En este episodio 7 exploramos una historia inspiradora que desafía las narrativas comunes sobre la crisis climática y la sostenibilidad. Nos enfocamos a una comunidad establecida en un rincón del mar caribe, en Honduras.
Este caso fue conocido por el equipo de Avispa Mídia en un viaje que abarcó más de 10 mil kilómetros por Centroamérica. Esta comunidad, a diferencia de los proyectos de energía renovable que a menudo desplazan comunidades sin cumplir sus promesas, creó una solución innovadora y autónoma para su propio beneficio al generar su propia energía de un pequeño arroyo.
Se estremece comunidad mixteca en Oaxaca al no saber el paradero de un grupo de jóvenes campesinos que se dirigía a seguir la cosecha de frutos en el norte de México y los Estados Unidos. Lo último que se supo es que fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en un retén militar, en Santa Rosalía, municipio de Camargo en el estado de Chihuahua. Esta tragedia se suma a un largo historial de desapariciones con el que cierra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), más de cien mil personas.
Según dijo Omar Esparza, coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), “se interpuso una denuncia ante la fiscalía por la desaparición de cuatro miembros de nuestra organización: Everardo Cruz, de 18 años; Fabián Leonel López Peña, de 12 años; Justino López Ortiz, de 36 años; y Eva Peña Cruz, de 30 años”.
De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se desconoce el paradero de estas personas desde el pasado 20 de agosto.
Los campesinos son originarios de la comunidad de San Miguel Monte Verde, del municipio de San Antonino Monte Verde, Oaxaca.
Los indígenas, quienes son familiares, abordaron una unidad de transporte desde la Central de Autobuses del Norte en Ciudad de México, se dirigían a los campos de Sonora, posteriormente a California, en los Estados Unidos, “donde esperaban trabajar en la cosecha de frutas y verduras”, señala Esparza para Avispa Mídia.
Según el activista, los cuatro campesinos iban siguiendo la cosecha con un permiso de trabajo y a través de una red de comunidades de la región mixteca, quienes van en busca de empleo en los campos de cultivo. Pero su viaje se vio interrumpido al ser obligados a bajar del autobús en el retén militar. “A pesar de que todos los demás pasajeros pudieron continuar su viaje, los cuatro indígenas fueron separados del resto de los pasajeros y desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Hay testigos (pasajeros) de la misma comunidad que, por seguridad, no decimos su nombre”, agrega el vocero de MAIZ.
A las autoridades locales, tanto de Chihuahua como de Oaxaca, así como a las instancias federales, se les acusa por su falta de acción. Aunque se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los familiares y la comunidad denuncian la “falta de avances significativos”, remarca Esparza al referir que estas acciones son insuficientes.
La versión oficial de las autoridades estatales ha sido que se trata de un problema de "fuero común", pero para la comunidad y para Esparza, el asunto tiene implicaciones claramente federales debido a la intervención de la SEDENA.
El largo viaje
Omar Esparza explicó que la suerte de esta familia migrante es la misma que comparten otras más en la región mixteca de Oaxaca, Guerrero y Puebla, que, al ser tierras áridas, la migración no es una elección sino una necesidad. “La pobreza extrema en la Mixteca oaxaqueña y las condiciones adversas, incluyendo la violencia y el abandono institucional, han forzado a muchas familias a buscar mejores oportunidades en el norte del país y en Estados Unidos. Hay casos de otros desaparecidos, pero, al no contar con el conocimiento o los recursos, no hacen la denuncia”, detalló el activista de MAIZ.
Por tanto, la desaparición de estos cuatro indígenas, “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante de desapariciones en la región mixteca”, destaca el vocero de esta organización, quien anuncia que se ha realizado un llamado urgente a la opinión pública y a organizaciones de derechos humanos, además, en los próximos días están planeando “movilizaciones y cierres carreteros, hasta que presenten a nuestros compañeros”, complementa.
El desconocimiento del paradero de Everardo, Fabián, Justino y Eva se suma a las más de cien mil personas desaparecidas en el país. “Por ello, no queremos que nuestros compañeros sean solo cifras, queremos soluciones”, concluye Omar Esparza.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el número de desaparecidos continúa aumentando y, desde el inicio del registro en 1952, se han contabilizado más de 115 mil personas en esta situación; de estas, el 42% —es decir, 49 mil— ha desaparecido únicamente durante la presente administración.
De acuerdo a las fichas de búsqueda, Everardo Antonio Cruz es de complexión delgada, de tez morena clara y mide 1.68 m. Al momento de su desaparición, iba vestido con una sudadera negra, pantalón de mezclilla negro, tenis negros, mochila negra con azul.
Por su parte, Fabián Leonel López Peña, quien es el menor desaparecido, es de complexión regular, también de tez morena clara y tiene una estatura de 1.50 m. Se ha reportado que vestía un pantalón negro, sudadera oscura y tenis rojos.
Asimismo, Justino López Ortiz, también cuenta con una complexión regular, es de tez morena clara y mide estatura 1.70 m. Como rasgo importante, tiene tatuado un San Judas Tadeo en el brazo izquierdo, así como cicatrices de acné en el rostro. Al desaparecer llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul cielo, playera azul cielo y tenis negros con verde.
Además, Eva Peña Cruz es de tez morena clara y cuenta con una estatura de 1.48 m. Vestía un pantalón de mezclilla azul marino, sudadera oscura y tenis oscuros el día de su desaparición.
Autoridades de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, confiscaron en la madrugada del 31 de agosto minerales extraídos clandestinamente por laminera Natividad y Anexas S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese al cierre de la mina por las autoridades ambientales federales, el 5 de agosto de 2024, informaron las autoridades de la comunidad en sus redes sociales.
“La minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, sostuvieron.
Las autoridades de Capulálpam de Méndez hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el “ámbito de sus atribuciones, hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024”. Además, avisan que la comunidad “no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio”.
Esa es la segunda vez en 2024 que las autoridades de Capulálpam confiscan cargas de minerales. Un día antes de la contienda electoral en México, en junio de 2024, los comuneros se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de su territorio. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señaló en la ocasión a Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
También señaló el presidente del comisariado que las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V.,sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana 2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país norteamericano.
Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones, fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de las fuerzas armadas de EEUU.
El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU, responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, América Central y América del Sur.
Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos.
Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3 de noviembre de 1970, un documento desclasificado.
Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington, el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de 1970.
En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados.
El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe, duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes emplearon técnicas de tortura.
Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año 2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de 2023.
“Amistad”
Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y comunistas están socavando la democracia y alimentando la inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.
Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano”.
Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado, iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial. Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global.
En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y la estabilidad democrática en América del Sur”.
Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de Canadá, Francia y el Reino Unido.
También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de los Estados Unidos.
En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.
La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM) pretende construir un complejo industrial y portuario privado - el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas - descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región.
El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.
Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.
“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
Vista de los manglares de la bahía de São Marcos y la isla de Cajual, al fondo. Foto: RdR/ Klaus Schenck.
El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).
Ubicación del terminal portuario TPA en la isla de Cajual y el muelle en la bahía de São Marcos en el Océano Atlántico.La zona de mareas de la mitad norte de la isla está bordeada de manglares. Elaborado por RdR usando Google Earth + TUBS CC BY-SA 3.0 DEED.
“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.
Presión Social
La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.
El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’".
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto.
Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo.
Inversiones
El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).
En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.
En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo.
De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.
En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.
Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.
El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.
Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.
La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.
La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial.
Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.
Temas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.
El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.
En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.
En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.
“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.
Opacidad, en tiempos de militarización
Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.
La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.
Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).
Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.
El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.
Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.
