La mayoría de parques eólicos en el Istmo están instalados en tierras comunales

Por Renata Bessi y Eugenia López


 

En el Istmo de Tehuantepec hay 1916 aerogeneradores divididos en 27 parques eólicos, y 12 de ellos están dentro de las 68 mil hectáreas de tierra comunal de Juchitán y sus anexos. Todos los contratos con los comuneros, en los cuales las empresas se amparan para funcionar, fueron realizados sin tomar en cuenta el régimen comunal de la tierra.

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“En el Istmo las tierras son comunales y eso quiere decir que en todos los parques instalados hasta ahora debería de haber una consulta indígena. No se hizo en ningún de los casos, hasta el año de 2014 cuando hubo un proceso de consulta para la instalación de un parque eólico en Juchitán, donde se observó una serie de vicios que no permitió que las comunidades accedieran efectivamente a sus derechos en cuanto a la consulta libre, previa y informada, pero especialmente a su derecho a libre determinación”, dijo Villafuerte.

Además, en todos los casos no reconocieron la calidad de las tierras comunales. “Para la empresa es necesario que tenga un registro de la tierra para que pueda establecer un contrato de renta. Entonces simplemente fueron a un notario publico que dio fe de que eran propiedades privadas. Cuando realmente no es así. Para cambiar el régimen de la tierra, se necesita establecer un proceso mucho mas complejo, es necesario recorrer al derecho agrario, hay que pasar por asamblea de los comuneros. No es un notario publico quien va a decidir el régimen de la tierra. Para las empresas es mucho más fácil negociar un contrato de renta con cada persona propietaria, que hacer un acuerdo con la asamblea de comuneros. Así que si nos es avalado por la asamblea de comuneros, el contrato no tiene validez”, explica la abogada de ProDESC.

Esta estrategia fue utilizada también por EDF en el caso de Unión Hidalgo. Hace cinco años que la empresa ya tiene garantizadas, por medio de contratos individuales, las tierras para la construcción del parque.

Tierra comunal: signo de resistencia

En Oaxaca, el 96% de la tenencia de la tierra es social, es decir, es comunal o ejidal. De acuerdo con Regalado, hay un intento por parte de las empresas y de los gobiernos en todo México de privatizar las tierras comunales y ejidales no sólo de Oaxaca sino del país para facilitar la instalación de proyectos y megaproyectos. “Eso es un atentado a los pueblos indígenas, pues necesitamos de nuestras tierras comunales para vivir los usos y costumbres dejados por nuestros ancestros”, dijo el comunero.

Y en Unión Hidalgo no es distinto. Políticos y agentes del gobierno provocan la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, no solamente en su comunidad, sino en todo el Istmo de Tehuantepec. Para eso, utilizan diversas estrategias incluyendo los servicios de los notarios públicos, para intentar legitimar la privatización de las tierras.

 “Claro que hay certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No hay duda de que es comunal”, sostiene él. “Sean conscientes de la historia y que no les gane la ambición”, declara el comunero a su comunidad. Regalado tiene en su memoria detalles históricos sobre el proceso de las tierras en su comunidad. Y se los comparte:La tierra donde se encuentra Unión Hidalgo es un anexo del distrito de Juchitán. En el año de 1882, Francisco León Hernández, jefe político del distrito de Juchitán, consideró conveniente unir a todas las rancherías y establecer un solo núcleo de población. Trató de convencer a los distintos pobladores, pero no lo logró. Ante la negativa de su petición mandó a incendiar las rancherías y obligó a sus habitantes a abandonarlas y a concentrarse únicamente en Ranchu Gubiña Guiaá, y formar un solo poblado. El 29 de septiembre de 1882 le dieron por nombre Unión Hidalgo. Unión, por la integración de las diferentes rancherías.

La gente empezó a organizarse para solicitar la carpeta básica de Unión Hidalgo como terreno comunal. En 1916 escribieron al Presidente de la República. Hubo intercambio de correspondencia, pero el gobierno federal nunca optó por mandar a la gente especializada para hacer el estudio técnico y elaborar el proyecto que definiría la comunidad dentro del régimen comunal. Hasta 1946, sin una respuesta definitiva, se juntaron a los de Juchitán. Se optó por solicitar a nombre de Juchitán la carpeta básica y se incluyeron varios barrios y anexos, incluso a Unión Hidalgo.

En 1947, solicitaron nuevamente al presidente de la República que enviara las a personas especializadas para desarrollar el estudio técnico y elaborar el proyecto y, por consiguiente, entregar la carpeta básica. El gobierno federal tardó algunos años para mandar los peritos y topógrafos. Hasta el 13 de julio de 1964, Adolfo López Mateos reconoció  que las tierras eran comunales pero decidió, en su decreto, que pasarían a ser ejidales. El decreto se refería a todas las tierras de Juchitán y sus anexos –Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y El Espinal.

En 1965, la asamblea de todo el núcleo agrario de Juchitán decidió no aceptar el régimen ejidal y revoco la decisión de López Mateos, decidiendo continuar en el régimen comunal. De tal manera que en 1970 Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, cuando repartió títulos de pequeñas propiedades en el núcleo agrario de Juchitán, reconoció que estaban dentro del régimen comunal y que, por lo tanto, a pesar de pequeñas propiedades deberían obedecer a las reglas comunales.

Entonces no es propiedad privada y ni ejidal, sigue siendo comunal. Si hubiera sido ejidal como decretó López Mateo, Díaz Ordaz hubiera dicho: “titulo de pequeña propiedad dentro del régimen ejidal”. O sea, Díaz Ordaz aceptó como válida la protesta de la asamblea de los comuneros. Muchos políticos, funcionarios de gobierno cuestionan: ‘quien es la asamblea para contradecir este decreto’. Pues, de acuerdo con la Ley Agraria, las asambleas de los comuneros tienen más poder que el gobierno federal, estatal o municipal. Y, por esta razón, Díaz Ordaz aceptó que continuara siendo comunal. Y actualmente el Registro Agrario Nacional así dice, que es régimen comunal.

Empresa insiste: “son tierras privadas”

“El proceso de adquisición de las tierras empezó desde el 2012. Las tierras donde este proyecto está siendo desarrollado son de propiedad privada exclusivamente. Las negociaciones se llevaron a cabo con cada propietario individualmente (fueron más de 500). Más del 95% de las tierras ya ha sido arrendado. El apoyo de los terratenientes hacia el proyecto es fuerte, ya que valoran los beneficios que traerá a las comunidades”, afirma la empresa a Avispa Midia.