Patagonia, sur de Argentina, territorio ancestral reivindicado por el pueblo Mapuche y disputado por empresas transnacionales que explotan hidrocarburos. Aunque son tierras muy lejanas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la volatilidad de los costos de los energéticos las ha colocado en el tablero geopolítico al ser la segunda reserva mundial de gas natural no convencional y la cuarta en crudo del mismo origen.
Aquí diariamente se extraen casi 28 mil m³ de petróleo y 44 mil m³ de gas, aunque casi nadie habla de los impactos que va dejando para las comunidades que habitan este lugar.
Fue en el año 2019, en un tribunal civil en Santiago de Chile, cuando el pueblo Mapuche presentó casos de daños ambientales y violaciones a los derechos humanos en Argentina por la explotación de petróleo y gas no convencional, extraído por el método conocido como fracturación hidráulica (fracking), una técnica que, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), se aplica en este país desde 1959.
Consiste en inyectar un fluido de aditivos a muy alta presión para generar grietas en la roca madre, y permitir así que el hidrocarburo fluya hacia el pozo. La mezcla está “formada básicamente por agua (más del 90%), algo de arena”, anuncia la plataforma del IAPG.
El Ministerio de Economía de este país ha documentado, este año 2023, en su informe Argentina Productiva 2030 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico que, “en un pozo no convencional, se inyectan 60 millones de litros de agua y 10 mil toneladas de arena”.
Tres años después de la denuncia del pueblo Mapuche, entre el 29 de marzo y 5 de abril de este año 2023, diversos ambientalistas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizaron una inspección en la región del Neuquén y Río Negro, donde se encuentra la Cuenca Neuquina, que comprende la principal productora de hidrocarburos de este país, mejor conocida como Vaca Muerta. La delegación logró constatar y documentar diversos impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos que ha provocado el fracking.
Uno de los principales problemas a los que se ha enfocado esta delegación ha sido el uso del agua. Los ambientalistas alertan que la región ya vive una crisis hídrica, cuando apenas cinco de las 31 empresas, que tienen concesionada la región, están en fase de explotación. Mientras que para este año 2023, la demanda de agua es posible que se duplique. Además, a esto se suma el almacenamiento de los residuos tóxicos que va dejando la extracción de estos energéticos.
Los ambientalistas han registrado la presencia de basureros petroleros, contenedores y montañas de acumulación de residuos, productos de las perforaciones de los pozos, los cuales no cuentan con ninguna medida de seguridad. Esto ha llevado a los observadores a concluir que hay cierta complicidad con las autoridades.
“Sin lugar a dudas hay instituciones encargadas de controlar todas estas actividades. Pero están al margen, o son un tanto cómplices de lo que sucede. Bastaría con mirar el abandono de los basureros del petróleo acumulados a cielo abierto”, declaró Alberto Acosta, excandidato a la presidencia de Ecuador, quien también ha conformado la delegación observadora en el Neuquén.
Desde el año 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas promueve ante la justicia una orden para ingresar a las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. Se denunció penalmente a la empresa Comarsa por acumular y concentrar desechos tóxicos en sus instalaciones. Se denunció a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones.
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Entre las irregularidades que registraron los y las abogadas se encontró “basura petrolera”, como le tipificaron. Basura que, declararon en un comunicado, “contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado”.
El vocero de los abogados argentinos, quien también se ha sumado a la delegación que ha recorrido el sur del país, aseveró que solo la empresa Comarsa, entre 2016 al 2019, concentra alrededor de 720 mil toneladas de basura tóxica a cielo abierto.
El ecuatoriano Acosta ha alertado que lo que se está viviendo en estas tierras actualmente es un gran desastre socioambiental. “Esta región se está secando literalmente. Una región donde los campesinos, sobre todo, los pueblos originarios Mapuche, les están robando los ríos, desaparecen los ríos y esa agua va para actividades extractivistas”, asevera el ecuatoriano y, agrega, que “solo un pozo puede utilizar hasta 90 millones m³”.
El equipo de observadores concluyó que, “es más, los mapuches no fueron consultados, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de los pueblos originarios. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia. Incluso se trata de negar su presencia ancestral en dichos territorios”, se recordó.
Además, no solo es el uso de millones de metros cúbicos de agua, sino que también son las cantidades de productos químicos tóxicos que se filtran desde el pozo y afectan los flujos de agua subterránea. “Añelo (departamento) es uno de los ejemplos más claros, es la capital del petróleo en la región y ahí no se puede consumir el agua”, esta es la primera recomendación que han realizado los integrantes de esta delegación al gobierno argentino.
Los observadores también han documentado una gran cantidad de movimientos sísmicos en la zona, destacando además que los índices de cáncer van en aumento, así como enfermedades provocadas por los metales pesados en la sangre.
Más petróleo para salir de la pobreza
En los inicios de la explotación de Vaca Muerta les prometieron que habría autonomía energética, se acabaría con la deuda externa y con la pobreza en el país. Una década después, en Argentina, el “40% de la población vive en la pobreza, al menos 4 millones de personas viven en la indigencia, lo que representa 8% de la población”, puntualizó Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
El mismo discurso vuelve a cobrar fuerza en 2023, el Ministerio de Economía de este país es claro al afirmar en su documento llamado Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico 2030, que “el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha abierto una inédita oportunidad para que Argentina gane participación en los mercados globales de energía. La maduración del yacimiento Vaca Muerta coincide con este escenario”, a través del cual se podrá generar empleo de calidad y bajar la pobreza.
Incluso, se justifica la explotación de la Cuenca del Neuquén, ya que este gas se considera limpio y necesario para la denominada transición energética. “Estamos seguros de que duplicar las exportaciones es posible: la transición energética nos brinda un escenario favorable para que desarrollemos el potencial exportador de Vaca Muerta, de hidrógeno bajo en emisiones y de minerales como el litio o el cobre”, remarca el plan de desarrollo.
La ambientalista Greene arremete afirmando que estos discursos que justifican el extractivismo para atender la pobreza, “que recorren Latinoamérica de arriba abajo, de norte a sur, de esta a oeste, siempre son falsos”.
Tribunal
Este tribunal conformado por personalidades desatacadas en el cuidado del medio ambiente nace en Quito Ecuador en 2014, como un espacio de la sociedad civil que juzga los casos de la violación de los derechos de la naturaleza y de ambientalistas. De tal forma, considera a la Naturaleza como sujeto jurídico de derechos al igual que los humanos.
Quienes integran este tribunal han recorrido diversos países documentando y denunciando las afectaciones a la naturaleza, principalmente, los conflictos provocados por la explotación de hidrocarburos y megaproyectos.
En esta ocasión, no solo han recorrido la zona explotada por medio del fracking en la Patagonia Argentina, sino que también se han reunido con representantes del gobierno, empresas petroleras, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la actividad.
La delegación de ambientalistas presentará un informe que será analizado por un panel de más de 60 jueces que forman parte de este tribunal, elegidos por su trayectoria, como la doctora, física, filósofa y escritora hindú Vandana Shiva, para emitir las recomendaciones pertinentes.
Aunque no es vinculante, queda un precedente a considerar por los gobernantes en turno. “Esperamos que esta sentencia sirva, por un lado, para concientizar a la sociedad, para movilizar en algo la conciencia de los gobernantes, que muchas veces es difícil, sino imposible. Sobre todo, que sirva de elemento para las luchas de las comunidades”, sostuvo el economista ecuatoriano Acosta.
