Bayer, una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo y dueña de la corporación de biotecnología Monsanto, presionó a las autoridades mexicanas para cancelar la prohibición del glifosato en dicho país. La prohibición fue establecida por un decreto del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 31 de diciembre de 2020.
La presión fue develada por una serie de correos electrónicos que involucran a la empresa y representantes de CropLife America (asociación comercial de fabricantes de pesticidas en los EEUU, financiada por Bayer). Los mensajes expuestos pertenecen a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Los fabricantes trabajaron junto a funcionarios mexicanos y estadounidenses con el objetivo de revertir la prohibición del pesticida en México. Además, los mensajes involucran a diversas instituciones del gobierno estadounidense como el Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección del Medio Ambiente en conversaciones con CropLife America.
En las comunicaciones se destaca la preocupación por la negativa de México a importar glifosato. Con fecha del 13 de enero 2020, uno de los mensajes de la USTR señala que funcionarios del gobierno mexicano son vistos como “activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología”, por lo cual el rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a los permisos de importación de glifosato es realizado “sin una clara justificación científica”.
Un mensaje enviado 10 días después enfatizaba que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), organismo mexicano encargado en el procedimiento de aprobación de los productos biotecnológicos agrícolas, se estaba convirtiendo en un “gran problema de tiempo”. Este señalamiento se debía a que la COFREPIS no atendió solicitudes de autorización de los productos biotecnológicos desde mayo del 2018.
Para la USTR, esta demora se traducía en un problema mayor dado que México representa un enorme mercado para las exportaciones de maíz estadounidense, cuyo valor en 2018 alcanzó los 3,100 millones de dólares, mientras que solo para el periodo entre enero y septiembre del 2019, implicó una transferencia de 2,100 millones de dólares.
“Es poco probable que las empresas estadounidenses comercialicen productos de biotecnología agrícola hasta que sean aprobados en México”, contextualizaron los mensajes de la USTR. Considerando que el 90% de la producción de maíz en los EEUU es transgénico, la prohibición a estos productos representaría una enorme caída en las ganancias del sector agroindustrial de este país.
Salud en riesgo
Desde 2019, Bayer ha enfrentado demandas legales de residentes de los EEUU, quienes acusan que la exposición al glifosato les ha provocado linfomas no Hodgkin, un tipo de cáncer de la médula ósea. Por ello, la farmacéutica ha negociado un acuerdo de hasta 11,000 millones de dólares para apaciguar las acusaciones en su contra.
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El glifosato es el componente principal del herbicida Roundup, producto patentado por Monsanto en la década de los setenta, comercializado en la actualidad por distintos fabricantes y asociado a la siembra de cultivos transgénicos.
En marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró que la sustancia es probablemente cancerígena para el ser humano. Para junio del mismo año, el glifosato fue incluido como plaguicida altamente peligroso por la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas.
Por citar algunos ejemplos, países como Sri Lanka han prohibido su uso después que un estudio lo relacionó con enfermedades renales; Francia anunció el retiro gradual de productos de glifosato y desde 2017 en California se cataloga a la sustancia como producto cancerígeno.
Sin embargo, en México no solo el glifosato está permitido. De acuerdo a la investigación “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”, un total de 140 ingredientes activos de plaguicidas presentes en más de 3,000 productos para uso agrícola (insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes) se comercializan sin ninguna restricción en el país norteamericano pese ser considerados perjudiciales para la salud, lo que ha llevado a su prohibición en distintos lugares del mundo.
¿Prohibición?
A finales de noviembre del 2019, autoridades mexicanas rechazaron la importación de mil toneladas de glifosato provenientes de China.
“Ante las evidencias científicas que citan al glifosato como potencialmente tóxico para la salud humana y el medio ambiente, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat aplicó el principio precautorio para negar a un particular la autorización para importar mil toneladas de glifosato”, cita un boletín de prensa emitido por la secretaría del Estado mexicano.
En aquel momento, Stephanie Murphy, directora de asuntos gubernamentales y comercio internacional de Bayer en su sede de los EEUU, contactó a Leslie Yang de la USTR para conocer si existía la oportunidad de “discutir la situación más a fondo y entender si hay una oportunidad de compromiso dada la USMCA (también conocido como TMEC)”, en referencia a las obligaciones legales de México, dentro del marco de la renovación del tratado de libre comercio de Norteamérica, el cual entraría en vigor el 1 de julio del 2020.
“Al día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones, pero esperamos que la Semarnat aplique los mismos criterios para denegar todos los permisos de glifosato en el futuro”, escribió Murphy en relación al peligro que representaba dicha política dado que México importa el 90% del glifosato de los EEUU.
Ante el riesgo para sus exportaciones, en el mismo mensaje, Murphy enfatizó el esfuerzo entre CropLife América, quien se había puesto en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del Departamento de Agricultura de los EEUU (FAS, por sus siglas en inglés), el equipo de Bayer en México y la embajada de los EEUU en aquel país para revertir la prohibición del pesticida.
De acuerdo a una publicación del medio inglés The Guardian, durante los primeros meses del 2020, mientras la USTR reclamaba al gobierno mexicano por no contar con justificación científica para rechazar la importación del glifosato, Murphy contactó de nuevo a Yang con la preocupación de Bayer sobre los planes de que el gobierno mexicano efectuara un estudio para demostrar los peligros del pesticida.
Para marzo de aquel año, el presidente de CropLife, Chris Novak, realizó un llamado urgente a Robert Lighthizer, embajador del USTR, así como a los titulares del Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU.
“Creemos que es necesaria la intervención de los más altos niveles de gobierno en México para resolver el problema y reanudar la importación legal de productos pesticidas”, exigió Novak, para quien las políticas de prohibición del glifosato eran incompatibles con las obligaciones de México en el contexto del TMEC.
Antecedentes
En agosto del 2020, los funcionarios mexicanos de Semarnat, Víctor Toledo, y Sader (Secretaría de Agricultura), Víctor Villalobos, hicieron pública una disputa por la presentación de un anteproyecto para la eliminación gradual del glifosato en México.
De acuerdo a Toledo, el documento presentado por Villalobos, además de apócrifo, contradecía el objetivo del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC, el cual integra funcionarios de seis secretarias de Estado) para implementar políticas que buscan mejorar la salud alimentaria, tales como la prohibición del glifosato y otras sustancias químicas tóxicas.
Villalobos ha sido acusado de mantener cercanía con el empresario de biotecnología y ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, quien a su vez fue señalado por Toledo como uno de los funcionarios mexicanos que le presionaron para revertir la prohibición de la sustancia tóxica.
El 5 de agosto, tras el señalamiento de Semarnat, en el que solicitaba una disculpa pública a la Sader por haber utilizado sin su consentimiento el nombre de su titular, se filtró a la prensa una grabación en la cual Toledo arremetía contra el autodenominado gobierno de la “cuarta transformación (4T)”.
Para el 31 de agosto y tras solo 15 meses como secretario de Estado, Toledo presentó su renuncia.
Por su parte, el empresariado en voz de Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), también sumó su preocupación por la prohibición a la importación del pesticida pues según declaraciones en medios nacionales “es el único ingrediente que tenemos para detener a las malezas”.
“Si prohíben el glifosato la producción de alimentos en México podría caer hasta en un 50%, por lo que el país podría verse mucho más dependiente alimentariamente. No tenemos una alternativa más para el campo, si nos quitan este ingrediente activo lo único que provocarán es restarles competitividad a muchas empresas agrícolas e incrementar la pobreza en el país”, declaró el portavoz del sector agroindustrial.
En medio a esta disputa, en noviembre del 2020, el presidente mexicano anunció sobre la preparación de un decreto para prohibir el glifosato, el cual vio la luz el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el decreto solo prevé la sustitución del pesticida en la Administración Pública Federal, dejando abierta la posibilidad del uso en el sector privado de la agroindustria.
