Considerando solamente registros del 2019, la Unión Europea (UE) exportó más de 6,5 millones de kilogramos de plaguicidas prohibidos o nunca autorizados en su territorio hacia los países que forman el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Empresas trasnacionales como Bayer/Monsanto, BASF y Syngenta, líderes en la producción de agrotóxicos en Europa, en alianza con grupos de presión favorables a los agroquímicos como SINDIVEG y Croplife Brasil, son los principales promotores del acuerdo comercial que permite la venta de peligrosos productos químicos en Sudamérica.
Así lo indica un informe publicado el pasado jueves, 28 de abril, por Amigos de la Tierra, organización ambientalista la cual enfatiza que este negocio ocurre aún cuando “la práctica de exportar plaguicidas prohibidos en la UE fue considerada un abuso de los derechos humanos por 36 relatores de la ONU y funcionarios de derechos humanos en julio de 2020”.
Entre los hallazgos del informe se encuentra que corporaciones como BASF han incrementado considerablemente las autorizaciones para comercializar sus productos químicos en Brasil desde la toma del poder de Jair Bolsonaro en 2019.
A su vez, junto a Bayer, BASF y Syngenta han recibido la aprobación para la comercialización de 45 nuevos pesticidas en los últimos tres años, 19 de los cuales contienen sustancias prohibidas para su uso en la Unión Europea.
El documento también señala que las empresas de plaguicidas se aprovechan de las generosas exenciones fiscales sobre los mismos. “La cantidad que el gobierno brasileño deja de recaudar por las exenciones fiscales a los pesticidas es casi cuatro veces el presupuesto total del Ministerio de Medio Ambiente en 2020”, contrasta el informe, el cual indica que las empresas ocultan estos beneficios “tras un velo de ‘confidencialidad comercial’. Los consumidores brasileños no saben qué sustancias acaban en sus platos”.
Desregulación
La comercialización de los peligrosos químicos en Brasil es posible por el trabajo de grupos de presión del agronegocio como CropLife Brasil, fundada por Bayer, para aumentar el acceso al mercado de algunos de sus agroquímicos más dañinos.
“Así, han apoyado una agenda legislativa que busca socavar los derechos indígenas, eliminar las protecciones ambientales y legitimar la deforestación”, resalta el informe de Amigos de la Tierra.
Según la organización, las empresas agroquímicas europeas apoyan iniciativas que debilitan las medidas de protección del medio ambiente. Un ejemplo de esto es la promoción del proyecto de ley conocido como “del Veneno”, que tiene como objetivo reducir la actual regulación de los agroquímicos y debilitar el proceso de aprobación del uso de pesticidas en Brasil.
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“Las principales asociaciones de la agroindustria, que representan a Bayer, BASF y Syngenta, han aportado unos 2 millones de euros para apoyar las actividades de presión del ‘Instituto Pensar en el Agro’”, refiere el informe sobre las inversiones para mantener la promoción de los agrotóxicos en Brasil, “alegando que los gobiernos y los agricultores dependen de los pesticidas importados para proteger sus economías agrícolas”.
Por su parte, un creciente frente brasileño de organizaciones y movimientos sociales contra el Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la UE se posicionó ante los parlamentarios europeos mediante una carta en la que señalan la profundización de la agenda de violación de derechos por parte del gobierno federal.
“Este acuerdo en particular acentúa la reprimarización y desindustrialización de la economía brasileña y actualiza los dispositivos coloniales que mantienen la dependencia del país con respecto a Europa, fomentando la violencia racista contra los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y tradicionales, destacando que los daños ambientales, asociados a la expansión de la deforestación y del agronegocio, recaen de manera desproporcionada sobre los pueblos negros e indígenas y, en particular, sobre las mujeres”, enfatizan en su comunicación.
¿Quién gana y quién pierde?
Para Fernando Campos Costa, miembro de la junta directiva de Amigos de la Tierra Brasil y coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad, los más perjudicados son los trabajadores y el medio ambiente.
“El caso de enfrentarse a la fumigación aérea de plaguicidas, que se utiliza como arma química contra las comunidades campesinas en la región metropolitana de Porto Alegre (RS), es una realidad en todo el país, agravada por la liberación de armas y nuevos venenos y el desmantelamiento de la legislación ambiental, sanitaria y de derechos humanos en el Gobierno de Bolsonaro”, ejemplificó Campos.
Para el especialista, son acciones como la lucha por garantizar la producción de alimentos sanos, sin veneno y para proteger la biodiversidad y la población, como sucede en los municipios de Nova Santa Rita y Eldorado do Sul, en el sur de Porto Alegre, lo que contribuye a la defensa de la soberanía alimentaria en Brasil.
La referencia es al encuentro ocurrido en Porto Alegre al que asistieron pobladores afectados por la fumigación aérea de plaguicidas, movimientos sociales y entidades ecologistas, quienes presentaron un manifiesto contra la impunidad del agronegocio.
