Durante el mes de Julio del año 2018, tres defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados en el Estado de Oaxaca. Con ellos, suman al menos 13 desde el principio de la actual administración (diciembre del 2016) con la mitad de los homicidios ocurridos en lo que va de del 2018.
Mientras el gobierno del priísta Alejandro Murat se jacta en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de estar promoviendo el desarrollo social y económico, la seguridad y la sustentabilidad, la entidad se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país para quienes son defensores de los derechos de los pueblos.
“Los ataques del Estado a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado significativamente en Oaxaca, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia empleado”, denuncia el informe ciudadano Bajo ataque, los Derechos Humanos en Oaxaca 2013-2018.
Un integrante del CODEDI asesinado en la Costa
El martes 17 de Julio, aproximadamente a las once y media de la mañana, hombres fuertemente armados y vestidos de militares secuestraron a Abraham Hernández Gonzales en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Después de varias horas, quien se desempeñaba como coordinador local del Comité Por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.
El crimen del activista se suma a la ejecución de otros tres integrantes del CODEDI ocurrida el 12 de febrero pasado, en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel. Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, fueron emboscados a balazos después de una reunión con el gobierno del estado. Abraham Ramírez Vázquez sobrevivió al ataque.
“Estamos seguros que el trasfondo de toda esta violencia contra CODEDI y los pueblos de la región es el proyecto de construcción de tres presas hidroeléctricas en el Río Copalita, llamados “Copalita” “Alemania” y “San Miguel” por parte del gobierno federal y del estado”,
DENUNCIA CODEDI, SOBRE EL PLAN PARA INSTALARLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DONDE LA ASAMBLEA COMUNAL RECHAZÓ LA ENTRADA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
El comisariado de bienes comunales asesinado en San Miguel Chimalapa, Istmo
En la madrugada del viernes 20 de julio, José Medel Cruz fue asesinado a balazos en el pueblo zoque de San Miguel Chimalapa. Otras tres personas que lo acompañaban también fueron heridas.
Medel Cruz era comisariado de bienes de comunales de la comunidad, la cual está en resistencia en contra del proyecto minero “Santa Martha” que la empresa canadiense Minaurum Gold SA de CV quiere imponer en su territorio.
El proyecto, que planea la extracción de cobre, oro y plata con el sistema de tajo a cielo abierto, amenaza la comunidad y su flora, fauna y sistema hídrico. Los municipios vecinos de Ixhuatán, Unión Hidalgo, Zanatepec, Tapanatepec, Reforma de Pineda, Niltepec, San Francisco del Mar y Zanatepec también serían afectados.
Un miembro de la policía comunitaria asesinado en Álvaro Obregón, Istmo
Rolando Crispín López fue asesinado a balazos la tarde del domingo 22 de Julio en la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec. Era miembro de la policía comunitaria de la comunidad, la cual resiste ante el proyecto eólico de la empresa Mareña Renovables.
“Desde el 2012 la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, y en febrero de 2013 se constituyó la policía comunitaria de Álvaro Obregón con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse contra las agresiones de la empresa eólica y de las Autoridades”, declara la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y la Asamblea comunitaria de la comunidad de Álvaro Obregón.
Extractivismo contra los pueblos indígenas
Las tres personas asesinadas el mes pasado estaban comprometidas con la resistencia de sus comunidades para construir su autonomía y en contra de la imposición de distintos proyectos extractivistas en sus territorios.
“Las violaciones a derechos de pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante, principalmente por la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, además de la implementación de la Zona Económica Especial (ZEE) en el Istmo de Tehuantepec”,
ALERTA EL INFORME BAJO ATAQUE... SOBRE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORGANIZADOS EN OAXACA.
Para Carlos Sánchez Martinez, vocero de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) e integrante de la radio comunitaria Totopo de Juchitán, Oaxaca,“los acontecimientos que se están dando son una forma de represión en contra de los pueblos que estamos luchando en contra de la invasión de los parques eólicos y de los proyectos mineros”.
Si bien el vocero y comunicador zapoteco aclara que la situación de violencia en contra de las y los que resisten a los megaproyectos lleva varios años, denuncia que la aprobación de la ZEE de Salina Cruz y sus alrededores por el gobierno de Alejandro Múrat ha empeorado la situación.“La represión no ha parado en particular desde el anuncio de la creación de la Zona Económica Especial. Nosotros anunciamos de que no aceptaremos la ZEE y defenderemos nuestro territorio y eso ha ocasionado nuevas amenazas, en particular contra de Rodrigo Flores Peñaloza integrante de la APIIDTT y de Bettina Cruz Velasquez que han recibido amenazas de muerte constantemente”, alerta.
Denuncian presencia del crimen organizado con actividad paramilitar a favor de megaproyectos
Tanto en el Istmo como en la Costa, las y los pobladores también han sufrido un aumento en la presencia de grupos de sicarios vinculados al crimen organizado. Esa presencia tiene un impacto directo sobre las comunidades que defienden sus territorios: la violencia, los secuestros y asesinatos crean “un clima de inseguridad en nuestros pueblos que hace posible el saqueo de los bienes comunales naturales y despojo de territorios con megaproyectos de empresarios respaldados por las instituciones de gobierno y por el crimen organizado”, denuncia CODEDI.
En el Istmo, pobladores señalan la colusión que existe entre las empresas eólicas y esos grupos. “Las empresas eólicas han contratado grupos de sicarios para perseguirnos y amenazarnos. Esas personas funcionan como paramilitares”, denuncia Carlos Sánchez, recordando también el asesinato en 2013 de un miembro de la APPJ, Héctor Regalado Jiménez, por paramilitares pagados por la empresa Gas Natural Fenosa de España.
El comunicador y luchador zapoteco también señala cómo el miedo provocado por la violencia perjudica a las resistencias contra los megaproyectos. “Las comunidades indígenas de la región han luchado y han demostrado que no van a permitir el ingreso de los proyectos económicos. Pero nos está perjudicando la presencia de sicarios, las ejecuciones, y esta situación ha metido mucho miedo en los pueblos y en las protestas sobre todo”.
El ejército, “cómplice de los criminales”
Unos días después del asesinato de Abraham Hernández González en la Costa, un grupo de militares instaló un reten cerca de la finca “Alemania”, donde se encuentra el centro de capacitación de la organización CODEDI. Al día siguiente, otro operativo fue organizada en la comunidad vecina de Santiago Xanica con el argumento de querer desarmar a la población. Las y los pobladores e integrantes de CODEDI denunciaron el hostigamiento por parte del ejército, su relación directa con los grupos criminales y la responsabilidad del gobierno del Estado.
“La complicidad del gobierno de Alejandro Múrat con los grupos del crimen organizado ya no se puede ocultar y en la región de la costa es mas que evidente para toda la población. La vergüenza es que el ejército mexicano siga siendo utilizado como cómplices de segunda de los criminales por órdenes de un gobernador mafioso”,
DECLARA LA ORGANIZACIÓN.
En el Istmo, para Carlos Sánchez, la presencia del crimen organizado ha sido utilizada por el gobierno como “una excusa para militarizar la región: en Juchitán ha habido presencia de policía estatal, del ejercito, de la marina. Y hemos visto en la zona de los parques eólicos como acompañan las camionetas de los sicarios y a veces están juntos para vigilar los parques y resguardarlos. Además, se ha descubierto en la policía municipal integrantes del crimen organizado”.
A pesar de todo las comunidades siguen organizadas y determinadas a defender la autonomía y la vida, exigiendo también justicia para sus compañeros caídos.
Por su lado, CODEDI hace un llamado a la organización de los pueblos de Oaxaca para seguir luchando. “La historia nos muestra que cuando los pueblos, organizaciones y sindicatos de Oaxaca nos unimos como uno solo, somos invencibles. El levantamiento popular del 2006 en Oaxaca sigue siendo una guía en el cielo de la rebelión”, declara.
