El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.
La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.
Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.
El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.
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En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.
“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.
El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.
Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.
El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.
Memoria
Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.
En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.
Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.
De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.
Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.
De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.
Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.
Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.
Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.
“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.
En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.
Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.
A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.
En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.
“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.
Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.
Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.
Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.
La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.
“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.
Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.
“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.
En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.
Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.
De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.
“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.
Caciques
Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).
De acuerdo al artículo El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada, los integrantes de MIRA poseían armas de uso exclusivo del ejército y su objetivo era reavivar e intensificar los conflictos agrarios y políticos en la zona de influencia zapatista.
Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.
Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.
Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.
Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.
Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.
Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.
No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.
De acuerdo a lo difundido por medios nacionales, “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.
En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.
Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.
Masacre
Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.
Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.
Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.
Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.
Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.
Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.
En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.
Impunidad
“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.
“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.
Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.
Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.
No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.
“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.
Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.
La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.
En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.
Cambio de régimen
Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.
Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.
Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.
Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.
El doble filo de las consultas
Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.
“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.
No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.
“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.
“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.
A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.
En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.
Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.
Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.
