sábado, noviembre 28, 2020
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Perú: Cronología de cuarentena armada

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En tiempos de emergencia sanitaria, la carta libre a policías y militares para usar la violencia es un guiño de neoliberalismo con sangre en el ojo. Un detalle, un incentivo del modelo del gran capital privado a las fuerzas armadas públicas. La cuarentena, un campo de entrenamiento al paso de represión y guerra contra la población para futuros escenarios de control social masivo, aislamientos a gran escala. O ante cualquier manifestación colectiva, por pequeña que sea.

La Ley de Protección Policial va más allá del teatro del despliegue, del arsenal visual de los medios, de los aplausos puntuales a los uniformados, del lenguaje belicista. “Que esto es una guerra, estamos en guerra”, decretaron los gobernantes. La multitud pedía golpe, cuando menos, de puertas hacia fuera. Para empezar. Después a asaltar casas, cargarse a alguien de su techo a la comisaría más cercana. La bicentenaria costumbre de la humillación.

No les basta la detención porque nos cuentan que los castigos psicólógicos y físicos de los agente estatales son lecciones de civismo, de disciplina. Métodos, que les llaman, de entrega a la sociedad, aplicados casi siempre bajo presión, casi autoflagelándose. Y tantos que reclamaban a los superiores de escuadrón, tortura y gatillo fácil, especialistas en disciplinar en masa y solo con la escala evolutiva de las armas: palo, gas, plomo. Hasta que aparezca botado el primer cadáver de alguien a quien vieron por última vez con vida cuando lo subían de la calle a un patrullero a la luz de una mañana de inmovilidad.

En momentos de recolección infinita de nuevas clases de datos personales a buena parte de la humanidad, los algoritmos hacen salivar a los financistas de la muerte. En el Perú tienen un nicho en el mercado de ideas del terror, proyectándose a próximas elecciones, entre los que resumirían la ley en bala para todo desobediente, revoltoso. Coincidentemente, casi, casi siempre humilde y de piel oscura.

Los primeros a quienes exigirán desde documentos hasta permisos para existir. Y se dirá que no es aporofobia, clasismo ni racismo, pues habrá uno que otro malentendido con algún hijo de la burguesía o la aristocracia blanca. Es una metodología, sí, de opresión y crimen, al servicio de la necropolítica, o necroliberalismo, como define el pensador camerunés Achille Mbembe¹ a este sistema que selecciona quiénes morirán -mujeres, niñas y niños, gentes racializadas y pobres, básicamente- y quiénes vivirán. Y cómo lo harán. Por ejemplo, mediante dispositivos legales.

Y así, a cuadrarse ante la declaración formal de nuestro territorio como patio de cuartel. Sabiendo que en estos lugares, plenos de valores y vigilancia, se les pasa la mano por deporte, la barbarie hace rutina y vista ciega. En este contexto de remezón emocional colectivo, una carga extra en los barrios populares de las ciudades, zonas rurales y el campo, en las comunidades nativas. Porque la letra distingue y amenaza de muerte a las madres que sostienen su hogar, las manos de obra baratas, las minorías, disidencias, migrantes.

Hay una continuidad entre el verbo guerrero y el discurso de las élites con las políticas de muerte. Los pasamos por metáfora y deseo, cuando son afirmaciones, poderes letales sobre la realidad, sobre todas las esferas de la vida. “Más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial multigubernamental policíaca y militar (…) El coronavirus es la militarización de la vida social”, observa la activista boliviana María Galindo². En un paréntesis al ámbito de seguridad, con otro léxico, seguimos el olor a carroña, la línea de destrucción en las medidas económicas y laborales que “aconsejan” gremios empresariales a gobiernos frente a la pandemia.

Hasta el Ejecutivo de Martín Vizcarra, aplicado para criminalizar protestas sociales, rechazó, en el papel, la Ley de Protección Policial. No la acepta ni el Gobierno que aplasta lo mismo reclamos ambientales en provincias extractivistas como, en la puerta del Ministerio de Salud, a familias contaminadas por la minería. Incluso la decorativa ONU susurró una alerta por la Ley 31012 promulgada por el Congreso peruano el 28 de marzo. “Exagerada”, para el ministro de Defensa del Perú, Walter Martos, quien reconoció que, aparte de intervenir e inmovilizar, cualquier aderezo del personal es “violación a los derechos humanos”. ¿Le tomamos la palabra de general?

La norma exime de responsabilidad penal a los efectivos que lesionen o maten en “cumplimiento de su función constitucional”, los exonera de prisión preventiva y, además, deja un vacío en el principio de proporcionalidad de la fuerza. Que el protocolo de acción y empleo de armas es el mismo, que lo jueces pueden interpretar y proceder, recuerdan letrados asépticos. ¿El reglamento aplicado ayer nomás en Lima a niñas y niños víctimas de mineras? ¿Cuáles jueces, los que no pertenecen a mafias generalizadas en el Poder Judicial? ¿El PJ que repone en bandas a policías separados de la institución?

No se trata solo de otro recordatorio criminal del fujimorismo y el Apra en el Parlamento, de sus complicidades y coincidencias de principios con el partido que llevó a Vizcarra al Gobierno. La brutalidad de los cuerpos armados legales, cuando tiempos de paz, no exclusivamente en estallidos sociales, es instrumental a las fuerzas políticas poseedoras de los mayores recursos. Aquí y en la región. Ansiosas de recuperar poderes totalitarios, las Fuerzas Armadas del Perú ya planean el servicio militar obligatorio para menores de edad -desde los 16 años- que no estudien. Casi siempre humildes, piel oscura. Es parte del “sacrificio”, retomando a Mbembe, que exige el neo o necroliberalismo en los dos hemisferios.

En Suramérica están activos los comandos de aniquilamiento dentro y fuera de las favelas de Brasil, el exterminio y terrorismo de Estado contra los mapuches en Chile y en Argentina, donde la Policía Bonaerense también le dispara por la espalda a chicos motorizados “sospechosos” y devuelven en cuidados intensivos a detenidos a causa de “caídas”, esta cuarentena.  Casi, casi siempre de piel oscura y humildes. La masacre de defensores de derechos humanos en Colombia lleva la marca de paramilitares con la mano de agentes en actividad y la inacción del Estado. Son comodines de la maquinaria estatal capitalista. Con Bolsonaros, Piñeras, Macris y Duques a la ultraderecha.

Y en administraciones de izquierda, que en la Bolivia y el Ecuador de Morales y Correa, respectivamente, se derramó sangre en defensa de corporaciones. No es una cuestión de estados de emergencias o conflictos sociales. Esta es la normalidad del vecindario en el siglo XXI.

Una cotidianidad aceptada a punta de intimidación y privilegios legales. Así como la norma creará en el Perú una procuraduría especial a cargo de la defensa de policías, al parecer fuera de la tutela del Ministerio Público, aumentemos la vigilancia al Estado policializado. Pidamos nuevas garantías en casos de intervenciones simples, que no hay otra que la palabra oficial y la posible fábrica de pruebas. Planteemos más protecciones a todas las personas de civil frente a la Policía, pongamos a funcionar, desde la sociedad, alternativas de regulación de su accionar.

Dentro y fuera de los márgenes tradicionales. Partiendo por examinar las causas absurdas de detención, las faltas y delitos menores prescindibles en los códigos. Exijamos que se eliminen, será un ejercicio de contrapeso. De estos primeros pasos pueden depender nuestras mínimas libertades individuales y colectivas venideras. Es la proporción de la fuerza de la que no habla la gran prensa, a la cacería de culpables marginales.

Hay que tenerlo claro. Los agentes del orden -colonial capitalista- a quienes aplauden, volverán a gasear para defender la doctrina de saqueo del gran empresariado y las instituciones. A los mercaderes de la salud privada, por ejemplo, y los funcionarios coludidos. Cogotearán a más dirigentes que clamen mejores condiciones para la salud pública. Cumplirán el deber de mantener los usos de los que mandan: la precarización absoluta de la vida de las mayorías, el ecocidio, todos los genocidios.


1. Historiador y teórico político, uno de los principales pensadores del poscolonialismo y grandes intelectuales africanos . Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. De su obra se ha publicado en español Necropolítica(2011), Editorial Melusina, Madrid.

2. Activista feminista y anarquista boliviana, cofundadora del colectivo  Mujeres Creando. Escritora, director de cine y comunicadora de radio y televisión. Pueden seguir sus programas en Radio Deseo y sus redes sociales.


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