Las presiones económicas norteamericanas de la administración de Donald Trump han conseguido que México endurezca aún más su política migratoria y anuncie la militarización de su frontera sur.
Para ello, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado a la recién creada Guardia Nacional (GN), un nuevo cuerpo militar encaminado a sustituir a las policías en labores de seguridad pública y con la facultad también de actuar como agentes migratorios.
Al mismo tiempo, el Estado mexicano ha desplegado una campaña de criminalización contra personas que se han solidarizado con los migrantes, principalmente centroamericanos, quienes desde octubre del año pasado han ingresado en caravanas para aminorar los riesgos de desaparición, secuestro y asesinato de los que son presa mientras cruzan el territorio mexicano rumbo a EEUU.
Aunado a estas acciones, el nuevo gobierno mexicano autodenominado de izquierda, se compromete a brindar refugio en la frontera norte a todas las personas migrantes que soliciten asilo a los EEUU, mientras asume su labor como policía fronteriza de los Estados Unidos... en la frontera sur de México.
Contradictorias, las políticas de México para los migrantes
El miércoles 5 de junio de 2019, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo para bloquear el paso de aproximadamente 1, 200 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras.
A sólo 12 kilómetros de la frontera con Guatemala en el poblado de Metapa de Domínguez, en el estado sureño de Chiapas, el INM acompañado por policías antimotines y militares asignados a la recién conformada Guardia Nacional bloquearon el paso de los migrantes centroamericanos.
Familias completas, principalmente de Honduras, habían caminado por la carretera que ha servido como ruta para las caravanas que desde octubre del 2018 han atravesado México en su camino hacia la frontera con EEUU.
A pesar de la aparente permisividad de funcionarios mexicanos, la estrategia de castigo para los migrantes centroamericanos ha ido en aumento desde el inicio de la administración federal actual en diciembre de 2018.
Según cifras del INM, sólo en mayo de 2019 el número de migrantes detenidos ascendió a 22, 694 personas y se deportaron 15,654. Esto representa un aumento de 119 por ciento de personas deportadas cuando se compara con el registro de mayo del año 2018 y un 220 por ciento mayor que los casos ocurridos en mayo del 2017.
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El operativo anti-migrante reciente se realizó al mismo tiempo en que representantes del gobierno mexicano y estadounidense mantenían negociaciones en Washington con el objetivo de evitar la imposición de aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos comprados por los mercados norteamericanos.
Dicha acción fue anunciada por la administración de Donald Trump como represalia ante la “omisión” de México para detener el flujo migratorio que atraviesa su territorio con el objetivo de alcanzar los EEUU.
Finalmente, el viernes 7 de junio ambas delegaciones anunciaron el alcance de un acuerdo mediante el cual México aplicará medidas más drásticas para detener el flujo migratorio.
No obstante el resultado de las negociaciones, medios norteamericanos afirmaron que la amenaza de Trump fue un montaje pues acciones como el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur ya se había acordado con funcionarios de EEUU desde marzo de este año.
Aunado a esta acción militar, el mismo artículo publicado en The New York Times, confirma lo que diversas fuentes periodísticas indicaron desde diciembre del 2018: “la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales (en solicitud de asilo)”, con lo cual en la práctica México se convierte en el “tercer país seguro”, lo cual a corto plazo le obligaría a recibir aproximadamente a medio millón de refugiados.
Frontera sur de México: tortura, racismo y persecución
Apenas el pasado 31 de mayo la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por 24 organizaciones, difundió que tras el monitoreamiento de las principales rutas migratorias del sureste mexicano se confirma la agudización del enfoque de seguridad militarizada “por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”.
En su informe “La frontera sur es una tortura silenciosa”, la misión documentó la presencia de más retenes militares y recibieron denuncias de cateos en hoteles; además, denunciaron “las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación... incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas”.
La misión también registró que la detención migratoria llega a formas de tortura física y psicológica e incluso identificaron prácticas racistas por parte de funcionarios mexicanos.
Mientras frente a las cámaras funcionarios mexicanos defienden el flujo migratorio frente a la exigencia desde Washington por detenerla a todo costo, en las acciones desplegadas en Chiapas, el gobierno mexicano complace desde hace meses a las demandas de represión y militarización provenientes de los EEUU.
Chiapas, prioridad
Desde el 18 de mayo pasado, funcionarios del INM anunciaron la operación de la recién creada Guardia Nacional (GN) en labores de “vigilancia perimetral” en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, lo que representó la primera tarea formal de la GN en ese estado.
De acuerdo al comunicado de los funcionarios de migración, la presencia del cuerpo militar sería temporal. Pero el 20 de mayo, una centena de elementos de la Marina y la Policía Militar fuertemente armados y con equipo antimotines instaló un campamento afuera de la estación migratoria, en donde permanecen migrantes que esperan la aceptación a su petición de regularización o la deportación.
Dos semanas después, el 6 de junio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el envío de 6,000 elementos de la GN para militarizar la frontera sur de México como respuesta a las presiones económicas de la administración de Trump.
La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) analiza que “la política migratoria y la llegada de los militares, obedece a una estrategia de seguridad nacional donde no se respeta los derechos de los migrantes”.
En un boletín emitido por la tarde del 5 de junio, el INM reportó que sus acciones fueron coordinadas con militares de la Guardia Nacional, ello a pesar de que estos últimos se presentaron portando uniformes de la Policía Militar y de la Secretaría de Marina, sin indicar su adhesión al recién creado cuerpo de seguridad. Dichas acciones contradicen la fecha en que AMLO anunció la entrada de funciones de la GN, pues según el presidente lo haría hasta el 30 de junio del presente año.
Asi mismo, la semana pasada y durante las negociaciones entre funcionarios mexicanos y norteamericanos, trascendió la solicitud del gobierno de Chiapas al Congreso del estado para otorgar “vía donación” tres predios propiedad del estado sureño para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.
Dichos lugares serán entregados a las secretarías de la Defensa Nacional y a la Marina para la edificación de infraestructura para apoyar las operaciones de los efectivos policiaco-militares en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, sitios claves para la coordinación regional de la Guardia Nacional en su papel anti-migratorio.
Guardia Nacional: legitimar la militarización
Aunque meses antes el gobierno federal desplegó a policías militares y navales en 150 regiones consideradas prioritarias por su índice de criminalidad, la creación de la Guardia Nacional fue un hecho consumado hasta marzo del 2019 cuando se anunciaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales para legitimar su existencia.
Con el nuevo cuerpo de formación militar el presidente mexicano “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La aprobación se realizó pese a los múltiples cuestionamientos sobre el perfil castrense que integraran la Guardia Nacional pues desde 2006 y durante las operaciones de la seguridad pública bajo el enfoque de “guerra contra el narcotráfico”, los abusos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército han incrementado y se mantienen impunes.
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas entre 2006 y 2017 señalan que 929 personas sufrieron tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada a manos del ejército, marina y policía federal.
Ahora en 2019, las modificaciones a la Constitución incluyen un paquete de leyes secundarias propuestas por el gobierno federal para la reglamentación de la Guardia Nacional.
En estas se le otorgan un total de 45 facultades muy superiores a otras instituciones dedicadas a la seguridad pública en todo el país: Además de permitirle el uso de fuerza letal también podrán realizar investigaciones policiacas y están autorizados a operar labores de inteligencia como la intervención de telecomunicaciones; también cuidarán infraestructura estatal desde centros penitenciarios, garitas, aduanas, aeropuertos, puentes y carreteras. Además, tendrán la facultad de detener población migrante.
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¿Quién conforma la Guardia Nacional?
El comandante de este cuerpo de seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, no obstante un acuerdo previo en el Congreso mexicano para colocar a un mando civil en la Guardia Nacional, petición exigida desde diversas organizaciones sociales para legitimar la creación de la GN.
Rodríguez Bucio recibió formación en la Escuela de las Américas bajo instrucción del ejército estadounidense y su ascenso en la jerarquía militar ocurrió entre los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, especialmente tras sus operaciones en regiones bajo control del cártel de Los Zetas, grupo del crimen organizado fundado por militares de élite y para la contrainsurgencia.
Entre otros, la Guardia Nacional contará con un Estado Mayor que incluye personajes activos bajo el perfil de la “guerra contra el narco” de los últimos 13 años. Entre ellos se encuentran Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, (Policía Federal).
Aumento en detenciones
En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.
Casi el 50 por ciento de los detenidos proceden de Honduras, país donde el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández se mantiene apoyado por EEUU pese al descontento popular, al mismo tiempo que se agudizan las condiciones de violencia y pobreza, principales motores de la migración forzada.
Plan de desarrollo integral Centroamérica: el despojo como solución
“Se trata de construir un nuevo espacio económico: integración comercial, productiva, energética y logística”. Con esta frase se presenta el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, un conjunto de políticas que priorizan el incremento en las inversiones de infraestructura regional, tanto de generación y distribución energética; así como las acciones para facilitar el comercio intra-regional como medidas para detonar el desarrollo económico y así reducir la migración.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, sostuvo que se trata de un plan que cambia de paradigma, al establecer como base la seguridad humana en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.
Como en el caso de las Zonas Económicas Especiales en México, el plan presentado por la CEPAL pretende que con el simple cambio de nombre se puedan ejecutar como nuevos un conjunto de megaproyectos planteados desde décadas atrás bajo los denominados Plan Puebla-Panamá y el subsecuente Proyecto de Integración Mesoamérica.
Ejército de EEUU en Guatemala
Pese al silencio de los funcionarios de países centroamericanos de donde son expulsados la mayoría de los migrantes, en el caso de Guatemala el presidente Jimmy Morales firmó un memorando de cooperación con el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan.
En dicho documento, autoridades de Guatemala se comprometen a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza, de acuerdo a lo publicado por McAleenan a los medios norteamericanos.
Sin embargo, para el 3 de junio el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda confirmó que elementos del ejército estadounidense se encontraban en el departamento de Huehuetenango, en la frontera entre México-Guatemala, donde se concentran los niveles más altos de migración hacia los EEUU.
Mientras tanto, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, minimizó la presencia de tropas extranjeras y mencionó que "esta es una solución civil con el apoyo de la policía de ambos gobiernos, no es una solución dirigida a las tropas de seguridad nacional y regional", sino argumentó que los militares se encuentran en el país centroamericano por razones "humanitarias".
El proyecto de CEPAL fue realizado a petición del gobierno mexicano desde el inicio de funciones de la nueva administración en diciembre de 2018. En consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un organismo específico para poner en marcha y dar seguimiento a este plan, a la vez de proponer a Estados unidos su apoyo a la estrategia.
Durante la presentación del plan en mayo del 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó que para concretarlo se requiere de una inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de cada uno de los cuatro países involucrados, además de 10 mil millones de dólares anuales por un periodo de 10 años.
El financiamiento se planteó provenga del extranjero, principalmente de Estados Unidos a quien también se le propuso utilizar los recursos originalmente destinados al combate al narcotráfico procedentes de la Iniciativa Mérida, así como de organismos internacionales.
Sin embargo, aunque el proyecto fue desairado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 23 de mayo, al finalizar las negociaciones el 7 de junio pasado, ambos países acordaron “liderarán el trabajo con soscios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica prósepra y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración”.
Pese al anuncio de los funcionarios mexicanos en torno a la “victoria” en las negociaciones con EEUU para evitar las sanciones económicas, autoridades norteamericanas condicionaron un plazo de 90 días para analizar el avance en las acciones de México en materia migratoria con lo cual la amenaza de los aranceles no fue cancelada, sino suspendida temporalmente.
En cambio, México se comprometió a brindar los resultados exigidos por EEUU, con lo cual se avizora un incremento en las detenciones y deportaciones contra los migrantes, así como la criminalización contra activistas y defensores de las personas que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen.
