Foto de portada: María Ruíz
En vísperas de su aniversario número 30, el Congreso Nacional Indígena (CNI) deja entrever ver sus flaquencias y fortalezas ante una guerra capitalista que no para, sólo se transforma.
Como ya es sabido, desde el pasado 12 de octubre en vísperas de su aniversario número 30, el CNI convocó a las Jornadas Permanentes rumbo a las tres décadas de su fundación, es decir, a una serie de actividades que se desplegarán bajo el objetivo de fortalecer la autonomía y organización de los pueblos indígenas ante la guerra capitalista vigente.
La invitación, entonces, es que cada colectividad de acuerdo a “sus tiempos y sus formas”, realicen reuniones, foros, conferencias o actividades artísticas-culturales enfocadas en reforzar sus propias perspectivas de lucha y resistencia ante el despojo.
Pero, más allá de su llamado a las Jornadas, a casi un año de que suceda su aniversario -que tendrá lugar el 12 de octubre del 2026-, integrantes del CNI insisten en rememorar su pasado histórico, en un intento por reafirmar su autonomía que aún en momentos de crisis han logrado sostener, y también persisten en reconocer la fortaleza que los ha llevado a resistir tres décadas, afrontando múltiples retos inclusive antes de su fundación.
Aunque desde una lógica común todo parezca estar separado, los antecedentes del Congreso parten desde 1994, cuando el primero de enero de ese año, un ejército de carácter peculiar, de presencia sutil y andar silencioso, compuesto por miles de mujeres y hombres -campesinos tzotziles, tzeltales, tojolabales, zoques, choles y mames- que traían por delante la rabia, el hambre y la sed de justicia, ocupó cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal.
Este ejército silencioso de guerrilleros indígenas con el rostro cubierto, proveniente de los lugares sureños más recónditos de la selva y las frías montañas chiapanecas, se armó de fusiles descontinuados, palos y escopetas, leyó ante periodistas y fotógrafos de todo México y algunas partes del mundo la “Declaración de la Selva Lacandona” y, estableció oficialmente su levantamiento insurgente bajo el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Dos años más tarde de que esta marea insurgente emprendiera su guerra contra el olvido, en enero de 1996 el EZLN convocó, en San Cristóbal de las Casas, a lo que sería el antecedente del Congreso Nacional Indígena: el Primer Foro Nacional Indígena que congregó a 236 delegados indígenas, 198 mestizos y 25 integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN, tras el objetivo de resonar la voz de los pueblos de México contra el hambre y exterminio a los que la población indígena en el país había sido sometida luego de la ocupación colonial a más de cinco siglos atrás.
Semanas después de este Primer Foro, toman lugar los “Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena” conocidos popularmente como “Acuerdos de San Andrés”, que son un conjunto de convenios firmados el 16 de febrero de 1996 en el municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas, en los que el gobierno se comprometió a: reformar la Constitución mexicana, garantizar los derechos culturales, promover el desarrollo sustentable, proteger a las mujeres indígenas, asegurar el acceso a la justicia a través de intérpretes, fortalecer los municipios marginados y garantizar el derecho a los medios de comunicación.
Compromisos que para los insurgentes, primordialmente fueron una estrategia de avance sobre sus demandas históricas de autonomía y justicia.
Nueve meses después de la firma, entre el 9 y 12 de octubre de ese mismo año, tomaría forma el Congreso Nacional Indígena, un espacio que hasta hoy se ha conformado por pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas, fundado a partir de un encuentro que congregó a más de 3 mil delegados y delegadas provenientes de todo el país.
Regido desde sus inicios bajo los siete principios zapatistas del “Mandar obedeciendo”, el CNI fue uno de los primeros espacios que los pueblos indígenas de México tuvieron para compartir y organizarse bajo el lema: “Nunca más un México sin nosotros” que, en la misma lógica del EZLN, refiere a la ruptura del silencio impuesto sobre los pueblos originarios a partir del proceso colonial, sugiriendo una reconstitución integral de los pueblos indígenas.
Desde 1996 y hasta marzo del 2001, el CNI y el EZLN iniciaron una lucha para exigir la incorporación de los Acuerdos de San Andrés a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que, en abril del 2001, “la Cámara de Diputados aprueba un dictamen de reforma constitucional que no tiene el reconocimiento de los derechos territoriales ni el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público” comparte para Avispa Mídia el abogado y coordinador de seguimiento del CNI, Carlos González García.
A partir de que los diputados, la totalidad de los partidos políticos y el gobierno federal traicionan los acuerdos iniciales, el EZLN y el CNI cambian sus formas organizativas: “entramos a otra segunda etapa en la que ya el acento fundamental no está en el reconocimiento de derechos por parte de un estado que exhibió su matriz, colonial, racista y su colusión con los intereses con los grandes intereses empresariales y de las cúpulas militares para impedir el reconocimiento mínimo de derechos de los pueblos indígenas” comenta el abogado.
Calderón y Peña, violencia a la alza
Las comunidades indígenas pasaron de solicitar un reconocimiento oficial de sus derechos a ejercerlos. En ese proceso de hacer, de tomar “sin pedir permiso”, llega el sexenio del mandatario panista Felipe Calderón, una administración marcada por la violencia criminal que afectó significativamente el ejercicio de autonomía y derechos territoriales que el CNI había emprendido después del año 2001.
“Muchos de nuestros pueblos sufrieron situaciones de represión, de asesinatos, de desapariciones muy fuertes, que fueron mermando la capacidad de organización y de respuesta por parte de los pueblos y también por parte del propio Congreso Nacional Indígena” describe González.
La “guerra contra el crimen organizado” emprendida durante el sexenio de Calderón, dejó un saldo de 121 mil 683 muertes violentas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 30 de julio de 2013.
Al término de la presidencia panista, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelve a la cúpula presidencial luego de que, desde el año 2000, perdiera -frente al Partido de Acción Nacional (PAN)- su gobernatura de 71 años consecutivos en el país.
Ya en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018), su mandato se caracterizó por niveles récord de violencia en México, superando al gobierno de Calderón, al registrar al menos 156,066 homicidios, cifra que representa un aumento del 14% en comparación con el sexenio de Calderón
El Concejo Indígena de Gobierno
Frente a este nivel de violencia, a la salida del presidente priísta, el CNI comienza un proceso reorganizativo que culminaría en 2017 con la propuesta de la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera de origen nahua originaria de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez, para contender en las elecciones presidenciales de 2018.
Carlos Gonzalez aclara que no participaron en la coyuntura electoral porque tuvieran intención de ganar sino “para generar visibilidad internacional, construir protagonismo por parte del movimiento indígena en la sociedad nacional y poner en su lugar tan importante la agenda de los pueblos indígenas en el conjunto de la nación”.
Actualmente el CIG aún existe y es una iniciativa para construir una solidaridad comunitaria transnacional, articulándose con activistas, académicos, movimientos sociales, colectivos y pueblos de diversas latitudes del país y del mundo.
La 4T
A la llegada de la llamada “Cuarta Transformación” (4T, como se conoce popularmente), con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para el CNI empieza nuevamente un escenario difícil que Gonzalez desgloza en tres principales razones.
Primero, un neoliberalismo reflejado en la creación de programas sociales a partir de los cuales “ha reconstituido una relación clientelar y corporativa como la que tuvo el viejo régimen priísta, para amplios sectores de la sociedad social no estando exentas las comunidades indígenas”.
La segunda razón es la creciente militarización del país, sobre todo en los territorios indígenas donde han idenficado un creciente militarismo: “cuando hablamos de militarismo nos referimos a que a las fuerzas castrenses en sectores estratégicos de la economía nacional, se les entrega una parte importante de la obra pública como aduanas, y puertos y este es otro factor que pesa mucho para la organización, no solo de los pueblos y comunidades indígenas y el CNI, sino en general del movimiento social”.
La última de sus razones es la complicidad del crimen organizado con las instituciones del Estado Mexicano, que en palabras del abogado indígena se trata de “un predominio como nunca antes había existido ni bajo el gobierno de Calderón o el de Peña Nieto”.
Para complementar los tres puntos ya expuestos, resulta importante considerar que, con la entrada de la 4T a la gobernatura del país, sucede un proceso de reordenamiento territorial visible sobre todo en el sur, sureste y noreste de México. Esto se hace tangible a través de proyectos mineros y gasíferos, en el desarrollo de puertos y la continuación de las llamadas Zonas Económicas Especiales. Estos emprendimientos engloban proyectos como el “tren Maya”, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, sumados a los cinco Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) puestos en marcha a partir de junio pasado.
En consecuencia, los megaproyectos implican la militarización ya mencionada por González, a lo que demás agrega que “se trata de una guerra no declarada, pero demasiado presente en toda la vida nacional y demasiado violenta”, perpetuada en acciones como: la asentación de cárteles sobre nuevos territorios, la reclutación de jóvenes para el servicio del ejército, así como la implementación de tecnologías como los drones y minas anti-persona.
La respuesta a las Jornadas
Una pregunta fue clara hacia Carlos Gonzalez: “¿Cómo esperan ustedes que sea la respuesta y, hasta el momento, cómo han respondido los pueblos en resistencia y otras colectividades que están integradas en el CNI?”, a lo que él contestó: “hay entusiasmo en las organizaciones y en las comunidades que de manera permanente han estado en el CNI en los últimos años, pero sabemos que va a costar trabajo darles contenido y darles fuerza en las regiones”.
Un trabajo ‘arduo’ después de analizar el panorama ya expuesto, por lo que el CNI pretende reforzar el trabajo en organizaciones y comunidades para lograr una mayor integración al Congreso.
Es importante resaltar que, en septiembre de este año 2025, se intensificaron los ataques contra comunidades autónomas zapatistas en Chiapas. Muestra de ello es la destrucción y quema de viviendas en la comunidad de Belén, perteneciente al Caracol 8 ubicado en Dolores Hidalgo. Resultado de esta agresión es el desplazamiento de 13 personas Bases de Apoyo del EZLN, que de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, son acciones encaminadas a privatizar la tierra ocupada por la rebeldía indígena desde el año 1994.
En ese sentido, Bonifacia Margarita, joven otomí perteneciente al CNI, originaria de Santiago Mezquititlán y residente en la Ciudad de México, visualiza las Jornadas Permanentes Rumbo a los 30 años del CNI como una “demostración al mal gobierno de que los compañeros zapatistas no están solos”.
A raíz del contexto ya enunciado, hoy el CNI se encuentra -y hasta el 12 de octubre del 2026- en una llamado permanente dirigido a “pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios y organizaciones indígenas, así como a las personas, organizaciones y colectivos de México y el mundo” para que acompañen su lucha y sumen sus iniciativas encaminadas al fortalecimiento autónomo y organizativo de los pueblos índigenas de México.
Sus delegadas y delegados aún consideran que a casi 30 años de su formación las cosas no han cambiado para poder hablar de “mejorías”, por el contrario, tanto en entrevistas como a partir de sus comunicados siguen refiriendo -a partir de experiencias propias- cómo la guerra sólo se ha intenficicado.
