En portada: Integrantes del Copinh se manifiestan en las afueras del Tribunal de Sentencias en Materia de Corrupción en Tegucigalpa. Foto del Copinh
Este lunes (23), el pueblo de Río Blanco (comunidad indígena Lenca), coordinados con la ayuda del COPINH (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) lanzaron un comunicado para exhibir que el juicio oral y público del caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque” detonaría irregularidades desde sus principios.
Ese mismo día, el pueblo Lenca se movilizó a las afueras del Tribunal de Sentencias en Materia de Corrupción (en Tegucigalpa) exigiendo que se les reconociera como víctimas, ya que desde el 25 de abril del 2019 se les arrebató (tanto a la comunidad del Río Blanco como a el COPINH) la posibilidad de figurar en el juicio con el estatus que les corresponde dentro del proceso. Pese a la presión ejercida, la audiencia del caso “Fraude sobre el Gualcarque” no se pausó y comenzó su etapa de incidentes: los habitantes de Río Blanco no fueron más que meros espectadores del desarrollo de su propia historia.
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La transgresión al río Gualcarque (considerado sagrado por la comunidad indígena Lenca), la contaminación y bloqueo de dicha fuente de agua, destrucción de cultivos, desalojo, amenazas y asesinato de sus compañeros (entre ellos la activista Berta Cáceres) -ocasionados por los dirigentes del Grupo DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), asociado con la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), por medio de una concesión ilegal para construir el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca- eran evidentes violaciones a la comunidad de Río Blanco. Y, aun cuando el artículo 17 del código procesal penal les da derecho a los miembros de los pueblos Lencas a participar con el estatus de víctimas dentro del proceso del juicio, el Estado de Honduras defraudó a la comunidad indígena y les negó este derecho como afectados.
Lo sucedido durante el primer día de audiencia
Son seis individuos -de un total de 16 acusados- que enfrentarán un juicio oral y público: Roberto David Castillo Mejía (acusado de uso de documentos falsos), Roberto Aníbal Martínez Lozano (acusado de abuso de autoridad y fraude), Carolina Lizeth Castillo Argueta (a la cual se le imputa fraude), Luis Eduardo Espinoza Mejía (acusado fraude y abuso de autoridad), José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda-Pineda (a ambos se les imputa usurpación de funciones y falsificación de documentos). En el caso de los diez sujetos restantes (Óscar Javier Velásquez Rivera, Mauricio Fermín Reconco Flores, Julio Ernesto Eguigur Aguilar, Julio Alberto Perdomo Rivera, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Darío Roberto Cardona Valle, Catarino Alberto Cantor López, Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez), han conseguido un amparo que los protege al mismo tiempo que entorpece el caso.
En los comienzos de la etapa de incidente se presentaron un total de 31 medios de prueba por el Ministerio Público para demostrar que se cometió el delito de fraude. En contrapartida, las defensas presentaron siete medios de prueba nuevos (cuatro por parte de la defensa de Roberto David Castillo y tres por parte de la defensa de Roberto Aníbal Martínez Lozano).
Se aprueba un amparo a favor de COPINH
Este miércoles (25) la CSJ (Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) ha admitido un amparo para que el COPINH se reintegre como una parte acusadora privada (gracias al apoyo de diversas organizaciones que comenzaron esta solicitud desde inicios de agosto). Ahora, la siguiente exigencia del COPINH es que el juicio oral y púbico se suspenda y reinicie en el punto en que fueron frenados del proceso judicial, cuando fue excluido ilegalmente por la Corte de Apelaciones Anticorrupción.
En los últimos años una investigación en torno a la concesión de "Agua Zarca”, realizado por UFECIC (la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad) y MACCIH (la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, respectivamente), ha arrojado que: existen acuerdos entre empresarios y funcionarios (de varios rangos y secretarías) del Estado; los trámites administrativos de la concesión obtenida por Grupo DESA son irregulares; se omitieron informes y hubo incumplimiento de requisitos indispensables para otorgar una concesión de dicha naturaleza. Eventualmente, la UFERCO (Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción) tomó la batuta para continuar con las indagaciones.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción cedió a favor de la petición del COPINH y suspendió el juicio en curso hasta que el Corte de Apelaciones comunique si considera conceder la solicitud o no.
La fecha para reanudar el juicio público y oral del caso “Fraude sobre el Gualcarque” es desconocida. Lo único seguro es que las comunidades Lencas están listas y dispuestas para los juicios encarnizados que se aproximan, porque son firmes en su meta: “que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década”.
Con informacion del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH), Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Proceso Digital y Swissinfo.
