Previo a la llegada al poder del recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, le ha ofrecido más de 566 hectáreas (1,400 acres) de tierra estatal en la frontera sur de Texas para facilitar los planes de deportación de la administración Trump. De acuerdo con la funcionaria, este ofrecimiento se enmarca dentro de la estrategia para combatir el crimen organizado y para dar continuidad a los proyectos de construcción del muro fronterizo.
La Comisionada Buckingham, quien desde que asumió en 2022 su cargo ha endurecido sus políticas anti-migrantes, envió una carta al presidente electo Donald Trump ofreciendo 1,402 acres que, según la misiva, son tierras recién adquiridas por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en el condado de Starr, al sur del estado y frontera con México. Esta zona está cercana a Río Grande y se pretende que sean utilizadas para la construcción de instalaciones “para el procesamiento y deportación de inmigrantes”, según la mísiva.
Según la Comisionada, el ofrecimiento de las tierras a Trump es “para ayudar a su administración a llevar a cabo sus planes de deportación para poner la seguridad y el bienestar de todos los estadounidenses en primer lugar”.
En la carta dirigida al presidente electo, Buckingham detalla que este terreno podría servir para construir centros de detención, además de servir como un espacio clave para la logística de las operaciones de deportación. “Como Comisionada de Tierras de Texas y administradora de más de 13 millones de acres, ha sido mi promesa a todos los texanos usar todas las herramientas a mi disposición para obtener el control operativo completo de nuestra frontera sur”, expresó Buckingham, destacando el papel crucial de la GLO en la implementación de estos planes.
Tras la adquisición del rancho, realizada a finales de octubre de 2024, en menos de 24 horas después de la compra, la Comisionada firmó un Memorando de Acuerdo con la Comisión de Instalaciones de Texas (TFC), anunciando también la construcción de un tramo del muro fronterizo estatal.
El condado de Starr, que forma parte del Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, ha sido uno de los puntos más férreos en términos de redadas contra migrantes desde 2021. Según datos de la Patrulla Fronteriza, la región ha registrado aproximadamente 1.4 millones de detenciones de inmigrantes que cruzan el Río Grande, muchos de ellos provenientes de México y otras partes de América Central.
FOTO/EDUARDO JARAMILLO/EJC/HUM/
Los cárteles y el muro
La Comisionada Buckingham también ha remarcado que su trabajo es para mejorar la seguridad a lo largo de la frontera. Puntualiza que uno de los logros de su administración es haber incorporado varias islas en torno del Río Grande al territorio de Texas, “lo que ha permitido a las autoridades del Estado tomar el control de áreas que previamente habían sido utilizadas por los cárteles para el tráfico de personas y drogas”.“Mi oficina está totalmente dispuesta a llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para permitir la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de la mayor deportación de delincuentes violentos en la historia de la nación”, señala Buckingham en la carta.
Mientras representantes de países de todo el mundo están reunidos en Baku, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, en la cumbre sobre el clima de la ONU para discutir “soluciones” que saquen el planeta de la crisis climática, organizaciones ambientales globales denunciaron en una rueda de prensa que las “soluciones basadas en la naturaleza”, tema que está siendo por empresas y jefes de las naciones, son “falsas soluciones”.
Una de ellas es el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques). “Estas falsas soluciones permiten a los grandes contaminadores seguir lucrándose, haciendo recaer la carga sobre los países en desarrollo y las comunidades marginadas. Evitan reducciones reales y urgentes de las emisiones, que los países han incumplido reiteradamente”, sostienen la Red Indígena Ambiental, Acción Ecológica Ecuador, WALHI Indonesia y la Coalición Mundial por los Bosques, en un comunicado.
El uso de los programas REDD+ como mecanismo de compensación del carbono forestal ha exacerbado el problema, resalta los ambientalistas, provocando la sustitución de ecosistemas biodiversos por plantaciones de monocultivos y causando graves impactos sobre los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo abusos documentados contra los derechos humanos.
“Los programas REDD+ se han transformado en compensaciones de carbono forestal. Se han talado bosques y las plantaciones de monocultivos han sustituido a los ecosistemas biodiversos bajo la apariencia de proyectos REDD+”, dijo Souparna Lahiri, de la Coalición Mundial por los Bosques. “Estos proyectos tienen enormes impactos negativos sobre las comunidades indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo casos de violencia sexual”.
Argumentan que las tasas de deforestación no han disminuido y, en algunas regiones, siguen aumentando. Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, principales receptores de fondos REDD+, siguen registrando algunas de las tasas de deforestación más elevadas del mundo.
Tom Goldtooth, de la Red Indígena Medioambiental, hizo hincapié en la rueda de prensa en el daño sistémico de los proyectos REDD+. “REDD+ es una forma de ‘capitalismo del carbono’ que explota las tierras indígenas, crea divisiones internas en las comunidades e incluso pone en peligro vidas mediante la intimidación y la violencia. En Brasil, los líderes indígenas que cuestionan REDD+ se enfrentan a amenazas de muerte”.
De acuerdo con un estudio de la Colisión Mundial por los Bosques, existen más de 700 proyectos REDD+ en 57 países, que cuentan con el apoyo de financiación bilateral y multilateral. Entre los principales promotores se encuentran el Programa ONU-REDD y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, que abarcan más de 50 países cada uno.
Desde 2008, se han comprometido más de 5600 millones de dólares (o hasta 10 000 millones de dólares) de financiación pública a fondos multilaterales para el clima que apoyan la REDD+, y se han aprobado 3000 millones de dólares para proyectos. Entre los principales patrocinadores se encuentran Noruega, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.
Desde 2008, se han prometido casi 10.000 millones de dólares de financiación pública para programas REDD+, revelan. Ahora, se dice que REDD+ necesita 15.000 millones anuales.
Perpetuación de la crisis
En los últimos 15 años, REDD, y ahora REDD+, se han integrado en los marcos de las Naciones Unidas, incluido el artículo 6.4, aclara Ivonne Yánez, fundadora y presidenta de Acción Ecológica, Ecuador. “Las empresas petroleras saben desde hace más de 60 años que el cambio climático está causado por la extracción y la quema de petróleo, y han hecho considerables esfuerzos para ocultarlo. Con la complicidad de los gobiernos y de las Naciones Unidas, crearon bonos de carbono, en los que los bosques son incluidos y entendidos como sumideros de carbono, incluyendo REDD+. Los créditos de carbono son a costa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza”.
Yánez continuó: “Aunque estos esfuerzos han logrado institucionalizar las compensaciones, la gente no es tonta. Muchos entienden lo que está pasando. Las empresas transnacionales de conservación están explotando a comunidades empobrecidas y vulnerables, incluidos algunos pueblos indígenas. Ofrecen pequeños pagos por lo que estas comunidades han hecho durante milenios: proteger los bosques”.
Uslaini, de WALHI Indonesia, describió los enormes impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos en Indonesia, uno de los mayores receptores de financiación y proyectos REDD+ a nivel mundial. El comercio de carbono permite a las empresas y a los países del Anexo I superar los límites de emisiones mediante compensaciones en los mercados en lugar de reducir las emisiones, explicó, y añadió que en Indonesia las políticas y su aplicación no han conseguido frenar la deforestación.
“En Indonesia rechazamos los mercados de carbono. La compensación, en lugar de reducir las emisiones, ha llevado a la expansión de las industrias extractivas, que socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra y han contribuido a fenómenos meteorológicos extremos que han causado la muerte y el desplazamiento de más de 5.000 personas en nuestro país”, afirmó Uslaini. “REDD+ permite a los contaminadores continuar con sus actividades y también alimenta otras injusticias, como el acaparamiento de tierras y la criminalización de líderes indígenas y sociales”.
“En lugar de salvaguardar los bosques, los proyectos de REDD+ han permitido la tala de bosques primarios, han promovido las plantaciones de monocultivos y han provocado violencia contra las comunidades indígenas, especialmente contra las mujeres y los niños», explicó Uslaini. “Las industrias extractivas siguen estando en la raíz de nuestra crisis climática… El comercio de carbono sólo sirve para proteger a las industrias extractivas mientras viola los derechos humanos. Permite a las empresas y a las naciones más ricas evitar reducciones significativas de emisiones mediante la compensación en lugar de reducir la contaminación en su origen. Esto no es una solución climática; está perpetuando la misma crisis que pretende resolver”.
Resalta que “los gobiernos y los donantes deben dar prioridad al reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra y al autogobierno de las comunidades indígenas (…). El apoyo debe llegar sin condiciones -ni créditos de carbono, ni compensaciones-, sólo recursos directos para mantener sus prácticas tradicionales”.
Las organizaciones concluyeron haciendo un llamamiento a los líderes mundiales, a los responsables políticos y al público en general para que rechacen las falsas soluciones al cambio climático y aboguen por enfoques auténticos de conservación forestal impulsados por las comunidades.
Río de Janeiro se convirtió este fin de semana en el epicentro de un tumulto de manifestaciones que, bajo una lluvia torrencial, irrumpió en las calles antes de que comenzará la cumbre del G20, que se lleva a cabo del 17 al 18 de noviembre en este país sudamericano. En la emblemática playa de Copacabana, miles de personas se agruparon desde el sábado (16) como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo de manera tajante poner un fin al genocidio en Gaza perpetrado por Israel y pidiendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que rompa relaciones con este país.
Bajo la consigna "Palestina libre, desde el río hasta el mar", los activistas remarcaron que estas exigencias han escalado a nivel global. Entre las pancartas que se ondeaban al tenor de la lluvia una decía "Lula rompe con Israel, contra el genocidio”. En las protestas figuran personas de diversos países de América Latina, bajo la misma consigna.
Hasta el momento el bombardeo masivo sobre Gaza ha dejado un saldo de más de 48 mil muertos y una crisis alimentaria sin precedentes, según las autoridades palestinas. Por ello, este mismo 15 de noviembre se llevó a cabo, antes de las protestas, un Tribunal Popular de los Pueblos que condenó enérgicamente al Estado de Israel por los crímenes que ha cometido sobre el pueblo palestino.
Diversas organizaciones coincidieron en sus denuncias, puntualizando que diversos líderes que se están reuniendo en Río de Janeiro para la cumbre del G20 son “los mayores financiadores del genocidio en Palestina - financieros, económicos, pero también políticos”, señaló Cássia Bechara, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), quien participó en este Tribunal y en las protestas.
La manifestante Bechara agrega que “Palestina hoy simboliza la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo, que han sido colonizados a lo largo de la historia del sistema colonial capitalista”.
Es así que el veredicto de este Tribunal, que reunió a juristas, abogados y activistas en un espacio llamado Fundição Progresso, para juzgar los crímenes del capitalismo, sentenció que las pruebas presentadas en este evento “revelan que el pueblo de Palestina, en particular Gaza, está sometido al colonialismo desde hace 76 años y sufre un genocidio desde hace 409 días, practicado abiertamente por el Estado de Israel con la complicidad de Estados Unidos, Alemania y otros países europeos y occidentales", sostuvo la jueza Simone Dalila Nacif, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), que presidió la sesión.
“La inhumanidad que estamos viendo en Gaza ha superado nuestra imaginación. Convertir hospitales en cámaras de tortura, bombardear e incendiar refugios donde la gente debería buscar seguridad, instalaciones de la ONU, escuelas, es algo increíble", dijo Rula Shadeed, abogada palestina, quien participó en este Tribunal.
El G20 y los contrastes
La cumbre del G20 se lleva a cabo entre el 17 y 18 de noviembre y reúne a los líderes de las 20 principales economías del mundo para dirimir diversos temas, resaltando los efectos y soluciones al llamado cambio climático, la lucha contra la pobreza y las reformas a las instituciones internacionales. No obstante, para las manifestantes en las calles de Río, esta cumbre evade los problemas reales que afectan a los pueblos más vulnerables, "estamos aquí para hacer notar ese contraste a la cumbre del G20, ya que los verdaderos afectados están en el olvido", expresó Tania Arantes para el medio local Brasil de Fato.
Los países del G20 representan el 85% de la economía mundial y esto los hace responsables “del 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo”, según el propio sitio oficial del evento.
Los diálogos no van más allá de poner solo cifras financieras para atender esta crisis y carecen de falta de propuestas. "Es urgente enfrentar con determinación la crisis climática. Este enfrentamiento no tendrá éxito sin la compensación financiera de los países ricos que, a lo largo de la historia, han devastado el medio ambiente en nombre del progreso a cualquier costo", defiende el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Solo Brasil, en agosto de 2024, registró un alarmante aumento de incendios, especialmente en Mato Grosso, Pará, Amazonas y São Paulo, agravado por una prolongada sequía. Esta región es característica por un alto índice de deforestación para dar paso a la agricultura industrial y a la ganadería. “La falta de lluvias y las temperaturas por encima de lo normal crearon condiciones ideales para la propagación del fuego, lo que impactó gravemente los ecosistemas”, denuncia el país sudamericano en la plataforma del G20.En medio de estos diálogos, los manifestantes en Río no solo exigieron justicia para Palestina, sino también un abordaje serio frente a la crisis climática y sobre las verdaderas causas que las originan. Es así que las voces en las calles resonaron por un alto al genocidio del pueblo de Palestina hasta las exigencias de las periferias de Río de Janeiro y los problemas de la crisis climática en América Latina.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanza nueva alerta roja ante el vertiginoso ritmo que el cambio climático ha adquirido en una sola generación. El año de 2024 va en camino de convertirse en el más cálido del que se tiene constancia hasta la fecha, superando al 2023 considerado el más caluroso.
Entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media del planeta superó en 1,54°C el valor de referencia de la era preindustrial. El Acuerdo de París establece que se debe limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, para, con eso, buscar reducir los impactos sobre los sistemas humanos y los ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros.
De acuerdo con el boletín de la OMM sobre el estado del clima en 2024, lanzado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bakú (Azerbaiyán), que se realiza entre 11 y 22 de noviembre, el decenio 2015-2024 será el más cálido jamás registrado; la pérdida de hielo de los glaciares, la subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos se aceleran; y los fenómenos meteorológicos extremos causan estragos en comunidades y economías de todo el mundo.
“Las lluvias y crecidas sin precedentes, la rápida intensificación de los ciclones tropicales, los mortíferos episodios de calor, la sequía implacable y los devastadores incendios forestales que hemos visto este año en distintas partes del mundo son, lamentablemente, nuestra nueva realidad y un anticipo del futuro”, declaró la Secretaria General de la OMM Celeste Saulo.
“Tenemos que reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar nuestro monitoreo y nuestra comprensión del clima cambiante en el que vivimos. Debemos contribuir en mayor medida a las actividades de adaptación al cambio climático a través de servicios de información climática y de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos”, señaló.
Gas
Las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero, observadas en 2023, batieron todos los récords, según el informe. Y los datos en tiempo real indican que en 2024 han seguido aumentando. La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha pasado de unas 278 partes por millón (ppm) en 1750 a 420 ppm en 2023, lo que supone un incremento del 51%. El CO2 captura el calor en la atmósfera y provoca un aumento de las temperaturas.
Océanos
En 2023, el contenido calorífico de los océanos fue el más elevado del que se tiene constancia y, según datos preliminares, en 2024 se ha mantenido en niveles comparables. Las tasas de calentamiento de los océanos muestran un aumento especialmente marcado en los dos últimos decenios. Entre 2005 y 2023, el océano ha absorbido, de media, cerca de 3,1 millones de teravatios por hora (TWh) de calor cada año. Esto supone más de 18 veces el consumo mundial de energía en 2023.
El océano absorbe alrededor del 90% de la energía acumulada en el sistema Tierra, y se prevé que el calentamiento de sus aguas continúe, porque se trata de un cambio irreversible durante cientos o miles de años.
El calentamiento de los océanos conlleva la expansión térmica de sus aguas, y ello, sumado al deshielo de los glaciares y la fusión de los mantos de hielo, acelera la subida del nivel del mar. Entre 2014 y 2023, el nivel medio del mar a escala mundial aumentó a un ritmo de 4,77 mm al año, más del doble que entre 1993 y 2002.
Glaciares
La desaparición de los glaciares se agrava. En 2023, la pérdida de hielo de los glaciares fue de 1,2 metros de equivalente en agua, aproximadamente cinco veces la cantidad de agua del mar Muerto. Fue el mayor retroceso desde que comenzaron las mediciones en 1953, y se debió a los episodios de deshielo extremo vividos en América del Norte y Europa. En Suiza, los glaciares han perdido alrededor del 10% de su volumen residual en los períodos 2021/2022 y 2022/2023.
Hoy presentamos el episodio 10 de la serie Atizando el Avispero, el último de la primera temporada. En los episodios anteriores hemos desdoblado diversos temas en torno a la crisis climática y las falsas soluciones. Así mismo, recuperamos experiencias que han sido conmovedoras por el alcance que han tenido y, ahora, cerramos con dos activistas que han luchado por la defensa de los territorios indígenas y contra proyectos extractivos.
Una de estas personas es el Doctor Francisco López Bárcenas, indígena Ñuu Savi de Oaxaca, un destacado defensor de los derechos de las comunidades indígenas que ha escrito diversos libros sobre la Ley Agraria y el impacto de los proyectos extractivos en territorios indígenas.
También contamos con la voz de Rosalinda Dionisio, integrante de la comunidad zapoteca de San José del Progreso, en los Valles Centrales de Oaxaca, donde la minera canadiense Fortuna Silver Mines explota más de 40 mil hectáreas, extrayendo oro y plata a través de túneles que atraviesan el subsuelo de su comunidad y otras comunidades vecinas.
El Doctor López Bárcenas expone que, hasta antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se habían otorgado al menos 31 mil concesiones mineras, abarcando aproximadamente el 20% del territorio mexicano, algo que complica la crisis climática.
En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos
Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.
Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.
Foto: ADES Santa Marta.
Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.
“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.
¿Libertad?
A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.
Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.
Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.
Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.
Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.
Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.
Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.
“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.
En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.
Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.
