El país norteamericano iniciará en el segundo semestre de 2018 la fase piloto para construir un mercado de carbono doméstico, mecanismo financiero mediante el cual se comercializan créditos de carbono o en la práctica, permisos para contaminar que forman parte de las estrategias de mercado para reducir 22% de emisiones de gases de efecto invernadero en México para el año 2030.
Una de sus impulsoras, México2, o Plataforma Mexicana de Carbono, describe el proceso como “la aplicación de una teoría económica a un problema ambiental, un mercado cuyo commodity (materia prima) y permiso de derecho de emisión es artificial y creado por la autoridad, formando parte de los llamados mercados ambientales”.
La intención es moldear un sistema financiero base para América Latina. La estrategia fue anunciada en diciembre de 2017 en París durante la cumbre Un Planeta; una alianza entre Canadá, Colombia, Chile, México y Costa Rica; junto a los gobiernos de California y Washington en los EEUU, y Ontario y Quebéc en Canadá, para estandarizar su sistema de precios y promover mercados de carbono entre regiones.
Para su ejecución, México aprobó reformas a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) durante los primeros días de 2018, con lo cual fijo un plazo de 10 meses para el establecimiento de un esquema de compra-venta de permisos de emisión de gases efecto invernadero a las empresas participantes.
Los participantes se decidirán durante el año en curso, así como las reglas de comercialización de los derechos de emisión y la conformación de un “Fondo para el Cambio Climático”. Dicho organismo deberá ser constituido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a más tardar inicios del segundo semestre del 2018.
“El fondo será el encargado de captar y canalizar los recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar las implementaciones de acciones para enfrentar el cambio climático” menciona la declaración oficial de la reforma a la LGCC.
Semejante al funcionamiento del mercado global, cuyo origen se remonta al Protocolo de Kyoto, los grupos financieros con participación en México serán predominantemente sectores de la generación y transmisión energética; extracción de hidrocarburos e industrias gigantes como el acero y papel, identificadas como responsables del calentamiento global.
La Plataforma Mexicana de Carbono señala a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos como las mayores contaminantes, aunque tras la reforma energética de 2014 se espera mayor participación de firmas privadas en los sectores energéticos del país.
Además existirá una coordinación para el mercado de carbono entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y México2, empresa subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de Valores que pretende crear el mercado con 100 empresas que operan en el país norteamericano, las cuales en conjunto generan el 60% de las emisiones de CO2 nacionales.
2021 es la fecha en que se pretende sea definitiva la consolidación del mercado de carbono en México.
Cuando contaminar es más barato
Hasta el momento se desconoce el máximo de emisiones que se van a permitir en el mercado de carbono de México. Los precios de este particular commodity fluctuarán con base al mercado, y la unidad de medida será la tonelada equivalente de dióxido de carbono (CO2). Tanto México como China arrancarán fases de experimentación con mercados de carbono este 2018.
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En Europa, la experiencia de 12 años en las transacciones de CO2 es catastrófica; actualmente a las principales empresas contaminantes del mundo les resulta más barato pagar el exceso de emisiones de CO2 mediante la compra de los “Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono” que llevar a cabo acciones destinadas a reducir el calentamiento global.
En consecuencia, el exceso de oferta en las emisiones de créditos de carbono mantiene los precios por lo suelos. Sólo desde 2017 el valor ha ido en crecimiento; de 5 euros hasta 15 euros en mayo del 2018. Sin embargo se mantiene muy lejos de los 30 euros que se preveen como frontera desincentivadora.
Aunado a ello, el ejercicio europeo inclusive denomina “fuga de carbono” al riesgo de que una empresa traslade su producción hacia países en los que no se paga por emitir CO2 si le resulta demasiado caro operar en Europa, por lo que en lugar de detener la contaminación, el esquema financiero produce múltiples vías para mantenerla al mismo tiempo que se lucra con un nuevo mercado.
CO2lonización
Además, las empresas más contaminantes del planeta cuentan con otra manera de conseguir bonos de carbono mediante las inversiones en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) impulsados en los países “subdesarrollados”.
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Los promotores de los MDL pueden obtener inversiones de instituciones financieras como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo; bancos europeos de desarrollo; agencias de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos mundiales, para acceder a esquemas de financiamiento y gestión de proyectos “verdes” en la mayoría cobijados por el discurso de la energía limpia o la conservación de la naturaleza de ONGs.
Dichos proyectos han demostrado las mismas consecuencias que otras industrias y mercados: el despojo de territorios de pueblos originarios y campesinos, así como de la devastación de los ecosistemas en su conjunto.
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