En portada: En febrero de 2018, 750 personas fueron desplazadas por las agresiones de un grupo armado de las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, Chiapas. Foto: Carlos Ogaz
Las organizaciones internacionales The Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, IPRI) y Front Line Defenders (FLD) expresaron en un informe su “profunda preocupación” ante una nueva ola de violencia en contra de comunidades indígenas tsotsiles y tzeltales en el estado de Chiapas.
En los primeros días del año 2022, organizaciones locales han informado a IPRI y FLD sobre constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó, entre otras.
“Rechazamos los altos niveles de violencia que se registran contra las comunidades defensoras de los derechos (…), y reiteramos nuestra preocupación ante el clima de impunidad y la falta de condiciones de seguridad adecuadas para estas formas comunitarias de defensa de derechos humanos en el estado de Chiapas”, dice el informe.
Las organizaciones han recibido información sobre varias agresiones por parte de grupos armados en contra de la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la Cabecera Municipal de Aldama, desde el 5 de enero de 2022. El mismo día 5 de enero, habitantes del municipio de Aldama alertaron a las autoridades del gobierno de Chiapas sobre detonaciones de explosivos en su territorio.
El 9 de enero de 2022 continuaron los disparos en diversos puntos del municipio de Aldama. En el poblado Xuxch, las detonaciones alcanzaron al indígena tsotsil Javier Hernández de la Torre cuando se dirigía a su cafetal en compañía de su familia. Él es integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y actualmente se recupera en un hospital de una herida de proyectil que le atravesó la cabeza.
El 10 de enero de 2022, el joven indígena Lorenzo Gómez Ruíz fue alcanzado por un proyectil en la comunidad de Stzelejpotobtik y murió horas después mientras recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de las Casas.
El mismo día, aproximadamente a la 1 de la tarde, un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo. Las personas armadas golpearon a un menor de edad y forzaron a la señora Hilaria Hernández Gómez a salir de su casa con su hijo de 3 años de edad, en brazos. Aunque más tarde se localizó con vida a la señora Hernández y a sus tres hijos, organizaciones locales reportan que el grupo armado continúa posicionado dentro de las tierras de la comunidad.
De acuerdo con el informe, IPRI ha documentado testimonios directos que indican que quienes integran los grupos armados son presuntamente hijos de paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de 1990 y que reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“Llamamos a las autoridades federales y estatales a esclarecer los nuevos hechos de violencia, a conducir una investigación con debida diligencia para llevar a los responsables ante la ley de forma expedita y a asegurarse de que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales”, sostienen.
