Entre los años de 1992 y 2013, la población de reclusos en Brasil aumentó en más de 400% en comparación con un 36% del crecimiento de la población según los datos del Ministerio de Justicia (MJ) de este país. Son 711,463 presos, más de medio millón de seres humanos que son considerados como una mercancía dentro del proceso de especulación que comienza a levantarse en este país con lo que se conoce como industria penitenciaria, un modelo que cosifica y mercantiliza los cuerpos.
«Yo estaba visitando una unidad femenina privatizada, en Espirito Santo, entré a la sala de medicamentos y la directora con orgullo me dijo que todas las presas estaban medicadas con psicotrópicos al 100% durante 3 meses. Eso es control de población. Este fue uno de los casos mas extremos de cosificación de los presos que hasta el momento he encontrado ahí», dijo Jesus Filho, ex miembro de Pastoral Carcelaria Nacional de Brasil.
Casi todos los delitos están relacionados con crímenes patrimoniales y el tráfico de drogas. «La población en su mayoría es negra, gente pobre que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, ni educación, salud, ni una vivienda digna, gente que termina en la delincuencia como ultima opción», comentó la abogada Fernanda Vieira del colectivo Margarida Alves, que ofrece asesoría jurídica popular en el estado de Minas Gerais.
De acuerdo con el 8º Anuario Brasilero de Seguridad Pública, de las 53,646 víctimas de homicidio, 36,479 son negras; de los 574,207 presos, 307,715 son negros. «Por lo menos un 40% de los presos aún no tienen una condena, están a la espera de que alguien les diga si son culpables o no. La mayoría son jóvenes», dice la abogada Vieira. De la misma forma los datos del Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) de este país, ha documentado que el número de mujeres presas aumentó de 10,112 en el año 2000 a 35,039 en el año 2012. Esto significa un aumento de 246% en el período. La mayoría de las mujeres cumplen condena por prostitución y por trafico de drogas.
Parece ser que la tendencia de los presos en Brasil va en aumento cada día y no hay señales que muestren una posible reducción de esta población carcelaria. De cierta forma tiene que ver con la brecha de desigualdad social. En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la brecha entre pobres y ricos estaba aumentando en muchos países de América Latina, la región más desigual y urbanizada del planeta, donde un 80% de la población vive en las ciudades y más de un cuarto de la población vive en condiciones infrahumanas. El 20% de la población más rica tiene en promedio un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. Los países más desiguales en base a la distribución de la renta son, en este orden, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, República Dominicana y Bolivia.
Privatización justificada
Las condiciones del sistema penitenciario en Brasil son comparadas con lo que el imaginario colectivo ha descrito como el «infierno». En el año 2012 el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en respuesta a su posición sobre la adopción de la pena de muerte, dijo, «si fuera a cumplir muchos años en una prisión en algunas de nuestras prisiones, preferiría morir».
Actualmente Brasil se ubica como el cuarto país con mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos con (2,2 millones), China (1,6 millones) y Rusia (740,000). Brasil cuenta con capacidad de espacios para un poco más de la mitad de sus presos. El Sistema de Información Nacional Penitenciario (InfoPen) señala que existe un déficit en el sistema penitenciario de 358 mil espacios adecuados para los reclusos, lo que implica que en cada celda haya más del doble de su capacidad. Este es el principal argumento que se ha utilizado para el proceso de privatización de las prisiones. «El discurso de la privatización en Brasil solo ha ganando credibilidad porque las prisiones estatales son pésimas, la salud y la educación son catastróficas», dijo Marta Machado, profesora de la Escuela de Derecho de São Paulo de la fundación Getulio Vargas.
De prisiones a empresas redituables
Prisioneros en masa son un incentivo que han despertado el interés de los inversionistas del mercado de la seguridad privada. En el año 2009 la sociedad anónima llamada Gestores Presiónales Asociados (GPA) ganó la concesión con la modalidad público-privada (PPP, de acuerdo con las sigla en portugués y en inglés) para la administración del primer complejo compuesto por cinco unidades presionales, en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, Brasil, con la firma de un contrato de 27 años, que podrá ser renovado por otros cinco años. GPA es un grupo formado por cinco empresas, la mayoría constructoras: CCI Construções S.A, Construtora Augusto Velloso S.A., Empresa Tejofran de Saneamento y Serviços, N.F. Motta Construções e Comércio y el Instituto Nacional de Administração Prisional – INAP.
De conformidad con el artículo 1,134 del Código Civil brasileño, una compañía extranjera necesita una autorización del gobierno federal para operar en Brasil a través de una sucursal, por tanto, difícilmente se puede identificar el capital transnacional. «Aún no tenemos claro si hay capital transnacional en estos complejos. Pero podemos darnos cuenta que los personajes que formaron la empresa en Minas Gerais son los mismos que antes eran directores de las prisiones públicas, la corrupción es muy clara», dijo la abogada Fernanda Vieira, quien también acompaña los casos de algunos presos en este complejo penitenciario de Ribeirão das Neves.
En el año 2013 se inauguró este primer complejo penitenciario en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, de la misma forma también el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga con la misma modalidad, en el estado de Pernambuco. Según la investigación llamada El Primer Complejo Penitenciario de Asociación Público-Privada do Brasil, realizada en el año 2014, esta modalidad de PPP representa una forma innovadora de cooperación entre el gobierno y el sector privado, mediante contratos de concesión por una periodo determinado, donde se comparte la gestión y el riesgo. Por lo tanto, el Estado paga por su demanda de servicio penitenciario al consorcio del capital privado, mientras que el operador tiene la oportunidad de utilizar la infraestructura y/o servicio en la búsqueda de la rentabilidad.
Influencia estadounidense
De acuerdo con el profesor Laurindo Dias Minhoto, profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, la privatización de las prisiones es un modelo brasileño con ciertos elementos de las prisiones privadas de los Estado Unidos y del modelo británico que permite usar capital privado para pagar por infraestructura pública. «El proyecto neoliberal sobre todo en la vertiente norteamericana, busca convertir todas las esferas de la vida social en una empresa, incluyendo al propio Estado, pautada por una racionalidad económica emprendedora», dijo Dias Minhoto en el debate «Asociación Público-Privada en las prisiones brasileñas: implicaciones jurídicas, políticas y éticas» realizado en el mes de marzo de 2015.
Massoneto comparte que el modelo de las PPP sigue la lógica de las políticas neoliberales en el sentido de la acumulación y reproducción ampliada del capital. «La lógica neoliberal en el mundo ha sido la multiplicación de las oportunidades de acumulación de capital combinada con un aumento de la racionalidad represiva del Estado y del control social. Desregulación financiera de un lado, ‘ley y orden’ por el otro».
En el documento llamado Las lecciones aprendidas y oportunidades, el gerente ejecutivo de la Unidad Central PPP, en Minas Gerais, Marcos Siqueira Moraes, sostiene, entre otros puntos, que el complejo busca aumentar la eficiencia de las operaciones en la infraestructura. Contratos de largo plazo, compartición de riesgos de demanda, gerenciales y financieros, así como la garantía de rentabilidad de capital.
El documento titulado «Compartición de las ganancias de las PPP» presentado en el IV Congreso de Gestión Pública (CONSAD), realizada en el año 2011, donde participó Siqueira Moraes, entre otro puntos, afirma que, para que el sector privado pueda participar en la construcción de estos proyectos, se requiere de una ingeniería financiera que permita a los inversionistas captar recursos de forma más barata. Los riesgos del mercado y de la demanda están total o parcialmente a cargo del Estado. Este proceso dio lugar a lo que hoy se denomina la nueva gestión pública, que representa el escenario en el que el Estado transfiere la ejecución de ciertas políticas al capital privado, dejando previamente en sus manos la infraestructura correspondiente.
Prisión en modalidad de empresa
Jesus Filho no duda que los espacios en los complejos privados son más limpios y que la comida es mucho mejor que las unidades públicas, pero se muestra sorprendido con los flujos de capital que esto implica. «La privatización cuesta mucho. Son, mínimo, 3000 reales (U$940) por preso al mes, si eso se multiplica por 600 mil presos. ¿De cuántos millones estamos hablando por mes que Brasil va a gastar? Cuesta mucho», dijo Filho en el debate en el que también participó Dias Minhoto.
Mientras tanto, el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) en su documento del año 2011, llamado Financing Infrastructure in Brazil: prospects and challenges, enmarca dentro de su financiamiento de largo plazo a las PPP. «No hay pérdida alguna porque este complejo de PPP esta siendo cubierto por el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) y no hay problema de cubrir la demanda de presos en este tipo de prisiones, sólo en un fin de semana en Minas Gerais, en una festividad se detuvieron a cientos de presos», sostuvo la abogada Fernanda Vieira.
La principal fuente de ingreso que obtendrán estos complejos vienen del Estado, un costo superior al de las prisiones públicas, un promedio de 900 dólares por mes por cada preso. No obstante, el consorcio GPA asegura tener resultados concretos en el desarrollo de los prisioneros, con indicadores de calidad que serán verificados por la empresa multinacional Accenture, una firma con presencia en mas de 56 países, prestando servicios de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing. De acuerdo con la investigación El primer complejo penitenciario de Asociación Público-Privada de Brasil, el compromiso es evaluar los indicadores de desempeño, los pagos hechos por el Estado para el consorcio y para ayudar en la resolución de los posibles conflictos.
«El gran mercado de hoy es de la creación de tecnologías de seguridad, logística e infraestructura, la industria del control del crimen», afirma Dias Minhoto.
Salarios por debajo del mínimo
En la guerra de los cotos de procesos de producción, el principal problema que enfrentan los países ricos y las empresas son los salarios que no se pueden reducir más, por el contrario, las luchas laborales son por el aumento de dicho salario y mejores condiciones de trabajo. Un problema que se desdibuja con la privatización de las prisiones, donde parece que, a mayor número de presos, mayor mano de obra barata. «Es un proceso de mercantilización porque los presos no tendrán la facilidad de defender sus derechos laborales», agregó la abogada Fernanda Vieira.
Aunque este modelo de prisión privada, llamado por la investigadora estadounidense y activista de los años sesenta, Ángela Davis, «complejo industrial carcelario», tiene como uno de sus principales objetivos el abaratamiento de los costos de producción de mercancías, en Brasil aún es un proceso que está en construcción. «Por el momento el único flujo de capital es a través del Estado y las empresas tercerizadas de tecnología y de servicios. No podemos dejar de notar que el lobby empresarial no se limita a la expansión de la política de encarcelamiento. Existe una presión empresarial cada vez mayor para el uso de nuevas tecnologías de control social y de vigilancia», agrega Fernando Massoneto.
Violación de los derechos humanos
Los nuevos complejos privados no ofrecen condiciones de rehabilitación porque tienen un sentido de deshumanizar a los presos. «Es todo muy frío y aislado. Las visitas son igual de degradantes que en la prisión pública. A partir del momento en que una persona se va a un complejo privado donde su vida vale 3000 mil reales por mes, deja de ser un ser humano y se convierte en una mercancía y eso es una violación a los derechos humanos. Hasta el momento no tienen educación, salud ni trabajo y se supone que el pago del Estado cubre esto».
Es absolutamente evidente el «capital carcelario», dice el profesor Massoneto, cuantificado en las hojas de cálculo de los administradores y garantizado por el Estado para reducir los riesgos del negocio. «El control de los cuerpos estuvo presente en la producción del excedente social de las formas antiguas de esclavitud hasta la explotación mercantil de la fuerza de trabajo. La violencia sobre el cuerpo fue modificada gradualmente, yendo desde la decisión de la vida o la muerte del esclavo hasta las más modernas técnicas de subordinación del trabajo al capital. Lo que el capitalismo contemporáneo expone de modo cínico es el control de los cuerpos como insumo fundamental para la reproducción del capital carcelario», dijo el profesor Massoneto.
