En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.
Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.
En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.
“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).
Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.
Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.
Posteriormente, el 24 de agosto de 2022 se dio cumplimiento a la sentencia, con lo cual se disminuyó la condena de Aldama a 14 años de prisión. “Ante este nuevo escenario no podemos quedarnos inmóviles esperando a que se cumplan los 14 años de esa injusta sentencia, seguiremos insistiendo y resistiendo hasta arrancarles la libertad de nuestro compañero”, anunció su equipo legal.
Los Otros Abogadoz señalaron su intención de implementar un nuevo amparo directo para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo resuelva, “al ser un asunto de gran relevancia y trascendencia, por tratarse de un caso donde se está criminalizando y castigando a un indígena perteneciente a la Tribu Yaqui, sentenciado por defender su territorio, y por oponerse a la construcción del gasoducto de una empresa transnacional que pone en peligro la vida de los habitantes del pueblo de Loma de Bácum, lugar donde vivía cuando fue detenido y donde habita toda su familia”.
Crimen y Estado, beneficio mutuo
Por su parte, el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama contextualiza que desde el encarcelamiento de Aldama la situación en Loma de Bácum sólo ha empeorado.
El 14 de julio de 2021, diez personas fueron desaparecidas en esta comunidad Yaqui mientras se organizaban para las fiestas tradicionales. Tras meses en labores de búsqueda, lideradas por mujeres yaquis y familiares de los desaparecidos, siete de sus restos fueron encontrados e identificados. “Estas desapariciones ejemplifican cómo el crimen organizado, el Estado, y las corporaciones se benefician mutuamente los unos de los otros; cómo siembran el terror en las comunidades indígenas para desarticular la organización comunitaria y consolidar proyectos de despojo y control estatal”, denuncia el Grupo.
A finales del 2021, el gobierno federal presentó un paquete de políticas denominadas “Plan de Justicia” para el pueblo Yaqui, “reforzando la misión colonial de hacer al pueblo y territorio Yaquis productivos para el capitalismo global”, sostiene la organización.
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Esto se evidencia, según el Grupo, con acciones como la del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien propuso la designación de una zona económica especial en el territorio Yaqui, destinada a facilitar industrias de manufactura con mano de obra barata indígena.
Ante la nueva sentencia, las agrupaciones señalan como responsables del encarcelamiento de Fidencio Aldama, además de la represión y la cooptación que están ocurriendo en el territorio Yaqui, al Director General de SEMPRA Energy, Jeffrey M. Martin; a la Directora General de IEnova, Tania Mena Ortiz; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Diaz; al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En el comunicado también responsabilizan a jueces, magistrados, secretarios, oficiales judiciales y policiales “que han sostenido esta farsa legal contra Fidencio Aldama”. Por último, indican que continuarán enfrentando “a la discriminación y a la cerrazón de las autoridades judiciales que, hasta este momento han castigado la lucha y la resistencia de un defensor del territorio, sin embargo, no descansaremos hasta verle libre para que pueda abrazar a sus hijos y a su madre que impaciente lo espera”.
