Desde los primeros días de junio, funcionarios guatemaltecos dieron marcha forzada a procesos de autorización de desalojos contra comunidades de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala. Dichas maniobras son parte de una cadena de eventos utilizados desde larga data por el Estado guatemalteco para justificar el desplazamiento forzado de las comunidades.
Desde el 30 de mayo pasado se presentó un amparo por parte de los campesinos para detener los violentos desalojos, sin embargo las comunidades nunca fueron tomadas como partes interesadas en los procesos penales, lo que ha vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso con una defensa efectiva.
El 31 de mayo actores del Estado y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) planearon la invasión a la tierra de los comuneros y el 1 de junio cerca de mil agentes de la PNC y elementos del ejército guatemalteco fueron desplegados en los municipios de San Benito y San Andrés con la excusa de ejecutar acciones contra “narco-actividad y delitos contra el ambiente”.
Desplazamiento y represión, los antecedentes
El día viernes 2 de junio alrededor de 700 personas fueron desplazadas violentamente. En su mayoría mujeres, ancianos y niños recorrieron kilómetros de selva en plena época de lluvias para buscar refugio en el ejido El Desengaño, municipio de Candelaria en Campeche, México desde donde se han denunciado hostigamientos y amenazas contra los desplazados por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Se reporta una situación de crisis humanitaria dado que los menores presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas mientras permanecen junto a todos los desplazados en 35 carpas sin suficientes alimentos ni medicinas. A pesar de su situación, funcionarios mexicanos han impedido a las personas acudir a los poblados cercanos bajo amenaza de detención y deportación, lo cual ha obstaculizado la atención médica de lesionados y enfermos.
Ante la emergencia han surgido llamados de solidaridad para recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al albergue La 72, en Tenosique, Tabasco para ser trasladados hacia el campamento de las familias desplazadas. Actualmente existe una advertencia de desalojo para el 14 de este mismo mes contra la comunidad de La Mestiza, en Laguna del Tigre.
De la propuesta de las comunidades y el silencio del estado
El pasado 28 de septiembre, 40 comunidades de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, fundadas antes de la creación de las Áreas Naturales Protegidas, se manifestaron en el congreso de Guatemala para exigir su permanencia en dichos territorios frente a las amenazas de desalojo gubernamentales. A la par, presentaron la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible y propusieron la integración de una mesa técnica con funcionarios del gobierno y las comunidades, lo cual se concretó hasta inicios de noviembre de 2016.
Pese a la existencia del órgano conciliador y los compromisos de los funcionarios estatales para detener la represión contra las comunidades, instituciones como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y tribunales del Petén han promovido y tramitado los desalojos, además de ejecutar una campaña de criminalización y persecución contra comunitarios que han denunciado las agresiones estatales como en el caso de la detención de Jovel Tobar el 28 de marzo de este año y las agresiones por parte del CONAP, División de Protección de la Naturaleza y el ejército contra campesinos de La Mestiza en febrero de 2017.
En 2017 se ha visto un aumento en la violencia contra las comunidades asentadas desde la segunda mitad del siglo pasado. Los primeros colonos, agraristas entre las décadas de los 40s y 50s fueron testigos del retroceso en la posesión de la tierra con el golpe de Estado de 1954 y los regímenes militares que se sucedieron hasta el momento en que comenzó el despojo de sus tierras por parte de empresas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.
Desde la década de los 60s el departamento del Petén cobró importancia para el estado guatemalteco por el descubrimiento de reservas de petróleo, con lo que se dinamizó el proceso de colonización del departamento al norte de Guatemala junto a la frontera con México. En corto tiempo transcurrió la reconversión de la industria de recolección de hule y explotación de maderas preciosas hacia enormes complejos dedicados al ganado y la extracción petrolera, actividades que atentan contra la declaratoria de Áreas Protegidas Naturales en regiones donde cerca de 60 mil personas que ahí han vivido durante décadas permanecen bajo amenaza de ser desalojados en cualquier momento.
Conservación, el disfraz del despojo
El argumento del CONAP para realizar los violentos desalojos se apoya en “la conservación de la biosfera”, símbolo político que busca deslegitimar la permanencia de las comunidades asentadas en el norte de Guatemala pese a las alternativas ofrecidas desde las poblaciones para resolver la problemática.
Así, tergiversando las causas del cambio climático, la “culpabilidad” que imprime en su discurso contra los campesinos contrasta con la impunidad con que se multiplican los pozos de extracción petrolera. De esa manera la pretendida justificación de las industrias para realizar impunemente los desplazamientos forzados se evidencia como un argumento vacío, o lo que Luis Solano, colaborador de El Observador prefiere llamar política de doble rasero.
“Las comunidades plantean que se regule todo eso pero de una manera en donde ellas sean participes también de la protección, de la conservación de las áreas protegidas. Exigen de que haya una política de protección de parte del Estado real donde se desalojen las narcofincas, donde no haya agronegocios porque hay una amenaza constante, cada vez mas inmediata de las fincas de palma africana, de las plantaciones madereras de exportación… Esa penetración de los agronegocios no es castigada por el estado ni los tres contratos petroleros en esta región”.
A su vez, la directora de Action Aid Guatemala, organización que cuenta con análisis sobre el impacto negativo de la expansión del cultivo de palma aceitera, agrega “Tenemos estudios suficientes que las áreas más conservadas es donde hay presencia de comunidades y sobretodo de comunidades indígenas. Aquí la vía por la cual se ha impulsado la conservación ha sido completamente equivocada e inefectiva. Y siguen en conflicto con las comunidades y sin hacer un alto a todos los tráficos ilícitos qué son los que depredan”.
