Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional
Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.
Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.
A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones.
“El gobierno vulneró los derechos humanos de la población. Los reportes de los muertos, de los heridos por balas de goma, por los efectos de gases lacrimógenos (vencidos, además), las detenciones arbitrarias, las judicializaciones, los discursos de odio y las políticas de criminalización de la protesta sugieren que desde el Estado se ha adoptado una posición que contradice los acuerdos internacionales sobre el derecho a la protesta”, se sostiene en el informe.
El pasado 17 de julio, delegados de la Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos, entregaron el informe a representantes diplomáticos de la Embajada Canadiense. “No existe un registro [real] de las entidades públicas de los hechos”, dijo Damaris Sánchez Samudio de la Red Nacional en una rueda de prensa. Según la activista, el informe de las organizaciones fue un primer ejercicio en esta dirección.
Las organizaciones registraron cuatro muertes, cientos de heridos, siendo que cuatro personas perdieron la visión en uno de sus ojos por acción directa de miembros de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, y más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias. “Las detenciones arbitrarias se dieron durante los 44 días de protesta y las víctimas eran especialmente jóvenes, indígenas y campesinos”, dice el informe.
Activistas y manifestantes todavía enfrentan procesos legales. “Aún estamos enfrentando procesos de judicialización. Hemos sido atacados, hostigados, criminalizados y judicializados por nuestra participación y por ejercer nuestro libre derecho a la protesta y la expresión ciudadana sobre la defensa del territorio”, sostuvo Samudio.
Durante la reunión en la Embajada Canadiense, la delegación de activistas y movimientos sociales reiteró su posicionamiento para que Panamá respete los derechos humanos y al ambiente, y exigió justicia y reparación por los daños causados.
La Corte Suprema de Justicia determinó, el 27 de noviembre de 2023, que el contrato minero vulnera 25 artículos de la Constitución de Panamá. Los representantes de la embajada de Canadá manifestaron que respetan el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato.
Judicialización de manifestantes
Al 8 de noviembre de 2023, el Ministerio Público de Panamá había abierto 175 investigaciones y confirmó la detención de 60 personas por presunta comisión de diversos delitos en medio de las protestas contra la concesión minera.
La Procuraduría detalló que entre los posibles ilícitos que investiga figuran homicidio doloso y culposo, lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, extorsión, extralimitación de funciones, abuso de autoridad y apología del delito. La entidad añadió que 13 personas habían sido condenadas en un periodo de dos semanas, de acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio Público.
El Ministerio Público no ha actualizado el número de procesos abiertos en contra de manifestantes, cuyos casos deben investigarse en seis meses.
Uso gas lacrimógeno vencido
El uso de gases lacrimógenos vencidos fue denunciado por manifestantes en redes sociales, que luego del contacto con el tóxico sentían ardor excesivo y molestias no experimentadas en protestas previas. Videos que se publicaron muestran la fecha de expiración de las municiones, algunas con hasta más de cinco años de vencidas.
De acuerdo con un reporte del diario local La Prensa, del 29 de octubre, donde citan al experto en criminalística Julio Alonso: “las bombas lacrimógenas son armas químicas. Esa descomposición es peligrosa y más cuando se combinan los ingredientes. Al descomponerse se convierten en otros químicos que pueden entonces devenir en cianuro, potasio, cloro u otros, que no tienen la finalidad de disuadir, sino que crean afectaciones graves en el cuerpo humano”.
Los efectos van desde intoxicación, envenenamiento, pérdida de la vista, pérdida y/o bloqueo de la capacidad respiratoria, daños en el sistema nervioso, problemas de tiroides y toda una gama de reacciones adversas en otros órganos vitales.
Cierre de cuenta bancaria
En medio de las protestas, el banco estatal Caja de Ahorros envió al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), entidad que apoyó las manifestaciones, una notificación informándole el cierre de 17 de las 18 cuentas que tenían en dicho banco.
El motivo que adujo la entidad para el cierre de las cuentas fue “por políticas internas y en lo determinado en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios”. Luego, entregó los fondos al sindicato en cheques de gerencia.
Dos días después, el 15 de noviembre, el diario La Estrella de Panamá publicó una noticia titulada “Caja de Ahorros cierra cuentas bancarias del Suntracs”, en la que se afirmó que el cierre de las cuentas se hizo por “movimientos sospechosos” de dinero para el presunto “financiamiento de actividades de terrorismo”. Ningún periodista firmó la noticia y en la publicación tampoco se reveló el nombre de la fuente gubernamental que, según el diario, proporcionó la información.
Luego de la notificación del banco y la publicación de la noticia, ningún banco de la plaza aceptó los cheques de gerencia del Suntracs ni aceptó abrir nuevas cuentas al sindicato.
El gremio de trabajadores de la construcción solicitó certificaciones a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), quien emite las alertas bancarias de transacciones sospechosas, a la Superintendencia Bancaria de Panamá, a la misma Caja de Ahorros y al Ministerio Público, y al del cierre de las cuentas no existía ninguna alerta ni investigación en contra del sindicato.
Profesores
El gobierno panameño retuvo el salario de 17,495 docentes de escuelas públicas que estaban en huelga protestando en contra del contrato minero. El gobierno advirtió a los docentes que retornaran a las clases en noviembre de 2023, pero estos se mantuvieron en huelga hasta que se declaró la inconstitucionalidad del contrato.
Racismo
De acuerdo con los testimonios recaudados en el informe, durante las protestas se hizo evidente el racismo institucionalizado que prevalece en el país. “Se reprimió y se criminalizó a los indígenas, especialmente a los ngäbes y buglés, quienes participaron en varias protestas y puntos de cierre en la provincia de Chiriquí y de Veraguas”.
