Fotos por Jeny Pascacio
Madres, hermanas e hijas de víctimas de feminicidio y de personas desaparecidas forzadamente, que integran la colectiva Madres en Resistencia, instalaron en el zócalo capitalino la muestra “Ante el dolor, la memoria”, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Se trata de 20 imágenes de la fotógrafa Gabriela Sanabria que retrata las ausencias de Jade Guadalupe Yuing Gómez, víctima de feminicidio el 14 de enero de 2020 en Tuxtla Gutiérrez, y de Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2023 en Berriozábal.
Las Madres en Resistencia también hicieron un mitin con la imagen en tamaño real de cada una de las víctimas. “Nosotras somos madres y salimos a luchar por el derecho a ser buscados”, se escuchó antes del arribo de la marcha del #8M.
“Exigimos que la fiscalía haga su trabajo porque los acuerdos que se tomaron no se llevan a cabo, tal parece que buscan otra cosa y no a los desparecidos. El gobernador [de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar] nos dijo y dio su palabra en apoyar para que nuestros casos avancen”, señaló Adriana Gómez, madre de Jade Yuing Gómez.
Ramírez Aguilar dio su palabra luego de la huelga de hambre que hizo la colectiva durante los primeros días de su gobierno por negarse a recibirlas. A finales de enero lograron dialogar y el mandatario se comprometió a atender en coordinación con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.
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Durante febrero, se acordaron reuniones mensuales con la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil (PC), Guardia Nacional y con el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca. Sin embargo, el encuentro programado para el primero de marzo fue cancelado por la Fiscalía General del Estado (FGE). Por insistencia de las madres, la FGE decidió retomar la reunión.
Aunque hubo tiempo para convocar a la CEB y a PC para que se integraran a la reunión, las madres dijeron a Avispa Mídia que la fiscalía no lo hizo. Elizabeth Santiago Ballinas, titular de la CEB, externó su preocupación por la cancelación de estas reuniones que, según ella, obstaculiza los planes de búsqueda de personas y el intercambio de información.
Por esta razón el pasado 6 de marzo las madres informaron a la secretaria de Gobierno, Patricia Conde, que los compromisos de Eduardo Ramírez no se están cumpliendo. “Ella dijo que le iba a expresar nuestra molestia al gobernador y que esta semana nos reuniremos otra vez para que nos de respuestas”, agregó Isabel Torres.
Las mujeres integrantes de la colectiva Madres en Resistencia son originarias de los municipios de Tila, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tonalá, Cintalapa, Tapachula y del estado de Puebla, y se pronuncian por nueve casos de desaparición forzada y dos feminicidios sucedidos en territorio chiapaneco.
En las redes sociales de las Madres en Resistencia llegan al menos 10 casos al mes de víctimas, principalmente de desaparición que buscan acompañamiento para denunciar o dar seguimiento a sus procesos en la Fiscalía General, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.
Dentro de la entidad los municipios con más denuncias han sido Yajalón, Comitán y Palenque, pero el temor, aunado a razones económicas, dificulta el traslado de los familiares de las víctimas a la capital para pedir la búsqueda de las víctimas.
“También nos llegan casos que no podemos agarrar por que no son de Chiapas. La familia no puede venir y a nosotras no nos dan información ya que no somos familia de la víctima”, explicó Adriana Gómez, fundadora de la colectiva.
“Jade, escucha, tu madre sigue en lucha”
En marzo de 2019, con 12 años de edad, Jade Guadalupe Yuing Gómez inició sus clases de judo en el Instituto del Deporte (Indeporte) en Tuxtla Gutiérrez y diez meses después fue asesinada durante el horario de entrenamiento.
El día de los hechos, recuerda Adriana Gómez que la titular del Indeporte, Tania Robles, mandó acordonar la zona antes de que arribara la autoridad facultada para hacerlo, pero la FGE no indagó. Entre otras evidencias, en una actividad escolar, Jade expresó sentir miedo de su entrenador Luis “N”, pero hasta ahora tampoco ha sido investigado.
Entonces Jorge Luis Llaven Abarca, que también era fiscal general en 2020, dijo públicamente que Jade se había suicidado, pero Adriana no aceptó la conclusión de la autoridad e inició su propia investigación con el acompañamiento de la activista Irinea Buendía y, en la actualidad, están a la espera de los resultados de un metaperitaje.
“Jade fue asesinada dentro del Indeporte, con violencia, le pegaron y fue una persona con mucha capacidad para romperle el anillo traqueal. Es decir, primero la estrangularon, la asesinaron y luego la fueron a colgar”, enfatizó Adriana.
“Son cinco años de injusticia de vivir en la incertidumbre. Violaron mi derecho de saber la verdad. Yo hace cinco años fui a dejar a Jadecita y ellos me la entregaron en un cajón. Quisieron simular que se había suicidado y colgaron perfecto el cuerpo”, especificó.
Adriana Gómez se ha enfrentado a amenazas, intimidaciones y hostigamiento para que desista de la búsqueda de justicia, pero ella insiste que continuará hasta lograr justicia por el feminicidio de Jadecita, como nombra a su hija.
La justicia a kilómetros de distancia
El segundo caso de feminicidio que acompañan las Madres en Resistencia es el de Victoria Arreola, ocurrido el 21 de septiembre de 2022 en el kilómetro 5 de la carretera a Arriga-Tonalá, cuando su esposo Javier Antonio “N” decidió quitarle la vida con un arma de fuego en presencia de su hijo, de entonces, cuatro años de edad.
Javier Antonio “N” fue vinculado a proceso una semana después pero aún no recibe una sentencia ejemplar. “Durante dos años y seis meses hemos tenido mucho tropiezo en el camino con tres audiencias suspendidas, hasta que llegó la fecha de cierre de etapa de investigación”, explicó Leyvi Arreola, hermana de Victoria.
“Las autoridades son omisas e indolentes y el sistema jurídico no les permite llevar a cabo la apertura de una fecha de juicio oral, a pesar que la carpeta de investigación está bien integrada. La fiscalía solo dice que tenemos que esperar a que resuelva el último amparo federal que, según, está por resolverse, pero desde 2023”, lamentó Leyvi.
Por estas irregularidades, la familia de Victoria protesta con constantes marchas que inician en el lugar donde ocurrió el feminicidio, pasan por el monumento de la Sirena (en la entrada de Tonalá) donde hacen un mitin y culminan en el parque central Esperanza, en la misma ciudad ubicada en la costa de Chiapas.
En estas manifestaciones la familia ha contabilizado un recorrido de más de 730 kilómetros. “Desde que asesinaron a sangre fría a Vicky, desde aquél 21 de septiembre, mis hermanas y yo decidimos caminar”, dijo Leyvi que continuarán hasta encontrar justicia para Victoria y su hijo que presenció el feminicidio.
Violencia criminal
De forma paralela, las mujeres integrantes de Las Abejas de Acteal caminaron del entronque de Majomut rumbo a la sede de la organización, donde destacaron el incremento de la violencia por parte del crimen organizado y la omisión de las autoridades, por cuarto año consecutivo.
“El crimen organizado ha venido en aumento desde hace 4 años. Como organización hemos denunciado y pedido la intervención de los 3 niveles de gobierno que, como siempre, han cerrado y hecho sordos sus oídos a nuestras denuncias, tratando de maquillar con su “servicios sociales” mandando a su ejército, guardia nacional y actualmente los pakales. Lo único que han hecho es venir a rescatar carros robados, en lugar de capturar delincuentes que han privado de la vida a muchas y muchos inocentes”, se escuchó durante su pronunciamiento.
Las Abejas de Acteal cuestionaron a los tres niveles de gobierno, “¿qué tipo de seguridad es esa?, ¿acaso en este país cualquiera puede portar armas y matar gente inocente sin que haya consecuencia?, ¿para ustedes denunciar y defender derechos humanos es un delito?”
Ante esto, exigieron el desarme de los grupos delincuenciales, alto al desplazamiento forzado que afecta mayormente a las mujeres; también se pronunciaron contra el saqueo de los recursos naturales y por el derecho a la tierra.
A poco de que se cumplan los 100 días de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, las mujeres han sido muy mencionadas en el discurso mediático, pero en la realidad las víctimas directas e indirectas de las diferentes violencias ven la justicia todavía muy lejana.
