En portada: Acompañado del embajador de EEUU en México, Ken Salazar, y otros 100 diplomáticos, el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presume las obras de Puerto Peñasco, el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica que forma parte del Plan Sonora. Febrero, 2023.
Pese a la enunciación desde el oficialismo, de que la construcción y operación de infraestructura energética, transporte e industria impulsadas con ahínco en el Sureste y Noroeste mexicano responden a cuestiones de soberanía nacional, un estudio realizado por el colectivo GeoComunes devela como el despliegue reciente de estos proyectos refuerzan una dinámica territorial de subordinación al capital extranjero, primordialmente de los EEUU.
Esta lógica, detalla el informe, cohesiona diversos proyectos ante el denominado nearshoring, una política que busca trasladar actividades extractivas y manufactureras -que requieren una alta demanda de bienes naturales, energía y fuerza de trabajo- a la región fronteriza entre EEUU y México.
En la región Noroeste que abarca los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los investigadores resaltan el denominado Plan Sonora como un “nuevo eslabón en la subordinación energética de México”.
El informe destaca que uno de los objetivos principales de dicho plan es fortalecer sectores de la economía estadounidense frente a la actual desventaja con respecto a la industria de China, donde sobresalen dos sectores estratégicos que demandan la infraestructura que se desarrolla en el noreste mexicano: para la fabricación de microprocesadores y la maquila de automóviles eléctricos.
Industrias claves para EEUU
“El Plan Sonora es un proyecto que pese a ser anunciado como soberano, en los hechos, está complementado de forma muy clara con los compromisos de corte neoliberal asociados a la política estadounidense: el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá), la Ley de Chips y Ciencia y la llamada Ley de Reducción de la Inflación, con la que busca incentivar el consumo de automóviles eléctricos”, aseveraron integrantes de GeoComunes durante la presentación del informe.
En su análisis, subrayan que EEUU busca atraer a su territorio dos de las tres etapas más lucrativas en la cadena de valor en la producción de microprocesadores en una competencia que tiene a nivel internacional con China para frenar su presencia en este sector, lo que se traduce en el desarrollo de la infraestructura en el Noroeste mexicano que “profundiza en el carácter extractivista y dependiente de la región fronteriza”.
En el caso de la reconversión de la matriz energética para la industria automotriz, GeoComunes enfatiza que “el Plan Sonora suma algunos proyectos vinculados con el seguimiento de los acuerdos del T-MEC, como comprometer el litio del subsuelo mexicano para el abasto de las cadenas de suministro automotriz estadounidense”.
Así, el gobierno mexicano y sus proyectos de infraestructura actúan en concordancia con el fortalecimiento para la producción de automóviles privados eléctricos estadounidenses y debido a la relevancia de minerales para su fabricación, el colectivo GeoComunes resalta el papel de la empresa estatal LitioMx con la que México regulará la inversión privada en la extracción de litio.
“Sonora tiene el yacimiento de litio más relevante del país, el cual en septiembre de 2023 dejó de estar bajo control de la empresa China Ganfeng Lithium como resultado de la cancelación por parte del gobierno de la concesión que tenía sobre el mismo, siendo la única área donde hasta la fecha el Servicio Geológico Mexicano ha decretado la única reserva para la explotación de este mineral en el país”, enfatiza el informe.
Minería, riesgos ambientales y opacidad
En el análisis sobre la reconfiguración energética y las cadenas de producción, GeoComunes subraya que el lítio no es el único mineral relevante para la fabricación de automóviles eléctricos.
“Hay que prestar atención a la expansión de la cadena de producción de acero, del aluminio y del cobre, minería que ya tiene una importante presencia y huella socioambiental en la región Noroeste”, contextualizó el colectivo durante la presentación del informe.
Para las y los investigadores, el Plan Sonora promueve el extractivismo minero en la región, cuya operación ya ha demostrado que constituye un riesgo para el medioambiente y los bienes naturales.
Basta recordar que, el 6 de agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora. La responsabilidad del ecocidio, que afectó a más de 22 mil personas, recae en Grupo México, una de las mayores empresas mineras del país quien hasta la actualidad no ha cumplido con la remediación de los daños ambientales.
Para GeoComunes, es alarmante el renovado impulso de la minería para los componentes de baterías y sistemas eléctricos de los automóviles, que se presenta bajo el “falso argumento de que es un extractivismo necesario para luchar contra el cambio climático”.
En comparación a un auto convencional, detallan que se requieren seis veces más metales, principalmente cobre, grafito y níquel, para la fabricación de un coche eléctrico, por lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que se podría duplicar la demanda de cobre entre 2020 y 2040.
Preocupa también, que el Plan Sonora ha sido develado “a cuentagotas”, mediante declaraciones informales y sin contar con un plan rector que aclare sus alcances territoriales, componentes y posibles afectaciones al medioambiente.
Militarización
Según las y los investigadores, existe un factor común en los diversos proyectos de reorganización territorial promovidos por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “la presencia de las fuerzas armadas como administradora, constructora y resguardante de los proyectos de infraestructura”.
Esta situación la califican como controversial y preocupante debido a la poca transparencia e información de los planes que opera el gobierno federal “con relación a este proyecto, y sobre la militarización de la región”.
Uno de los muchos proyectos estratégicos del Plan Sonora, en manos de las fuerzas armadas, es la ampliación de medios de transporte como la remodelación del puerto de Guaymas, iniciado en el año 2022 y cuyo objetivo es que dicho puerto se convierta en un “tecnificado centro de distribución de mercancías que llegue a mover 3 millones de contenedores, compitiendo así con el puerto estadounidense de Long Beach en los Ángeles, EEUU”.
Con este proyecto se realizó un cambio administrativo en el puerto de Guaymas, ya que a partir de ahora será administrado por una empresa descentralizada en la Secretaría de Marina, quien también administrará los aeropuertos de Obregón y Guaymas, ambos en Sonora.
“La única información al respecto es la que se da en las conferencias de prensa del presidente, del gobernador del estado de Sonora y en las giras de los titulares de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, además de las menciones del propio gobierno de Estados Unidos, mismas que las más de las veces son ambiguas, breves e incluso contradictorias”, señala el análisis.
Además de la energía, minería, litio y electromovilidad, el Plan Sonora integra otro componente que denomina capital humano e infraestructura de punta, “esto último, algo que se traduciría en la construcción de seis parques científicos”, es decir, el fortalecimiento de corredores industriales que “implica riesgos en materia de seguridad, industrial, ambiental y económica” para México.
Baja California, colonia energética de EEUU
Si bien la región Noreste, acorde a GeoComunes, representa la subordinación energética de México frente a EEUU, destacan los territorios y bienes naturales de Baja California donde se despliegan proyectos que le constituyen como una “colonia energética” norteamericana.
Destacan que es en Baja California donde actualmente se generan 1,281 MW dedicados a la exportación de electricidad y, además, se construye infraestructura para brindar una capacidad adicional de 310 MW. Esto es relevante debido a que es la región donde se ubica la mayor capacidad de generación dedicada a la exportación eléctrica de todo el país, que representa 90.5%.
GeoComunes contextualiza que, en su totalidad, la generación energética para exportación es propiedad de empresas privadas y se encuentra directamente conectada con los pasos fronterizos de electricidad. “Según los datos de la CEC (Comisión de Energía de California), en su conjunto, en 2022 estas centrales de exportación enviaron 4,209 GWh al estado de California”, detalla el informe.
Esta exportación de energía, sobre todo de fuentes renovables, prevé aumentar con el paso del tiempo, debido a que California aprobó una ley que establece que para el año 2045 sólo consumirá electricidad proveniente de dichas fuentes, “lo que puede apuntalar la instalación de más proyectos para importar energía clasificada como ‘limpia’ de Baja California y Sonora”, asevera el informe.
Es en el Noroeste donde también se proyectan emplazar sistemas de almacenamiento de energía compuestos por granjas de baterías, para compensar la intermitencia de las renovables, como el que impulsa la empresa Sempra en Mexicali, Baja California.
El papel de Sempra
El Plan Sonora está vinculado con la predominancia que ejerce la empresa norteamericana Sempra, cuyas inversiones se despliegan en amplios sectores de la generación energética. Durante las últimas dos décadas, Sempra ha desplegado en México, particularmente en la región fronteriza, “un conjunto de infraestructura energética de tal magnitud que, en el caso particular del norte de Baja California, ha llegado a determinar en gran medida el metabolismo energético local”, sostienen las y los investigadores.
El parque eólico Energía Sierra Juárez en las montañas cercanas a Tecate, en Baja California. (IEnova)
Para dimensionar el papel de Sempra en México, detallan que la empresa es dueña de 17 gasoductos, -con más de 2,900 km de tuberías operando y 200 km actualmente en construcción-. También posee terminales de almacenamiento de petrolíferos y de Gas Natural Licuado, redes de distribución residencial de gas metano, así como centrales eléctricas de ciclo combinado, fotovoltáicas y eólicas, lo que en conjunto le representan ganancias anuales por casi 400 millones de dólares.
Sempra es una de las empresas que obtuvo mas beneficios con la apertura del sector energético a las inversiones privadas, que tuvo lugar durante la década de los noventas, principalmente en gas metano, y que cuadruplicó sus activos tras la reforma energética del 2013.
Actualmente, pese a que Sempra posee solo el 5% de la capacidad de generación conectada a la red de transmisión del Sistema Eléctrico de Baja California (SEBC), mantiene el control de 74% de la capacidad instalada para la exportación de electricidad, y el 100% de los gasoductos
Destaca que Sempra controla también el 100% de los puntos fronterizos de internación terrestres y marítimos por donde se importa el gas metano a Baja California y de los cuales depende el 81% de la capacidad de generación conectada al SEBC y 80% de la capacidad para la exportación eléctrica que no está conectada a la red local, lo que confirma su predominancia en el sector.
