Foto de portada: María Leusa Munduruku (centro) durante la Caravana del Agua en Tapajós. Foto: Ana Mendes/Amazônia Real, 2016
“Seguimos siendo atacados”. Es el mensaje de la Alianza de Organizaciones del Movimiento Munduruku Ipereg ayu, después que el pasado 9 de junio un grupo de mineros bloqueo el transporte que llevaría a una comitiva indígena, desde la ciudad de Jacareacanga en la amazonía brasileña, hasta la capital Brasilia.
En comunicado, las organizaciones Munduruku detallaron que la delegación de líderes indígenas planeaba viajar para manifestarse contra las actividades mineras en sus territorios, así como para denunciar las amenazas y agresiones que han sufrido integrantes de distintas organizaciones indígenas durante los meses recientes.
La comitiva Munduruku también planeaba adherirse a las protestas de otros pueblos originarios quienes ya se encuentran en la capital del país, pues rechazan distintos proyectos de ley que pretenden restringir el reconocimiento legal de sus territorios, además de abrir las puertas a la industria minera y de generación energética en tierras indígenas.
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Debido a la violencia reiterada contra las organizaciones Munduruku, el Ministerio Público Federal (MPF) envió una petición directa a la justicia federal para exigir escolta y protección policial para los líderes indígenas que planean viajar a Brasilia en el periodo del 13 al 19 de junio.
La exigencia del MPF ocurre después de los episodios de violencia acontecidos entre los días 23 al 26 de mayo en el estado de Pará. En aquellos días, la Policía Federal intentó realizar un operativo contra las actividades de la minería ilegal que operan dentro de las Tierras Indígenas Munduruku y Sai Cinza.
La movilización policiaca provocó la reacción violenta de trabajadores mineros, quienes además de enfrentarse a las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Jacareacanga, también se trasladaron a la comunidad de Fazenda Tapajós para incendiar la casa de Maria Leusa Kaba Munduruku, lideresa de la resistencia indígena contra la minería.
Sin protección
“No nos protegieron en una situación de amenaza constante, no garantizaron refuerzo policial en el municipio de Jacareacanga”, detalla el Movimiento Ipereg ayu sobre los hechos violentos de finales de mayo.
“Todos los dirigentes, junto con la Policía Federal, junto con el MPF, preguntaban por la operación, cuándo iba a ocurrir. Y precisamente, los dirigentes les pedían que detuvieran a los responsables. De repente, cuando la operación tuvo lugar, no había seguridad para los indígenas, ni para los líderes”, denunció Alessandra Korap, lideresa Munduruku, mediante testimonio grabado en video.
De acuerdo a la consulta de documentos realizada por el medio Amazonia Real, la estrategia policial denominada Operación Mundurukania preveía realizarse entre el 23 de mayo y el 10 de junio con el objetivo de “combatir todas las actividades ilícitas en un radio de 200 kilómetros que tenga como epicentro la ciudad de Jacareacanga”, al suroeste del estado de Pará.
No obstante, dicha operación policiaca fue interrumpida sin cumplir con su objetivo. Debido a la presión, tanto de las protestas de mineros, así como por la intervención de funcionarios locales y estatales, los efectivos policiacos abandonaron la ciudad de Jacareacanga dejando a los indígenas Munduruku sin protección ante los promotores de la minería en sus territorios.
“La propia Policía Federal negoció con los concejales, negoció con los alcaldes. En otra ciudad, también negociaron para detener la operación, por lo que la Policía Federal se fue y sólo permaneció allí durante dos días, el 24 y el 25”, denuncia Alessandra Korap.
En el documento enviado por el MPF a la justicia federal, el órgano resaltó que la Operación Mundurukania es resultado de una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) para frenar la invasión de tierras indígenas del pueblo Munduruku. Sin embargo, también lamentó que no solo en esta ocasión, “las operaciones son siempre episódicas y al poco tiempo se vuelve a abandonar el territorio”.
Por su parte, Maria Leusa Munduruku enfatiza la sorpresa de la agresión contra su comunidad, pues esperaban mayor seguridad al llevarse a cabo la operación policiaca contra la minería ilegal.
“La Funai (Fundación Nacional del Indio), todo el mundo ya sabía que estábamos sufriendo estos ataques, y ya estábamos recibiendo amenazas de audio vía WhatsApp, Facebook, de gente que depende de la minería en nuestro territorio. Así que estamos muy tristes por nuestros familiares”, comparte Maria Leusa, quien junto a su madre perdieron sus casas en el ataque y tuvieron que huir de la comunidad.
Leusa, quien además dirige la asociación Wakoborūn, integrada por mujeres Munduruku, denuncia que el grupo agresor estaba integrado tanto por pariwat (no indígenas) como por indígenas Munduruku quienes están a favor de la minería en tierras indígenas.
La lideresa indígena señala que dicho grupo llegó disparando y portando materiales inflamables financiados por grupos mineros.
“Nos están explotando, engañando a algunas minorías, a algunos líderes, que en realidad no lo son”, declara Leusa en referencia a la división dentro de las comunidades indígenas ante las promesas de enriquecimiento para los apoyadores de la minería.
Además de Maria Leusa, existen amenazas contra otros integrantes de las organizaciones Munduruku. Entre ellos se encuentra Alessandra Munduruku, quien en entrevista para Amazonia Real compartió temer por su vida, puesto que ya ha sido desplazada de su comunidad anteriormente ante la proliferación de amenazas de muerte en su contra.
Por su parte, el MPF confirmó información de que líderes como Ademir Kaba Munduruku, Isaías Krixi Munduruku y Ana Poxo Munduruku se encuentran bajo fuerte amenaza. Además, los nombres de Celso Tawe y el cacique del pueblo Munduruku en Tapajós, Arnaldo Kabá, también fueron mencionados como próximos objetivos en distintos audios compartidos entre los mineros.
Minería, a cualquier costo
Desde el comienzo de la administración de Jair Bolsonaro, el aumento de las actividades mineras en tierras indígenas, aunado a la violencia en contra de estas poblaciones ha aumentado paulatinamente.
De acuerdo a datos del sistema del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la minería en territorios indígenas ha aumentado la tasa de deforestación de un 4% en 2017 a 23% para junio del 2020.
Por su parte, el MPF señala que casi todo el oro extraído en Brasil se exporta a otros países. Sólo en el año de 2019, Canadá, Reino Unido y Suiza registraron el 71% de todas las exportaciones de oro del país sudamericano.
Aunado a la devastación ambiental, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) señaló que, entre el 11 de diciembre del 2020 hasta el 26 de mayo del 2021, las organizaciones Munduruku han sufrido 18 ataques que han puesto en riesgo de muerte a distintos lideres y lideresas indígenas.
“Nunca nos callaremos, nunca nos dejaremos intimidar. Permaneceremos en nuestro territorio, porque es nuestro hogar”, sentencia Maria Leusa mediante testimonio publicado en redes sociales tras los ataques.
