En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.
Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.
La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.
Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.
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Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública.
Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.
En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo - limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.
4T, la persistencia de la militarización
La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública registró un aumento entre 2006 y 2012 cuando se involucró directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina en estas labores. Así, el despliegue militar fue de 48,500 durante el sexenio de Felipe Calderón y aumentó a 53,000 hacia el periodo entre 2012 y 2018. Para el siguiente periodo, y a pesar pese a las promesas de campaña del ex presidente López Obrador de desmilitarizar la seguridad pública, el número de elementos castrenses se incrementó hasta 73,347 para el año 2022, cuyo dato representa la cifra más actualizada del sexenio que culminó en septiembre pasado.
Además, durante el sexenio de Obrador se creó la Guardia Nacional (GN), cuya integración AI califica como “continuidad a la declaración de la ‘guerra contra el narcotráfico’” iniciada por el expresidente Calderón en 2006. Con la GN, señala la organización, las autoridades mexicanas decidieron afianzar la participación de las Fuerzas Armadas, al otorgar al presidente la facultad para disponer de los militares para tareas de seguridad.
Pese a las argumentaciones de que la GN sería un cuerpo policiaco civil, su conformación operativa y directiva por militares se ha concretado con la reforma al artículo 21 constitucional, en septiembre del 2024, que permite integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta noviembre del 2023, la GN alcanzó una fuerza de 128 mil miembros; además cuenta con 295 cuarteles, otros 124 en construcción y pendientes por edificar otros 155 más en todo el país.
“Las graves violaciones de derechos humanos en el curso de las operaciones de la Guardia nacional han evidenciado las graves deficiencias de un cuerpo altamente militarizado para la labor de la aplicación de la ley. A pesar de ello, y en vez de reducir la militarización, la decisión de incorporar la Guardia Nacional a la fuerza armada ha aún más fortalecido la militarización”, denuncia AI.
Frente a este contexto, AI exige al Estado mexicano un cambio en las políticas de seguridad pública. Para ello enfatizan la urgencia para diseñar estrategias diferenciadas e integrales, con un enfoque en la protección de defrechos humanos. También demandan el cambio de un organismo militar a uno civil como parte de una reforma policial que garantice la seguridad de las personas.
Violencia, legado de la guerra
El informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es resultado de un análisis realizado por AI, quien recopiló y sistematizó preocupaciones y propuestas de casi una treintena de organizaciones y colectivos de todo México.
En concreto, AI señala que México no respeta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien, en en el Caso Alvarado, enfatizó que cuando las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad ciudadana lo deben hacer de forma extraordinaria, y subordinada, regulada y fiscalizada por la autoridad civil.
Para los defensores de derechos humanos, la estrategia de seguridad pública no especifíca los mecanismos que establezcan las características exigidas por la CIDH para la participación militar.
Además, señalan que, al no existir mecanismos de fiscalización de sus labores, “se genera un ambiente que propicia la violación de los derechos humanos, afectando sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad, que ha sido evidenciado a partir de la documentación de organizaciones de la sociedad civil y recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos”.
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En este contexto, el saldo de la violencia desmonta el discurso de que la participación de los militares ha mejorado la seguridad de las personas. “Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”, sostiene AI mediante datos recopilados en distintas dependencias gubernamentales.
Aunado a ello, el marco normativo que ha sido modificado sobre todo durante el pasado sexenio ha permitido la continuación de los abusos de los militares. Como un ejemplo, argumenta AI, está la publicación, en 2019, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la cual acusa no cumple con estándares internacionales en la materia.
