A pesar que el Estado brasileño es el principal dueño de las tierras con mayores reservas de carbono, aproximadamente 20% de ese stock está desprotegido, indica estudio elaborado por investigadores de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz y de la ONG Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora), en colaboración con KTH Royal Institute of Technology y de la Chalmers University of Technology, ambas instituciones de Suecia.
Del total de 52 Gigatoneladas (GT) que componen las reservas de carbono almacenado en la vegetación nativa de Brasil, 67% se localiza en tierras públicas, siendo que la mitad (26 GT) se ubica en unidades de conservación y en tierras indígenas.
Los resultados del estudio para mapear las tierras con mayores concentraciones forestales en Brasil, forman parte integral de un proyecto mayor: El Atlas de la Agropecuaria Brasileña, investigación realizada por Imaflora para contabilizar el carbono, nueva commodity (materia prima de exportación) para la economía del país sudamericano que ya desde 2009 se calculaba podría generar hasta 16 billones de dólares anuales si se comerciara en los mercados internacionales de carbono.
De acuerdo con el estudio ¿Quíenes son los dueños del carbono en Brasil?, la ecorregión del Cerrado (sabana tropical presente en los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Tocantis, Minas Gerais, Bahía, Maranhao y Piauí) posee el mayor volumen de carbono desprotegido: 1,4 Gt, correspondiente al 40% del carbono con riesgo de emisión en el país. En segundo lugar está la Amazonia, que responde por un tercio del carbono desprotegido en Brasil (1Gt), seguida por la Caatinga, que también tiene un gran volumen de carbono y área de vegetación nativa desprotegidos.
Brasil es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) provocados por el cambio de uso de suelo, impulsado en el país sudamericano por la expansión agrícola para la producción intensiva de ganado (responsable por el 22% del total de emisiones) y monocultivos de materias primas para agrocombustibles como la soya, industrias predominantes en el estado Mato Grosso.
Las emisiones de GEI totales de Brasil crecieron 8.9% en 2016, lo cual representa el mayor aumento de ese valor desde 2004.
Experimentos
El gobierno brasileño junta a numerosas ONG internacionales ya comenzó con un proceso de estudio para la elaboración de un mercado doméstico de carbono, el cual actualmente funciona como mercado voluntario. A pesar de no contar con regulación en el marco jurídico nacional, ni de haber fijado aún los precios de la emergente commodity, los experimentos para implementar proyectos como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) los cuales ya generan bonos de carbono, se cuentan por docenas en todo Brasil, puesto que políticas estatales y privadas trabajan a marchas forzadas para convertir al país sudamericano en el mayor exportador de servicios ambientales del mundo.
De acuerdo a dichos planes, se espera que el mercado para la negociación de títulos de emisión de créditos de carbono en Brasil se encuentre en plena operación para 2019.
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Actualmente 40 regiones en el mundo ya trabajan para estandarizar precios del carbono y algunos cuentan con un mercado operante como ocurre en la costa oeste de Estados Unidos y en Quebec, Canadá; existen otros 14 lugares en China y también en Australia y Nueva Zelanda. Lo que hacen es estimular el mercado, a través de beneficios para quienes consume productos con bajo carbono o vía tributación para industrias que no cumplen determinadas metas. Sin embargo dichas iniciativas representan políticas domésticas aún sin un marco regulatorio.
El Banco Mundial (BM) ya reportaba la experimentación con 35 proyectos REDD en 35 países alrededor del mundo desde 2009, con lo cual valuaba un mercado de más de 30 billones de dólares anuales. Como consecuencia de la Conferencia de las Partes 21, realizada en París durante diciembre de 2015, se pretende implementar marcos regulatorios para que a mas tardar en el año 2020 hacer funcionar un mercado de carbono entre las 190 naciones firmantes del Acuerdo de París, con lo cual el valor del mercado global se incrementaría hasta en 100 billones de dólares anuales.
Ya en Brasil, la BM&F Bovespa (empresa de infraestructura del mercado financiero) estructuró un sistema de subastas para la negociación de Reducción Certificada de Emisiones (RCE) en las bolsas de valores, el cual ha sido aprovechado para realizar transacciones experimentales entre entes privados y públicos como ejemplifica la subasta entre la alemana KFW Bankgroup, la holandesa Fortis Bank y la suiza Mercuria Energy Trading con la Prefectura de la ciudad de Sao Paulo para la venta de 530 mil RCE provenientes del proyecto del vertedero sanitario de Bandeirantes.
La realización de subastas de créditos de carbono son programadas por las bolsas de valores en todo el mundo a pedido de entidades públicas o privadas que deseen ofertar sus créditos de carbono al mercado. Como las subastas se refieren a una negociación de RCE a la vista en el mercado, sólo se programan después de la aprobación por el Consejo Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (órgano de la Organización de las Naciones Unidas responsable de la aprobación de proyectos de MDL y por la emisión de los certificados correspondientes).
Sin embargo los resultados de la implementación de mercados de carbono está a discusión. Los países europeos, no cumplieron las metas de reducción de carbono previstas en el Protocolo de Kyoto. Estados Unidos se negó a firmar el protocolo, además de desconocer el Acuerdo de París de 2015 en cuyo eje se encuentra la creación de un mercado global de carbono. Además la importación de carbón estadounidense por Europa creció un 23% y alcanzó 66,4 millones de toneladas en 2012. En los 27 países de la Unión Europea, la generación de energía a partir de carbón sobrepasó el gas y alcanzó su nivel máximo de los últimos 17 años. Con ello el precio del carbono en el mercado se derrumbó.
Después de triplicarse en valor durante el año pasado, los permisos europeos de carbono podrían estar cerca de un máximo y probablemente caigan en diciembre, según una encuesta de Bloomberg.
Cuando REDD es parte del problema
Lo que usualmente se omite comunicar dentro del contexto de las nuevas aperturas de mercados de carbono, además de la volatilidad y por ende fragilidad de los precios en los mercados globales, son las consecuencias negativas de la implementación de programas como REDD que motivan el despojo de tierras en comunidades campesinas e indígenas donde yacen los bosques mejor conservados del mundo.
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Uno de los casos actuales reportados por el sitio web Combate Racismo Ambiental y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en inglés) es el caso del proyecto Envira Amazonia, uno de los tres proyectos REDD que la empresa estadounidense CarbonCo LLC desarrolla en el estado amazónico de Acre.
El proyecto abarca casi 40.000 hectáreas de bosque amazónico y forma parte de una enorme área de 200.000 hectáreas, de las cuales la empresa JR Agropecuaria y Emprendimientos EIRELI alega ser propietaria. Sin embargo, la propiedad está impugnad pues las familias de caucheros que han vivido en estas tierras durante generaciones no poseen documentos para confirmar su derecho legal sobre las tierras. El proyecto REDD amenaza el futuro de la comunidad porque impone restricciones al futuro uso de la tierra e impide que las familias vuelvan a usar tierras agrícolas de la comunidad no utilizadas en la última década.
En 2015, el proyecto Envira Amazonia fue certificado según el estándar Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) por el socio brasileño de la ONG norteamericana Rainforest Alliance, la Imaflora. Las evaluaciones para otra certificación denominada Verified Carbon Standard (VCS - actualmente llamada Verra) fueron realizadas por Environmental Services Inc. Las certificadoras emitieron el primer lote de créditos de carbono del proyecto en 2016, y un segundo lote en noviembre de 2017. La base de datos del VCS muestra que en 2016/2017 se vendieron al menos 750.000 créditos de carbono del diseño del proyecto REDD Envira Amazonia.
WRM reportó que durante una visita en marzo de 2018 a las personas que habitan dentro de las 40 mil hectáreas del proyecto REDD Envira Amazonia, los miembros de la comunidad aún no tenían conocimiento de la aprobación del proyecto. Ni tampoco que ya se estaba vendiendo créditos de carbono.
