En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.
Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.
Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.
La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.
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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
“Desde la perspectiva de los militares, el Decreto de creación de la Comisión faculta al MEH para consultar documentos que contengan información sobre graves violaciones a derechos humanos, sin que eso incluya información que permita reconstruir el contexto político, social, económico y mundial, en el que ocurrieron las graves violaciones”, contextualiza el reporte.
Ante la negativa de la Sedena para dar acceso a dichos documentos, el MEH argumentó que su labor no solo es estudiar los hechos en torno a la persecución de grupos armados o acciones de contrainsurgencia, sino se enfoca también a “las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado que implican un espectro temático y de víctimas mucho más amplio que el que ha sido admitido por el propio Estado”.
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Frente a esta situación, contextualizaron, los elementos de la Sedena incrementaron las negativas para la consulta de archivos, “e incluso han derivado en que el personal militar—que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando—altere documentación, es decir expedientes, relacionados con violaciones a derechos humanos”, detallan en el reporte.
Por esta situación, el MEH sostuvo en su informe que, las accciones de los militares no sólo vulneran el derecho a la verdad y memoria que tienen las víctimas y la sociedad, sino además significa desobediencia de la Sedena al decreto presidencial.
“Más grave aún es que, al persistir en esa postura de negación, la Sedena perpetúa la impunidad de la que han gozado los responsables de violaciones a derechos humanos desde su comisión y hasta el presente”, asevera el mecanismo.
Amparo
Luego de la difusión del reporte del MEH, Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, homónina, desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca (agrupación conformada por el Ejército, la extinta Dirección Federal de Seguridad -hoy Centro Nacional de Inteligencia-, la entonces Procuraduría General de la República, y policías y procuradurías estatales) promovió un juicio de amparo con el objetivo de detener la opacidad y alteración de los documentos en posesión de la Sedena.
Como resultado fue que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa resolvió la demanda reconociendo que familiares de personas desaparecidas, como Alicia de los Ríos Merino, tienen derecho a reclamar a través del juicio de amparo las resistencias de la Sedena a abrir sus archivos.
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En la resolución también resaltan el derecho de los familiares de las víctimas a oponerse a la manipulación y destrucción de documentos que son clave para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y obtener elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Artículo 19 acompañaron la demanda de amparo promovida por Ríos Merino. Para las organizaciones, la opacidad del Ejército Mexicano durante el sexenio actual, al no garantizar el acceso a archivos y alterar los documentos relacionados con graves violaciones a derechos humanos “evidencia la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, así como la promesa incumplida de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición para las víctimas”.
