Gobierno de Chiapas no reconoce a desaparecidos por el crimen organizado

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18 diciembre, 2024

^{En portada: Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios en Chiapas. Foto: Carlos López}

Ante la negativa del gobierno de Eduardo Ramírez para atender los casos de las personas desaparecidas en Chiapas, el Colectivo Madres en Resistencia iniciará una huelga de hambre este miércoles (18) en la entrada del Palacio de Gobierno que se localiza en Tuxtla Gutiérrez.

“Eduardo Ramírez no toca el tema de desaparecidos”, enfatiza Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres que fue desaparecida forzadamente en el municipio de Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, por hombres encapuchados que portaban insignias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Tras dos años de la desaparición forzada de Cassandra no hay avances en su caso, ni en el de otras familias que integran el colectivo. “Vamos a hacer bloqueos y marchas para que nos reciban, porque ya lo pedimos y no nos escuchan”, señala para Avispa Mídia.

Hace tres meses, antes de que rindiera protesta como gobernador, el colectivo se acercó a Ramírez Aguilar en un acto político en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En ese momento las puso en contacto con otra persona para coordinar un próximo encuentro que nunca llegó.

“Nosotros no confiamos en las autoridades, no creemos en las autoridades, no hay justicia para nosotras, pero vamos a exigirle a este nuevo gobierno que haga las búsquedas porque tampoco las quieren hacer, no las hacen”, enfatiza la madre de Cassandra.

Isabel Torres aclara que como Madres en Resistencia ya no buscan justicia, “porque sabemos que no la hay, aquí en Chiapas o en todo México”. Con las acciones planeadas para esta semana exigirán que todas las autoridades correspondientes trabajen en la búsqueda de las personas desaparecidas.

¿En manos de quién estamos ahora?

“Vuelven a dejar a Llaven Abarca como Fiscal. Todos hacen oídos sordos y se vuelven ciegos. El crimen organizado siempre ha dejado narcomensajes donde mencionan a Llaven Abarca; lo mencionan o lo señalan como delincuente y nadie ha hecho nada para investigarlo y, en su caso, levantar una carpeta de investigación”, lamenta la madre de Cassandra Arias Torres.

Unos días antes de que Eduardo Ramírez Aguilar asumiera al cargo como gobernador, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General por los próximos nueve años.

De inmediato, más de 60 redes y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto al considerar que este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. “Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, versa el comunicado.

También menciona que en su gestión se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. “Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión”. Ante esto, Isabel Torres, de Madres en Resistencia, cuestiona, “¿en manos de quién estamos ahora?

Llaven Abarca ha mantenido cargos importantes en Chiapas en materia de seguridad. En el 2002 fue Ministerio Público Especializado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Chiapas (FGE), con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

Seis años más tarde, con Juan Sabines Guerrero, fue subdirector de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio de Justicia de Chiapas, en ese periodo también ocupó los cargos de jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro, Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Distrito Selva y Fiscal Especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (FECDO).

De 2011 al 2012 fue Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello fue nombrado secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y con Rutilio Escandón Cadenas fue Fiscal General de Chiapas del 2018 al 2020, posteriormente Diputado Federal.

En la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas.

También tiene recomendaciones por Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca.

Aquí todo sigue igual

Desde el 8 de diciembre, en su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar ha seguido la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar constantes conferencias de prensa sobre los “avances” en materia de seguridad, pero en ningún momento ha mencionado los casos de personas desaparecidas en Chiapas.

“Ni si quiera mencionan el cambio del Fiscal de Desaparecidos”, afirma Isabel Torres, “porque sabemos que hubo otros movimientos y cambios de fiscales, pero a Jubilian no lo tocaron”.

Jesús Jubilian Sarmiento Santos ocupa el cargo de Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares desde el 2021, pero de acuerdo a las familias del Colectivo de Madres en Resistencia todo lo que obra en las carpetas de investigación ha sido aportado por ellas, “de lo contrario no habría nada”.

Respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el colectivo desconoce si habrá cambios y el tema se mantiene en total hermetismo. “Por eso tomamos la decisión de plantarnos en Palacio de Gobierno y pedir la audiencia con Eduardo Ramírez, Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, y otras dependencias”.

Como Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios. “Como son personas de escasos recursos, en su mayoría, es muy difícil que estén viajando, entonces las asesoramos para reportar a las personas desaparecidas”.

En el último año han recibido reportes de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, principalmente, así también de Ocosingo, Comitán, Chenalhó y Yajalón. Isabel Torres aclara que no son los únicos lugares donde hay un alza en el número de desaparecidos. Los pobladores de la Sierra Mariscal, por ejemplo, “tienen mucho miedo de denunciar”.

Las familias del colectivo son amenazadas o intimidadas por lo que también mantienen estrategias de seguridad, incluso cuando visitan la Fiscalía General del Estado, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. “Así tenemos que estar todas las mamás, mi mayor miedo es que si yo llego a faltar, ¿quién va a buscar a mi hija?”

Anteriormente informaron a la Fiscalía sobre esta persecución, pero optaron por dejar de hacerlo debido a la desconfianza que les genera la autoridad. Hace unos meses el colectivo presentó un amparo en el que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera los casos, pero la respuesta del juez federal fue negativa.

“Nosotros pedimos que las carpetas fueran atraídas por la FGR porque hay policías involucrados, Fiscalía y personal de gobierno también en el caso de algunas desapariciones como la de mi hija, Cassandra. Queríamos que este juez obligara a las autoridades a hacer la búsqueda, obligara a la Comisión de Búsqueda a hacer la búsqueda como debería”, explica.

Para el colectivo, incluso el ex Fiscal Olaf Gómez Hernández debe ser investigado. “Hay muchos policías del Estado que deben ser investigados y no lo hacen. Veo que con este gobierno nuestra lucha tendrá que seguir porque esperanza en el gobierno no hay, en Dios sí”, señala Isabel Torres.

Javier Milei y su guerra contra los de abajo

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Avispa

16 diciembre, 2024

^{Por Darío Aranda / Agencia Tierra Viva}

Cuando la realidad está alterada de forma extrema se hace necesario buscar otras categorías de análisis para pensar, luego hacer y transformar esa realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños sin cenar cada noche, con la quita de remedios a los jubilados y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: «Nos han declarado la guerra», explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.

El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos —y aniversario del regreso a la democracia en Argentina—, el presidente Javier Milei decidió, por decreto, acabar con la Ley Nacional 26.160 que protegía derechos de los pueblos indígenas. Una muestra más del desprecio por los de abajo y su coherencia en servir a los de arriba. Pero Milei no es el mayor problema, sino a quiénes responde y para quiénes gobierna.

En Chubut, el lonko Mauro Millán analiza la última arremetida de Milei y resume: «Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos». En la misma Patagonia sucedieron tres asesinatos en la lucha por los territorios en los últimos años: Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Elías Garay Cañicol. Los dos primeros durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. Mismo cargo con el que fue premiada por Milei.

Desde hace años que en Catamarca y en San Juan se denuncia la «dictadura minera», donde las asambleas plantean con claros ejemplos de cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.

A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la General Paz, les parece exagerado hablar de «dictaduras mineras» y de «guerras» por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.

«Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato», resumió con precisión Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).

El ataque contra las infancias, los abuelos, a las personas con discapacidad, a los trabajadores de la economía social y a las mujeres —por solo citar a cinco sectores— es dramático.

Como en los años de la dictadura, las alertas llegan desde el exterior. El 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por «las decisiones administrativas de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación». Exhortó al Estado a «cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos» de los pueblos indígenas, en particular los referidos a las tierras. Y precisa que el contexto de Argentina es de «retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut».

El Movimiento Nacional Campesina Somos Tierra (MNCI-ST) resumió: «Un año de ataque a la agricultura familiar, campesina e indígena. Alimentos más caros y más hambre». Y apuntaron:

-Crisis alimentaria sin precedentes en nuestra historia reciente.

-140% de aumento en precio de alimentos.

-12% de la población pasa hambre.

-25% de la población sufre inseguridad alimentaria.

-El consumo interno de carne vacuna es el más bajo en 28 años (11% por debajo de 2023).

El periodismo no adicto, que décadas atrás funcionó como un contrapeso, tampoco la pasa bien. «Censura, violencia, precarización y políticas de silenciamiento: la libertad de expresión sufrió un ataque sistemático durante el primer año de gobierno de Milei», denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Y, algo sabido, si así se vive en la ciudad de Buenos Aires, mucho peor es las provincias.

Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir. Foto: Natalia Roca

Cómplices, responsables y los de arriba

Javier Milei asumió el poder con solo 37 diputados (sobre 257 bancas) y siete senadores (sobre 72). Sin embargo, obtuvo mayorías parlamentarias junto al PRO, UCR y sectores del peronismo. Así como la compra de votos con «la Ley Banelco» en 2000, los recientes casos del senador Edgardo Kueider y de Cristian Ritondo (jefe de la bancada del PRO) son solo botones de muestra de la casta. Sectores políticos que hablan de «la gente» o de «pueblo», pero no viajan en tren, no se atienden en hospitales públicos y sus hijos no concurren a escuelas públicas. Mucho menos pisan un barrio popular (salvo en elecciones).

En la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo «normal» ver personas en busca de alimentos en la basura —cuerpos sumergidos en contenedores olorosos—, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. «Daños colaterales», como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.

“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega (…) Un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición que los trabajadores a los que representa”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

La CGT actual, sinónimo de burocracia sindical, no leyó a Tosco y mucho menos sigue su ejemplo. Es cómplice en el padecer de los trabajadores.

El tercer poder del Estado, el Judicial, es el más retrógrado y conservador de los tres. Casos como el de Lago Escondido (donde jueces y empresarios viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en la Patagonia) muestra la connivencia entre funcionarios judiciales y poder económico. Innumerables casos, como lo son el juez Pablo Oritja en San Juan, el fiscal Martín Camps de Catamarca o el Superior Tribunal de Jujuy (puesta a dedo por el entonces gobernador Gerardo Morales).

El plan de Milei es claro. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la avanzada contra los pueblos indígenas tienen el mismo objetivo: hacerse de los territorios para entregárselos a mineras, petroleras, forestales y empresas del agronegocio. Obtener «inversiones» extractivas de enclave, de dólares rápidos para pagar la deuda externa y, al mismo tiempo, acumular consecuencias ambientales, sanitarias y sociales. Y, también, para profundizar la dependencia y la pobreza, lugar asignado a los países proveedores de materias primas.

Si la guerra es contra los de abajo, los aliados y beneficiarios son los de arriba. Desde los Elon Musk hasta los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, pasando por las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta, Barrick Gold, Río Tinto, Livent y Glencore, entre otras. En lo local, celebran los Eduardo Elsztain, Marcos Galperín, Hugo Sigman y Silvia Gold, Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Luis Pérez Companc (Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y la energética Pecom), Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Carlos Blaquier Arrieta y hermanos (Grupo Ledesma) y Miguel Galuccio (petrolera Vista).

El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes, incluso más en los autodenominados «nacionales y populares». El «veto Barrick», de Cristina Fernández de Kirchner para favorecer a la megaminería, es un hito histórico.

Tiempos de guerra contra quienes defienden la tierra. En la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que —a pesar de los siglos de represión— saben lo que es resistir y construir futuros.

Corte se prepara para dictar sentencia en el caso del primer desaparecido zapatista

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Aldo Santiago

10 diciembre, 2024

El próximo jueves (12), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá su sentencia respecto al caso de desaparición forzada de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), desaparecido en el año 1999.

Será mediante audiencia pública que la Corte dará a conocer el veredicto en lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Cdh Frayba) cataloga como un caso trascendental en la búsqueda por verdad y justicia por los crímenes de Estado perpetrados durante la estrategia de contrainsurgencia, desplegada en Chiapas como respuesta al levantamiento zapatista acontecido en 1994.

Según documentación del Cdh Frayba, el crimen fue cometido por el grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia”, formado por el Estado mexicano para operar en la Zona Norte de Chiapas durante la década de los noventas.

Acorde al centro de derechos humanos, González, originario de la comunidad maya Ch’ol “El Calvario”, fue desaparecido el 18 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla cuando se encontraba trabajando en una tienda cooperativa de su organización Arroyo Frío. “Defensor y luchador comunitario por la liberación de los pueblos originarios de los sistemas de opresión y discriminación, fue desaparecido en este contexto, dejando un vacío irreparable en su familia y en su comunidad”, contextualiza el Cdh Frayba mediante boletín.

Para la organización, la sentencia inminente de la Corte IDH no solo es crucial para la familia de Antonio, quien ha exigido respuestas durante casi 26 años, sino también para todas las víctimas del terrorismo de Estado en Chiapas, “perpetrado en el marco de la violencia política contrainsurgente en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad como masacres, tortura sexual contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, entre otros”, detalla el Cdh Frayba.

Este caso no es aislado. El Cdh Frayba ha documentado al menos 37 desapariciones y 85 ejecuciones cometidas por el mismo grupo paramilitar, todos crímenes que permanecen en la impunidad. Por ello, el centro de derechos humanos exige que la resolución debe llevar a la investigación de los responsables, la reparación integral de las víctimas y la búsqueda exhaustiva de González y todas las personas desaparecidas en ese periodo.

La desaparición de González se enmarcó en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la región. Estas agresiones tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia.

Según las denuncias del Cdh Frayba, la creación y actuación de grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona norte del estado, fueron responsables por la violencia que desaplazó a más de 4,500 personas de comunidades en los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua.

Caso González

Fue el 22 de enero del 2022 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso de Antonio González contra el Estado mexicano ante la Corte IDH alegando su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada del BAEZLN.

En aquel momento la familia de Antonio González y el Cdh Frayba saludaron la decisión al considerar que el Estado mexicano incumplió con su obligación de sancionar a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas. “La presentación del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigación de las desapariciones forzadas en nuestro país abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos”, argumentaron mediante posicionamiento.

Para el centro de derechos humanos, la próxima sentencia representa un momento histórico pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre acciones de contrainsurgencia de los años noventa en Chiapas. “A la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente”, sostuvo el Cdh Frayba en un boletín.

En este proceso, resalta el papel de Zonia López, esposa de Antonio quien desde el momento de su desaparición asumió su búsqueda al exigir a instancias locales y nacionales la investigación de su paradero. En ese contexto, el centro de derechos humanos asegura que el proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol, por lo cual, ante la falta de búsqueda e investigación en México ella y sus familiares acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000.

Para el año de 2019, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo a “Desarrollo Paz y Justicia”, en un contexto de terror y criminalidad.

Ya en el sexenio de López Obrador, el gobierno mexicano atendió mínimamente las recomendaciones del informe de la Comisión, con lo cual en el año 2022 ofreció una disculpa pública, por parte del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en un acto interpretado por los familiares de Antonio “como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación”, señala el Cdh Frayba.

Debido a la continuidad en las omisiones del Estado fue que el caso se trasladó a la Corte IDH, proceso durante el cual el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. “Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas”, sostiene el centro de derechos humanos.

Persecución ideológica se endurece en el Perú con caso Perseo

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Javier Bedía Prado

9 diciembre, 2024

La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú.

El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000).

En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.

Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”.

El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.

Una nueva Constitución hace parte de las propuestas del Movadef

Condena ideológica

Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.

La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.

Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso.

En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo.

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El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.

A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.

Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.

Bukele oficializa intención de reactivar minería en El Salvador; organizaciones se posicionan

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Aldo Santiago

6 diciembre, 2024

^{En portada: Manifestación frente al Congreso de El Salvador para exigir la prohibición de la minería metálica. Marzo, 2017. Foto: Marvin Recinos.}

Una docena de organizaciones salvadoreñas se posicionaron el pasado martes (3) contra las intenciones del presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, de reactivar la industria minera impedida mediante la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ocurrida el 29 de marzo de 2017, tras una larga lucha social de 12 años.

Aglutinados en la Mesa Nacional Frente a la Minería, las organizaciones compartieron argumentos para desmontar el discurso del presidente quien, mediante sus redes sociales, aseguró que reactivar dicha industria de manera “sostenible” repercutirá en la creación de miles de empleos y el desarrollo del país.

“Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”, argumentaron las organizaciones salvadoreñas mediante comunicado difundido en una rueda de prensa. Para los movimientos ambientalistas y sociales del país centroamericano, los principales daños de la minería son la escasez y contaminación del agua derivadas del proceso de lixiviación del oro, para el cual se utilizan grandes cantidades del líquido mezclado con cianuro y otros químicos tóxicos que generan drenajes ácidos, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa Lima, departamento de La Unión.

Vidalina Morales, líder ambientalista, aseveró que es en la región norte de El Salvador (los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión) donde se encuentran los principales yacimientos de oro, pero que esa misma zona es un área frágil en relación al agua, pues es donde nacen y fluyen los ríos tributarios del Río Lempa, arteria principal que drena dos terceras partes del país centroamericano y del cual depende el abastecimiento del agua potable.

Un ejemplo de la afectación al ambiente es que, aún en su fase de exploración, la empresa minera de capital canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold secó fuentes de agua. Incluso, esta empresa declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría casi un millón de litros de agua diarios para la extracción de oro.

“Estudios de organismos internacionales han revelado que el 87.7% del territorio está bajo riesgo y en él vive el 95.4% de la población. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado del continente, solo después de Haití”, detalló la lideresa sobre la situación crítica del medio ambiente salvadoreño.

*^{La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica durante la conferencia de prensa del pasado 3 de diciembre.}*

Según los datos recopilados por la Mesa, en El Salvador exiten menos de 1,700 metros cúbicos de agua disponibles por persona al año, lo cual significa que es una región con elevado estrés hídrico. “Implementar la minería metálica en el país sería el toque de gracia para nuestro medio ambiente”, detalla el documento.

Morales también enfatizó que son las mujeres que representan el 52.8% de la población salvadoreña, el sector de la población que se verá mayormente afectado por la industria minera. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad se impacta principalmente a las mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares”, aseveró.

Con estos argumentos, las organizaciones sociales sostienen que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, “pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad”, subrayan en su pronuniciamiento.

Cabañas, lucha histórica

Alfredo Leiva es originario de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una comunidad desplazada durante el conflicto armado de los ochentas, y cuya población retornó en 1987 para recuperar sus tierras.

En el año 1993, ante el abandono estatal, los habitantes de Santa Marta fundaron la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) una organización enfocada en resolver las necesidades más básicas de la comunidad. Así, a través de la autogestión y la cooperación solidaria sus habitantes han emprendido programas de educación, salud, vivienda, agua potable, entre otras.

En este contexto, la ADES de Santa Marta ha destacado por ser una de las organizaciones más visibles contra la extracción minera que se desarrolló desde finales de los años noventa en la región y cuya lucha social alcanzó el consenso entre otros sectores de la población que derivó en la promulgación de la ley para prohibir la minería en 2017.

En entrevista con Avispa Mídia, Leiva comparte que existen razones de peso para oponerse a la industria extractiva. Además de la destrucción ambiental que haría insostenible la vida en el país centroamericano, rememora la persecución que derivó de la lucha social y cuya mayor expresión de violencia ocurrió en el año 2009 con los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, ambientalistas opositores a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim.

Para el integrante de la ADES Santa Marta, el anuncio reciente de Bukele para reactivar la minería solo confirma lo que desde hace más de dos años su organización ha venido alertando. Leiva refiere que existieron varias señales sobre la intención gubernamental para la reactivación de la industria tales como la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en 2021.

Además, en 2022 se creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, organismo que cuenta con la facultad de tramitar las concesiones -previo a la aprobación de la Asamblea Legislativa, bajo control total del partido de Bukele, Nuevas Ideas- para la explotación de recursos mineros en El Salvador.

“En esa misma lógica, en 2023, para el presupuesto de ese año se le asignaron más de 4 millones de dólares a esta dirección para que analice y pueda proponer la reformulación de la ley que prohíbe la minería”, detalla Leiva.

A las acciones gubernamentales, el integrante de la ADES señala que se suman los trabajos de consultores peruanos, vinculados a la empresa de capital estadounidense Titan Resources -trasnacional minera con presencia en Honduras y Perú-, quienes visitaron comunidades de los municipios de San Isidro, Sensutepeque, Guacotecti e Ilobasco para ofrecer pequeños proyectos de cultivos de hortalizas, captación de agua de lluvias, entre otros, los cuales despertaron la sospecha de los habitantes sobre las intenciones tras las dádivas.

Leiva refiere que la vinculación de la empresa norteamericana se conoció debido a una investigación periodística, pero con el pretexto de la permanencia del régimen de excepción existe “un cierre total del acceso a la información”, por lo cual se desconoce si hay más empresas interesadas en la reactivación de la minería, o si existen trámites para concesiones y explotación en curso.

*^{Solidaridad con los perseguidos de Santa Marta, El Salvador.}*

Más importante para Leiva, en medio de estas acciones, es que se dio la persecución y criminalización de cinco integrantes de la ADES, cuyo caso legal aún mantiene en vilo su libertad.

Minería, con o sin ley

Para el integrante de la ADES Santa Marta, la reactivación de la minería puede suceder con o sin la necesidad de la derogación de la ley que la prohíbe. Esto, detalla, se debe a que existen otras normativas que lo permitirían. Por ejemplo, menciona las facultades dentro de la Ley de Zonas Económicas Especiales que, acorde a Leiva, “considera que si un territorio es apto para el desarrollo económico, entonces lo declaran zona económica especial y en ese espacio de territorio no inciden las leyes nacionales”.

También menciona la Ley Especial de Extinción de Dominio pues, según su análisis, “no importa si las personas dueñas de la tierra no quieren vender, a través de esa ley, pueden expropiar y pueden desarrollar estos proyectos”.

Según la Mesa Nacional Frente a la Minería también existen amenazas en torno a la prevalencia jurídica de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el cual permite que corporaciones mineras, amparadas en tratados bilaterales o regionales, puedan reactivar las actividades de exploración y explotación minera metálica en el territorio salvadoreño.

“Lo último sería una acción más política: derogar la ley (de prohibición de minería), pero con ley o sin ley hay probabilidades de que se desarrolle esa actividad”, alerta Leiva.

Ante las intenciones de reactivación minera, las organizaciones exigen al presidente Nayib Bukele “a no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador sino para proteger los intereses de los países ricos”, sostienen. De lo contrario, aseguran que la contaminación “podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente y de habitar”.

Sentencia histórica reconoce papel crucial de las abejas para los ecosistemas

Por

Renata Bessi

4 diciembre, 2024

^{En portada: La deforestación y el uso masivo de agrotóxicos son las principales amenazas para la supervivencia de las abejas en Campeche. En la imagen, apicultores muestran la muerte masiva de estos insectos. Foto: Colectivo Maya de los Chenes.}

Apicultores mayas de Hopelchén, municipio del estado de Campeche, en la Península de Yucatán, obtuvieron una sentencia histórica la cual reconoce que las abejas poseen un valor en sí mismas por desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. Además, reconoce que las polinizadoras hacen parte del legado biocultural de los pueblos mayas, quienes han practicado la apicultura desde tiempos prehispánicos en la Península de Yucatán. El juicio de amparo fue presentado el 19 de mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su fallo, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, reconoció que las abejas tienen “un papel preponderante en la reproducción de plantas y son vitales para los sistemas agrícolas de producción de alimentos. (…) Y que los pueblos y comunidades indígenas han convivido por cientos y miles de años con distintos tipos de vegetación en un proceso de intervención constante de recolección, semidomesticación y domesticación”.

De acuerdo con el asesor jurídico de los apicultores mayas, Jorge Fernández Mendiburu, perteneciente al Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, no existe ninguna otra sentencia en el país que reconozca que la abeja merece una protección. “Eso es lo novedoso”, dijo.

La defensa de las abejas por los pueblos mayas en la Península de Yucatán no es de ahora. Hace por lo menos 12 años que los mayas de Hopelchén iniciaron la lucha, tras la muerte masiva de sus abejas. “Nuestra lucha por la defensa de los territorios incluye a las abejas. Sin las abejas es muy difícil que podamos continuar en este planeta”, dijo la apicultora maya y integrante de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, Leydy Pech.

La jueza también reconoció que dos factores principalmente han afectado la supervivencia de las polinizadoras. Uno es el uso masivo de agrotóxicos, en particular ciertos herbicidas y pesticidas en la agricultura industrial, como el fipronil, neonicotinoides y el glifosato, que fue prohibido por un decreto presidencial en el sexenio pasado. El segundo es la deforestación desenfrenada, que ha colocado a Hopelchén como uno de los municipios más deforestados de México.

La apicultora sostiene que las comunidades mayas en Hopelchén conviven con la producción masiva de granos, como el sorgo, soya, arroz y maíz transgénico, cuya producción “responde a las megagranjas porcícolas y avícolas que están en Yucatán”.

Un equipo del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur San Cristóbal de las Casas) pudo documentar la muerte de al menos seis mil colmenas de abejas en 2023 y 2024 en las comunidades mayas de Ich EK y Suc Tuc del Estado de Campeche, así como en el municipio de Tizimín, en Yucatán.

Los científicos pudieron comprobar que una de las causas de las muertes de las abejas es el uso de agrotóxicos por la agricultura industrial. “[Estas substancias] se expanden en un rango de siete kilómetros, matando todo lo que está alrededor, como las abejas e insectos; además de otras pérdidas que no hemos documentado. Deberían de estar prohibidos”, sostiene Jaime González, integrante del equipo.

Responsabilidad

En el juicio se señala la omisión de las autoridades federales y estatales en la protección de las abejas y determina que cumplan “políticas de fondo que sean efectivas”, explica el asesor jurídico de los apicultores mayas.

Obliga a las autoridades implementar “todas las medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo al medio ambiente en el que habitan las abejas, entablado acciones efectivas para investigar y combatir la muerte masiva de las abejas de Hopelchén, así como para contrarrestar los daños de las zonas en las que se encuentran los apiarios. (…) deberán demostrar que han realizado acciones que tienen un impacto efectivo en la protección del medio ambiente y en el combate de la mortandad de las abejas en la región de Holpechén”, determina la resolución.

La jueza determinó como instancias de gobierno responsables la Presidencia de la República, representada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el ámbito federal. Compromete, además, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) del gobierno del estado de Campeche.

Entre las acciones concretas, los apicultores mayas esperan la prohibición de agrotóxicos como el fipronil y los neonicotinoides, ya vetados en gran parte de Europa; la aplicación del decreto que restringe el uso del glifosato; la prohibición de las fumigaciones aéreas; la investigación y sanción de las deforestaciones que han devastado la región; establecer un programa participativo con las comunidades locales para crear corredores biológicos y restaurar los ecosistemas afectados; y la declaración de las abejas como sujetos de derechos y el reconocimiento de las comunidades mayas como sus guardianas.

Toda la península

La sentencia lograda recientemente se aplica específicamente al caso de Hopelchén, sin embargo, los apicultores defienden que las medidas que se tomen para darle cumplimiento a la sentencia deben tener un alcance regional.

“La situación que se está viviendo en Hopelchén, nosotros la estamos viviendo por lo menos desde 2018 en Tizimín (Yucatán), y sabemos que apicultores de otros Estados, como Quintana Roo, también la sufren”, explica el apicultor Marco Antonio Cupul Cu, de la Alianza Maya por las Abejas, Kaabnaloón. “Hace poco en mi municipio unas 700 colmenas fueron muertas por plaguicidas. ¿Quién las mata? Las empresas, los megaproyectos, los monocultivos. No solamente matan las abejas también contaminan los alimentos”, agrega.

Los apicultores mayas esperan que la sentencia abra la posibilidad de interlocución con el gobierno federal para que las medidas sean de carácter regional. “Que apliquen cuanto menos la prohibición de los agrotóxicos y una política de restauración de las reuniones que fueron deforestadas”, sostiene Itzel Pech, del Colectivo Maya de los Chenes. “Son las mínimas acciones ante toda la devastación y crisis que estamos enfrentando”.

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