encino de la comuna de Los Sauces, en las cercanías de Angol. La propiedad pertenece al capitán de Carabineros en retiro, acusado por los pueblos indígenas de la región por ser “cómplice y partícipe de la militarización y represión impune en el Wallmapu, además de usurpador de tierras ancestrales, ganado y recursos naturales que son del pueblo mapuche”.

En dicho contexto, diversos medios locales de comunicación argumentan que durante la tarde de este sábado 10 de junio, los jóvenes mapuches, resultaron muertos en un presunto enfrentamiento con un latifundista y capitán en retiro de Carabineros, pero es el propio pueblo Mapuche quien ha desmentido esta información. “La muerte de los weichafes fue por la perdida de un caballo de Luis Marileo. El carabinero inscribió un caballo robado y Luis con tres personas mas fue a conversar con el capitán en retiro para que se lo devolviera y este los repelió a balazos comentaron testigos que trabajan en el fundo. No le crea a la prensa, ellos van a publicar solo mentiras”, ha documentado el sitio werken.cl.

El querer tipificar esta acción como un asalto es querer reducir la lucha milenaria del pueblo Mapuche por recuperar sus tierras ancestrales, ya que no es el unico hostigamiento que han recibido el pueblo Mapuche.

Cabe recordar que nuestro Weichafe LUIS MARILEO había tenido una larga historia de persecución política y judicial, pasando años en prisión bajo montajes policiales y falacias de la Fiscalía anti mapuche, realizando incluso largas huelgas de hambre junto a otros mapuche dentro de la cárcel para exigir justicia, mejoras carcelarias y traslado al CET”, argumenta el Comunicado Público emitido por Comunidad José Guiñon.

En el año 2010 Luis Marileo Cariqueo con apenas 17 años había sido recluido en el centro de menores CIP CRC de Chol Chol, acusado de terrorismo y asociación ilícita. El joven sostuvo una huelga de hambre por 21 días desde donde emitió una carta que exigía al gobierno de Chile que respetara sus demandas y que se aplicara la justicia con transparencia, tomando en cuenta la la libertad ancestral del pueblo Mapuche.

De esta misma manera quiero decirle a esa gente que nos ha tratado de “delincuentes” que nosotros somos gente de nuestro pueblo, nos debemos a el, un pueblo que ha pertenecido siempre a este territorio, ahora sin embargo, quienes se creen dueños de estas tierras, nos aplican la ley antiterrorista, como una forma de destruirnos, detenernos, ellos jamás han respetado nuestros derechos como pueblo, como seres humanos, como niños, jóvenes, ancianos, como mapuche”, dice la carta.

El joven había expresado de diversas formas su descontento con el Estado y las acciones implementadas contra la resistencia de su pueblo. Es el motivo por el que fue preso por primera vez. “Solo por pensar en mi gente, en mi pueblo, por luchar por algo que creo justo, por crecer con la convicción de la liberación de nuestro pueblo, este encarcelamiento solo reafirma el deseo de los poderosos de mantener adormecidos, atontados a los jóvenes, que no tengan por que luchar. Yo me debo solo a mi pueblo, a mi comunidad y a mi familia, no pertenezco a ninguna organización, mis ideales los he construido en mi corta vida, ya que de niño he sido hostigado, torturado y la mayoría de mi familia ha sido encarcelada, esta realidad me ha hecho cada día mas fuerte y me hace creer en la libertad de mi pueblo”, expresó en su Carta el joven indígena en plena huelga de hambre.

El pueblo mapuche hoy se sigue vistiendo de luto por haber perdido un hijo más. Ya que el joven hoy fallecido había denunciado en prisión que la violencia siempre vino del Estado y sus instituciones. “Quiero recordarle al Gobierno, que nosotros no hemos ejercido violencia ni hemos fundado el terror en la población, no cargamos con ninguna muerte, al contrario de ustedes, han matado a un niño, caso que quedo impune, han matado a dos jóvenes, dejaron sin padre a un niño de dos años, han allanado nuestros hogares, interrogando a niños, aplicando violencia, tortura, causando terror. Les recuerdo cuando dejaron amarrada a la Machi de nuestra Comunidad, tirada en el suelo, al lado de sus dos pequeñas hijas, mientras se llevaron detenido a su hijo de 12 años, a mi eso me hace relación con la palabra violencia, tortura, violación de derechos humanos”, el joven también aseguraba que al seguir nombrando a los caídos se podrían llenar varias cuartillas y en ese sentido preguntaba, ¿cual es su respuesta Señor Presidente?.

Aunque el pueblo Mapuche esta de luto, levantan la mirada, y con firmeza, aseguran que su lucha no se detendrá. “Los pülli de nuestros Weichafe no han muerto, ahora caminan con firmeza al Wenv Mapv para reencontrarse con los ancestros. El pueblo mapuche una vez más está de luto, la tierra sagrada se vuelve a bañar con sangre originaria de jóvenes combatientes de su pueblo. Los guerreros de la tierra celeste llaman a transformar este momento de dolor en acción, la pena en movilización y seguir esta senda de liberación, reivindicación, reconstrucción y recuperación territorial”, finaliza el Comunicado.

Manu Chao viraliza carta de Asambleas patagónicas contra central nuclear en Argentina

El cantautor Franco-español Manu Chao hizo eco del llamado de la Unión de Asambleas Patagónicas, Chubut, del Kurru Leufu, de no permitir ningún tipo de instalación de Centrales Nucleares en la Patagonia Argentina.

En redes sociales se hizo viral la posición de Manu:

¨NO A LA MINA: EN LA PATAGONIA NOOOO!!!!!!
NO AL PLAN MINERO NUCLEAR¨

Desde el 16 de Mayo fue anunciado por el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a Mauricio Macri, presidente de esta nación, que se construirá la quinta central nuclear en Argentina entre 2019 y 2020 en Sierra Grande, General Conesa o Río Colorado. Este proyecto contará con una financiación de 14.000 millones de dólares de los cuales 12.500 los financiará la República Popular de China. La energía producida por esta central estará destinada “para diversificar nuestra matriz energética”, asegura el Weretilneck.

A pesar de que el gobernador Weretilneck asegura que en torno a esta construcción se generarán 4 mil empleos, la construcción de hospitales, escuelas, rutas y redes eléctricas para transportar energía, las comunidades de la región se han organizado y pronunciado en contra de este proyecto.

Hoy en la Argentina existen tres centrales nucleares: la Presidente Perón (Atucha I), la Central Nuclear Embalse y la Néstor Kirchner (Atucha II), inaugurada en 2014. Ese mismo año, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un acuerdo de intención con China para la construcción de una cuarta central, situada en Lima, partido bonaerense de Zárate, Argentina.

Mientras tanto, Manu Chao compartió la carta emitida públicamente el 5 de junio de este año 2017, de la Unión de Asambleas Patagónicas, Chubut, del Kurru Leufu, quienes se dirigen al gobierno de China para externar que, “nos oponemos categóricamente a la instalación de cualquier tipo de Central Nucleoeléctrica”. La carta se viralizó al ser compartida por el cantautor en su redes sociales.

A continuación la carta completa:

Justicia de Honduras decide en tres días si dará continuidad al caso Berta Cáceres

La Justicia de Honduras decidirá en tres días si los cuatro imputados por el asesinato de la indígena Lenca y ex coordinadora general de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, deben ir a juicio. La determinación fue tomada este miércoles (7 de junio), durante la audiencia preliminar en la ciudad de Tegucigalpa, donde se formalizaron las acusaciones contra Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario).

Nosotros estamos pidiendo que el caso siga la siguiente fase, donde los imputados deben ser llevados a juicio en una audiencia realizada públicamente. La defensa de los imputados, al contrario, sostiene que no hay pruebas, que son inocentes los acusados y entonces solicitan que se cierre el caso y que se pongan a los acusados en libertad”, explicó al final de la audiencia preliminar el abogado Víctor Fernández, quien es parte del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), representante judicial de la familia Cáceres y del COPINH.

Fernández sostiene que durante la audiencia volvió a cuestionar la acción del Ministerio Público del país en el caso. “En realidad estamos participando como acusadores privados, sin tener acceso a temas fundamentales de la investigación que está haciendo el Ministerio Público”.

En Honduras, solo con la investigación oficial del órgano se puede introducir el caso a un proceso penal. “La imputación que hay ahora por parte del Ministerio Público es insuficiente. No tiene ni siquiera la división de las responsabilidades en el crimen de cada una de las personas imputadas, ni claridad de cada uno de los hechos”, explica Berta Cáceres, hija de la indígena asesinada.

La acusación, con el objetivo de que se profundice las investigaciones imputa, además de asesinato y tentativa de asesinato, la calificación de asociación ilícita a tres de los acusados. “Nuestra lucha es por profundizar las investigaciones. Estas personas que están imputadas no sacaron el asesinato de la nada, sino que la acción es parte de un plan mayor de atacar el COPINH, que ya venimos experimentando desde hace mucho tiempo y que se agudizó con las manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en territorio lenca, y en específico el proyecto de Agua Zarca, de la empresa DESA”, dice Berta.

Lo que pedimos a la Justicia es que amplié la imputación para que se muestre que el asesinato forma parte de un plan de ataque que ya venía siendo diseñado por la empresa DESA. Y sabemos que hay participación de agentes del Estado que hicieron la persecución, investigación y monitoreo de donde ella se movía”, añade la hija de Berta.

Irregularidades

La defensa de Berta Cáceres suma una lista de problemas, irregularidades y negligencias con las que el MP lleva el caso. Algunas de ellas:

1. Falta de indagación en el primer termino de las líneas de investigación relacionadas al trabajo organizativo de Berta Cáceres.
2. El interés de tergiversar en primera instancia el asesinato.
3. Los intentos de involucrar de manera inescrupulosa a miembros del COPINH en el asesinato.
4. La falta de investigación en líneas que conduzcan a la detención de los autores intelectuales.
5. La negligencia en la investigación a la empresa DESA evidentemente vinculada al asesinato por las amenazas a muertes contra nuestra compañera y organización.
6. El establecimiento ilegal e ilegítimo para las víctimas en la investigación.
7. La ausencia de una investigación e imputaciones mínimamente responsables hacia las personas actualmente detenidas.
8. Los evidentes conflictos de interés entre las estructuras de investigación, el ejército hondureño y la empresa DESA.
9. La ausencia de una necesaria perspectiva de pueblos indígenas y de género en la investigación.
10. La carencia absoluta de profesionalidad en la investigación en el cumplimiento de estándares básicos que quedó evidenciado en el robo de expediente.
11. La acusación ha solicitado al MP, entre otras cosas, la entrega de los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados.

Incomodados

Los abogados de los acusados manifestaron durante la audiencia, según Berta, que les incomoda la presión que ha sido hecha en nivel nacional e internacional sobre el caso. “Nosotros les contestamos que vamos a seguir molestándoles. Este caso no se va a resolver simplemente con la cuestión judicial. Las instituciones no garantizan nada. Será garantizado con nuestra presión política”, dijo ella.

Muertes

Entre el año 2010 y 2016 fueron asesinados 123 defensores(as) del territorio tan sólo en Honduras, donde la tasa de impunidad se eleva al 96%

Guatemala: comunidades desplazadas del Petén llegan a México

Las familias instalaron un precario campamento en la línea fronteriza con Tabasco, México. Fuente: Telenoticias de Petén

Desde los primeros días de junio, funcionarios guatemaltecos dieron marcha forzada a procesos de autorización de desalojos contra comunidades de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala. Dichas maniobras son parte de una cadena de eventos utilizados desde larga data por el Estado guatemalteco para justificar el desplazamiento forzado de las comunidades.

Desde el 30 de mayo pasado se presentó un amparo por parte de los campesinos para detener los violentos desalojos, sin embargo las comunidades nunca fueron tomadas como partes interesadas en los procesos penales, lo que ha vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso con una defensa efectiva.

El 31 de mayo actores del Estado y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) planearon la invasión a la tierra de los comuneros y el 1 de junio cerca de mil agentes de la PNC y elementos del ejército guatemalteco fueron desplegados en los municipios de San Benito y San Andrés con la excusa de ejecutar acciones contra “narco-actividad y delitos contra el ambiente”.

El argumento de la lucha contra el narcotráfico, sumado hoy al discurso de la conservación, han sido utilizados para autorizar violentos desalojos como el realizado en 2009 contra la comunidad de Centro Uno en la Sierra del Lacandón. En dicho caso las comunidades continúan actualmente sobreviviendo en las calles.

Desplazamiento y represión, los antecedentes

El día viernes 2 de junio alrededor de 700 personas fueron desplazadas violentamente. En su mayoría mujeres, ancianos y niños recorrieron kilómetros de selva en plena época de lluvias para buscar refugio en el ejido El Desengaño, municipio de Candelaria en Campeche, México desde donde se han denunciado hostigamientos y amenazas contra los desplazados por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Se reporta una situación de crisis humanitaria dado que los menores presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas mientras permanecen junto a todos los desplazados en 35 carpas sin suficientes alimentos ni medicinas. A pesar de su situación, funcionarios mexicanos han impedido a las personas acudir a los poblados cercanos bajo amenaza de detención y deportación, lo cual ha obstaculizado la atención médica de lesionados y enfermos.

Ante la emergencia han surgido llamados de solidaridad para recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al albergue La 72, en Tenosique, Tabasco para ser trasladados hacia el campamento de las familias desplazadas. Actualmente existe una advertencia de desalojo para el 14 de este mismo mes contra la comunidad de La Mestiza, en Laguna del Tigre.

De la propuesta de las comunidades y el silencio del estado

El pasado 28 de septiembre, 40 comunidades de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, fundadas antes de la creación de las Áreas Naturales Protegidas, se manifestaron en el congreso de Guatemala para exigir su permanencia en dichos territorios frente a las amenazas de desalojo gubernamentales. A la par, presentaron la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible y propusieron la integración de una mesa técnica con funcionarios del gobierno y las comunidades, lo cual se concretó hasta inicios de noviembre de 2016.

Pese a la existencia del órgano conciliador y los compromisos de los funcionarios estatales para detener la represión contra las comunidades, instituciones como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y tribunales del Petén han promovido y tramitado los desalojos, además de ejecutar una campaña de criminalización y persecución contra comunitarios que han denunciado las agresiones estatales como en el caso de la detención de Jovel Tobar el 28 de marzo de este año y las agresiones por parte del CONAP, División de Protección de la Naturaleza y el ejército contra campesinos de La Mestiza en febrero de 2017.

En 2017 se ha visto un aumento en la violencia contra las comunidades asentadas desde la segunda mitad del siglo pasado. Los primeros colonos, agraristas entre las décadas de los 40s y 50s fueron testigos del retroceso en la posesión de la tierra con el golpe de Estado de 1954 y los regímenes militares que se sucedieron hasta el momento en que comenzó el despojo de sus tierras por parte de empresas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Desde la década de los 60s el departamento del Petén cobró importancia para el estado guatemalteco por el descubrimiento de reservas de petróleo, con lo que se dinamizó el proceso de colonización del departamento al norte de Guatemala junto a la frontera con México. En corto tiempo transcurrió la reconversión de la industria de recolección de hule y explotación de maderas preciosas hacia enormes complejos dedicados al ganado y la extracción petrolera, actividades que atentan contra la declaratoria de Áreas Protegidas Naturales en regiones donde cerca de 60 mil personas que ahí han vivido durante décadas permanecen bajo amenaza de ser desalojados en cualquier momento.

Conservación, el disfraz del despojo

El argumento del CONAP para realizar los violentos desalojos se apoya en “la conservación de la biosfera”, símbolo político que busca deslegitimar la permanencia de las comunidades asentadas en el norte de Guatemala pese a las alternativas ofrecidas desde las poblaciones para resolver la problemática.

Así, tergiversando las causas del cambio climático, la “culpabilidad” que imprime en su discurso contra los campesinos contrasta con la impunidad con que se multiplican los pozos de extracción petrolera. De esa manera la pretendida justificación de las industrias para realizar impunemente los desplazamientos forzados se evidencia como un argumento vacío, o lo que Luis Solano, colaborador de El Observador prefiere llamar política de doble rasero.

Las comunidades plantean que se regule todo eso pero de una manera en donde ellas sean participes también de la protección, de la conservación de las áreas protegidas. Exigen de que haya una política de protección de parte del Estado real donde se desalojen las narcofincas, donde no haya agronegocios porque hay una amenaza constante, cada vez mas inmediata de las fincas de palma africana, de las plantaciones madereras de exportación… Esa penetración de los agronegocios no es castigada por el estado ni los tres contratos petroleros en esta región”.

La empresa Perenco de capital francés, actualmente explota más de 40 pozos petroleros en una franja dentro del parque nacional Laguna del Tigre. La concesión para esta empresa, que busca expandir la explotación de sus pozos petroleros, vence en el año 2025.

A su vez, la directora de Action Aid Guatemala, organización que cuenta con análisis sobre el impacto negativo de la expansión del cultivo de palma aceitera, agrega “Tenemos estudios suficientes que las áreas más conservadas es donde hay presencia de comunidades y sobretodo de comunidades indígenas. Aquí la vía por la cual se ha impulsado la conservación ha sido completamente equivocada e inefectiva. Y siguen en conflicto con las comunidades y sin hacer un alto a todos los tráficos ilícitos qué son los que depredan”.

Honduras: Proceso jurídico del caso de Berta Cáceres está lleno de irregularidades, denuncia COPINH

El miércoles (7 de junio), a las 10 am, se realizará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la audiencia preliminar sobre el asesinato de la indigena Lenca Berta Cáceres. El objetivo es formalizar las acusaciones contra cuatro de los ocho detenidos por la muerte de Cáceres, ex coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

En un comunicado, el COPINH argumenta que la demanda de la acusación privada que representa a Consejo y a la familia de Berta Cáceres tiene como objetivo dar una mirada más amplia a la imputación de la que presenta el ministerio público de Honduras y “así demostrar que el asesinato no es un hecho aislado que se consumó por intereses particulares, sino que forma parte de un ataque sistemático dirigido a COPINH y a quien fungía como coordinadora general”, dice el texto.

Además, sostiene que a un año y tres meses del “vil asesinato de la compañera Berta Cáceres Flores y a pesar de la fuerte denuncia nacional e internacional y la movilización permanente, la acusación del ministerio público está llena de falencias e irregularidades, que ahora se conocen con la apertura de una parte de los expedientes y con la asistencia a las anteriores audiencias”.

El COPINH hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales para acompañar en la denuncia y acción de esta audiencia que forma parte de un proceso lleno de irregularidades que pueden llevar el caso a la impunidad.

A continuación el comunicado completo:

Llamado a las organizaciones nacionales e internacionales.
Audiencia preliminar Caso Berta Cáceres.

Este miércoles, 7 de junio a las 10:00am, se estará desarrollando en Juzgado Primero de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la audiencia preliminar de unos de los casos más trascendentales en el campo de los derechos humanos de América Latina de los últimos tiempos: Caso Berta Cáceres.

Luego de dos suspensiones de las audiencias debido a que la evidencia probatoria de las imputaciones no había sido entregada a ninguna de las partes del proceso judicial, se realizará dicha audiencia en medio de numerosas irregularidades que ha experimentado la investigación totalmente acaparada por el Ministerio Público.

Esta audiencia tiene como objetivo la formalización de las acusaciones contra cuatro de los ocho detenidos al día de hoy: Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario)

La demanda de la acusación privada que representa a COPINH y a la familia de Berta Cáceres tiene como objetivo dar una mirada más abarcadora a la imputación de la que presenta el ministerio público y así demostrar que el asesinato no es un hecho aislado que se consumó por intereses particulares, sino que forma parte de un ataque sistemático dirigido a COPINH y a quien fungía como coordinadora general.

Este crimen que articula estructuras criminales en las que se entremezclan empresa privada, agentes del Estado, organismos financieros internacionales y sicariato criminal, forma parte de un plan de desestabilización a nuestra organización.

Es importante recalcar que a un año y tres meses del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres Flores y a pesar de la fuerte denuncia nacional e internacional y la movilización permanente, la acusación del ministerio público está llena de falencias e irregularidades, que ahora se conocen con la apertura de una parte de los expedientes y con la asistencia a las anteriores audiencias.

El COPINH hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales para acompañar en la denuncia y acción esta audiencia que forma parte de un proceso de un proceso lleno de irregularidades que pueden llevar el caso a la impunidad.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidad y Paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 5 días del mes de junio.