Foto por @deabajoml
Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos.
La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas.
Conoce más detalles sobre este proceso aquí.
Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.
Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas.
Sepa aquí cómo funciona este juego jurídico o este círculo vicioso jurídico que no permite la libertad a los indígenas mazatecos. El abogado, Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, explica en detalles.
Sin contradecir la lógica de este círculo vicioso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó la liberación de los campesinos Omar Hugo Morales e Isaías Gallardo, quienes habían sido liberados desde diciembre de 2022, según el caso 55/2014. De acuerdo con la defensa de los indígenas, la revocación es insostenible, ya que tiene como antecedente, cinco amparos federales ganados por los indígenas en la misma causa penal.
El mismo tribunal también revocó la libertad de Francisco Durán Ortiz, por el delito de incendio que ganó en octubre de 2022, a pesar de que ese caso cuenta también con sentencias federales que declararon inexistente el delito.
Miguel Peralta, expreso político, también enfrenta la revocación de sentencia de su libertad ganada.
Te puede interesar – Suprema Corte decidirá sobre la libertad del defensor mazateco Miguel Peralta Betanzos
Otros 12 hombres mazatecos se enfrentan al mismo escenario, como demostró el Observatorio Memoria y Libertad en una investigación.
Foto por Observatorio Memoria y Libertad
Fabricación de delito
La mazateca y defensora de Derechos Humanos, la abogada Argelia Betanzos, durante una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, mencionó pruebas ya presentadas en juicio que sostienen, por parte de la defensa de los mazatecos, lo que considera como una “fabricación de delitos” en contra de las 40 personas.
Las acusaciones, según la abogada, se centran principalmente en “homicidio calificado [de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa] y tentativa de homicidio [contra Elisa]. (…) Las dos están perfectamente probadas en juicio como delitos fabricados”, dice la abogada.
En relación a la acusación de delito de homicidio, por ejemplo, “el argumento judicial se basa en el testimonio de un testigo, un solo testigo para acusar de homicidio a los compañeros”, sostiene.
El testigo es el padre de Elisa Zepeda, Manuel Zepeda Cortés, que hace parte del grupo caciquil, denunciado por las mujeres mazatecas. “Además, hicieron con que otras dos personas firmaran el mismo testimonio. Textualmente los dos testimonios dicen lo mismo que Manuel Zepeda”, dice la defensora de Derechos Humanos.
Ya hace cinco años la periodista Laura Castellanos, para Aristegui Noticias, entrevistó a Elisa Zepeda. Le hizo preguntas sobre su supuesta narrativa que acusa a los mazatecos y llegó el momento en que la periodista preguntó sobre el padre de de Elisa. “¿Qué se esperaría que Elisa respondiera? Lógicamente, que su papa vio todo y narró su testimonio”. Pero no fue así, “dijo la verdad”, señala Argelia. Dijo, “mi papa no estaba” en el local de los hechos, que, en el juicio, dijo que fue testigo.
“Cómo es posible que los jueces por diez años han sostenido una acusación contra indígenas inocentes basada en un testigo que no existió, con tal de desarticular nuestra organización comunitaria”, añade la abogada Betanzos.
El argumento jurídico basado en el testigo de Manuel Zepeda Cortés es utilizado contra 34 indígenas, incluidas seis mujeres, por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, sostiene la abogada para Avispa Mídia.
“19 personas han pisado cárcel por ese delito; 8 personas alcanzaron negativa de orden de aprehensión al hacer válidos amparos; alrededor de 7 personas aún tienen órdenes de aprehensión por ese delito, porque, aunque han ganado amparos federales contra las órdenes de captura, el juez local no acata el amparo y vuelve a reiterar las órdenes”, explica la abodada mazateca.
El campesino y mazateco Herminio Monfil, de 68 años, en 2014 era suplente de síndico. Estuvo mas de nueve años encerrado sin una sentencia condenatoria. “Soy campesino, me gusta trabajar en el campo, me dedico a lo que es el café, el maíz. En aquel tiempo teníamos cosecha de café, todo mi café se echo a perder, porque mi esposa mis hijos se quedaron solos. Toda una tristeza en mi corazón. La verdad no sé por que me llevaron preso cuando ni siquiera ser hablar español”, explica el campesino.
Todavía Herminio tiene que salir de su pueblo cada 15 días para presentar su firma en el sistema judicial, ya que el proceso en contra de él continúa abierto. “No es fácil viajar, pues es dinero, soy del campo, y no tengo dónde conseguir dinero. Podría viajar a buscar dinero en otras partes, pero no puedo por el proceso”, lamenta.
Otra de las inconsistencias apuntadas por la abogada es que la acusación sostiene que “le mataron al hermano de Elisa y este se quedó en la plaza pública de Eloxochitlán, cuando se ha mostrado la evidencia de cómo ese joven fue llevado con vida al Ministerio Público de Huautla de Jiménez. La fiscalía es la única que debe responder qué fue que hizo con la persona que se le entregó viva”, detalla Betanzos.
“Estas son pequeñas muestras de la fabricación de delitos”, resume Argelia. Otros seis mazatecos fueron acusados de delitos diversos.
La Mesa
El 19 de septiembre las mujeres mazatecas tuvieron una mesa de trabajo con órganos del gobierno de Oaxaca – Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las mujeres exigieron que la mesa, que se reunió por primera vez en noviembre de 2022, tras una huelga de hambre de los entonces presos políticos, se convierta en una mesa resolutiva de carácter urgente, que tenga además la participación del Congreso local, con el objetivo de generar “todas las justicias para la comunidad criminalizada”, sostuvieron las mujeres en un escrito entregado a la mesa.
“La mesa ha funcionado el 100% de las veces a petición de nuestra lucha; casi siempre llevamos aspectos de urgencia, de obstaculización de parte del propio poder judicial o de la fiscalía. Sin embargo, esta mesa hasta la fecha jamás ha mostrado voluntad política para reconocer un caso de injusticia, mucho menos un caso de criminalización selectiva o de intento de etnocidio”, sostiene la abogada.
Por primera vez, la mesa “nos dio una fecha de seguimiento”, que será en este mes de octubre, y se comprometió a citar el poder judicial.
Frente
Alfredo Bolaños estuvo casi diez años encarcelado sin una sentencia. En 2014 era autoridad comunitaria. El proceso en su contra todavía sigue abierto. “Estamos con la frente en alto, no tenemos porque estar agachados, porque nosotros no somos asesinos, somos inocentes. Hay pruebas legales que no cometimos uno solo delito. Que cierre el proceso, ya hemos probado que somos inocentes”, sostiene Bolaños.
“Somos campesinos, somos indígenas, vivimos en nuestro pueblo, lo único que hacemos es defender nuestras tierras, nuestras familias, queremos ser libres, queremos vivir libres, que nos dejen trabajar, que nos quiten estas cadenas, en el proceso está comprobado que somos inocentes”, señala.
Además de la persecución contra los mazatecos, Bolaños comentó la situación de los presos políticos que están en las distintas cárceles de Oaxaca. “Tanto mujeres como hombres, de todas las tribus, de todas las razas; las cárceles están repletas de personas que nunca cometieron uno solo crimen, solo por ser indígenas, solo por ser pobres, porque no tienen cómo defenderse”.
El campesino Bolaños arremete diciendo,“nosotros no le tenemos miedo, nosotros podemos enfrentar a ellos, organizándonos, haciendo uno solo frente, todos los que hemos padecido y los que no han padecido, porque siguen cayendo presos políticos en las cárceles”.Con ánimos de seguir resitiendo bolaños llama a organizarse, “quiero decirles a todos los compañeros y compañeras, a los colectivos, movimientos sociales que hagamos uno solo frente contra este gran sistema que tanto daño nos ha hecho sobretodo a los pueblos indígenas, sobretodo a los más desprotegidos”.
