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En México, reforma a la Ley Minera hecha a medias

En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.

Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.

“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.

Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.

“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.

Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.

En este momento el presidente de la República se aleja del debate legislativo, señaló. “Le dio Covid-19 y el debate en la prensa era si había se desmayado o no, mientras esta importante iniciativa minera estaba siendo despedazada. No la defendieron, ni el presidente, ni quienes lo representan”, añade.

En relación al uso de agua por las mineras, cuya cantidad no es conocida por instancias gubernamentales, como admitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), los parlamentarios fijaron en 30 años el plazo inicial de las concesiones de agua para el sector minero, frente a los cinco que planteaba el texto enviado por el Ejecutivo.

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Al contrario del texto inicial, se aceptó que las mineras continuen utilizando el agua de laboreo, solamente dando “aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que se paguen los derechos por la misma”, consta en el texto de la reforma.

“Cuando hay una explotación minera lo que se hace es romper la tierra, pero la tierra va surcada por venas de agua, estas aguas se liberan al romperse la tierra, esta es el agua de laboreo. Y es ésta agua que las mineras aprovechan y van a continuar aprovechando sin concesión”, explica González.

El porcentaje de la ganancia de las mineras que deberá ser accedida por los pueblos se redujo de 10% para 7%. Este porcentual es sobre el monto que es comprobado fiscalmente por las mineras. “Ahora vamos a preguntar si va a pagar impuesto un cartel que está explotando al sur de Jalisco, en Michoacán, en Colima, en Guerrero, en Oaxaca. Ni siquiera ocuparan de concesión para explotar”, señala el abogado.

Otro cambio es que en las concesiones se podrán incluir dos o más minerales o sustancias, mientras que la propuesta anterior contemplaba la explotación de un solo mineral. El objetivo era tener un mayor control sobre la generación de recursos.

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La reforma no se aplica a las concesiones ya otorgadas, de manera que solamente los próximos permisos estarán sujetos a las nuevas reglas. Las concesiones existentes suman 120 millones de hectáreas, equivalente a 60% del territorio nacional.

Más control

En la reforma se retiró el carácter preferente a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra. De manera que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales ya no se impondrán sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en su territorio, sea vivienda, agricultura, forestal. Además si prohibe concesión en áreas naturales protegidas.

Otro cambio positivo fue el fin de la figura del “terreno libre”. Lo que sucedía con la antigua ley es que, “con excepción de las áreas que son consideradas reservas mineras, que son muy pocas, todo el territorio nacional era considerado terreno libre. El primero que llegase y ofertase se convertía en un concesionario”, explica Jorge Peláez, coordinador de la Clínica Jurídica para Justicia Ambiental de la Ibero, miembro de la campaña Cambiemos la Ya.

El coordinador explica que se fortalece el Servicio Geológico Mexicano (SGM) al otorgarle el monopolio de la exploración en detrimento de los privados.

Sin embargo, “la persona que cuente con información de la que se desprenda que en un lote no asignado o concesionado existen minerales o sustancias no estratégicas o reservadas al Estado, puede presentarla a la Secretaria (de Economía) para que ésta determine la conveniencia de ordenar al Servicio Geológico Mexicano la exploración”, dice el texto de la reforma.

El SGM podrá realizar un convenio de colaboración con dicha persona para la exploración del lote, con vigencia de hasta cinco años. En caso de que se determine que existen minerales aprovechables, se podrá llevar a cabo el concurso para otorgar la concesión.

También pasa a ser obligatorio la realización de consulta a los pueblos y comunidades antes de entregar concesiones sobre territorios indígenas. El abogado González sostiene que lo que existe en materia de derecho a la consulta libre, previa e informada, son jurisprudencias y jurisprudencias contradictorias.

“Un día favorecen los pueblos, otro no. Lo han convertido en el derecho fundamental de nuestros pueblos. Así lo han presentado: el derecho a la consulta sobre los derechos que sí son los sustantivos, el derecho al territorio y el derecho a la autonomía. El derecho a la consulta es un derecho adjetivo. Tiene como finalidad central permitir que los Estados y las corporaciones empresariales lleguen a acuerdo con los pueblos para implementar políticas que son de su interese”, analiza el abogado.

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Las empresas mineras también tendrán que presentar a la Semanart un programa de restauración y cierre de mina, obligatoriedad inexistente en la antigua ley.

¿Importante para la economía?

La campaña Cambiemos la Ya hizo un estudio en los informes públicos de la Secretaría de Hacienda sobre la situación económica, de finanzas y de deuda, desde 2019, del sector minero. “La contribución que tiene el sector minero a las finanzas públicas es mínima”, relata Beatriz Oliveira, quien hace parte de la campaña.

En el año 2019, el porcentaje de la recaudación tributaria del sector minero respecto a la recaudación general en todo México fue de 0.13%. En el año de 2020 fue 0.32%. En 2021, 0.97%. “La minería en general, con todas las contribuciones fiscales que hace no llega a 1% de todos los ingresos del gobierno federal”, sostiene Oliveira.

En relación al impuesto sobre la renta, en 2019, aportó 1.41% del total recaudado por el Estado mexicano. En 2020, 1.37%. En 2021, 2.86%. “Tampoco hay una contribución sustantiva por impuesto sobre la renta”, comenta Oliveira.

Una empresa minera paga al erario público por hectárea, para tener el derecho de realizar minería, 8 pesos por el primer año. Segundo año, 12 pesos. “Así dice la ley”, comenta Oliveira. Lo máximo que llega es a 176 pesos.

Pobreza

En cuanto a lo que se considera desarrollo local, de los 21 municipios que son catalogados como centros productores de oro, en 10 de ellos la población vive en condiciones que sobrepasan los niveles de pobreza nacionales, como revela los datos presentados por Oliveira.

Chiapas, denuncian contrainsurgencia, desplazamiento y complicidad del Estado

Foto por Jeny Pascacio

Desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones forzadas, despojo de tierras, asesinatos, tortura, espionaje y criminalización de la protesta social, son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas localidades de Chiapas.

Así lo evidencia un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) titulado Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.

El documento, que abarca un análisis de situaciones registradas entre 2020 y 2022, destaca el incremento de la violencia debido a la existencia de grupos que utilizan las armas para el control social, político, económico y territorial en distintas geografías del Estado al sureste mexicano.

A la operación de grupos criminales y paramilitares, como continuidad de una estrategia contrainsurgente, se suma la impunidad fomentada por actores estatales, la remilitarización de los territorios y un comprobado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas.

En este contexto, la organización de derechos humanos externa su preocupación sobre el papel del Ejército mexicano como principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad, así como por integrar actualmente “un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.

Acorde al CDH Frayba, este escenario acontece a la par de la promoción de una política económica gubernamental que impulsa la actual administración, mediante la cual se busca que el Estado mexicano promueva la reconfiguración de los territorios a través de megaproyectos para la explotación de recursos naturales.

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El informe sostiene que el Estado mexicano se encuentra atravesado por intereses geopolíticos que buscan imponer la infraestructura para el desarrollo de proyectos que buscan el aprovechamiento geoestratégico de bienes naturales. Por esto, entre las estrategias de la violencia se encuentran la creación y administración de tensiones y conflictos a partir del derroche económico y la imposición de nuevas formas de organización comunitarias, a través de programas sociales que implican paradigmas organizativos en las comunidades propuestos desde personas externas.

Contrainsurgencia

El CDH Frayba enfatiza que, durante el periodo que abarca el informe, se registró un incremento en las agresiones contra las comunidades y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido a una disputa abierta por el control de la tierra recuperada por dicha organización desde 1994.

Según la organización de derechos humanos esto “ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, Sembrando Vida”.

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De acuerdo al análisis, Sembrando Vida genera nuevamente conflictos y tensiones al confrontar a los pueblos y comunidades entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación, sin intervención del Estado, y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir de los apoyos monetarios del gobierno.

“Resulta una acción irresponsable por parte del gobierno federal el introducir un programa que exige el requisito de la propiedad legal de tierras en una región tan fragmentada y dividida políticamente como el estado de Chiapas”, advierte el informe.

El documento establece que el objetivo de Sembrando Vida es la imposición de un nuevo paradigma para la reorganización de los territorios y el control de la tierra y los individuos a través de los registros, la imposición de técnicos externos y las dinámicas impuestas a las comunidades que no corresponden a sus necesidades. Además, preocupa la creación de una estructura paralela, para quitar poder a las autoridades locales; “es una amenaza considerable contra todas las organizaciones en resistencia que se oponen a los programas de gobierno, por ser autosuficientes, independientes y, justamente, no controladas”.

Desplazamiento

El informe destaca que, entre los fenómenos con mayor agudización en el Estado, se encuentra el desplazamiento forzado interno. “Sus dinámicas muestran formas particulares de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana vinculados al control territorial, en buena medida ejercido desde las estructuras comunitarias, por parte de grupos armados y sectores de la política regional que los dirigen y respaldan”, detalla el documento.

En el periodo del 2010 al mes de octubre del 2022, el CDH Frayba registró el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Resalta que, del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas, integrantes de 400 familias, que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales.

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El documento destaca que la problemática se relaciona con los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán los cuales son usados como rutas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro de personas; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. “Es de transcendencia internacional las cuantiosas ganancias que se generan en la frontera sur, siendo de las más importantes para el país, por lo que, la guerra entre grupos criminales por ocupar estos municipios estratégicos no da tregua”.

Dos desaparecidos, saldo tras ataque armado contra comunidad en la costa oaxaqueña

En portada: Cristian Chávez González, ingeniero miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena es uno de los defensores atacados este viernes en la costa oaxaqueña.

Dos personas desaparecidas es el saldo de un ataque armado registrado la tarde del viernes (12) contra pobladores de San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña.

De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los responsables son personas armadas de Santa Cruz Zenzontepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajos para un peritaje técnico agrario.

A su vez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha se encuentra irresuelto. Ante ello, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos “en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida”, denuncia mediante comunicado.

Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas, Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido. 

Por su parte, la Red TDT señala que “se documentaron detonaciones de armas de grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz Zenzontepec que fue acompañado por policías municipales; las personas defensoras de San Lucas lograron resguardarse en el paraje de Corral de Piedra, sin embargo hasta la madrugada de este 13 de mayo los disparos no cesan en el poblado”, citan mediante una acción urgente.

La red denuncia que aún este sábado (13), la situación de violencia en la región mantiene en riesgo la vida e integridad de los habitantes y del defensor Cristian Chávez González, también integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI) y de la misma red.

“Por información que recibimos, se documentó que en tiempo y forma la policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que se llevarían a cabo, sin embargo no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores en la región”, denuncia la Red TDT.

Según la red de organizaciones de derechos humanos existen antecedentes de agresiones armadas en dicha región. Señalan que, desde mayo del 2012 habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República denunciando hechos de violencia ocurridos en ese entonces en el que se registraron disparos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

La policía de Atlanta y la patrulla estatal de Georgia son culpables de asesinato

por Crimethinc

En Atlanta, la policía que busca asegurar la construcción de una enorme instalación de entrenamiento conocida como Cop City , la Ciudad Policial, se ha intensificado dramáticamente desde diciembre, asesinando a un activista y acusando a 42 más de terrorismo doméstico. En los tres meses transcurridos desde el asesinato de Tortuguita, las autoridades han retrasado la publicación de las pruebas que contradicen su versión, con la esperanza de destruir el bosque antes de que se produzca un ajuste de cuentas público, de modo que cuando se sepa la verdad, la Ciudad Policial y el futuro que pretende imponer sean un hecho consumado.

Aquí, utilizamos la autopsia del Médico Forense del Condado de Dekalb para desacreditar la narrativa policial sobre los acontecimientos del 18 de enero y explorar lo que la policía gana mintiéndonos.


Las pruebas

El 19 de abril, tres meses después de que la policía asesinara a Manuel Páez Terán -conocido en el bosque de Weelaunee como Tortuguita-, el forense del condado de Dekalb publicó por fin los resultados de la autopsia realizada a las 8 de la mañana del 19 de enero. Por fin, está a la vista de todas las personas la escasez de pruebas de que Tortuguita disparara a los agentes, a pesar de las alegaciones de la Oficina de Investigación de Georgia.

Según la autopsia del condado de Dekalb,

Las uñas están bien recortadas e intactas. No se ven residuos de pólvora en las manos. Se realiza un examen GSR [kit de residuos de pólvora].

Las pruebas de residuos de pólvora son considerados indicadores fiables de si una persona ha disparado un arma, científica y legalmente hablando. Los residuos de pólvora pueden desaparecer en un periodo de cuatro a seis horas, pero como se menciona en la autopsia, las manos de Tortuguita fueron embolsadas poco después del asesinato, para que si había algún residuo de pólvora en sus manos, se conservara. Según la “Narrativa del Investigador” incluida en la autopsia, el funcionario que preparó esa narrativa se presentó en el lugar del asesinato a las dos horas y media y “cubrió las manos con bolsas blancas para preservar cualquier rastro de evidencia.”

Podemos estar seguros de que las autoridades de Atlanta no desaprovecharon ninguna oportunidad para conseguir y hacer pública cualquier prueba que pudiera corroborar su versión de que Tortuguita disparó primero. En cambio, como la autopsia demostró que Tortuguita no disparó un arma en absoluto, los resultados de la autopsia del condado de Dekalb fueron suprimidos durante meses.

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¿Es posible que de alguna manera Tortuguita disparara un arma mientras llevaba guantes, o que disparara un arma y luego se limpiara las manos? Según la autopsia del condado de Dekalb, Tortuguita sufrió al menos 57 heridas de bala; este vídeo muestra que todos los disparos se produjeron en menos de once segundos.1 Eso significa que Tortuguita murió pocos segundos después del primer disparo, quienquiera que lo efectuara. En los instantes que transcurrieron entre los dos primeros disparos y su muerte, no hubo tiempo para que Tortuguita se quitara y ocultara los guantes, ni para que se limpiara los restos de pólvora de las manos.

A todas esas pruebas hay que añadir las conclusiones de la segunda autopsia, la que encargó la familia de Tortuguita, que concluyó que Tortuguita estaba “probablemente sentado con las piernas cruzadas y las manos en alto” cuando fue asesinado. Esto concuerda con las heridas de bala descritas en la autopsia realizada por el médico forense del condado de Dekalb:

  • Antebrazo derecho y mano-fracturas del dedo índice y metacarpiano del pulgar. […]
  • Antebrazo y mano izquierdos: fractura de la falange proximal del dedo corazón.
Diagrama incluido en la autopsia realizada por el médico forense del condado de Dekalb, en el que se muestran las localizaciones de las heridas de bala infligidas a Tortuguita por la policía que los asesinó.

Como puede verse en el diagrama incluido en la autopsia del condado de Dekalb, las balas alcanzaron a Tortuguita tanto en su mano izquierda como en su mano derecha. Si hubieran estado sosteniendo un arma en cualquiera de esas manos, el arma habría sido alcanzada por una bala, dejando evidencia de que Tortuguita había estado sosteniendo el arma cuando la policía abrió fuego. Las autoridades de Atlanta habrían hecho públicas esas pruebas para corroborar su versión.

Pero no lo han hecho. Hicieron pública una fotografía de la pistola que, según alegan, estaba en posesión de Tortuguita, pero en la fotografía, la pistola no muestra ningún signo de haber sido alcanzada por una bala.

De ello se deduce que Tortuguita no disparó un arma la mañana del 18 de enero de 2023.2

En ese caso, ¿cómo ocurrió que un agente recibiera un disparo ese día, y con una bala que supuestamente coincidía con una pistola registrada a nombre de Tortuguita que fue supuestamente encontrada en el lugar de los hechos?

Según un comunicado de prensa de la Oficina de Investigación de Georgia,

La pistola se describe como una Smith & Wesson M&P Shield de 9 mm. El análisis balístico forense ha confirmado que el proyectil recuperado de la herida del policía coincide con la pistola de Terán.

De hecho, la Patrulla del Estado de Georgia -los agentes que asesinaron a Tortuguita- tiene todas las armas de fuego que utilizan munición de 9mm. Según la “Narrativa del Investigador” incluida en la autopsia del Condado de Dekalb, durante el asesinato de Tortuguita,

“Al parecer, los agentes uniformados descargaron sus armas de servicio, que incluían un rifle calibre .223 y pistolas de 9mm”.

Así que el hecho de que el arma aparentemente registrada a nombre de Tortuguita utilizara munición de 9 mm no prueba nada, teniendo en cuenta que los agentes de la Patrulla Estatal de Georgia dispararon munición de 9 mm ese día.

Si existiera un “análisis balístico forense” exculpatorio que confirmara que la bala que alcanzó al agente fue disparada desde la pistola específica registrada a nombre de Tortuguita, las autoridades seguramente ya lo habrían hecho público. El hecho de que no lo hayan hecho sugiere que la afirmación del GBI de que “el proyectil recuperado de la herida del policía coincide con la pistola de Terán” significa simplemente que era munición de 9 mm, como todas las balas que disparaban los agentes de la Patrulla Estatal de Georgia.

Tortuguita experimentó al menos 57 impactos de bala en un periodo de once segundos. Eso ofrece una pista de cuántas balas había en el aire durante el asesinato. No sabemos cuántos disparos efectuaron los agentes de la Patrulla Estatal de Georgia, pero pueden haber sido bastantes más. Como revelaron las imágenes de las cámaras corporales, los agentes expresaron su temor a verse atrapados en un fuego cruzado mientras se desplegaban por la zona inmediatamente después del tiroteo. Poco después del tiroteo, un agente dijo: “Habéis jodido a vuestro propio agente”, afirmando claramente que el agente herido había sido alcanzado por fuego amigo.

Queda un detalle más por explicar. Según la “Narrativa del investigador” incluida en la autopsia del condado de Dekalb, “el investigador que llegó al lugar de los hechos tras el tiroteo localizó dos casquillos de 9 mm vacíos bajo el cuerpo del fallecido”. ¿Disparó Tortuguita esos casquillos?

Las imágenes de vídeo muestran claramente que los tres primeros disparos se efectuaron a un ritmo constante y practicado, seguidos un instante después por un cuarto disparo, tras el cual comenzaron todos los demás. Parece más probable que un agente nervioso -no Tortuguita- efectuara esos cuatro disparos, tras los cuales comenzaron a disparar todos los demás agentes. Si Tortuguita hubiera efectuado los primeros disparos, es de suponer que se habrían producido tres o cuatro casquillos.

Si Tortuguita hubiera disparado esos primeros tiros, presumiblemente habría habido tres o cuatro casquillos alrededor del cuerpo de Tortuguita y, lo que es más importante, habría habido residuos de pólvora en las manos de Tortuguita.

Aún no hemos visto ninguna prueba de que el arma que supuestamente estaba en posesión de Tortuguita fuera disparada. Si surgieran pruebas de que fue disparada, entonces -considerando que no hay pruebas de que Tortuguita la disparara- la explicación más lógica sería que después de asesinar a Tortuguita, los agentes encontraron el arma de Tortuguita y la dispararon para fabricar pruebas que implicaran que Tortuguita había disparado primero. Incluso si hemos de tomar al autor de la “Narrativa del investigador” por un hombre honesto, la policía podría haber disparado el arma de fuego registrada a nombre de Tortuguita en cualquier momento de las dos horas transcurridas entre el asesinato y la llegada de ese autor.

Independientemente de que eso ocurriera, un gran número de policías y agentes del GBI están participando claramente en algún tipo de operación para encubrir el asesinato de Tortuguita. Es probable que nunca sepamos qué ocurrió aquel día de enero porque las autoridades que están llevando a cabo la investigación de la muerte de Tortuguita son las mismas que enviaron a la Patrulla Estatal de Georgia a asesinarla en primer lugar.

El motivo

Pero, ¿por qué la policía asesinaría a un activista y luego mentiría sobre ello?

En este caso, la policía tiene un claro incentivo: están en lo que consideran una lucha existencial sobre cuántos recursos se les van a asignar. Cop City representa un posible futuro en el que se invertirán cada vez más recursos en entrenar y militarizar cuerpos masivos de policía que controlarán a la población por la fuerza bruta si es necesario. Para quienes trabajan en la industria de la violencia, esto representa una tremenda oportunidad.

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En resumen, la policía está matando activistas para asegurarse el derecho a acaparar todo el dinero de tus impuestos para ellos y sus aliados. Si se salen con la suya en este caso, se envalentonarán para emplear estrategias similares en el futuro.


El argumento tradicional de los conservadores sobre las agencias financiadas por el Estado es que son un despilfarro de los fondos de los contribuyentes. Se dice que los administradores de esas agencias se apresuran a gastar todos los recursos de que disponen como pueden para exigir un presupuesto aún mayor al año siguiente. Una de las ventajas de este tipo de trabajo es la oportunidad de entregar lucrativos contratos públicos a sus colegas.

Según esta narrativa, la canalización de recursos públicos hacia las instituciones estatales crea todo un sector de parásitos con derechos que se enriquecen a costa de los trabajadores de a pie.

Los conservadores despliegan esta narrativa de forma selectiva, utilizándola para desacreditar los programas que proporcionan ayuda a las personas necesitadas mientras hacen la vista gorda ante los que mejor describe: los departamentos de policía.

Sí, Estados Unidos está asolado por la violencia armada y la actividad antisocial. Pero hay muy pocas pruebas de que el aumento de la vigilancia policial contribuya a reducirlas a largo plazo. Por el contrario, mantener intensas desigualdades sociales y económicas por la fuerza bruta sólo puede crear más desesperación y disparidades, lo que inevitablemente conducirá a más violencia y actividad antisocial. Si la policía militarizada por sí sola pudiera acabar con ellas, Estados Unidos sería más pacífico que naciones con una policía menos militarizada, como Noruega y Bélgica.

Sólo un cambio económico y político sistémico puede abordar las causas profundas de los conflictos y poner fin a la violencia. En lugar de ello, los departamentos de policía aprovechan estas tragedias para exigir aún más recursos para sí mismos. Mientras manipulan a los crédulos con narrativas sensacionalistas, animan a sus financiadores corporativos a imaginar que, protegida por una línea azul cada vez más gruesa, la clase capitalista podría seguir empobreciendo a todos los demás indefinidamente.

Especialmente desde el Levantamiento de George Floyd, los departamentos de policía han estado utilizando fondos de los contribuyentes para pagar campañas de relaciones públicas para remodelar la opinión pública, a menudo tergiversando sus acciones. Están construyendo un fraude de protección en el que acaparan recursos públicos para sí mismos con el fin de pagar campañas de propaganda para engañar a los crédulos, y armas con las que embrutecer a todos los demás.

"... ¡y recuerden, si cometí algún error, eso es prueba de qué tanto necesitamos el nuevo centro de entrenamiento!

Este es el contexto en el que debemos entender el asesinato de Tortuguita y la campaña para construir Cop City.

La coartada

En los tres meses transcurridos desde el asesinato de Tortuguita, los fiscales de Atlanta han presentado indiscriminadamente cargos de terrorismo contra 42 personas con la esperanza de aplastar el movimiento que, de otro modo, podría haber respondido proporcionalmente al asesinato de Tortuguita. Han acusado a jóvenes de terrorismo por supuestamente sentarse en los árboles, publicar en las redes sociales o asistir a un festival de música. Este uso de los cargos de terrorismo no tiene precedentes, pero nos permite vislumbrar el mundo en el que viviremos si la policía consigue asegurarse un papel aún más central en la configuración de nuestra sociedad.

Para justificar esta campaña de violencia e intimidación, la policía de Atlanta ha desempolvado una estrategia de más de un siglo de antigüedad, desplegando un discurso sobre “agitadores externos”. Según Natasha Lennard,

De las 44 personas originalmente detenidas en la redada forestal del domingo [5 de marzo], las 11 personas puestas en libertad sin cargos tenían todas direcciones de Atlanta. Veintiuno de los 23 activistas acusados de terrorismo doméstico son de fuera del estado.

La policía utilizó esta retorcida táctica para poder publicar un comunicado de prensa dando a entender que el movimiento contra Cop City está formado por agitadores externos. Se trata de una actuación policial selectiva como medio para construir una campaña de relaciones públicas.

Como escribimos en 2014, durante la primera ola de protestas en respuesta al asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri,

la policía militarizada de hoy entiende que está operando en dos campos de batalla diferentes a la vez: no sólo el campo de batalla de las calles, sino también el campo de batalla del discurso.

Como de costumbre, los mismos policías son los verdaderos agitadores externos. Según un memorando, se espera que casi la mitad de los agentes que van a recibir formación en Cop City procedan de fuera de Georgia. Aunque no fuera así, el modelo que representa Cop City proliferará en otros lugares si tiene éxito en Georgia. Lo que ocurra en Atlanta se repetirá en todo el país. Teniendo esto en cuenta, sólo un necio se limitaría a protestar contra los políticos y la policía que actúan en “su propio” distrito electoral.

Cuando la gente sufre las mismas formas de opresión en todas partes, tiene sentido que nos ayudemos mutuamente, que hagamos causa común.

Esto no es agitación externa. Es solidaridad.

Mientras entendamos los problemas a los que nos enfrentamos de forma individualista, seremos impotentes frente a ellos. La solidaridad siempre ha sido la herramienta más importante de los oprimidos. Por eso las autoridades se esfuerzan tanto por demonizar a cualquiera que tenga el valor de arriesgarse para apoyar a los demás. A lo largo de las luchas por los derechos civiles del siglo XX, los participantes que hoy se celebran como héroes fueron tachados de “agitadores externos”. El término tiene una larga historia en las lenguas de racistas y reaccionarios.

En una época en la que la guerra, la pobreza y las catástrofes naturales intensificadas por el cambio climático están desarraigando a poblaciones de todo el mundo, sería un grave error aceptar la lógica de los departamentos de policía empeñados en criminalizar la solidaridad. Los trastornos del futuro dejarán a muy pocas personas tranquilas en las ciudades en las que crecieron. Haríamos bien en legitimar las voces de las personas desplazadas, viajeras, lejos de casa.

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Tortuguita, por ejemplo, fue une valiente “agitadore externe” que viajó a Atlanta para arriesgar su vida por un futuro sin violencia policial. Su ejemplo debería inspirarnos a todos.

Los Mercenarios contra los Voluntarios

Dado que su propio comportamiento sólo está motivado por la avaricia y el miedo más miopes, la policía y sus partidarios imaginan que quienes se oponen a ellos deben estar movidos por valores similares. Por eso siempre alegan que alguien debe estar pagando a los manifestantes a los que brutalizan y asesinan. No pueden imaginar por qué la gente arriesgaría libremente su vida por el bien de los demás; de hecho, no se atreven a entender por qué, ya que si tal cosa es posible, entonces es verdaderamente vergonzoso ser un mercenario que reparte violencia sólo para ganar dinero.

En una sociedad estructurada por la codicia y el materialismo, la policía desempeñará inevitablemente un papel cada vez más central, ya que sin ella, todo se vendrá abajo. El plan de construir Cop City en lugar de abordar las causas profundas de la desesperación y el malestar muestra cuánto poder ha acumulado ya la policía y lo dependientes de ella que se han vuelto los políticos de todos los colores. Es el Partido Demócrata el que respalda Cop City en Atlanta, del mismo modo que es el Partido Demócrata el que ha aupado a un ex-fiscal a la Vicepresidencia y ha hecho alcalde de Nueva York a un ex-policía. Podemos mirar a Rusia -una dictadura gobernada por un antiguo oficial del KGB- para ver lo que nos espera un poco más adelante.

De nosotras depende demostrar que la solidaridad y el deseo de libertad son más poderosos que la codicia y la disposición a obedecer.

“Al final, la guardia pretoriana llegó a determinar quién gobernaba el Imperio Romano.

“Del mismo modo, en un orden social mantenido por la fuerza violenta, la policía quiere mandar en los tribunales y en el gobierno. Este es el significado de que la policía de Atlanta exija el derecho a matar impunemente”.

-La cuenta @crimethinc en Twitter (prohibida desde entonces por Elon Musk), en respuesta a Johnny Akzam

“Sed quis custodiet ipsos custodes?”.

-Juvenal, Sátira VI

  1. Las autoridades enviaron a oficiales de la Patrulla Estatal de Georgia sin cámaras corporales a hacer su trabajo sucio. Retrasaron durante semanas la publicación de las grabaciones de aquellos agentes que estaban equipados con cámaras corporales, una clara indicación de que no creían que apoyaran su narrativa.
  2. Esto no quiere decir que hubiera estado mal que Tortuguita practicara la autodefensa cuando fue atacado por agentes de la Patrulla Estatal deseosos de usar la fuerza letal, sino que las pruebas sugieren que Tortuguita no lo hizo.

Articulan resistencias contra megaproyectos en el sureste mexicano

Fotos: Medios libres / El Sur Resiste

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

El primero contempla una campaña informativa intensa con materiales audiovisuales, traducidos en lenguas originarias —todas las que sean posibles— y para ello “se necesitarán muchas personas voluntarias”.

Como segundo punto, harán el mapeo de megaproyectos, empresas y academias involucradas, resistencias y alternativas de autonomías rebeldes. El tercero se trata de una revisión del contenido de redes sociales, celulares e internet; así también el funcionamiento de las drogas “que enferman a los jóvenes de comunidades y barrios de las ciudades”.

Para llevar a cabo el cuarto acuerdo impulsarán encuentros nacionales de juventudes; “tenemos que llegar a las juventudes porque necesitan levantar esta bandera de la vida y son de los grupos más afectados en este momento por el sistema político patriarcal”.

Por último, como quinto punto, convocarán a una manifestación masiva internacional a fin de año, antes de la inauguración de los “megaproyectos de muerte” programados para finales de año; “no definimos fecha, pero proponemos que sea el 12 de octubre, por el significado de la nueva colonización de nuestros territorios por estos megaproyectos”.

La travesía

Los pueblos y organizaciones convocados por El Sur Resiste llegaron al ejido La Gloria, municipio de Pijijiapanel pasado 24 de abril. Al siguiente día (25) partieron rumbo al ejido El Progreso para celebrar el foro en el que locales denunciaron las altas tarifas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alzaron la voz contra las concesiones mineras de empresas de otros países que tienen interés en los recursos naturales de la Costa de Chiapas, la misma zona que conectará con los megaproyectos federales, y donde se proyecta el Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, por el que ya ocurrieron despojos de tierras.

Posteriormente la caravana se trasladó a Tonalá para concentrarse en la plaza central para el mitin programado. “Andar es la forma más importante de gritar, de alzar la voz y exigir, principalmente contra los embates del gobierno a los megaproyectos, la invasión de la tierra y del territorio”, dijeron en apoyo, las organizaciones que recibieron a la caravana, entre ellas el Frente Cívico Tonalteco.

En el micrófono, las integrantes de la caravana denunciaron el gasoducto que atravesará Tonalá y que representa un peligro para la población por los riesgos de exposición y la grave contaminación que genera a los suelos y al agua.

Se pronunciaron contra los trabajos de rehabilitación para activar el “Tren de la Costa” o Panamericano, pues dijeron que solo traerá beneficio para empresarios y políticos, y a los habitantes solo riesgos, “como el Tren Maya”.

La comunidad otomí, residente de la Ciudad de México, tomó la palabra: “hoy estamos aquí en esta lucha El Sur Resiste, igual que el centro de México, igual que todo el mundo; nuestra lucha es por la vida, y venimos a decirles a los gobiernos que no estamos de acuerdo con que nos maten y nos desaparezcan, o fabriquen cosas que no hemos hecho”.

La caravana partió el mismo 25 de abril rumbo a Puente Madera, Oaxaca, donde los pobladores hicieron una caminata para recibir a los pueblos del sureste de México. “Vamos a continuar defendiendo el monte del Pitayal que fue entregado en asambleas amañadas con cómplice de la corrupción el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”, se escuchó en el megáfono.

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Se preguntaron dónde está el discurso en el que los pueblos indígenas serían sujetos de derecho, informados y consultados, “es mentira compañeros, salió peor la cosa por la clase política que miente y traiciona; pero los pueblos tienen dignidad y no se venden”.

Al siguiente día, los integrantes de la caravana llegaron al Monte del Pitayal para escuchar la explicación sobre las especies que peligran por el Parque Industrial y el Corredor Interoceánico. Allí, la comunidad reiteró que no permitirá la entrada de máquinas, “Puente Madera va a seguir defendiendo lo que es del pueblo de San Blas Atempa”.

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Para seguir articulando redes en Oaxaca, el convoy visitó el campamento y plantón ‘Tierra y Libertad’ en Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, que protesta contra el Corredor Interoceánico.

“El gobierno dice que no va a entregar el territorio, pero lo está haciendo con los empresarios y nos están ignorando porque ni siquiera tenemos una información clara de lo que está pasando; ni siquiera nos explicaron el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)”, señalaron los hablantes de la lengua mixe.

Explicaron que, aunque el ferrocarril interoceánico en el Istmo de Tehuantepec fue inaugurado hace más de 100 años, en esta nueva etapa el gobierno federal está reclamando más tierras y utilizando títulos de concesión adquiridos durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz.

El plantón ‘Tierra y Libertad’ sufrió un desalojo violento con la detención de seis integrantes, luego de la visita de la caravana El Sur Resiste. Horas más tarde, obtuvieron libertad y el campamento se restableció.

La caravana se pronunció contra las agresiones e hizo hincapié en la violencia que se ejerció contra las mujeres por parte de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Marina.

“Exigimos al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal el cese inmediato del hostigamiento en contra de los defensores de la tierra y del territorio y particularmente en el caso del campamento tierra y libertad en el Istmo y el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 17 integrantes de la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa y la absolución del compañero David Salazar vinculado a proceso”, expresó El Sur Resiste.

El mar y el crimen avanzan

En su paso por El Bosque, Tabasco, los habitantes dieron a conocer que por los efectos del cambio climático el mar avanza y destruye sus viviendas. Han perdido escuelas y 61 viviendas, por lo que organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para que las instancias correspondientes reubiquen a las familias en tierras justas en las que puedan vivir.

“Reubicación urgente e inmediata de la comunidad El Bosque en el municipio de Centla, Tabasco, quienes son desplazados ambientales víctimas del calentamiento global producido por el sistema extractivista voraz que continúa depredando y deforestando los territorios”, exigió la caravana.

“No es desarrollo, es despojo”, “no es sequía, es saqueo”, “el agua es un tesoro que vale más que el oro”, fueron las consignas en la marcha que se desarrolló en Carrillo Puerto, Yucatán. En el mitin político hablaron del incremento del crimen organizado a la par del avance de los megaproyectos.

La comunidad maya denunció la muerte de los cenotes. También alertaron por la desaparición de la Península con la llegada del tren, “ese tren no es maya ese tren es militar”, dijeron.

El día nueve del recorrido de El Sur Resiste, los pueblos, organizaciones y medios de comunicación llegaron a Xpujil, Campeche, para realizar una marcha y una asamblea, “el gobierno quiere acabar con nuestros pueblos, pero hoy somos semilla ¡Calakmul no se vende se ama y se defiende!”.

El proyecto militar del tren está acabando con el agua y la selva, denunciaron, “nos están imponiendo una forma de vivir más alejada de nuestros orígenes, ¡exigimos respeto a nuestros usos y costumbres!”.

Aquí la caravana exigió que en el ejido Nicolás Bravo sea revocada la asamblea ilegal del 5 de marzo del 2023 donde de manera ilegal se aprobó el paradero del tren en favor del grupo Azcárraga, que dañará más de 100 centros ceremoniales mayas. Así como la cancelación inmediata de los trabajos del tren, en específico de la construcción del tramo 7, la instalación de un casino militar y el desarrollo turístico en la comunidad de Xpujil.

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Un grupo de investigadores europeos señaló que, desde el inicio de la caravana, también se realizaron acciones de protesta en empresas de Alemania vinculadas en megaproyectos como el tren y el Corredor Interoceánico.

Recordaron que incluso las armas usadas por las fuerzas de seguridad militar son enviadas desde Alemania y España. Convocaron a los pueblos mexicanos a articularse con poblaciones del “sur de Europa” que también están en la lucha, “en Europa tenemos un sur”.

Tren militar

El 5 de mayo, la caravana “El Sur Resiste 2023” regresó a Chiapas con una marcha por las calles de Palenque, siendo la penúltima parada de la caravana, que culminó con un mitin y la salida rumbo a San Cristóbal de Las Casas.

En el mitin dirigieron un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionando en qué parte del proyecto del Tren Maya existe espacio para los pueblos originarios.

Los pueblos mayas que habitan la región de Palenque dijeron que incluso en las zonas arqueológicas no se les permite la entrada para realizar sus ceremonias, “¿en verdad cree que el Tren Maya, que lleva nuestro nombre, tenga el espíritu maya? ¿O lleva nuestro nombre para seguir engañando?”, cuestionaron.

En la lectura del pronunciamiento manifestaron que así como no los consultaron para hacer uso del nombre maya, siguen siendo ignorados en el otorgamiento de servicios básicos de salud, “se muere la gente de cáncer, no hay medicinas, no hay médicos, no hay especialistas”.

Pidieron al Gobierno Federal que, en lugar de la inversión millonaria con el megaproyecto que solo beneficiará al sector empresarial, destine recursos para atender las demandas históricas que tienen los habitantes de la selva de Chiapas.

“Le decimos (al presidente) que no queremos Tren Maya porque corremos peligro por el despojo de nuestros territorios y la contaminación que nos enferma. Ahora sí, los pueblos empobrecidos por el Estado están de pie con dignidad para seguir defendiendo a la Madre Tierra”, destacaron.

Ser zapatista

“Ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecuciones, cárcel y muerte”, denunció la Junta de Buen Gobierno por la criminalización y fabricación de pruebas para incriminar a Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén.

En el mitin en Palenque, la Junta de Buen Gobierno reconoció el trabajo de Manuel Gómez como base de apoyo zapatista, “a este compañero lo están criminalizando e inventando pruebas para tenerlo injustamente en la cárcel, lo atacan por ser zapatista, es la verdad”.

Manuel tiene 22 años y es residente del ejido El Censo, pero hace dos años y medio fue encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 16 de Ocosingo, “estoy pagando un delito donde yo no lo hice”, dijo en una carta que dirigió a El Sur Resiste para pedir el apoyo de la sexta nacional e internacional.

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La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, con sede en San Cristóbal de Las Casas, habló sobre las situaciones de los caracoles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En la actualidad son 12 los caracoles y 31 municipios autónomos rebeldes zapatistas en Chiapas, pero con el incremento de la militarización, a la par de los megaproyectos y la violencia del crimen organizado, también aumentó la criminalización a las bases zapatistas.

En este tenor, la caravana exigió la inmediata libertad de todos los presos políticos en México: presos políticos solidarios de la Voz del Amate, Fidencio Aldama, los presos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; de Manuel Gómez Vázquez y la revocación de la sentencia de 50 años en contra Miguel Angel Peralta Betanzos, perseguido político de Eloxochitlán.

El cierre

El pasado fin de semana (6 y 7 de mayo) la caravana El Sur Resiste 2023 culminó actividades con el encuentro internacional celebrado en el Cideci de San Cristóbal de Las Casas.

Estuvieron presentes importantes investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como Ana Esther Ceceña, que tiene un trabajo destacado en la investigación de los efectos del proyecto del Tren Maya en el sureste de México; además del escritor Raúl Zibechi.

Como actividad final el documentalista y periodista Diego Enrique Osorno presentó su reciente obra “La montaña”, en el que siguió la travesía por mar de siete zapatistas que partieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, rumbo a Galicia, España.

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“Sentir la alegría de la música rebelde que entusiasma los corazones e inspira la resistencia. Disfrutamos el arte como frente de lucha que con sus colores, sonidos y algarabía nos permite continuar en la alegre rebeldía. La caravana nos permitió encontrarnos con la selva que resiste. Ahí donde talan los árboles brota nuevamente la vida”, dijeron los integrantes de El Sur Resiste.

En Guatemala, pueblos ixiles conmemoran 10 años de sentencia por genocidio contra Ríos Montt

En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios

Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.

En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.

Mientras tanto, en la región ixil, en los pueblos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, deparatmento de Quiché, se realiza una caravana por la justicia que recorrió los tres municipios para finalizar con un festival en el parque de Nebaj.

Fue en 2012, un año tras la expiración de inmunidad de Ríos Montt como congresista, cuando se presentó la acusación formal por su responsabilidad en los crímenes contra la humanidad. Para el 10 de mayo de 2013, después de tres meses de juicio, Ríos Montt fue hallado culpable de liderar una campaña contrainsurgente denominada “tierra arrasada” mediante la cual se asesinó a miembros de grupos guerrilleros, pero también a mujeres, hombres y niños mayas ixiles del departamento del Quiché.

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“Durante el juicio, decenas de testigos presentaron sus testimonios desgarradores y se aportaron pruebas científicas y documentales sobre las atrocidades que cometió el ejército en contra del pueblo ixil”, destacaron durante el acto conmemorativo las organizaciones Asociación para la Justicia y la Reconciliación, Plataforma de víctimas del conflicto armado interno, Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) y Guatemala Nunca Más.

“Es muy importante para la sociedad guatemalteca y para todo el mundo que Guatemala ha sido ejemplo para todos, porque ha sido el único país que ha condenado en Tribunales un delito de tal envergadura de nivel internacional como el genocidio”, declaró por su parte Francisco Vivar, abogado del CALDH.

Las comunidades recuerdan que, pese a la sentencia dictada aquel 10 de mayo de 2013, tan sólo 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena argumentando errores en el proceso, lo que permitió que Ríos Montt no pisara la cárcel. El dictador murió en 2018, cuando aún se encontraba en proceso la repetición del juicio en su contra.

El dictador Efraín Ríos Montt. durante el juicio en su contra por genocidio.

“Aunque la sentencia se anuló, es invaluable que los sobrevivientes narraron sus testimonios sobre los delitos cometidos ante un tribunal”, destacó Pérez Cerillo. Por su parte Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, subrayó que en el país existe “una deuda en materia de Justicia” porque muchos crímenes cometidos durante la guerra en otras regiones siguen impunes.

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Cabe destacar que Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt, se encuentra entre los candidatos a la presidencia que competirán en las próximas elecciones a realizarse el 25 de junio. Ante ello, durante conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron que “la hija del genocida condenado, no solo justificó los crímenes de su padre, sino que fue una de las principales actoras para obstaculizar la justicia”.

Además, señalaron que Ríos Sosa y su partido político, VALOR, son promotores de “iniciativas de ley de amnistía para que los crímenes del pasado queden en la impunidad”, por lo que condenaron su actuar en el marco de la conmemoración de la sentencia de su padre como genocida.