Los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior; el Gobierno Regional de Loreto y tres municipios provinciales rechazaron el Estudio Adicional de Categorización (EAC) para establecer el área protegida, en contra del reconocimiento del Estado, mediante un decreto supremo de 2018, de la presencia de PIACI en este territorio. Los representantes de los Ministerios de Salud, Educación y Ambiente no participaron en la sesión, realizada el 4 de septiembre.
Este grave retroceso en los derechos de las comunidades amazónicas desestima las más de 100 nuevas evidencias de pueblos en aislamiento Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro. A la vez que obstruye una lucha de dos décadas, desde que se presentó la solicitud de formación de la reserva en 2003. Hay, además, otros cuatro proyectos de reservas pendientes.
"Se evidencia una grave irregularidad porque se ha reconocido la existencia de pueblos aislados en una zona, pero se incumple con delimitar y proteger su territorio, incrementando los riesgos a su vida, integridad y subsistencia", señalaron en un comunicado un conjunto de organizaciones indígenas.
Fotos: Aidesep
Desde los territorios denunciaron que el Ministerio de Agricultura adujo la vigencia de concesiones forestales en el área comprendida en la solicitud de la reserva Yavarí Mirim, las que ya fueron anuladas y se encuentran en proceso de reubicación.
"La sesión estuvo marcada por injerencias políticas indebidas: antes de iniciar, ingresó el congresista Juan Carlos Mori Celis, en una maniobra de presión que contravino el reglamento interno de la comisión, de carácter reservado. Cabe resaltar que el parlamentario es autor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca que todas las reservas indígenas sean revisadas cada seis meses por el Congreso, con la facultad de anularlas, recortarlas o extinguirlas", añade el comunicado.
En esa dirección, en Bolivia se anunció en agosto el establecimiento del área protegida indígena Loma Santa, en el municipio de San Ignacio de Moxos (departamento del Beni, frontera con Brasil).
Pueblos originarios en territorio boliviano.Fotos: ORE Bolivia
Esta es la primera reserva de la Amazonía boliviana en tierras ancestrales de un Gobierno Indígena Autónomo. Los pueblos Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Yuracaré, T’simane y Movima habitan este territorio indígena multiétnico (TIM), representado por el cacique y asambleas. La reserva fue declarada en noviembre de 2022 por el TIM mediante votación comunitaria y ratificada por ley de la autonomía como Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual.
"La creación de Loma Santa como área de conservación responde al deseo de las comunidades del TIM de preservar su biodiversidad y sus fuentes de agua. Surge como una estrategia frente a las crecientes amenazas externas, como la minería, la explotación petrolera, la tala y cacería indiscriminada, que son ajenas a su cosmovisión y vulneran sus derechos territoriales. Con esta área, el TIM reafirma su autodeterminación y autonomía como pueblos indígenas", apuntó la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE).
Por una parte, en Bolivia se observan las posibilidades de los gobiernos indígenas autónomos, reconocidos por la Constitución del año 2009, mientras que del lado peruano se ven los resultados de mecanismos estatales y las injerencias de los capitales extractivistas.
“En la Comisión Multisectorial, sectores como minería, petróleo y forestal bloquean la creación de reservas, impidiendo proteger a los PIACI y la biodiversidad de la que dependen", subrayó el apu Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El 1 de septiembre, en un encuentro por los 19 años de la promulgación de la Ley PIACI, líderes de la Amazonía peruana advirtieron los vacíos en la implementación de la norma. Atribuyen la demora de las categorizaciones de reservas al Régimen Especial Transectorial (RET), instrumento establecido por la Ley PIACI, bajo dirección del Ministerio de Cultura, para coordinar con otras instituciones cuyas competencias son alcanzadas por la normativa.
Actualmente, el Congreso evalúa un proyecto de ley para exploración de hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas (ANP), hogar de pueblos en aislamiento, en la línea de la negación de su existencia. “Debemos educar a la sociedad para no consumir información falsa en desmedro de nuestros hermanos. El negacionismo no nace en las comunidades, sino en los intereses que lucran con la tala, la minería ilegal y el narcotráfico. El Estado no puede seguir siendo cómplice pasivo de esta tragedia”, concluyó el líder amazónico.
En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.
Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.
La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.
Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.
Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.
La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.
Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.
Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.
La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.
Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.
En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.
Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno.
En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo.
Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.
Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.
En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.
Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror.
Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.
El barco donde viajan los organizadores de la Flotilla Global Sumud sufre un ataque perpetrado por un dron, así lo han afirmado los organizadores en un comunicado lanzado este 8 de septiembre. El acto de agresión, que no ha sido reclamado, no tuvo éxito al querer truncar el avance de esta misión civil internacional que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y llevar un mensaje de solidaridad al pueblo palestino.
De acuerdo con el comunicado oficial de la organización difundido esta mañana, el barco principal de la flotilla, bautizado como "Barco Familia", el cual porta la bandera portuguesa, fue atacado presuntamente por un dron mientras se encontraba atracado en aguas tunecinas. El artefacto impactó contra la embarcación, provocando un incendio que causó "daños por fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo", aseveran los organizadores.
El ataque, ocurrido en la noche de este lunes (8), tuvo lugar a escasas horas de la partida de la flotilla desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a Túnez capital. A bordo de esta embarcación se encontraban miembros del Comité Directivo de la misión. Afortunadamente, y en lo que la organización ha calificado de "milagro", los seis pasajeros y tripulantes a bordo resultaron ilesos.
En un contundente mensaje, los organizadores de la Global Sumud Flotilla (GSF) han tildado el incidente de "acto de agresión destinado a intimidar y descarrilar nuestra misión". Lejos de amedrentarse, la GSF ha reafirmado su compromiso: "Nuestra misión pacífica de romper el asedio a Gaza y ser solidaria con su pueblo continúa con determinación y resolución".
La palabra "Sumud" –que en árabe significa "firmeza" o "resistencia pacífica"– cobra hoy más sentido que nunca. El ataque no ha hecho más que reafirmar la voluntad de los cerca de 300 voluntarios de 44 nacionalidades diferentes que conforman la flotilla. Entre ellos se encuentran figuras de alto perfil como la activista climática sueca Greta Thunberg y la exprimera edil de Barcelona, Ada Colau, cuya presencia busca atraer la atención global hacia la crisis humanitaria en Gaza.
El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) advirtió sobre los graves riesgos sociales, ambientales y técnicos del proyecto Presa Margarita Maza, previamente conocido como Paso Ancho. Esta iniciativa contempla la construcción de una presa, un acueducto de más de 100 kilómetros y una planta potabilizadora con un presupuesto actualizado de 7,840 millones de pesos, monto que casi duplica lo anunciado por Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante marzo de este año.
De acuerdo con el OCCAMA, los diferentes montos del presupuesto y tiempos para el inicio de las obras, sumado a la falta de consulta y estudios correspondientes generan preocupación sobre la planeación y ejecución del proyecto, cuyo antecedente de implementación fracasó en el año 2014.
“El problema principal que tenemos ahora es un desfase en la información y en los tiempos. Estamos por saber el anteproyecto, pero ya hay, muy avanzado, los procesos financieros de aprobación y los compromisos políticos de que la presa se va a construir. Apenas vamos a tener esta información, hay una ruta hipotética de cuáles son las comunidades”, aseveró Juan José Consejo Dueñas, integrante del Observatorio, sobre las poblaciones que serán afectadas por las obras.
Fue en el marco del Plan Nacional Hídrico, cuando el director de Conagua refirió que la construcción iniciaría en agosto de este año con una inversión inicial de 700 millones de pesos para concluir en el año 2027. Sin embargo, los integrantes del Observatorio señalan que los documentos de licitación publicados en la plataforma gubernamental Compras MX señalan montos que casi duplican la cifra original lo que, sumado a las contradicciones en la información entre los gobiernos federal y estatal dan sustento a más dudas y suspicacias.
Opacidad y antecedentes de un fracaso
Uno de los señalamientos centrales del Observatorio es la falta de transparencia y opacidad con la que se ha manejado el proyecto. Además reclamaron los compromisos públicos, reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de garantizar procesos de consulta obligatorios en obras de este tipo, cuando hasta el momento no se ha difundido información clara ni se han realizado consultas previas con las comunidades directamente afectadas.
Esto sobre todo en relación a los impactos ambientales que consideran podrían afectar la Cordillera Norte, una zona clave para la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de la biodiversidad en la región de los Valles Centrales. Aunado a ello, en el ámbito social resaltaron los impactos negativos de las comunidades ubicadas a lo largo del acueducto, la planta potabilizadora y las poblaciones río abajo del proyecto.
Además, el Observatorio subraya que la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) , documento indispensable para conocer los impactos en el ecosistema, aún no ha sido puesto a disposición del público. “Los estudios de la MIA-R son un elemento clave que debe ser público para que no se pasen por alto la legislación en materia ambiental en la que el gobierno federal ha hecho mucho hincapié”, sostuvieron mediante posicionamiento.
El escepticismo de las comunidades no es en vano. En el año 2014, el proyecto Paso Ancho fue cancelado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a fallas técnicas y omisiones graves.Para el OCCAMA, la actual presa Margarita Maza “parece emular el desastroso proyecto de Paso Ancho y el Acueducto del Bicentenario”, dos iniciativas que nunca se concretaron y que dejaron un historial de desconfianza entre la población de Valles Centrales.
En 2024, el gobernador de Oaxaca anunció la reactivación de Paso Ancho, ahora rebautizado como Margarita Maza, y lo presentó ante la presidenta Sheinbaum sin compartir información a la sociedad. Ante ello, comunidades han solicitado reuniones que no se han concretado con los gobiernos federal y estatal para discutir el nuevo proyecto. “Desde agosto del 2024, manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el asunto, con el grave antecedente de las fallas y omisiones que hicieron de Paso Ancho una obra inviable técnica social y jurídicamente”, denunciaron.
En mayo de 2025, el director del Organismo Cuenca Pacífico Sur de Conagua informó que el proyecto pasó a llamarse Presa Margarita Maza y se ubicaría en Rancho Viejo, Sola de Vega. Aunque se habló de dimensiones menores, reconoció que aún no existían los estudios completos, pese a que la obra “podría iniciar en agosto”.
Ese mismo mes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar adjudicó a FRO Ingenieros el contrato para los estudios de ingeniería básica y anteproyecto por más de 64 millones de pesos, tras descalificar a la única empresa competidora. Para el OCCAMA, este proceso fue poco competitivo y la falta de acceso a los estudios presentados confirman la opacidad.
El 8 de agosto, una nota de prensa difundió que iniciaban las licitaciones. En Compras MX apareció la ficha “Presa Margarita Maza (Paso Ancho)”, que promete abastecer de forma continua a 641 mil habitantes. Días después, el gobierno estatal aseguró en un comunicado que la primera etapa de coordinación, licitación y supervisión se cumplió “en tiempo y forma” y que la obra beneficiará directamente a la población de Valles Centrales.
Las comunidades y organizaciones cuestionan la inversión millonaria para el proyecto Margarita Maza, puesto que, analízan, los recursos deberían ser encauzados al mejoramiento y reparación de las redes urbanas de suministro y distribución de agua en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña. “Resultaría ocioso invertir en una obra pública mayor, si actualmente se pierde en fugas, cerca del 50% del agua disponible”, aseveraron mediante pronunciamiento.
Alternativas
Las organizaciones del OCCAMA plantean alternativas comunitarias, frente a la imposición del megaproyecto, centradas en la gestión del agua desde abajo mediante técnicas y estrategias de cosecha de lluvia, riego eficiente, saneamiento ecológico y reciclaje de aguas. Además, promueven la protección de la Cordillera Norte, fundamental para la recarga de acuíferos y la biodiversidad que albergan los ecosistemas en la región de Valles Centrales.
El Observatorio remarca que estas prácticas no son nuevas, sino son retomadas del conocimiento de pueblos originarios y comunidades para la planeación comunitaria del agua, la producción orgánica, el saneamiento seco y las pequeñas presas filtrantes.
“Hay que hacer el riego eficiente, hay que cosechar la lluvia, hay que limpiar el agua con sistemas de rehuso y de limitación. Hay un conjunto de medidas que no solo ya conocemos, sino que se ponen en práctica en pequeña escala en muchos lugares en los Valles centrales.
No hay que ver qué podríamos hacer, sino hay que ver lo que ya se está haciendo y apoyar eso”, sostuvo Consejo Dueñas del Observatorio.
Por Nysaí Moreno / Foto de portada: Fabian Ontiberos.
Hay hilos que tejen.
Hay historias que guían nuestros pasos
Hay vidas que siembran
Y cosechan esperanzas y defensas.
Hay defensas y esperanzas
Que son hebras de vida,
Hilos que entretejen las historias dignas
Que a nuestros pasos guían.
« Xchel, Pajarito Colibrí »
Allí donde las montañas húmedas y frías de los Altos de Chiapas, en un poblado que huele a humo de leña y maíz recién cocido, San Andrés Sacamch’en de los Pobres... raíz profunda en la tierra Tzotzil, donde las mujeres hablan bajito, pero cargan con la historia del mundo en sus huipiles.
Ramona bordaba hilo por hilo; sus manos pequeñas tomaban la aguja con la misma precisión con que, años después, tomaría la palabra. Ella bordaba en silencio. El mismo silencio que gestó su pensamiento. Nadie le enseñó pensamiento crítico, solito le brotó como cuando brotan las raíces del árbol más inerte. Ella, en silencio, bordaba el pensamiento innato de la insurgencia. Ella, calladita, bordaba Rabia y Resistencia. Por años bordaba, huipil tras huipil, lo que en su mente ahondaba. Ella sigilosa, bordaba la dignidad en llamas.
No sabía leer, no sabía de libros, no sabia de filosofías, ni de teorías sociales, pero bordaba serpientes, lunas, espinas, caminos, geometrías y estrellas. Silenciosa, quietecita, y serena, bordaba lo que vivía: el hambre, las carencias, la tierra herida, su gente dividida, el silencio de las niñas...el dolor de las mujeres. Y también bordaba lo que soñaba: justicia, dignidad, rebeldía con rostro de mujer.
Nadie le enseñó a alzar la voz...La voz le brotó como brotan las mazorcas entre las piedras. Con su lengua Tzotzil —y más tarde en español, cuando en el EZLN aprendió este idioma, impuesto hace 500 años—, fue hilando comunidad, fuego y memoria.
Era 1993, cuando Ramona a sus treinta pocos años de edad, desde el mundo de los huipiles bordados, se transformó en un bordado de acciones.
Cuando su aguja se volvió palabra. Cuando los hilos que tejía con su aguja, se volvieron las palabras de las mujeres reprimidas. Cuando el hupil de la palabra colectiva, se volvió ley.
Un día, sin más, se paró de su silla de bordados, y decidió caminar meses, de comunidad en comunidad, escuchando a las mujeres, no para hablar por ellas, sino para tejer con ellas una nueva forma de decir “vo7otik” —palabra en tzotzil para “nosotras”—.
“vo7otik”, el eco de mujeres indígenas que tejieron dignidad y voz.
Así nació la Ley Revolucionaria de las Mujeres, como un tejido colectivo hecho de rabias antiguas y de rabias encarnadas, y de la dignidad pronunciada después de haber sido muda por mucho tiempo.
Una ley nacida no en escritorios, sino en cocinas de barro y asambleas bajo techos de palma.
Allí se dijo por primera vez, en voz alta: Que las mujeres podían elegir a sus autoridades, que podian decidir sobre su cuerpo, que tenían derecho a estudiar, a no ser golpeadas, a ser respetadas, a decidir por sus vidas, a ser escuchadas, a luchar.
Ramona no impuso nada. Solo bordó lo que ya ardía en otras. Y en ese acto, dejó de ser solo bordadora de huipiles, para convertirse en tejedora de rebeldía.
Ella bordó el trueno de lo que más tarde se llamó la lucha Zapatista.
La toma de San Cristóbal de las Casas
Y luego llegó el alba de 1994...
El primer día del año, mientras en el país celebraban el Tratado de Libre Comercio como si fuera fiesta, después de la enorme y violenta bandera roja de la modificación al Artículo 27 de la Constitución, Ramona —con pasamontañas y huipil debajo— entraba a San Cristóbal de las Casas. No como quien se esconde en la sombra, sino como la memoria viva del territorio silenciado y saqueado.
Las calles empedradas —que tantas veces la vieron pasar sin nombre ni rostro—, esa mañana la vieron al frente de un ejército de indígenas —unos 2,000 insurgentes—, que ya no pedían permiso para existir.
Tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, mames y zoques; comandantas y comandantes, con sus uniformes del ezetaeleene, tomaron el Palacio Municipal, cuarteles, oficinas del INI...Los bancos fueron ocupados pero no saqueados. En su lugar, se leyó la Primera Declaración de la Selva Lacandona.
Allí estaba Ramona. Llevaba la voz de muchas. Llevaba la dignidad tejida en huipil.
Y aunque no dio discursos largos, su sola presencia decía lo necesario:
“Aquí estamos... vo7otik... nosotras... las que ya no bajaremos la mirada.”
En medio del estruendo, ella era el trueno más silencioso, pero imponente en presencia y mirada. Quien que no grita: retumba. Retumba la rabia, y retumba la tierra. Retumba a un lado del esternón. Allí donde late el corazón.
El mundo se sacude en la silenciosa presencia y mirada de quien lleva el fuego del huipil dentro.
Allí estaban también las comandantas Susana y Ana María. Los comandantes Tacho, David, Abel, Zebedeo, Moisés, entre otros y otras. Y el vocero Subcomandante Insurgente Marcos. Todas y todos, con sus miradas decididas y corazón de fuego.
Allí, fue leído el manifiesto politico del EZLN como organización insurgente indígena, en nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia General del EZLN (CCRI-CG).
Se habló por los pueblos. Por las niñas silenciadas y los hombres explotados. Por la tierra robada y la arrebatada vida digna, por las mujeres maltratadas, por la violencia, por el abuso, por la muerte, por la palabra ignorada y el pensamiento censurado. Por quienes se les niega el día. Por las voces borradas. Por las memorias aplastadas. Se pronunció la denuncia al gobierno Federal por traicionar a los pueblos indígenas, en especial tras la reforma del Art. 27 constitucional.
Se hizo un llamado a la insurrección armada para defender los derechos del pueblo mexicano. Allí, se declaró que el EZLN tomaba las armas en nombre de la dignidad, la justicia, la Libertad y la democracia.
“Somos producto de 500 años de lucha” —dijeron— y nunca más se callaron.
No morirá la flor de la palabra
Pero la lucha no se detuvo con la entrada. Después del alzamiento vino lo más difícil: dialogar con quienes llevaban cinco siglos sin escuchar. Llegaron las palabras. Los tratados. Las mesas largas. Los relojes del poder. Las cámaras. La catedral de San Cristóbal como escenario.
Y frente a todo eso: Ramona. La pequeña mujer tzotzil con pasamontañas, flanqueada por trajes grises y negros, y su hupil rojo en forma de rombos de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, —memoria textil del territorio—. No hablaba español. Hablaba tzotzil. En tzotzil se pronunció. Y su voz, traducida, no perdió fuerza.
Porque su lengua no estaba hecha para negociar concesiones, sino para nombrar el mundo desde la tierra, desde la memoria de las abuelas, de los abuelos, desde el dolor que no aparece en las constituciones, pero que habita cada surco de la historia.
Durante los Diálogos de San Andrés —un proceso prolongado que incluyó varias mesas temáticas desde octubre de 1995 hasta febrero de 1996—, el EZLN intentó hablar de lo esencial: tierra, autonomía, vida digna, respeto a los pueblos originarios.
Pero el gobierno federal, arrogante y tramposo, se sentó a escuchar sin escuchar, esperando el desgaste, apostando al cansancio. Sabía que si los acuerdos fracasaban, podría volver a las armas.
Y así ocurrió.
La traición a los Acuerdos de San Andrés no solo fue política: fue histórica, territorial y una afrenta a la dignidad que esos acuerdos representaban.
El EZLN respondió con fuerza, pero no con balas. Respondió con palabra. El 11 de enero de 1996, desde la Selva Lacandona, emitió su Cuarta Declaración:
“No morirá la flor de la palabra, aunque el rostro que la nombra desaparezca.
Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.”
La cuarta declaración: un manifiesto que denunciaba la traición deliberada del diálogo y convocaba a los pueblos de México y del mundo a una Consulta Nacional por la Paz y la Democracia.
Fue entonces cuando comenzó el viaje más largo. En marzo, dos meses después de la Cuarta Declaración, vino el viaje hacia el centro: la marcha hacia la Ciudad de México. Fue una procesión de la dignidad indígena, que caminó desde los rincones olvidados del país hasta el corazón de su poder.
Miles de mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos, campesinos, campesinas, artesanas, artesanos, estudiantes, maestras, colectivos, pueblos. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Guerrero, desde Puebla. Desde los Valles Centrales, desde las Sierras, desde las periferias del país y del pensamiento.
Ese viaje —que recorrió geografías y siglos— culminó en la plancha del Zócalo, bajo el cielo de la capital. Llegaron con pancartas, con palabras, con flores, con rebosos, con rabia. Y allí, en medio del Zócalo, frente a miles, Ramona, frente a los micrófonos del Estado. Con su cuerpo enfermo de su digna rabia —pero su alma intacta—. Ella, delegada del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, subió al templete cubierta con su pasamontañas y su huipil rojo.
Fue la primera y única vocera Zapatista que habló fuera del territorio rebelde hasta ese momento. Por primera vez, la Comandanta Ramona habló públicamente en la capital del país. Fue una acción histórica y simbólica.
El EZLN decidió colectivamente que la Comandanta Ramona fuera quien hablara en el Zócalo. No el Subcomandante. Ningún comandante. No un hombre armado. Sino una mujer tzotzil, elegida por consenso, no por jerarquía.
Fotografía: Pedro Valtierra
Porque el simbolismo no venía de las armas, sino de haber bordado palabra, tejido lucha y caminado rebeldía. Su palabra no era discurso: era memoria, cuerpo, raíz.
Y aunque estaba enferma, esperando un trasplante de riñón, su sola presencia contenía una fuerza que ninguna metralla habría podido igualar: un cuerpo frágil con la palabra invencible.
Habló en tzotzil. No pidió, exigió. Exigió respeto, justicia, tierra, salud, libertad y dignidad para los pueblos.
"Ta k’usi jich ta jbat ta k’opetik ta jna’an ta jnich’." —dijo, lo equivalente a “Vengo a hablar por los que no tienen voz”—. Habló por todas. Por todos. Por las mujeres. Por las niñas. Por los pueblos. Por lo que no había sido dicho ni nombrado en 500 años.
El Zócalo entero se quedó en silencio. Porque por fin, en el corazón del país, habló la raíz.
De San Andrés a “Algunas partes del todo”
San Andrés Sacamch’en de los Pobres ... ese pueblo que sobrevive a las tormentas y a los tratados...donde el maíz no es solo alimento, sino historia sembrada...donde las mujeres —como Ramona— caminan bajito, pero llevan dentro el trueno... tierra bendita que sembró en sus entrañas a la mujer que sembraría la palabra colectiva, en miras de tirar una flecha directo a la opresión de 500 años... forjando el pensamiento Zapatista.
“In k’ajtal ta ban k’opetik; in k’obetik ta jna maya sintik.”
...ese trueno tejido en silencio se tradujo luego así: “Yo soy la comantanta Ramona... soy el primero de muchos pasos de los zapatistas...”
Y hoy, sucede no otra cosa sino que esos pasos zapatistas se cruzan en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías “Algunas partes del todo”. Del 3 al 16 de agosto del 2025.
No es una reunión: es un tejido viviente.
Es el fuego que Ramona prendió, disipándose en miles de manos que no se conocen, pero que comparten raíz.
Se juntan mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, jóvenas, de lenguas tzoltzil, tzeltal, zoque, mam, tojolobal, chol y castellana. Se juntan geografías, modos, tiempos... se juntan luchas que resistieron, y que resisten. Se juntan como partes para completarse, como bordado que no se entiende por un hilo, sino por todo el tejido que late.
Y ahí, en “Algunas partes del todo”, el legado se dispersa como semilla... y Ramona sigue bordando.
En cada semillero, Ramona sigue bordando. En silencio borda, el tejido colectivo.
Fotografía: Pedro Valtierra
Guardiana y sembradora de la palabra colectiva
La Comandanta Ramona, centinela de la palabra encarnada, que sin necesidad de escribir libros ni artículos, sembró leyes, memorias, dignidades y una praxis viva. Su palabra fue semilla de pensamiento crítico, político y colectivo. Fue maestra de comandantas y comandantes.
Tejedora de la autonomía desde el cuerpo, la comunidad y la lucha. Su voz no llenó cuartillas, pero llenó asambleas y despertó conciencias. Desde entonces, su memoria vigila sin alzar la voz: basta con recordarla para que el horizonte se aclare.
Guardiana y sembradora de una palabra colectiva, encarnada, insurgente. Sembró autonomía en silencio, como política del cuidado hecha mujer tzotzil. Fue coautora colectiva de las Leyes Revolucionarias de Mujeres Zapatistas (1993), uno de los documentos fundacionales del zapatismo actual. Su pensamiento no se escribió con tinta, sino con voz y presencia, su pensamiento fue transmitido oralmente, como hacen muchas sabias indígenas: hablando con su comunidad, con su organización.
Hoy, su palabra sigue viva en los bordados, en los semilleros, en los pasos y las luchas que, como ella, caminan desde abajo y a la izquierda.
En portada: Manifestación de familiares y pobladores de San Juan Cancuc para exigir la liberación inmediata de los cinco presos políticos.
Los indígenas maya-tseltales, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, exigieron al Estado mexicano su libertad, a través de una carta emitida desde el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5, en los Altos de Chiapas, donde se encuentran presos desde mayo de 2022 por un delito que, la autoridad, no ha podido comprobar.
“Nosotros somos los presos de San Juan Cancuc que ya llevamos 3 años con 5 meses de encierro en la cárcel, pagando un delito por la Fiscalía. Nosotros sabemos que no hemos cometido delitos, exigimos a los 3 niveles de gobierno que nos liberen inmediatamente ya que estamos lejos de nuestras familias y nuestros hijos y que investiguen”, reza el breve texto escrito desde el penal.
Carta emitida desde el CERSS en San Cristóbal de Las Casas.
En abril de este año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la Opinión 21/2025 donde reconoció que las cinco personas se encuentran privadas de la libertad sin justificación legal y con la participación de los tres niveles de gobierno, e instó a la libertad inmediata.
La opinión fue enviada al Estado mexicano en mayo y, éste, tiene un plazo de seis meses para informar sobre la libertad de los cinco y la reparación integral del daño. Pero transcurrieron tres meses y aún no hay respuesta de ninguna autoridad, dijo Juan López del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en rueda de prensa.
Los representantes del Frayba, hicieron una petición contundente al Poder Judicial de la Federación (PJF), para que en el nuevo juicio de amparo se efectúe el estudio profundo del caso, tomando en consideración la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Forma parte del pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y en ese sentido México tendría que cumplir con base en la Constitución. Porque está consagrado en la Constitución de que todo pacto o acuerdo que firme México se vuelve ley”, reiteró Frayba en su pronunciamiento.
En ese tenor, el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento a la opinión a más tardar a principios de noviembre, para resolver la causa. Por lo que llamaron a la Secretaría de Gobernación a la instauración de un diálogo para su cumplimiento.
En la opinión, el Grupo de Trabajo da a conocer que, de no obtener la información requerida, se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para las organizaciones acompañantes y el Pueblo Creyente, existe la esperanza que la nueva administración del PJF retome a la brevedad la causa y pueda cumplir con los compromisos internacionales que el Estado signó.
“¡Ya basta de fabricar delitos!”
Petrona, esposa de Agustín Pérez Domínguez, pidió a las autoridades respetar la opinión que ha emitido el Grupo de Trabajo de la ONU y les otorguen la libertad inmediata a los cinco, pues, reiteró, no existen pruebas contundentes para que permanezcan en el penal.
Petrona insistió que el policía fallecido, por el que acusan de homicidio a los cinco presos maya-tseltales, se encontraba bien cuando fue entregado a la policía municipal de San Juan Cancún, por lo que solicitó que se investigue al uniformado que lo subió a la patrulla y se lo llevó. También solicitó que los “falsos testigos” puedan rectificar la declaración, pues, aseguró que hay inconsistencias e irregularidades en la narración.
De acuerdo a la Opinión del grupo de trabajo de la ONU, el hombre fue encontrado con vida a medianoche y la población le asistió, después lo entregó a la policía, es decir, la muerte sucedió bajo la custodia policial.
“Esta situación es aprovechada por las autoridades para fincar cargos hacia la comunidad inventando una agresión que no existe, y justamente se da en un marco de actuaciones que ya hemos documentado”, dijo Mario Ortega del Frayba.
Foto: Jeny Pascacio.
De acuerdo al estudio del Grupo de Trabajo de la ONU, es claro que la base del arresto y detención fue el ejercicio de sus derechos y libertades y no la presunta comisión de un delito y “la Fiscalía no ha podido establecer, ni durante la vinculación al proceso ni en la sentencia, la causa de la muerte de la persona fallecida… La falta de certeza sobre la causa de muerte impide confirmar si hubo delito, acción concreta, responsabilidad o grado de responsabilidad, lo cual es clave para sostener una acusación penal”, se lee en el documento.
La opinión de la ONU señala que los cinco están siendo discriminados por su etnia, su calidad de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, dado que participaron en actividades contra la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque que afectará a los pueblos originarios.
Además, menciona que la discriminación se extiende incluso al rechazo por no dominar el español, que se manifestó especialmente cuando las autoridades omitieron facilitarles un intérprete, sabiendo que los cinco acusados no dominaban el idioma empleado en el tribunal.
Juan López del Frayba, aclaró que no se trata de un caso aislado, pues de manera cotidiana llegan de cinco a 10 historias de criminalización al centro de derechos humanos. “La criminalización es una herencia histórica por parte del Estado mexicano, ha sido un patrón recurrente y constante”, sobre todo contra defensores de derechos humanos para generar miedo a la población y se limiten en la defensa de sus derechos, explicó.
