Oaxaca: Comunidades denuncian colusión de la Procuraduría Agraria con proyecto minero

En portada: Relaves de la compañía Cuzcatlán en San José del Progreso. Foto: Santiago Navarro F

Las comunidades zapotecas que están alrededor del proyecto de explotación de oro y plata de la empresa Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Valles Centrales de Oaxaca, denunciaron que se ha intensificado el acoso por parte de la minera para que las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel acepten la ampliación del proyecto minero, en operación desde 2011. Las comunidades forman parte de la organización llamada Frente No a la Minería.

Esta vez el acoso se da, señalan las autoridades ejidales en un comunicado, con la ayuda de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán que, de acuerdo con su marco legal, debe “promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.

Una de las estrategias del órgano de gobierno es detener las actas de nombramiento de autoridades que están contra el proyecto, denuncian. “Les beneficia que los núcleos agrarios no tengan las autoridades acreditadas. Sin la acreditación no existe la validez de nuestros nombramientos”, sostiene para Avispa Mídia el Comisariado Agrario del Ejido Monte del Toro, que por seguridad omite su nombre.

Además, señalan, la Procuraduría ha generado documentación agraria con errores para retrasar la acreditación junto al registro agrario nacional. “Cuando enviamos los documentos al registro agrario, nos los rebotan por los errores. En el caso de San Martín de Los Cansecos, retrasaron dos años el proceso de acreditación de su comisariado”, agrega el comisariado agrario.

En Monte del Toro, funcionarios de la Procuraduría Agraria están actuando para dividir al ejido, señala la autoridad. Él admite que hay una cuestión agraria en la comunidad en la que una localidad, hace décadas, quiere apartarse del ejido Monte del Toro, lo que no es aceptado por las autoridades del núcleo agrario.

Sin embargo, la cuestión se ha agravado en el contexto de la expansión minera. “La gente de esta localidad ha recibido recursos de Cuzcatlán. La empresa quiere tener la seguridad para entrar en el territorio. La Procuraduría insiste en tratar de convencer a las autoridades que se haga la división.”, sostiene el comisariado.

Otra de las acciones de la Procuraduría, considerada por el comisariado como “estrategia para dividir a la comunidad”, es que el órgano tramita documentos de ejidatarios para cambio de titularidad de las tierras, sin el permiso del núcleo agrario. “Están brincando a las autoridades ejidales, lo que no está correcto. Nosotros tenemos la autonomía sobre nuestras tierras, garantizada por la ley agraria”.

En un comunicado del Frente, el ejido de Monte del Toro se posiciona y sostiene que “no permitirá ninguna división; nuestros abuelos y abuelas lucharon para la dotación del ejido, por lo que velaremos por el espíritu colectivo de la tierra y el cuidado y protección de nuestro territorio”.

Lo que la empresa está buscando es certeza jurídica para entrar en los territorios, señalan en el comunicado.

Como la explotación es subterránea, “no sabemos dónde exactamente están escarbando, si están bajo Magdalena Ocotlán, Monte del Toro o San Martín de los Cansecos”,  dice la autoridad agraria de Monte del Toro.

En 2021, Avispa Mídia preguntó a la empresa hacia dónde estaba avanzando la exploración, pero la pregunta fue evadida.

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Revisando la base de datos, solicitada por el equipo de este reportaje a la Secretaría de Economía, las concesiones mineras vigentes registradas por Cuzcatlán en Oaxaca, hasta este año 2023, son 15; juntas suman aproximadamente 36 mil hectáreas. Incluso, una de las concesiones, en el Lote Reducción Unificación Cuzcatlan 4, fue actualizada en este gobierno en la fecha del 16 de mayo del 2022. Esta es la concesión más grande de la empresa ya que abarca más de 10 mil hectáreas y comprende territorios de Magdalena Ocotlán, San Lucas Ocotlán y San Padro Taviche.

Lo que “quieren es entrar en las comunidades para tener respiraderos para poder seguir trabajando bajo tierra. Quieren que los núcleos agrarios autoricen su entrada. Una vez que el ejido autorice, van a comprar tierra para poder trabajar”, señala el comisariado ejidal.

Desde San José

El ex comisariado de bienes ejidales de San Martín de los Cansecos, quien también ha decidido omitir su identidad por seguridad, señala que la Procuraduría Agraria opera, en muchas ocasiones, desde San José del Progreso, sede del proyecto minero, cuando debería ir a las oficinas en los ejidos. “Sabemos que toda la infraestructura actual municipal y proyectos de San José tienen relación con la empresa minera”, sostiene.

San José del Progreso no tiene órganos de representación agraria, como es el comisariado de bienes ejidales, desde 2009, a raíz de los conflictos generados con la llegada de la empresa minera. “La Procuraduría, lejos de solucionar el conflicto agrario en San José, promueve visitas de otros comisariados a la comunidad sede del proyecto minero”, señaló para Avispa Mídia el ex comisariado de bienes ejidales.

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El jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán, Amauri Fernández Alvarado, en una entrevista realizada por Avispa Mídia, dijo que les corresponde prestar servicios de asesoría agraria “a todos los núcleos agrarios que están en el distrito de Ejutla y parte del distrito de Ocotlán, núcleos que están alrededor de la minera”, señaló.

Cuestionado sobre las denuncias presentadas por las autoridades ejidales contra la Procuraduría Agraria, Alvarado negó todas ellas. “Yo no tengo nada que ver con la minería. Yo no trabajo con la minería. No tenemos contacto, para nada, con la gente de la empresa minera. (…) Ni estoy bloqueando a ningún núcleo. (…) Ni tampoco acudimos a los núcleos agrarios diciendo que acepten o no acepten contratos o trabajos con la minería. Mi trabajo es brindar asesoría y asesoría tiene que ser correcta”.

Los engaños de Semarnat

En diciembre de 2021, la minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, anunció en un comunicado en inglés que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había “otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José.

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El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa tenía el objetivo de legalizar las obras de ampliación que la minera ya había realizado sin permiso del órgano ambiental.

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“Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en su comunicado.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines, desde Canadá, sostuvo por medio de otro comunicado, publicado el 4 de febrero de 2022, que había recibido un aviso de la Semarnat en el cual el órgano ambiental comunicaba que había cometido un error tipográfico en la ampliación del plazo de explotación de la Mina San José. Es decir, que la prórroga sería de 2 años y no 12 años como constaba en el documento resolutivo.

En ese momento, el equipo de Avispa Mídia obtuvo el documento de Semarnat (oficio SGPA/DGIRA/DG-06101-21), firmado por la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Secretaría (DGIRA), direccionado a la representante legal de Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano con fecha del 14 de diciembre de 2021, en el cual se comprueba que el órgano autorizó la permanencia de la minera por más 12 años.

Minera Cuzcatlán “considera que el aviso fue emitido por la oficina local [de Oaxaca] de Semarnat por error”, dijo la empresa en su comunicado.

La minera Cuzcatlán “está trabajando con las autoridades para resolver este asunto. Asimismo, minera Cuzcatlán ha iniciado un proceso judicial en la Corte Federal para impugnar y revocar dicho error tipográfico”, informó.

En la época,Avispa Mídia solicitó a la Semarnat una entrevista para aclarar el tema. La secretaría ignoró la petición.

Durante todo este tiempo, la información se mantuvo contradictoria. “Estuvimos latentes. Mientras la empresa informaba públicamente que eran 12 años más, Semarnat nos traía diciendo que la mina se iba, que nomás tendría dos años de trabajo”, dijo el comisariado ejidal de Monte del Toro.

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La duda se resolvió hace aproximadamente tres meses. “Fuimos a las oficinas de Semarnat en Ciudad de México y nos dijeron que eran doce años. Nos dijeron que sí había un error de dedo en el permiso que se dio, pero que de todos modos el permiso ya estaba, ya se lo habían dado”, dijo el comisariado.

“Lo que queremos que la empresa y el gobierno sepan es que vamos continuar luchando hasta el fin para defender nuestras tierras”, agregó la autoridad ejidal.

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