Foto de portada por Radio Progreso
El 15 de Enero de 2019 un tribunal especializado en crimen organizado emitió una orden de aprehensión en contra de 18 miembros del Campamento de Guapinol por el Agua y la Vida, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras, por oponerse a que se establezca un proyecto minero dentro de área natural protegida.
“Denunciamos la prisión preventiva ilegal contra los ocho compañeros que, desde hace más de un año, se encuentran detenidos sin argumentos jurídicos. Por lo tanto, ¡exigimos la libertad inmediata!”, dijo una integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMBDCP), en Conferencia de prensa el pasado 21 de septiembre.
Los miembros del campamento han protestado de manera pacífica contra la explotación de una mina de óxido de hierro a cielo abierto, la cual se pretendía instalar en el área natural protegida Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía. La Montaña de Botaderos es fuente de 34 ríos, los cuales abastecen de agua a esa comunidad y por lo menos, a otras quince más. Desde hace más de un año, estás 8 personas de este movimiento continúan encarceladas.
El aparato estatal hondureño y la compañía minera Inversiones Los Pinares (ILP), perteneciente a Lenir Pérez -miembro la poderosa familia Facussé- han utilizado todos los recursos judiciales para privar de la libertad a las personas de Guapinol, quienes han ejercido sus derechos a la libre asociación y organización, además de defender el derecho al agua, un medio ambiente sano y la vida.
En el informe Guapinol Resiste: Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras se detalla el comienzo del conflicto entre los intereses económicos de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, dueños de la compañía minera ILP. En el 2014, el Estado hondureño le otorgó dos concesiones mineras a esta empresa, ASP y ASP I, para la explotación de óxido de hierro a cielo abierto. El inicio de la construcción de la infraestructura sorprendió a los habitantes, quienes no fueron consultados y quienes comenzaron a sufrir los estragos desde que comenzaron las obras.
En el 2012, mediante decreto legislativo, se delimitó y declaró como área natural protegida el Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalante Mejía, conocida como Botaderos. Ésta, como todas las áreas protegidas, cuenta con una zona núcleo y una zona de amortiguamiento. La primera está destinada a la absoluta conservación, es decir, no se puede hacer nada en la zona y, en la segunda, se permiten realizar, únicamente, las actividades que estén alineadas con los objetivos de conservación.
Leyes a favor de los intereses económicos de los Facussé
El caso de Guapinol es una clara representación de un Estado garante de los intereses económicos de la clase más poderosa y del norte global. Según datos del 2019 de CentralAmerican Data, la inversión de Lenir Perez equivale a 120 millones de dólares y la producción de óxido de hierro se exportaría a los Estados Unidos a finales del 2020, principios del 2021.
En el 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el decreto 252-2013, modificó el área núcleo del parque y con ello, aumentó la zona de amortiguamiento. Según el informe Guapinol Resiste “este último decreto es ilegal porque fue aprobado por el Congreso sin previa consulta al Instituto de Conservación Forestal (ICF)”. Incluso en el informe se menciona que se hizo la modificación a pesar de una opinión negativa del ICF.
Mauricio Olivas, presidente del Congreso, aprobó la ampliación de la zona de amortiguamiento, quitándole poco más de 200 hectáreas a la zona núcleo, justo en el área en donde se otorgaron las concesiones mineras y esto es ilegal, ya que en la zona núcleo de Botaderos, la minería está prohibida. Aunado a ello, el 28 de enero de 2014, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) otorgó las licencias para ASP y ASP 2, para el comienzo de las operaciones de los proyectos mineros mencionados.
El procedimiento para dar estas licencias también se hizo contrario a la ley, ya que en el artículo 48 de la ley de minería se afirma de manera clara, según el informe Guapinol Resiste, que “no se concesionará territorio de áreas protegidas y de áreas de recarga hídrica”. Aún con la reducción de la zona núcleo de La Montaña de Botaderos, ni las licencias, ni las concesiones se debieron haber otorgado, porque esta es un área protegida que abastece agua, a por lo menos 15 comunidades.
Violaciones a la consulta
La acción más simbólica con la que comienza la violencia de Estado a través del aparato legislativo, en este caso, es el atropello a la consulta de las comunidades que, por ley municipal, se debió hacer antes de comenzar o planear cualquier proyecto de esta magnitud.
Juana Esquivel es directora de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que ha acompañado y participado en la lucha de todas las comunidades de Tocoa en defensa del agua y la vida. Ella y los habitantes de las comunidades que dependen del agua de Botaderos, no se enteraron de los proyectos mineros mediante el gobierno o la empresa ILP. Se enteraron cuando todo ya comenzaba a operar, escucharon rumores, pero en realidad todo los tomó por sorpresa.
En el laberinto de las leyes, el informe Guapinol resiste aclara que, en la ley más básica de estas comunidades, la Ley de Municipalidades (Artículo 25 numerales 9 y10), la consulta está reconocida. En el 2019, finalmente, se realizó un cabildo abierto y Tocoa se declaró libre de minería. Por lo tanto, la municipalidad no puede otorgar la renovación del permiso de operación para 2020 a ILP.
Pese a esto, por ejercer sus derechos a la información y a la consulta libre, previa e informada, al agua y a la vida, 8 compañeros de Guapinol siguen encarcelados y hay 5 en riesgo de regresar a prisión, por revocación de sobreseimiento. Los cargos que se les formularon se dan a raíz de las agresiones estatales directamente cometidas al Campamento de Guapinol por el agua y por la vida el 27 de octubre de 2018.
Desde el 2015, la fundación ya trabajaba en un proceso organizativo con las organizaciones de la parte baja del municipio de Tocoa. Este es un proceso organizativo que comenzó desde 2015, con la constitución del CMBDCP, el cual trataba varios temas, incluidos los temas extractivos.
Juana dice “Se hicieron denuncias y demandas a la municipalidad; se hizo una asamblea permanente de once días frente a la corporación municipal, la gente de las comunidades esperó durante junio y julio del 2018, para que esta misma autoridad les diera información sobre la mina, pero nunca la otorgó y, por esto, el primero de agosto de 2018, se decidió instalar el “Campamento Guapinol por el Agua y por la Vida”, en la carretera que conduce a la minera.
La gran represión de Guapinol
A Juana se le quiebra la voz, pero mantiene un tono firme. Ella empieza a contar sobre la gran represión en Guapinol. “Primero ya estaba la denuncia por parte de la empresa, pero se desconocía la existencia de requerimientos fiscales: ordenes de captura contra compañeros. Durante los 88 días que permaneció el campamento, empezaron a formarse grupos de choque, fueron grupos armados de la empresa minera que pretendía desalojar a los manifestantes, a las comunidades, a apuntarles”.
Juana argumenta que el 7 de Septiembre del 2018 resultó herido uno de sus compañeros “por parte de estos grupos [de choque] y es por este evento [el del 7 de septiembre] que posteriormente son juzgados [sus compañeros], pero esto realmente fue un ataque por parte de la empresa hacia el campamento. En presencia de militares, pero como que [los militares] dejaron que hicieran lo que ellos [los grupos de choque] quisieran.”
Juana dijo que después del 7 de septiembre del 2018 se ejecutan las órdenes de desalojo, es así que “el 27 de octubre se concreta que hay una orden de desalojo y que se va a desalojar a la gente que permanece en el campamento. Unos 1500 elementos militares se empezaron a movilizar de todo el país hacia esta zona. Ahí había policías militares, había militares, estaba la policía militar de orden público (PMOP), todas las fuerzas represivas o las fuerzas del Estado puestas a ir a desalojar la población que estaba en protesta.”
Fragmento de entrevista a Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez
Hasta la fecha ese crimen permanece impune. Al Estado de Honduras no se le ha juzgado por atentar contra la vida de su población. Lo que aquí sucede es que no solo la violencia estatal se ejerce a través de las fuerzas armadas sino también a través del aparato judicial.
Juana explica que, en total, son 32 las personas criminalizadas en dos expedientes distintos. Algunos de ellos están en ambos expedientes y, por lo tanto, enfrentan dos procesos. Los delitos que se imputan en el primer expediente son por usurpación y daños y, en el segundo expediente se incluye los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado contra la empresa y se les acusa de asociación ilícita.
Juana indica “Este [último] cargo es importante; primero, porque tiene que ver con todas estas reformas legislativas en las que puede vincular a los defensores y defensoras organizados en el tema de terrorismo. Y otra, que este delito [asociación ilícita] es considerado como uno de los delitos más graves y ya no seconoce (se le da seguimiento) en un juzgado de letras ordinario sino en un juzgado de jurisdicción nacional y, estos han sido creados para tratar delitos relacionados con el crimen organizado y, las penas son mayores”.
Las personas de los dos grupos estuvieron en cárceles de máxima seguridad (Tamara y La Tolva), después de una fuerte lucha, se les trasladó al centro penal de Olanchito y al de La Ceiba, más cerca de sus familias. Actualmente hay 8 compañeros en prisión. Sin embargo, ni el Estado, ni la empresa dejaron la cosa ahí. De los 13 sobreseimientos, 5 fueron revocados y eso significa que el Estado no cesará de perseguir a quienes ejercen y defienden sus derechos.
El Estado hondureño esta colocando el derecho a la organización y asociación en el saco de la asociación ilícita, es decir, está tratando por la vía judicial de catalogar los movimientos sociales como un crimen grave, al nivel del crimen organizado y, a sus líderes, como narcotraficantes o pandilleros.
La mayor preocupación de ella y sus colegas es el estado de total desprotección en la que se encuentran ellos y el pueblo en general. Menciona que el Estado de Honduras ha creado una estructura en la que ni siquiera se permite la actuación de los organismos internacionales, ya que ha creado un organismo de protección de defensores y defensoras porque lo que no quiere es que los defensores y defensoras accedan al mecanismo de la Comisión Interamericana y, está pidiendo al mecanismo de la Comisión Interamericana que revoque medidas cautelares porque ya existe un mecanismo de protección a defensoras y defensores.
Juana hace un largo silencio. Yo le pregunto si va a seguir luchando. Claro, me dice. Claro que sí vamos a seguir luchando en cualquier espacio. En este momento me toca desde este espacio, como directora de la fundación, pero yo soy ciudadana de este municipio, nacida en este municipio y con ese amor que le tengo a este río a estas montañas, con este amor voy a seguir luchando.
