Inicio / Home Blog Página 7

Familias buscadoras acusan al gobernador de Chiapas de violencia institucional

En portada: Integrantes de Madres en Resistencia protestaron durante el desfile conmemorativo por la Independencia de México, donde interpelaron al gobernador y funcionarios encargados de la seguridad en Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

La colectiva Madres en Resistencia denunció que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, revictimiza y criminaliza a las personas desaparecidas y niega los casos de desaparición acumulados durante los nueve meses de su administración.

El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo el segundo encuentro entre familias buscadoras y Eduardo Ramírez desde su llegada al gobierno. El primer encuentro ocurrió en enero, pero en ambos casos el gobernador sólo accedió a recibirlas después de una semana de huelga, manifestaciones y presión mediática.

La fundadora de Madres en Resistencia, Adriana Gómez, declaró para Avispa Mídia que el trato del gobernador fue hostil desde el inicio, pues primero canceló la reunión y, cuando finalmente la confirmaron, impusieron que solo asistieran ocho representantes; “desde ahí comenzó a ponernos trabas”, relató.

Reunión de Madres en Resistencia con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar

Acudieron 14 integrantes de la colectiva a la cita y, después de que cada una se pronunció brevemente por su causa, “el gobernador volteó a ver a la Fiscal de Desaparecidos [Josefa de la Cruz Núñez] y le dijo que nos hable con la verdad, si la investigación no da para más, dando a entender que les van a dar carpetazo a los casos, como si tuviera la facultad de dar ese poder a la fiscalía, que ya, de por sí, es corruptible, omisa, negligente y no es autónoma”, lamentó Adriana Gómez.

“El gobernador revictimizó y estigmatizó a nuestros hijos, porque también sacó el tema de las familias de Ayotzinapa y dijo que están politizando, luego insinuó que algunas desapariciones en la frontera de Chiapas con Guatemala se debe a que las familias estaban metidas en actividades con criminales. ¿A qué se refiere?, ¿por qué nos dijo eso? Parecía una intimidación hacia nosotras”, cuestionó. 

“También culpó al pasado gobierno, pero nosotras llevamos la causa de doña Edith, su hijo, José Manuel Hernández Domínguez, desapareció el 3 de junio de este año en Ocozocuautla, en este gobierno y así como él, muchos”, señaló Adriana Gómez. 

Ante la revictimización sufrida, la colectiva convocó a una rueda de prensa en la que, pese a la escasa presencia de medios, expusieron las fallas y la falta de sensibilidad durante el encuentro con el gobernador. Más tarde, el mandatario emitió un comunicado en el que negó las acusaciones de las familias buscadoras.

Eduardo Ramírez “no quería recibirnos”, no quiere buscar, ni ordenar acciones, denunciaron integrantes de la colectiva. A pesar de ello, insistieron en la necesidad de una audiencia y advirtieron que, de no obtener respuesta, volverían a instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno. “Nos recibió, pero con violencia institucional y violencia psicológica, pero él [Eduardo Ramírez] no nos va a limitar, los desaparecidos tienen derecho a ser buscados”, coincidieron las integrantes de Madres en Resistencia.

Agregaron que la situación de las desapariciones continuará hasta que saquen a los elementos corruptos, “no basta con que los manden a otro municipio, no basta que cambien solo al titular o fiscal, deben hacer una limpieza profunda en la fiscalía”.  

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la toma de protesta de Eduardo Ramírez, 8 de diciembre de 2024 al 29 de septiembre de 2025, 422 personas están desaparecidas y no localizadas en territorio chiapaneco. 

En el citado periodo, solo en Tapachula existe un reporte de 68 personas, 30 en Tuxtla Gutiérrez, 27 Frontera Comalapa, 18 en Comitán, 16 Berriozábal, 9 San Cristóbal de Las Casas y 9 Palenque.

Alterno al RNPDNO, en los últimos meses, en las redes sociales de la colectiva incrementaron las publicaciones de fichas de búsquedas de personas de otras entidades de México. Adriana Gómez dijo que al buzón llegan innumerables casos de hombres y mujeres que podrían estar en Chiapas.

“Nos piden que los apoyemos porque la geolocalización de los teléfonos de sus familiares desaparecidos dieron en Chiapas. Nos llegan casos de Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Tijuana, de todo el norte, en algunas situaciones son engañados con la promesa de trabajo”, precisó. Frente a este contexto, las Madres en Resistencia también han ampliado la búsqueda en la geografía chiapaneca y hace unas semanas estuvieron en los municipios de Tila, Ocosingo y Yajalón, al norte de la entidad.

Estas actividades se hacen con presencia de fuerzas de seguridad y personal de la fiscalía. “Pero no tienen capacitación, hacen uso irresponsable de los dispositivos para las búsquedas, no son eficientes y no nos sentimos seguras”, explicó Adriana Gómez. 

Aunado a eso, las autoridades cuentan con cámaras sumergibles, drones y radares para la búsqueda de personas desaparecidas, pero las familias denuncian que el personal no está capacitado para usarlos y que, incluso, fueron ellas quienes los forzaron a aprender, pero aún hoy, cuando llevan el equipo, casi nunca lo utilizan porque olvidan cargar las baterías.

“Nosotras imprimimos las fichas a color y la fiscalía lleva copias en blanco y negro. No se puede identificar a un desaparecido con una imagen en blanco y negro. La fiscalía no lleva ni cinta adhesiva para pegar fichas, siempre nos la piden prestada. Sabemos que hay recursos destinados para las búsquedas, pero nosotras nunca lo hemos visto”, dijo. 

Agregó que los dos perros que las acompañan (de la Unidad Canina de Protección Civil), en la actualidad no cuentan con el entrenamiento adecuado para las búsquedas. Y tampoco hay búsquedas en vida a pesar de ser una exigencia repetida de las familias. 

Durante el desfile del 16 de septiembre, las madres buscadoras rompieron el cerco de seguridad y se manifestaron frente al palco donde se encontraban el gobernador Eduardo Ramírez, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, mientras civiles desfilaban vestidos de blanco para celebrar la supuesta paz en el estado. Los tres ignoraron a las madres y se retiraron del lugar.

El pasado 22 de septiembre, la colectiva acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigieron una audiencia con su titular, Jorge Luis Llaven Abarca, quien se comprometió a atender todas las demandas planteadas, incluyendo avances en las carpetas de investigación de las desapariciones forzadas y las relacionadas con feminicidios.

Ante la denuncia de que el gobernador sugirió el cierre de carpetas de investigación, Llaven Abarca aseguró que la fiscalía es autónoma y se comprometió a continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Organizaciones como Servicios Internacionales para la Paz (Sipaz), Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) rechazaron públicamente las declaraciones del gobernador de Chiapas y expresaron su respaldo a la labor incansable de las Madres en Resistencia.

Integrantes de Madres en Resistencia protestaron durante el desfile conmemorativo por la Independencia de México, donde interpelaron al gobernador y funcionarios encargados de la seguridad en Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

Las organizaciones llamaron al gobierno de Chiapas a fortalecer, con acciones concretas enfocadas a la verdad y la justicia; garantizar el derecho a la búsqueda y también adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos; además pidieron implementar acciones de protección para garantizar la vida, integridad física y seguridad de las integrantes del colectivo de Madres en Resistencia. 

Las familias buscadoras recibieron respaldo no solo de grupos de buscadores de todo el país, sino también de la ONU y otras instancias internacionales. En recientes declaraciones, la colectiva hace responsable a Eduardo Ramírez de cualquier represalia contra cualquiera de sus integrantes.

Ejército y policías respaldan ataques contra comunidades zapatistas en Chiapas

Este domingo (28), la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) lanzó una denuncia pública por las acciones violentas de pobladores del municipio de Huixtán, quienes, respaldados por elementos del ejército mexicano y policías municipales de Ocosingo, destruyeron y quemaron viviendas de familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) ubicadas en el poblado de Belén, en el Caracol 8, Dolores Hidalgo.

Según el recuento de los zapatistas, entre abril y agosto de este año, hasta 30 personas originarias del municipio de Huixtán y encabezados por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez han realizado ataques y hostigamiento contra las familias campesinas autónomas, quienes viven en tierras recuperadas tras el levantamiento zapatista del año 1994.

Acorde al relato, las BAEZLN trataron de dialogar con los agresores, quienes aseguraron que el gobierno les entregó la tierra e, incluso, mencionaron que cuentan con documentos legales que constatan este hecho. También hostigaron y amenazaron a las familias autónomas con expulsarlos de sus tierras, “por las buenas o por las malas”. Sumado a lo anterior, destruyeron los letreros de la población zapatista y midieron la tierra.

Imagen que acompaña la denuncia del EZLN.

Para las fechas entre el 18 y el 22 de septiembre, 15 personas, pertenecientes al grupo agresor, se posicionaron en el predio de la comunidad de Belén. Para el día 20 de septiembre, las BAEZLN denuncian que los agresores llegaron acompañados de dos camionetas del ejército federal, tres camionetas de la policía municipal de Ocosingo y cuatro camionetas de la Fiscalía General del Estado. “Destruyeron y quemaron las casas de los encargados Bases de Apoyo Zapatistas, robaron elotes y los que se quedaron siguen robando”, sostiene la denuncia de la ACGAZ.

La Asamblea asegura que los pobladores zapatistas trataron de dialogar con el grupo agresor, pero nunca entendieron pues, argumentan que el gobierno les entregó la tierra. Debido a esta situación, y por el incremento de las amenazas, la ACGAZ acordó retirarse de la tierra recuperada para planear su defensa.

“Lo que busca la Cuarta Transformación es el choque, el enfrentamiento y la guerra”, sostiene la denuncia de la Asamblea de pueblos zapatistas. La ACGAZ asegura que, pese a los intentos de diálogo que han buscado las familias autónomas -pues recalcan que su objetivo es por la vida en común, no por la guerra-, “nos están obligando a defendernos”.

Según la denuncia, con estas acciones violentas está claro que los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación, “está al lado de los terratenientes y empresarios nacionales y trasnacionales, esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México”, sentencia el comunicado.

La ACGAZ asegura que para sustentar su denuncia ya han compartido pruebas de los hechos, que consisten en fotos y videos que ahora están en poder de organizaciones de derechos humanos. Además reclaman que estos hechos violentos acontecen en un contexto en el que el gobienro mexicano está coludido con el crimen organizado y, alertan, “como si fuera que aquí en México no hay varias chispitas que pueden prender el fuego”.

Por último, las comunidades zapatistas envian un mensaje a los simpatizantes de México y del mundo. Por medio del comunicado, aseguran que puede ser que la última vez que se encontraron con organizaciones solidarias haya ocurrido en el último encuentro del pasado Encuentro de Resistencias y Rebeldías “Algunas partes del todo”, realizado el pasado agosto.

“Esto es lo que hay, el plan del neoliberalimso en México en contra de nosotros y nosotras. Como bien lo dijimos en el encuentro en el semillero: Hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras”, finaliza el comunicado de denuncia.

San Francisquito: En lucha contra la gentrificación

Por Mely Arellano*

En este barrio queretano, cuna de la tradición conchera, las autoridades quisieron desarrollar proyectos que amenazaban con expulsar a sus habitantes. Los pobladores resistieron hasta obtener el reconocimiento como barrio indígena urbano, lo que obliga a consultarles sobre futuros planes, un gran triunfo que celebraron, por supuesto, danzando 


Imagina que un día hay personal del gobierno tomando notas en las calles de tu colonia. Luego escuchas rumores sobre un programa de mejoramiento urbano. Acudes a una reunión vecinal y comprendes que las autoridades no quieren resolver el problema de la recolección de basura o la falta de agua, sino hacer “mejoras” que convengan a los empresarios y al turismo. Quieren gentrificar tu barrio.

Eso vivieron las y los vecinos de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, donde desde hace una década los gobiernos estatal y municipal han buscado desarrollar proyectos como un teleférico, un corredor turístico y un eje vial. 

San Francisquito es codiciado por su ubicación, pues solo una avenida lo separa del centro histórico; es un barrio similar a otros, de calles irregulares, casas modestas, uno que otro edificio de departamentos y algunas vecindades, pero lo distingue ser la cuna de la tradición conchera. 

Esos danzantes con ayoyotes (cascabeles) en los tobillos y penachos de plumas, que bailan en las plazas públicas de todo el país, tienen su raíz en este antiguo asentamiento otomí-chichimeca, ubicado en las faldas del cerro del Sangremal, donde, según la leyenda, se fundó la ciudad de Querétaro en 1531. 

Conforme pasaron los años, la naturaleza indígena de San Panchito —como le dicen de cariño— se transformó a causa de las migraciones internas. Se perdió el uso de la lengua otomí y se convirtió en un espacio urbano donde viven 3 mil personas, pero conservó su esencia conchera, un atractivo natural para el turismo.

En 2015, el municipio quiso hacer un corredor y una placita, donde los domingos llegarían los camiones de turistas, que serían recibidos por concheros bailando. Esto causó el rechazo de los danzantes, quienes dijeron: “Esto es una tradición, no es una atracción”, recuerda Camila Vera, bióloga y conchera.

Fue entonces cuando los habitantes del barrio comprendieron que debían organizarse para impedir el avance de la gentrificación, que no solo amenazaba a sus viviendas, sino también a su espiritualidad, su cosmovisión y su historia.

Pero ¿cómo se organiza un barrio contra la gentrificación? Las vecinas y vecinos empezaron por informar sobre lo que estaba pasando. Fue Gerardo Bohórquez, historiador, profesor jubilado y cronista muy querido, quien convocó a un grupo de jóvenes para que repartieran volantes en cada casa de San Panchito. 

Un día tocaron a la puerta de Trinidad Landa Herrera, mejor conocida como Jefa Triny, pues es común en San Francisquito llamar jefe o jefa a los líderes de la comunidad. “Díganme qué podemos hacer para la defensa del barrio. Entonces ellos dicen: vamos a conformar una asamblea, y me invitaron a participar”.

Gracias al volanteo, más personas se fueron sumando a La Asamblea: vecinos, vecinas, danzantes, artistas, y jóvenes como Braulio Ayala, Luis Cázares y Camila, quienes aunque no viven en San Francisquito, tienen interés en trabajar por el barrio. 

La Asamblea, el antecedente de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, un órgano de autogobierno creado en septiembre de 2020, acordó en sus reuniones semanales dividir el barrio en cuatro sectores, con una persona responsable para cada uno, de modo que fuera más sencilla la organización y la comunicación. 

“En varias de las reuniones que tuvimos estaba un abogado, cuya familia es del barrio, y él planteaba el hecho de que, para hacerle frente a la gentrificación, había que tener una herramienta jurídica”, cuenta Braulio, biólogo y danzante. Ese instrumento era el derecho a la consulta ciudadana, al que solo podrían acceder si obtenían el reconocimiento como barrio indígena. Y con ese objetivo inició la estrategia jurídica. 

Al Jefe Miguel Ángel Martínez Cardona, uno de los líderes concheros del barrio y de la lucha contra la gentrificación, en cuya casa se realizaron las primeras reuniones vecinales, le preocupaba la intención de las autoridades de organizar recorridos turísticos por los “cuarteles” o capillas de oración de las mesas concheras, como denominan a sus grupos de danza. 

“¿Íbamos a abrir nuestros cuarteles, nuestras mesas, para que pudiesen pasar y todavía les íbamos a hacer acá show, como si fuéramos payasos? ¡No, jamás!”, advierte el Jefe Miguel. 

Así que los danzantes decidieron manifestarse contra uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno: la construcción de un eje vial sobre la avenida Zaragoza. La razón fue que, de concretarse, obligaría a cortar el tradicional desfile de los concheros. “Ese es un punto principal [por] donde bajan todas las danzas; entonces, nos iban a dividir”, explica la Jefa Triny.

Entre mayo y junio de 2019, más de cien concheros danzaron en cuatro ocasiones frente al Palacio de Gobierno para protestar, portando mantas en las que advertían: “San Francisquito no se vende”. Fueron acciones de resistencia memorables, pues era la primera vez que usaban su danza para defender una causa. 

“El análisis era que esa obra iba a profundizar la gentrificación, porque nosotros ya lo veíamos como un hecho, algo que estaba ocurriendo, pero de manera paulatina, muy lento”, dice Braulio. “De por sí ya había casos de gente que desde 2018 se había tenido que ir de San Pancho por el aumento de la renta. Entonces, eso era la alarma”. 

Este barrio de Querétaro, vecino del centro histórico, es conocido por ser la cuna de la tradición conchera. (Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito)

Gracias a la movilización conchera y la presión vecinal, San Francisquito obtuvo una victoria en septiembre de 2019, cuando las autoridades estatales anunciaron la cancelación del eje vial

Sin embargo, La Asamblea sabía que debían seguir adelante con la búsqueda del reconocimiento como barrio indígena, para evitar que los gobiernos insistieran con proyectos gentrificadores en su territorio. 

No era una tarea fácil porque no había una ruta clara para conseguirlo. “En esa cuestión jurídica ha sido todo como una caja negra, donde nadie sabe cómo hacerle”, afirma Camila. “Las leyes se cumplen para los que tienen dinero, ¿no? Y para los que no, pues nos dan largas, evasivas”, agrega Alma Pájaro, danzante y vecina de San Panchito.

Al principio creyeron que “por la condición urbana de la comunidad” no podrían obtener el reconocimiento, pero revisaron la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro y descubrieron que sí era posible, incluso a pesar de que en el barrio ya no se hablara una lengua indígena, recuerda Braulio.

Como parte de su estrategia jurídica enviaron una carta al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su apoyo, y recurrieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde les explicaron que necesitaban estar incluidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero primero debían ser reconocidos por el Ayuntamiento de Querétaro. 

Para ese fin, integraron un expediente con las firmas de los habitantes del barrio que se identificaban como indígenas, y mapearon el territorio para determinar qué negocios habían desaparecido, qué mesas concheras fueron desplazadas, qué casas estaban abandonadas, y lo entregaron al INAH.En 2021, el INAH emitió el dictamen que establece la condición indígena del barrio, un documento clave para que, finalmente, en abril de 2023, el Ayuntamiento reconociera a San Francisquito como barrio indígena urbano, el primero y único en Querétaro. Lo siguiente era un reto mayor: conseguir la declaratoria del Congreso del estado

Una de las manifestaciones de la vida cultural de San Panchito son sus murales. (Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito)

Mientras tanto, la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito —surgida de La Asamblea— organizaba actividades culturales y artísticas, talleres de huertos urbanos, e impulsaba proyectos productivos. La idea era avanzar en la convivencia, la autonomía y el mejoramiento de los espacios comunitarios.

Las paredes del barrio se llenaron de murales, que recuerdan las luchas indígenas y campesinas, y las calles se convirtieron en un semillero de manifestaciones artísticas como el grabado, el grafiti, la serigrafía y el rap freestyle, lo que nutrió la vida cultural de San Francisquito.

Pero fuera del barrio las cosas no marchaban bien. El Congreso de Querétaro no sabía cómo proceder ante la inédita solicitud de San Panchito, pero lo peor es que no había interés en el tema. 

Integrantes de la confederación sostuvieron múltiples reuniones con legisladores y entregaron un cúmulo de documentación, que incluía un estudio etnográfico y el dictamen del INAH, pero aun así, en julio de 2024, la LX Legislatura resolvió no otorgarles el reconocimiento.

La noticia caló profundo en las calles de San Panchito. “Ese enojo, esa rabia [que provocó la decisión], pues lo que produjo fue la movilización, otra vez”, dice Luis Cázares, miembro de la confederación.

Tan solo un mes después del rechazo legislativo, a través de Alma Pájaro, recibieron una llamada: el Gobierno federal había decidido incluirlos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para lo cual pedía que una representación del barrio viajara a la Ciudad de México. Después de años de lucha, al fin veían cumplido su sueño. 

La tarde del 30 de agosto de 2024, cientos de concheros tomaron las calles; partieron de San Francisquito y pasaron frente al Palacio de Gobierno hasta llegar al templo de la Santa Cruz. “¡Él es Dios!”, gritaban en señal de agradecimiento y celebración. Luego cayó la noche y una ligera llovizna, pero nada detuvo su baile y su canto, hasta que alguien dijo: “Vámonos al barrio”. Y volvieron. Cansados, felices y listos para seguir danzando. 

*Esta historia es la versión escrita del pódcast “Querétaro: San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende”, cuya investigación y guion fueron realizados por Alejandra Moreno, Mely Arellano y Marcela Turati. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.

Perú: el despojo de familias que resistían en pueblo desplazado por minería

En portada: Los residentes de Nuevo Morococha se quejan de que el antiguo pueblo tenía una economía mucho más dinámica y afirman que las promesas de Chinalco nunca se materializaron. Foto: Marco Alegre/Convoca. 

Las últimas cinco familias que permanecían en Morococha, pueblo desplazado por la minería en la zona altoandina de la región Junín (sierra central del Perú), fueron desalojadas de sus viviendas, sin un proceso de reasentamiento.

A partir del año 2012, la mayoría de las 1,200 familias que habitaban este distrito se trasladaron a la Nueva Morococha, donde fueron construidas más de mil casas por la empresa Chinalco S.A., propiedad de Aluminum Corporation of China, dedicada a la explotación de cobre y molibdeno a tajo abierto.  Quienes no se marcharon resistieron ante la amenaza de la expansión del proyecto cuprífero Toromocho.

La diligencia de desalojo se realizó el viernes 19 de septiembre, sin presencia del juez a cargo del caso, impidiendo la posibilidad de evaluar en el terreno las condiciones socioeconómicas de los afectados. Un contingente de policías y trabajadores de la minera se llevaron los objetos de las pocas casas habitadas que quedaban en un pueblo hoy desaparecido.

“Ahorita nos han dejado sin techo, no sabemos dónde se han llevado nuestras cosas. Yo no tengo otro predio aparte del que tenía, me han dejado en la calle. No sabemos dónde vamos a pernoctar, en las noches hace frío, tenemos niños. Nosotros siempre hemos dicho queremos un traslado digno, en un lugar seguro, allá es más peligroso, no hay garantías para vivir allá”, declaró una vecina de Morococha a medios de comunicación que fueron impedido de ingresar al pueblo.

La negativa de estas familias a trasladarse a la Nueva Morococha se debe a que allí hay una alta concentración de metales pesados, detectados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del reasentamiento. Esta información fue ocultada a la comunidad durante el proceso de reubicación. Según el EIA, los niveles de arsénico y plomo son comparables al vecino distrito de La Oroya, uno de los más contaminados del planeta. Además, el suelo es inestable, con riesgo de licuefacción.  

Operativo para realizar el desalojo de las familias de Morococha.

Para incrementar su producción, la minera modificó en 2021 el EIA presentado en 2010. En la primera versión consideraban a toda la población para las afectaciones a compensar, pero en la segunda sustentaron la ampliación del área de actividades obviando la existencia de las familias que no aceptaron el traslado voluntario.

La orden de desalojo del Poder Judicial aduce la intención de resguardar a los últimos habitantes de Morococha de explosiones y efectos de la actividad mineras. Sin embargo, el riesgo no se debe a causas naturales, por lo que no aplica el desalojo forzoso. Por el contrario, la solución, dejarlos a la intemperie a más de 4,000 metros de altura y con temperaturas por debajo de los cero grados, pone en peligro la vida de las familias campesinas.

“La decisión judicial fue tomada fuera de la mesa de diálogo, la empresa no puede ejercer derechos de posesión en zona de riesgo no mitigable, el Poder Judicial no puede ejecutar este derecho, está prohibido por la ley. En más de 12 años no se arribó a un reasentamiento voluntario. La población demostró que presentaron el pedido de reasentamiento según la ley”, explicó el abogado Carlos Castro en vísperas del desalojo.

Cercados los últimos habitantes de Morococha resisten al desalojo de Chinalco en una ciudad sin agua ni luz. Foto:Yoselin Alfaro

La reubicación se hizo en condiciones desiguales, bajo presiones de la minera. A algunas familias las excluyeron de las negociaciones para comprarles sus casas. Desde Nueva Morococha, a 15 minutos del antiguo pueblo, la población reasentada señala falta de oportunidades de generar ingresos. 

“Esto es injusto, para eso se presta el Poder Judicial, nadie nos ha apoyado. Se han atrevido con cinco familias, pedimos tener una reunión, nadie se pronunció, todos están de parte de la minera porque todos han recibido dinero, alcaldes, gobiernos regionales, los jueces”, expresó un vecino de la hoy llamada antigua Morococha.

En la región Junín, hasta el año 2023, el 18% del territorio se encontraba concesionado a explotaciones mineras, de acuerdo a estudios de CooperAcción. El Perú es el tercer productor mundial de cobre y la extracción del mineral va en aumento este año, a costa del despojo en zonas de sacrificio.

Un pueblo heroíco de la Nación Yaqui será la sede para la 6ta Asamblea Nacional por el Agua

En portada: Conferencia de prensa a la Tercera Asamblea, agosto 2023

Del 18 al 19 de octubre, el pueblo Loma de Bácum, de la Nación Tribu Yaqui de Sonora, será la sexta sede de la próxima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (ANAVI).

Ayer lunes (22), en conferencia de prensa, el abogado nahua y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González García invitó a la comunidad en general a asistir y a mantenerse atenta a la realización de esta sexta Asamblea, pero sobre todo alertó que las políticas neoliberales, aplicadas desde el 2018, aún continúan con estrategias como el Plan Hídrico Nacional, el Plan México y los planes de reordenamiento territorial, mencionadas en la convocatoria a la asamblea. 

En Loma de Bácum defienden su territorio enfatizando el cuidado a sus cuatro elementos de vida: el aire, el agua, la tierra y la energía proveniente del sol, que en su concepción Yaqui, es el primer dios que hubo en el mundo, explicó ayer en conferencia de prensa uno de sus habitantes. Aunque compartió que actualmente mantienen a su comunidad bajo control, su defensa es permanente.

Foto: Santiago Navarro F

Esta comunidad es uno de los 8 pueblos que integran la Nación Yaqui y en cuestión de lucha y defensa territorial, es un referente de heroísmo. Fue en octubre del 2016, cuando habitantes de Loma de Bacúm expulsaron a los militares y la policía que llegaron a reprimir al pueblo luego de desmantelar y retirar el gasoducto que la empresa estadounidense IENOVA filial de Sempra Energy impuso sobre 300 metros de su territorio.

En 2013, el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto implementó la reforma energética, que funcionó como un impulso para que Sempra Energy se posicionara como una de las empresas más grandes en el sector energético. En 2016 la empresa Ienova, perteneciente a Sempra Energyofreció a los habitantes de los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, entre 150 y 300 pesos mexicanos por metro lineal ocupado por el gasoducto denominado Guaymas-El Oro. Loma de Bacúm fue el único pueblo que no lograron convencer, el motivo: el gasoducto diariamente transportaría 510 millones de pies cúbicos de gas metano altamente flamable en contacto con el oxígeno, con riesgo de estallar ante alguna fuga.

Foto: Santiago Navarro F

Aunque un juez federal ordenó la suspensión de la construcción de este gasoducto en el área de Loma de Bácum, debido al descontento por parte de sus habitantes, Ienova continuó con sus labores de construcción y en respuesta el pueblo decidió frenar su avance con sus propias manos.

Foto: Santiago Navarro F

Esta Sexta Asamblea tiene como motivo el noveno aniversario de haber expulsado a la empresa transnacional de su territorio, hecho que anualmente celebran con dignidad, reivindicando la memoria de lucha y reafirmando la importancia de sostener y alimentar la autonomía y la organización al interior de las comunidades. 

Foto: Santiago Navarro F

Desde la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, los pueblos que la integran afirman su claridad sobre las “estrategias disfrazadas de participación y reconocimiento de los derechos de los pueblos que desde el Estado se utilizan para legitimar megaproyectos y planes de despojo y destrucción que son favorables para la inversión capitalista”, tales como el gasoducto expulsado de Loma de Bácum. 

Foto: Facebook Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Al regirse bajo los principios zapatistas del “mandar obedeciendo”, quienes integran la Asamblea conciben desde una perspectiva subjetiva la vida en los territorios, completamente opuesta a la visión objetiva y desarrollista del Estado.

De ahí que su labor esté principalmente ligada a las circunstancias culturales, históricas y políticas de cada pueblo que la integra, poniendo en primer plano cuestiones como la espiritualidad, la autonomía, la identidad, la memoria y la sabiduría de los abuelos: “el agua es sagrada, no es mercancía, va más allá de ser un derecho humano: el agua tiene espíritu, lleva en su cauce nuestra historia y nuestro mañana”, como mencionan en la sexta convocatoria.

Esta Asamblea es una iniciativa autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista y antimilitarista del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG), que en agosto del 2022 tuvo su primera sesión teniendo como objetivo el unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio.

La ANAVI ha tenido como sedes: la Región Cholulteca, Puebla; Santiago Mexquititlán, Querétaro; San Gregorio Atlapulco, Xochimilco/Ciudad de México; La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala; Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Ciudad de México y la próxima y sexta sede será el pueblo de Loma de Bácum.

La Asamblea, se ha ido integrando de pueblos experimentados por diversos procesos de defensa territorial a lo largo del país, que han resultado en dignos triunfos.

Algunos de estos son: en Puebla el cierre del basurero en San Pedro Cholula y el cierre de la empresa Bonafont-Danone en Cuanalá. En Santiago Mexquititlán, la detención de la pipa con la que robaban el agua del pozo de Barrio Cuarto. En San Gregorio Atlapulco, la detención de la extracción de agua y la recuperación de su biblioteca. En Tonalá, Jalisco, el cierre definitivo del basurero Los Laureles y el alto en la instalación de una termoeléctrica. En la Ciudad de México, la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), covertidas en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. En Santa María Ostula, la recuperación de tierras de Xayakalan y por supuesto, en Sonora, la expulsión del gasoducto en Loma de Bácum.

Foto: Facebook Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Esta Sexta Asamblea tendrá una duración de dos días (18 y 19 de octubre), donde la tarea principal será la realización de mesas de trabajo para la toma final de acuerdos. En ambos días habrán actividades culturales que comenzarán después de cada tarde. Para asistir y saber más sobre las indicaciones generales, es necesario registrarse en el link contenido en la convocatoria

Alerta máxima, Flotilla Global Sumud está siendo atacada

La Global Sumud Flotilla ha sido atacada al menos 7 veces en las últimas horas por bombas sónicas, bengalas explosivas, además de ser rociada con sustancias químicas sospechosas. Así lo han denunciado en vivo algunos tripulantes que han logrado publicar sus anuncios, ya que también están siendo afectados por un bloqueo de la comunicación. Las radios fueron interferidas y las llamadas de ayuda bloqueadas.

La tripulante Yasemin Acar alcanzó a denunciar en vivo: “Actualmente estamos operando en aguas internacionales. Docenas de drones han sido observados en la zona. Dos barcos de vela fueron atacados por un dron, pero podemos confirmar que todos están a salvo y nadie ha sido herido”.

El periodista mexicano Ernesto Ledesma, del medio de comunicación Rompeviento, quien también es tripulante de la Flotilla, trasmitió en vivo asegurando que los ataques se perpetraron alrededor de las 5:20 pm de México, de este 23 de septiembre. Uno de los artefactos cayó en la embarcación donde viaja el periodista. 

“El primer artefacto explosivo lo dejaron caer dentro de nuestra embarcación, de la Guaila. Afortunadamente no explotó, sino que rebotó en el cobertizo y afortunadamente cayo en el océano. Ese fue el primer ataque que recibimos el día de hoy”, señaló Ledesma.

“En este momento, estamos experimentando un bloqueo de la comunicación, que puede afectar nuestra capacidad de coordinar y de respuesta”, alertó Yasemin, quien es una activista alemana de 37 años, nacida y criada en el país de padres kurdos de Turquía.

De acuerdo con el periodista de México el portavoz de la Secretaría de Relaciones del gobierno de Israel, exigió que dejaran la ayuda humanitaria en un puerto o de lo contrario anunció que “ya sabemos lo que va a pasar” adelantó el mexicano.

“Es el gobierno de Israel porque no hay otra explicación de quién está atacando a la Global Sumud Flotilla. Hacemos un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum a que haga un llamado fuerte e importante de una vez por todas al gobierno de Israel”, exige el periodista Ledesma, quien también es director del medio Rompeviento, uno de los seis mexicanos que forman parte de esta iniciativa global.

Los coordinadores de la Flotilla anunciaron que estas son “operaciones psicológicas, pero no nos dejarán intimidar. Los límites a los que Israel y sus aliados llegarán para prolongar los horrores de la inanición y el genocidio en Gaza son repugnantes. Pero nuestra determinación es más fuerte que nunca. Estas tácticas no nos disuadirán de nuestra misión de entregar ayuda a Gaza y romper el asedio ilegal. Cada intento de intimidarnos solo fortalece nuestro compromiso”, comunicaron los organizadores en sus redes oficiales.

Los tripulantes que han logrado establecer comunicación anuncian que están en alerta máxima y llaman a la solidaridad internacional para dar seguimiento a esta iniciativa y exigir a los gobiernos que rompan relaciones con el gobierno de Israel. De la misma manera, responsabilizan al gobierno Benjamín Netanyahu de cualquier cosa que les suceda.