El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.
Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.
Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.
El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.
Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.
“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.
El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.
Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.
El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.
Amenazas, en aumento
Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.
La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.
Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.
Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.
Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.
En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.
Promesa incumplida
Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.
“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.
Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.
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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.
Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.
“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.
Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancele la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.
Exigen investigación independiente
Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.
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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.
