La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras aceptó el jueves (10) dos recursos de amparo a favor de seis defensores de Guapinol procesados desde 2019 por los delitos de privación injusta de la libertad y daños simples y agravados.
Se trata de José Daniel Márquez, Kevil Alejandro Romero, José Abelino, Porfirio y Hébert Alexander Cedillo, y Orbin Nahúm Hernández.
Los amparos se interpusieron en octubre de 2020 y abril de 2021 en favor de los ocho defensores del río Guapinol. El primero fue contra el auto de formal procesamiento y por ser presentado ante un juez que no tenía competencia.
El segundo recurso fue interpuesto tras la negativa de una revisión de medida para los defensores. En consecuencia se vulneró el debido proceso y el principio de inocencia.
Los asesores jurídicos explicaron que la Corte precisó que se violaron derechos fundamentales. En este caso, la parte denunciante no puede otorgar más recursos. “Por lo tanto ese auto de formal procesamiento no debió de haber existido y nunca debieron ser llevados ante el juez”, agregó la abogada Kenia Oliva.
En febrero del año 2021, los abogados recibieron una resolución de la ONU a través del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, es decir, la Corte Suprema también está atendiendo esa decisión que le exigía ONU al Estado de Honduras.
En esa resolución de Naciones Unidas solicitaron la reparación de los daños a los defensores y la investigación de todos aquellos funcionarios públicos que mantuvieron detenidos de manera arbitraria a los defensores del río Guapinol.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras celebró los amparos otorgados por la Sala de lo Constitucional a favor de los defensores de Guapinol por violaciones al debido proceso y la prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometidos.
“El Estado debe garantizar que el derecho a defender los derechos humanos se desarrolle sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo, lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos, entre los que se incluye el inicio de acciones penales sin fundamento”, expresó Isabel Albaladejo Escribano, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Los ocho hombres forman parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y sus alrededores. Desde 2015 impugnaron pacíficamente la legalidad de las concesiones mineras de hierro otorgadas a Inversiones Los Pinares (ILP), porque afectan a la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro, que son de consumo para los seres vivos que habitan en la región.
El pasado miércoles, los seis detenidos habían sido declarados culpables por el tribunal de sentencia. Mientras Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz fueron absueltos de todos los cargos.
El mismo día, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional instó a las autoridades a liberar inmediatamente y en su totalidad a los ocho presos de conciencia.
“Desgraciadamente, en Honduras, quienes se manifiestan y protestan para proteger el medio ambiente se enfrentan a frecuentes amenazas y ataques, como en el caso del asesinato de Berta Cáceres, o a una criminalización injusta, especialmente cuando están implicados poderosos intereses económicos creados. Las autoridades siguen utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para silenciar y encarcelar a las personas defensoras. Las autoridades hondureñas deben poner fin urgentemente a estas prácticas injustas que ponen en peligro el derecho a defender los derechos humanos”.
Libertad
Los defensores de Guapinol aún no están en libertad. El lunes (14) el Tribunal revisará las medidas cautelares de la prisión preventiva según lo solicitado por la defensa. Con esta audiencia, los defensores deben recibir finalmente sus cartas para ser liberados inmediatamente.
La defensora y familiar de un preso, Juana Zúniga, dijo que la espera es agotadora, pero ahora tienen la esperanza de que pronto estarán con sus familiares; y representa un paso en la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
“Estamos en pie de lucha pidiendo la libertad de nuestros compañeros y llevarlos a casa y poder festejar con ellos esta alegría que no tiene precio”.