En México, asamblea para defensa del agua exige alto al despojo

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24 agosto, 2023

^{Foto de portada: Asamblea por el Agua y la Vida}

El despojo del agua, los actores y métodos para su apropiación, así como su defensa y las luchas emprendidas por los pueblos fueron temas centrales de la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, efectuada mediados de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

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La asamblea contó con la participación de 834 personas, provenientes de 209 organizaciones, colectivas, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, medios libres e individualidades, procedentes de 21 estados de la república mexicana, así como invitados de nueve países.

Las participaciones señalaron las armas que son utilizadas para imponer el despojo del agua. Entre ellas, destacan la manipulación y división de comunidades; la privatización y mercantilización, así como estrategias de remunicipalización. También las concesiones “que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial”, enfatiza la declaración de la asamblea.

*^{Foto: Asamblea por el Agua y la Vida}*

Además, señalan a diversos actores que participan en la legitimación del saqueo, entre ellos académicos y expertos cuyos discursos enarbolan conceptos como: agroecología, conservación ambiental, desarrollo sustentable, tecnologías verdes y justicia climática, “para que los poderosos no se enojen y den financiamiento por medio de Ong´s y estímulos económicos que fragmentan y dividen a las comunidades”.

Guerras de exterminio

Una de las principales denuncias es la guerra de exterminio contra los pueblos zapatistas en Chiapas, la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, así como la violencia y represión contra pueblos originarios del Valle de México, Tlaxcala, Querétaro, entre otras geografías.

Mediante la declaratoria, los participantes señalaron la violencia de grupos paramilitares como la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la invasión de programas gubernamentales para la destrucción y división comunitaria como “sembrando vida”, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras Bases de Apoyo Zapatistas; así como el encarcelamiento de Manuel Gómez Vázquez y el intento de asesinato de Jorge López Santiz, hechos que mantienen en alerta a todos los caracoles zapatistas en Chiapas.

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También se refirieron a la desaparición y asesinato del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con huellas de tortura tras nueve días de su desaparición, a principios de agosto.

“Los responsables materiales que gozan de toda impunidad y complicidad del Estado y de los gobiernos estatales son: los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, y el narcogobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acaba de anunciar que esta guardia es ilegal. Esto representa un nuevo golpe de represión, además se agrega un orden de desalojo por el Tribunal Unitario Agrario 38, además de solicitar la presencia de la Marina en el territorio autónomo de Santa María Ostula”, denuncia la declaratoria.

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Otro de los casos referidos es de la comunidad de Calpulalpan, Tlaxcala, donde en mayo de este año, mujeres, niños y personas de la tercera edad sufrieron represión física y psicológica por su labor en la defensa del agua. También exigieron la liberación de los defensores del territorio, Raymundo Cahuatzi Meléndez y Saúl Rosales Meléndez, de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, así como un alto a la iniciativa de ley de aguas en Tlaxcala.

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Reiteraron el alto a la violencia sistemática en Querétaro contra las personas que defienden el agua, manantiales y el territorio, “como es el caso de la Comunidad de Escolásticas, quien fue brutalmente reprimida el pasado 13 de junio. Denunciamos la intensificación de la violencia desde la aprobación de la ley que concesiona el servicio de agua en Querétaro. Exigimos su abrogación o eliminación”.

Denunciaron que, en los pueblos originarios del valle de México, como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztacalco y Coyoacán también se viven procesos de exterminio. En ellos, las mujeres son afectadas por la imposición de complejos megaurbanizadores, habitacionales y comerciales “que se roban nuestra agua, quintuplicando las jornadas de trabajo para nosotras, destruyendo nuestros saberes y restándonos autonomía, provocando mayor violencia sexual y económica hacia nosotras hasta llegar al deplorable aumento de los feminicidios de mujeres de origen campesino, no obstante, gracias a las mujeres que luchan y resisten, nuestros feminismos ancestrales se levantan”, sostienen en la declaratoria.

Resaltan los casos de violencia de género que enfrentan mujeres de pueblos en Xochimilco por parte de la Alcaldía. “A las mujeres autoridades tradicionales de San Gregorio Atlapulco, así como a las mujeres del único Concejo Autónomo de Gobierno en Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco), a quienes nos han difamado a través de las redes sociales, golpeado físicamente, lastimado social y psicológicamente, con amenazas de muerte, incitando al linchamiento”, acusan.

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En su conjunto, los participantes exigieron detener la criminalización contra Patricia González Guzmán, presidenta del comité Pro-panteón de San Gregorio Atlapulco, así como el cese al despojo del agua, la tierra y el territorio de todos los pueblos originarios de la región, por lo cual demandan la restauración del ciclo natural del agua en la microcuenca Tláhuac-Xochimilco, Milpa Alta-Chalco.

Acciones

Aseguraron que seguirán ejerciendo y fortaleciendo su derecho a la libre determinación, el camino hacia la autonomía. “La resistencia y las rebeldías son las herramientas para recuperar nuestra historia, nuestro territorio, nuestra madre tierra y la vida; como pueblos, recuperaremos nuestra cosmovisión y espiritualidad que nos ha sido robada y ratificamos también, que No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos”.

Al finalizar la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se acordaron una serie de acciones, tales como la realización de una posterior reunión en Tlaxcala entre los meses de febrero y marzo de 2024. También se convocó a realizar manifestaciones contra la Comisión Nacional del Agua para el 25 de septiembre de este año, así como a participar en la movilización nacional en contra de la guerra que enfrentan los pueblos zapatistas para el próximo 12 de octubre.

Consulta íntegra la declaratoria final aquí.

En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria

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Sare Frabes

23 agosto, 2023

^{En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.}

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas".

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

Yucatán: Tras represión, indígenas de Ixil se mantienen en resistencia

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Ñaní Pinto

22 agosto, 2023

^{Foto de portada: Comunidad Ixil}

En las primeras horas de la mañana del jueves pasado, 5h30 para ser más exacto, Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y centenas de policías de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpieron en la comunidad maya de Ixil para asegurar un predio de 324 hectáreas. Presumiblemente esta propiedad es privada y pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez.

Los campesinos se movilizaron inmediatamente. Consideran que es un acto de despojo. “La policía cortó los caminos de acceso a las áreas de cultivo e impidió que entráramos en nuestras tierras. Cuando intentamos entrar, la policía nos agredió con gases lacrimógenos y piedras”, dijo Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, en una conferencia de prensa.

Este predio, que se encuentra localizado a 20km al nororiente de Mérida, Yucatán, según la Fiscalía de este estado, es reclamado por los empresarios que dicen ser los dueños legítimos. Por ello interpusieron una denuncia por usurpación del bien inmueble, de manera que se abrió la carpeta de investigación UNATD11-GD/882/2023.

No obstante, la comunidad reclama que estas son tierras comunales que les pertenecen. Los respalda la Resolución Presidencial de Ampliación del ejido de Ixil, firmada por el expresidente Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939.

“Los Abimerhi y Millet han usado su influencia política sobre el gobierno de Mauricio Vila (gobernador de Yucatán) para agredir al pueblo de Ixil. Afirman que la tierra es de ellos, pero todos en Ixil conocemos la Resolución”, dijo Beatriz Garrido Vallejos, vecina de ixil.

Los empresarios han realizado varios intentos, con apoyo de la seguridad pública, de tomar posesión de este predio. “Desde el año pasado (2022), el 4 de agosto, hemos sido atropellados y no nos han dejado descansar. El gobierno lo sabe. Nos están tratando como criminales, ni a los criminales los desplazan con 500 elementos de la policía”, señaló una mujer vecina de esta comunidad que omitió su nombre.

Los vecinos de Ixil también alertaron que se está recurriendo a grupos delincuenciales para presionar a la población de Ixil. “También trajeron en la noche a un grupo de personas ajenas a la comunidad con aspecto de delincuentes y los metieron en esos terrenos para amedrentar a los campesinos. Estuvieron entrando en los predios cultivados por la comunidad, y se robaron herramientas de trabajo”, agregó el vecino Jorge Yam Ek.

El saldo

Durante el operativo policiaco, la comunidad fue atacada con gas lacrimógeno, piedras y fue agredida verbalmente. Un integrante de la comunidad fue herido mientras intentaba cruzar por esta vía para ir a dar de comer a sus animales. Fue llevado de urgencia al Hospital General Dr. Agustín O'Horán, en Mérida.

“Mi esposo me contó que estaba pidiendo permiso para pasar a ver sus animales, ellos (los policías) no le contestaron. También preguntó por el comandante. Él arrancó su moto para poder pasar y lo agredieron. Afortunadamente no está muy grave. Sí, está muy golpeado, pero no tienen ningún hueso roto”, señaló Antonia Trinidad Cisneros, esposa del herido.

De acuerdo con los indígenas, los oficiales a cargo del operativo se negaron a identificarse ante la comunidad.

Los empresarios

Durante el operativo, algunos representantes de las familias Abimerhi y Millet hicieron acto de presencia. Estas familias se han hecho dueñas de diversas tierras en la región y son consideradas como parte de la oligarquía yucateca.

Chikri Abimerhi Bodib es líder en la cadena de gasolineras y gaseras privadas, las cuales suministran combustible a las industrias, empresas hoteleras y a particulares. También figura en el ramo del servicio de grúas y servicio para colisión de automóviles.

Los primos, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez se destacan en la compra y venta de lotes, al sector hotelero y de bienes inmuebles.

Los vecinos temen que estos empresarios lotifiquen estas tierras para su venta. “Ahí hay abejas, hay apiarios. Hay gente que está cultivando y lo va a seguir haciendo. ¿por qué nos piden credencial para pasar, si estamos en nuestra tierra, no estamos en otro país. Definitivamente nos tratan como delincuentes”, expresa la señora Trinidad.

Trinidad puntualiza que la fiscalía no solo respalda a estos empresarios, sino que, además, tiene una “larga historia de apoyar despojos de tierras ejidales en Yucatán. El ex subprocurador de la FGE, Rafael Acosta Solís, es uno de los principales despojadores de tierras, y asesora a Alejandro Escoffié, que lleva años intentando despojar las tierras de Ixil para entregárselas a empresarios corruptos”, además, asegura que ni siquiera conocen la orden y denuncia realizada ante la Fiscalía que “ordena despojarnos de nuestras tierras”

Acciones

En la actualidad los ejidatarios y sus familias son los que cultivan y cuidan las tierras. Junto a los vecinos de Ixil, aseguraron que van a defender su territorio y que la represión no los va a desmovilizar. Por ello llaman a sumarse a un boicot contra gasolineras Abimerhi. “Pedimos que no compren a las empresas de estas familias que están queriendo despojar a nuestro pueblo de la tierra de la que vivimos”, declaró Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil.

Noriega también solicitó la solidaridad para sumar firmas en una campaña que sostienen actualmente en la plataforma Change (https://chng.it/jMrHpJXtfq), la cual ya suma más de 3 mil firmas. La campaña se llama: ¡Detengan el Despojo y la Violencia Policial en la Comunidad Maya de Ixil!

Los ejidatarios y vecinos de Ixil anunciaron que se movilizarán en marcha de protesta en Mérida el 16 de septiembre, el día de la independencia.

Reconocen a las abejas como sujeto de derecho y a los mayas como sus guardianes

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Sare Frabes

21 agosto, 2023

^{Foto: Kai-Wenzel / Unsplash}

La justicia del estado de Campeche, México, otorgó la suspensión definitiva a las actividades que han generado mortandad de las abejas en comunidades mayas del municipio de Hopelchén, además de reconocer a las abejas como sujetos de derechos y a las comunidades mayas como sus guardianas.

El anuncio fue hecho por las organizaciones Alianza Maya por las Abejas Kabnalo ́on y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes por medio de un comunicado a la prensa.

El día 20 de mayo pasado, representantes de diversos pueblos mayas de Hopelchén presentaron un juicio de amparo, por las graves omisiones de los gobiernos federal, estatal y municipal que han ocasionado la muerte de millones de abejas en la entidad como consecuencia de la deforestación inmoderada y el uso excesivo de agrotóxicos. La decisión es válida hasta que se culmine el juicio de amparo.

La determinación es contra los actos y omisiones reclamados a las autoridades responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), contra el presidente de México y contra la Comisión Federal para la Pretección de Riesgos Sanitarios.

Entre los puntos reclamados está la omisión de las autoridades de gobierno por no dar respuesta a las múltiples solicitudes, denuncias y peticiones realizadas para que establezcan medidas de protección para las abejas en relación a la deforestación y uso indiscriminado de agrotóxico. Además, por la omisión de aplicar una política ambiental que proteja a las abejas y que atienda y prevenga la problemática de la mortandad y la disminución de las colmenas.

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Como parte de la demanda, los apicultores y apicultoras mayas solicitaron al juzgado la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables no otorguen autorizaciones, concesiones o asignaciones sobre proyectos de infraestructura a gran escala que puedan generar impactos socioecológicos negativos sobre el patrimonio biocultural en el municipio de Hopelchén, incluyendo la suspensión de desmontes y fumigaciones.

De esta manera, las autoridades responsables deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo al medio ambiente.

Causa de la suspensión

La suspensión definitiva otorgada a favor de las comunidades se da como consecuencia de la evidencia probatoria presentada en el juicio que demuestra el incremento de la mortandad de abejas en la región asociada a las fumigaciones y a la deforestación.

En el primer caso, destacan las organizaciones en el comunicado, existen múltiples análisis realizados por instituciones federales y centros de investigación, que acreditan que la utilización de pesticidas como el fipronil, prohibido en 36 países, incluyendo la Unión Europea, es uno de los principales causantes, aunque no el único, del envenenamiento de las abejas.

En el caso de la deforestación, Hopelchén es de los municipios más afectados por este fenómeno a nivel nacional, a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien ha omitido cumplir con su obligación de investigación y sanción, sostienen las organizaciones.

Sujeto de derecho

Recuerdan que la suspensión se enmarca en una demanda de amparo cuyo fin último es que se reconozca a las abejas como sujetos de derechos y a las comunidades mayas como sus guardianas, con lo cual se tendrían que establecer medidas, junto con esas comunidades, para construir políticas públicas con una lógica ecocéntrica y desde la mirada de las comunidades y en ejercicio de su libre determinación y autonomía.

Señalan que las abejas y los polinizadores no sólo son indispensables para la economía de la región, pues la apicultura es una de las principales actividades y fuente de ingreso de muchos pueblos mayas en la Península de Yucatán, sino que tiene un alto valor cultural para el Pueblo Maya por ser una práctica prehispánica.

“Declarar judicialmente a las abejas como sujetos de derechos y a los pueblos mayas como sus guardianes, abriría la puerta para construir, desde una perspectiva ecocéntrica, un nuevo paradigma en donde el respeto al patrimonio biocultural sea el eje de la política pública en la región”, defienden.

Reserva de Calakmul recibirá más de 6 mil autobuses al año

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Santiago Navarro F

17 agosto, 2023

TrenCalakmul-15 — Aspectos de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. foto: Santiago Navarro F

^{En portada: Fauna al interior de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F}

La majestuosa armonía de los cantos de las aves, los monos saltando de un árbol a otro, el viento marcando el paso; así se va pintando el paisaje de la selva que hoy es conocida como la Reserva de la Biosfera Calakmul, ubicada en el estado de Campeche, al sur del México. Esta gigantesca alfombra de árboles y de vida es la segunda mayor extensión de bosques tropicales conservados del continente americano, superado tan solo por la selva del Amazonas en Sudamérica.

De pronto, la armonía se ve irrumpida. El estruendo de un motor de una camioneta de redilas toma por asalto el paisaje. Luego aparecen otras más. Sobre los vehículos van varios hombres que portan un casco amarillo y un chaleco color naranja. Son trabajadores de la construcción. Las camionetas, aunque no lo tienen permitido, viajan dentro de la reserva a más de 60 kilómetros por hora. Se dirigen presurosos hacia una carretera que se está construyendo al interior de la selva.

El general Blas Andrés Núñez Jordán informó en la conferencia matutina de la presidencia, el pasado 7 de agosto, que “se construye un camino tipo rural de 10 kilómetros, con un ancho de cinco metros”.

Este denominado camino, hacia donde se dirigen los trabajadores, es una carretera de cemento hidráulico que puede soportar camiones de carga pesada. Un equipo de Avispa Mídia que visitó la zona pudo constar que, a simple vista, no parece de cinco metros de ancho, ya que es de dos carriles. Sus medidas rondan entre 10 a 12 metros. Incluso este tipo de construcción fue realizada en comunidades en el estado de Oaxaca, por ello, el general Núñez agrego que en la obra hay presencia “de trabajadores del estado de Oaxaca”, y que lleva un avance del 22%.

Este fragmento de camino de concreto, al interior de la reserva, conecta la zona arqueológica Calakmul con un hotel que esta siendo construido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que lleva el mismo nombre de la reserva, Calakmul.

Obras del tramo 7 del Tren Maya impactan en los alrededores e interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. Foto: Aldo Santiago

Estas son algunas de las “obras complementarias” del área de influencia del Tramo 7 de la obra magna conocida como Tren Maya. En el trascurso de este tramo se tiene proyectado la construcción de al menos cuatro estaciones, ubicadas en Nicolás Bravo, Xpujil, Conhuas y Centenario.

En un documento que lanzó la organización no gubernamental Greenpeace, en agosto del 2022, como parte del procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 7, argumentó que Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) “no presentó un análisis general de todas las actividades indirectas que serán potencialmente incidentes en la región”.

En términos del flujo del turismo se agregaron solo “generalidades de un estudio de demanda de pasajeros y de servicios de STTER (consultora) con fecha del 09 de febrero de 2021”, detalla la organización ambiental.

Derivado del análisis sobre la MIA se destaca que solo de las estaciones establecidas en Conhuas y Xpujil, principales puntos de donde provendrá el turismo hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul y al Sitio Patrimonio de la Humanidad Antigua Ciudad Maya de Calakmul, se espera que arriben a través de vehículos o autobuses 43 mil 600 personas para el año uno de operaciones.

Esto representa 1,453 autobuses de 30 personas cada uno que se internarían hacia las entrañas de la selva virgen. Siendo que para los años siguientes se espera el triple de turistas, casi el equivalente a 6,600 autobuses al año.

En ninguna parte de la MIA se detallan posibles afectaciones hacia la reserva por posibles emisiones contaminantes de los automotores o sobre los niveles máximos permisibles de ruido, vibraciones, de aguas residuales y mucho menos de la basura que se va a generar.

El Hotel

A casi 35 kilómetros de donde cruzará el Tran Maya y a 10 más de la zona arqueologica de Calakmul, se edifica, bajo el mando de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. de la SEDENA, el Hotel Calakmul. Un complejo turístico que contará con capacidad de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles.

Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

En el mes de abril, diversos activistas y ciudadanos de la región denunciaron que esta obra no cuenta con los permisos, ni con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Gilberto del Pozo, director ejecutivo de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C., afirmó haber revisado la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el resultado fue que no encontró nada público. Esta organización finalmente presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

SEDENA replicó que el predio ya se encontraba impactado en su totalidad, como consecuencia de haber sido utilizado como campo chiclero hasta la década de los 90, es decir tres décadas atrás. No obstante, la Ley General del Equilibrio Ecológico exige que cualquier cambio en la reserva requiere presentar una MIA ante Semarnat. Hasta la fecha no se sabe si existe.

^{Plano del Hotel Tren Maya en Calakmul. Foto: especial}

El general Núñez sostiene que el complejo turístico se está construyendo acorde a las “más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el adecuado funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar”.

En 2021, la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables, Fonatur, contrató a consultores externos para realizar lo que denominó como “Proyectos conceptuales de integración urbano arquitectónica para las áreas de servicio de las zonas arqueológicas”, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La creación de los planes maestros y los estudios estuvieron enfocados a las zonas arqueológicas de Edzná, Uxmal, Oxkintok, Chichén Itzá, Tulum, Cobá y Calakmul. Su objetivo fue identificar las necesidades que favorezcan el atractivo turístico, tales como: alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, transporte, atención médica, esparcimiento, conectividad, entre otras “que permitan la correcta operación y funcionamiento del sitio”, según Fonatur.

En los distintos tramos del Tren Maya, la SEDENA construye los llamados Hoteles Tren Maya, principalmente los que están ubicados cerca de las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas; Calakmul, Campeche; Uxmal y Chichén Itzá, en Yucatán. Contarán con un promedio de 160 habitaciones, albercas, gimnasio, restaurantes y otros servicios.

Según el general Núñez de la SEDENA, al fin de este año 2023 se va a concluir la construcción “de los seis hoteles y las oficinas de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”, a cargo del órgano militar. El proyecto ferroviario atravesará o pasará por el área de influencia de 15 áreas naturales protegidas.

Seguridad

En la Reserva de Calakmul no solo se están creando las condiciones para que permitan los mejores servicios para el turismo, sino que también se está proyectando la seguridad de la zona. El pasado mes de junio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, en un evento realizado en la reserva, anunció que se destinaban 10 hectáreas dentro de la selva para la Guardia Nacional.

En el marco de esta gira se entregó a SEDENA este polígono para que se construya una base operativa para la Guardia Nacional “en la que se implementarán acciones de detección y prevención de la tala ilegal”, anunció Albores junto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adán Peña.

De acuerdo con las declaraciones de estos funcionarios, la ubicación estratégica de esta base “facilitará que este destacamento enfrente los delitos ambientales en la zona y se convierta en un emblema y ejemplo a nivel nacional”, además, enfatizaron que beneficiará “en el cuidado y salvaguarda de la RB (Reserva de la Biosfera) Calakmul”.

Un equipo de Avispa Mídia realizó un recorrido por esta ruta y, certeramente, pudo constar que actualmente hay elementos de la Guardia Nacional bajo los árboles en casas de campaña y hamacas. Mientras tanto, en el área destinada se realizan diversas actividades.

Falta de Agua

En la propia MIA del Tramo 7 destaca que, debido a la composición topográfica de la región, existe muy baja capacidad de retención de agua en la superficie, ya que este “vital líquido se filtra hacia los mantos subterráneos”. Así que los principales centros urbanos sufren estrés hídrico, incluso, son abastecidos por medio de tanques cisterna, mejor conocidos como pipas.

En 2019, en las vísperas de la firma del Plan Calakmul, encabezada por Fonatur - cuyo objetivo era la coordinación entre los tres niveles de gobierno, las comunidades y actores locales para empujar el complejo del Tren Maya en la región y sus obras complementarias -, Fonatur ofreció pipas de agua.

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que las pipas serían entregadas “por parte de Conagua; es el principio de una serie de trabajos para ir resolviendo paulatinamente el problema del agua” en las comunidades, destacó. En ese momento anunció, a través del Comunicado 42/2019, que se invertirían más de 200 millones de pesos en obras de infraestructura social y productiva.

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades aledañas al complejo turístico de Calakmul, es ¿de dónde van a traer agua?. Una incógnita que aún esta por resolverse.

Aumenta violencia contra activistas que se oponen al Corredor Interoceánico

Por

Renata Bessi

16 agosto, 2023

^{En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste}

El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.

Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.

En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).

La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.

Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.

La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.

La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.

Acoso y violencia

La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.

El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.

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El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.

El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.

Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.

Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.

Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.

Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.

“Accidentes”

El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.

El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.

“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.

“No hay conflicto”

Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.

El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.

“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.

Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.

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Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.

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