Foto de portada: Pachamama Radio
Conflictos sociales en comunidades campesinas afectadas por la megaminería se reavivan en regiones andinas del Perú. El gobierno de Dina Boluarte pretende imponer el extractivismo mediante la represión y persecución de defensores ambientales. Es el mensaje que envía la reciente sentencia a cárcel de 11 dirigentes de las protestas contra la mina Las Bambas, región Apurímac, situada en el sur andino. Los procesos contra los defensores iniciaron el 2015.
En medio a movilizaciones, el 25 de julio recibieron una pena de nueve años de prisión. Se les acusa de daños graves, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.
En este escenario de criminalización, el gobierno de Dina Boluarte, que cuenta con 50 asesinatos en protestas durante sus dos primeros meses, diciembre de 2022 y enero de 2023, defiende la reactivación del proyecto Tía María (Arequipa, sur peruano) y se propone lo mismo para Conga (Cajamarca, región norteña).
En las últimas semanas también se reanudaron los reclamos por Tía María, en el Valle del Tambo, mientras que en la región norteña Piura cientos de integrantes de rondas y comunidades campesinas se movilizan para pedir la nulidad del proyecto Río Blanco.
De acuerdo al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingenmet), entre 2013 y 2023 el Estado otorgó, en promedio, 4.000 licitaciones mineras por año. Este procedimiento concede título de exploración y explotación a las mineras, previo cumplimiento de certificaciones ambientales y técnicas. Hasta finales del año pasado, 1.326 registraban actividad, precisa el Ministerio de Energía y Minas. Hacia octubre de 2022, las concesiones ocupaban 19.045,876 hectáreas, equivalentes al 14.78% del territorio nacional, según reportes de la ONG CooperAccion.
El impulso a la extracción de minerales muestra un aumento agravado en la selva. Desde el 2020, en cuatro regiones de la Amazonía peruana se entregaron 510 licitaciones, lo que representa el 65% del total en 45 años.
El Valle del Tambo defiende la agricultura
Sin un comunicado oficial del Ejecutivo, Southern Perú , subsidiaria del Grupo México, anunció para el 1 de julio el reinicio de operaciones de la mina de cobre Tía María, pese a no contar con licencia social. De inmediato se sucedieron las protestas en la provincia de Islay (Arequipa), extendidas a otras partes de la región del sur peruano, donde el 36% del territorio se encuentra concesionado a la minería.
El pacto del gobierno y la gran minería legal se ostenta en el conflicto de intereses del ministro de Energía, Rómulo Mucho, accionista y gerente general de una empresa contratista de la misma Southern Perú, perteneciente al Grupo México.
Este conflicto social se remonta al año 2011, cuando el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue observado por las Naciones Unidas. El uso de aguas subterráneas era el punto en cuestión para los habitantes del Valle del Tambo, una de las zonas de mayor producción agrícola del país.
En ese sentido, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) concluyó que el EIA carecía de estudio de agua y suelo; que se emplearía agua de un estero donde desemboca un río, no del mar, como afirmaba la empresa; asimismo, que en el EIA se deslizaba la posibilidad de que Southerm no sólo explotara cobre sino también oro, sin puntualizar la forma de procesamiento.
Entre las movilizaciones de 2011 y 2015 fueron asesinados seis manifestantes, tres de ellos por disparos con armas de fuego, y un policía falleció en los enfrentamientos. Desde entonces, la compañía esperaba que se destraben los permisos para empezar la etapa de construcción de infraestructuras del proyecto que apunta a producir 120.000 toneladas de cobre por año.
A raíz de las demandas populares y evidencias de impacto ambiental, el miércoles 24 el Ministerio de Agricultura declaró en emergencia el río Tambo. Asimismo, se dispuso el cierre de la minera nacional Aruntani, que opera en la vecina región Moquegua. Se trata de la segunda compañía que afecta a la población de Islay.
En 2023, la Red de Salud Islay detectó altos niveles de arsénico en la orina de menores de edad de dos distritos del valle, causados por la contaminación del río Tambo como consecuencia de las actividades de Aruntani. El Gobierno Regional de Arequipa hizo pública la información este 16 de julio, tras nueve meses de recibir los resultados médicos.
En su mensaje a la nación por fiestas patrias, el 28 de julio, Boluarte recalcó el respaldo del Ejecutivo a Tía María.
Terrorismo de Estado como método
En la sureña región Apurímac, las comunidades Pumamarca y Huancuire sostienen un paro indefinido contra la principal mina de cobre del Perú y una de las mayores del mundo, Las Bambas, en respuesta al incumplimiento de acuerdos por parte de la corporación china Minerals and Metals Group (MMG).
En marzo, el gobierno aprobó la ampliación del área licitada a Minerals and Metals Group en las comunidades Pumamarca y Huancuire, sumando el depósito Chalcobamba para ser explotado a tajo abierto. El 49,58% del territorio apurimeño, el más concesionado en el Perú, ya había sido otorgado a mineras.
Una comitiva de campesinos de Huancuire y funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua constató, el 29 de mayo de 2024, escasez de agua y desaparición de manantiales en Chalcobamba. La delegación fue reprimida violentamente por la policía, resultando heridas 10 personas. En un video que circuló en redes sociales, se escucha a un agente amenazar de muerte a un comunero.
Al día siguiente, un escuadrón policial desalojó a decenas de habitantes del predio Sallawi, en Pumamarca, causando ocho heridos. La intervención en este sector donde la corporación busca expandirse carecía de orden judicial.
En 2015 se desbordó la violencia en Las Bambas, a raíz del daño a los cultivos de miles de agricultores que deja a su paso el transporte del mineral por una carretera de 400 kilómetros, a través de cinco provincias de Apurímac y Cusco. La confrontación había escalado en 2013, luego de que MMG comprara 1.900 hectáreas en Huancuire a dos dólares y medio por metro cuadrado, y otras 1.000 hectáreas en Pamputa, por la mitad de un dólar el metro cuadrado, transacciones consideradas irregulares por las poblaciones. Cuatro comuneros fueron asesinados por la policía en lo que va del permanente conflicto social.
En estas semanas las comunidades participaron en mesas de diálogo con representantes del Ejecutivo y la empresa, a quienes señalan de no presentar soluciones.
Rondas campesinas contienen a la megaminería
En las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura), cientos de integrantes de rondas -las organizaciones de seguridad comunitaria en territorios rurales- y comunidades campesinas reorganizan marchas en oposición al proyecto Río Blanco (antes conocido como Majaz), de la estatal china Zijin Copper, la mayor productora de oro de la potencia asiática. En América Latina opera las minas auríferas más grandes de Colombia y pretende posicionarse en el mercado del cobre en la región.
La población denuncia que las 18 concesiones para extracción cuprífera que abarca la empresa ponen en riesgo los páramos y bosques de neblina, reguladores del agua para la agricultura. En sus territorios hay nacientes que abastecen del líquido a toda la región situada en el norte peruano.
En 2007 se realizó una consulta vecinal en la que el 95% de participantes rechazó la presencia minera. Entre 2004 y 2009 el conflicto social dejó 10 comuneros asesinados. En 2005, policías y la seguridad privada secuestraron y torturaron a 33 campesinos, caso que fue llevado a la Alta Corte del Reino Unido, que en 2011 resolvió el pago de una indemnización a las víctimas. Tres trabajadores de Río Blanco murieron en un ataque al campamento, en 2009, y tres fallecieron tras extraviarse en tareas de exploración, en 2015.
En la línea del gobierno a favor de la megaminería, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró en marzo la intención de desarrollar el proyecto aurífero Conga (Cajamarca, en el noreste), paralizado desde 2011 tras las masivas protestas en defensa de las cuatro lagunas amenazadas por el consorcio Yanacocha (conformado por la estadounidense Newmont Mining Corporation, la peruana Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional). Cinco personas fueron asesinadas por impacto de balas en las manifestaciones de 2012.
La respuesta de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca es tajante: “Conga no va, ni hoy ni nunca”.
La defensora Máxima Acuña, reconocida internacionalmente, es un símbolo de la resistencia de este conflicto socioambiental. Ella se negó a abandonar sus tierras ante la presión de la empresa, sufriendo múltiples ataques a su propiedad. En 2016 recibió el Premio Goldman, concedido a guardianes de la naturaleza de los cinco continentes.
Las comunidades agrícolas, en sur y norte, reafirman su rechazo a la gran minería que les despoja de sus territorios ancestrales y contamina el agua y los suelos. La tensión se incrementa en Islay, luego del apoyo público de Boluarte a Tía María y que Southern informara que estima empezar la construcción en un plazo de tres meses. El alcalde de la provincia subrayó que la población del Valle del Tambo está dispuesta a defender sus territorios hasta las últimas consecuencias. Al cierre de este informe, los gremios y organizaciones evaluaban un paro indefinido.
