La mañana del lunes 16 de Abril y desde el pueblo Ich Kan Sihó en Mérida, apuntaron las críticas contra diversos planes de despojo, que invaden sus territorios y no respetan la libre autodeterminación de los pueblos.
Una de los conflictos es originado por la autorización a la construcción de una granja de 49 mil cerdos en la comunidad de Homún. En dicho poblado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente concedió el permiso aún cuando es una región considerada como la reserva de agua de la península de Yucatán debido a la enorme cantidad de cenotes que alberga.
“Este megaproyecto que está desarrollando la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) en una extensión de 120 hectáreas impactará negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turismo local que desarrollamos los habitantes en los cenotes”, explicaron durante conferencia de prensa.
También denunciaron el denominado “Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán” (ASPY), cuyo principal objetivo “es fomentar la economía verde que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en beneficio de las empresas y en perjuicio de las comunidades”,
Las comunidades denunciaron que el ASPY se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya y se llevó a cabo tan sólo con la inclusión de la opinión de las empresas y autoridades de universidades y escuelas tanto privadas como públicas de la península yucateca.
“También participaron en la construcción del ASPY, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a ellos”, enunciaron las comunidades mayas quienes señalaron parte del entramado de organizaciones no gubernamentales y trasnacionales que trabajan de la mano para la implementación de proyectos como correderos turísticos en las reservas naturales, los cuales servirían de punta de lanza para la incursión de otros megaproyectos.
Uno de los sectores con mayor interés en la región son las inmobiliarias. Voceros de pobladores de Chablekal, indicaron que dichos empresarios del sector han excluido a los integrantes de las comunidades en el proceso de construcción de sus obras. Incluso una de las estrategias de las autoridades para ignorar las peticiones en contra de los proyectos es negar la pertenencia de los habitantes al pueblo maya.
“Las autoridades han dicho que Chablekal no es un pueblo maya, negando nuestra pertenencia a este pueblo que vivimos diariamente a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones culturales”, señalaron para los medios de comunicación.
Otro de los conflictos que se desenvuelven en la región desde hace más tiempo es la presión gubernamental y empresarial que busca permitir la siembra de semillas transgénicas en los territorios de la península por parte del gigante estadounidense Monsanto.
A pesar de las fuertes inversiones corporativas en la región para comercializar semillas modificadas y sus derivados, los pueblos se han negado al cultivo de cualquier alimento alterado genéticamente.
Ante las violaciones a sus derechos como pueblo indígena y la invasión a sus territorios, los mayas exigieron un alto a las políticas públicas que, “en un marco de ilegalidad, violan leyes,decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido”, así como el cese a la “simulación” del cuidado al medio ambiente y la naturaleza “a través de proyectos que dicen ser ecológicos” y el fin del “falso enaltecimiento” de la cultura maya ancestral a través de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales “mal llamados mayas” y la folklorización que atiende “únicamente al mercado turístico”.
Energía renovable no está a discusión
Desde el pasado noviembre del año 2017, decenas de pueblos mayas presentaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, una serie de denuncias sobre el despojo de sus territorios.
En un comunicado emitido por el equipo Indignación señalaban desde entonces que “una fuente de grave afectación al derecho a la libre determinación y a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán, es el creciente número de proyectos de energía renovable, tanto solares como eólicos que se pretenden implementar en territorio indígena”.
“Una de las características de estos proyectos, es que los mismos se someten a consulta de las comunidades una vez que ha sido aprobado todo el procedimiento administrativo, sin dar la debida información a las comunidades, sobre los proyectos, lo que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, como ha sucedido en Tizimín, Muna, Sacalum, Ticul y Kimbilá, entre otros”.
“De estos casos concretos en los que no ha habido una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para instalar parques eólicos, se desprende el gran desconocimiento de los comisarios ejidales de los detalles de los proyectos eólicos al momento de la firma de los contratos de arrendamiento; las asambleas no se están llevando a cabo en lengua maya; la falta de asesoramiento a los líderes ejidales y la poca claridad en los tratos entre empresas y comisariados ejidales, derivan en corrupción y en la firma final de contratos sin consulta previa” denunciaron en el texto.
