Foto de Portada: Guerrero Munduruku participa en fiscalización autónoma de tierras indígenas. Archivo del Movimiento Munduruku Ipereg Ayu
En el contexto de una creciente presión para la expansión de actividades mineras en sus territorios, comunidades Munduruku denuncian un aumento en las agresiones y violencia contra sus habitantes.
En medio de los estragos por la pandemia de Covid-19, l@s indígenas también señalan estrategias del gobierno federal para la manipulación y división comunitaria, así como la posible regularización de la minería en Tierras Indígenas (TI) mediante un proyecto de reforma constitucional.
La más reciente agresión consistió en un robo y sabotaje contra la embarcación de la asociación Wakoborũn, integrada por mujeres Munduruku. Este es el tercer ataque, en menos de un mes, realizado por mineros contra el pueblo indígena en la zona urbana de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará.
“Desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, las invasiones en nuestro territorio aumentaron mucho, trayendo más destrucción y enfermedad”, denunciaron organizaciones y comunidades Munduruku, en carta difundida el pasado 17 de abril.
De acuerdo a registros del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), a finales de marzo, “el grupo pro excavación había destruido la sede de la asociación y el domingo pasado (18 abril) robaron combustible y otro motor de barco de las indígenas”.
En nota de prensa, el MPF enfatizó que el riesgo de atentado había sido denunciado con anterioridad, pero ningún cuerpo de seguridad evitó la agresión contra las mujeres Munduruku, quienes se organizan frente a megaproyectos como la construcción de centrales hidroeléctricas, la expansión de la agroindustria y actividades mineras en sus territorios.
“Nuestra sede de asociaciones fue destruida como una forma de represalia, porque nuestros guerreros del Movimiento Ipereg Ayu no dejaron entrar máquinas pesadas, retroexcavadoras, por nuestros arroyos que aún no han sido contaminados, en los ríos que aún tienen peces. Mucho se ha contaminado, casi diez aldeas han desaparecido”, contextualiza el documento firmado por las Asociaciones Wakoborun, Da’uk, Arikico, Pariri y el Consejo Indígena Munduruku del Alto Tapajós.
“Necesitamos proteger nuestras vidas. No les dejaremos pasar”, enfatizaron las comunidades Munduruku en el documento publicado, mediante el cual subrayan la existencia de amenazas de muerte contra jefes de aldea.
Destrucción
Pese a que la extracción minera dentro de TIs es considerada ilegal, la explotación de oro en territorios Munduruku ocurre desde la década de los 50s del siglo pasado. En este entonces la extracción era en pequeña escala.
Entre las décadas de los 70s y 80s, la explotación se mecanizó y en la actualidad son empresarios y una red de funcionarios quienes lucran con la explotación minera a gran escala.
“La actividad minera en las tierras indígenas del valle del Tapajós tiene un perfil empresarial y se apoya en una red de actores con poder de compra y capital político. Desde empresarios locales hasta diputados federales y senadores, estos actores han ido ganando espacio en la agenda del primer nivel de los poderes ejecutivo y legislativo federales desde 2019”, destaca el análisis “El cerco del oro. Minería ilegal, destrucción y lucha en las tierras Munduruku”, publicado por el Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería.
Acorde al reporte, el avance de las actividades mineras en tierras del pueblo Munduruku en el alto Tapajós “se pone de manifiesto en el importante aumento de la deforestación”.
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (INPE), la TI Munduruku sufrió la deforestación de 2,052 hectáreas en 2020. En el mismo año se perdieron las superficies equivalentes a más de dos mil campos de fútbol en las TI Munduruku y Sai Cinza, en el alto Tapajós.
“El número es aún mayor que el área deforestada en 2019, cuando se perdieron 1,835 hectáreas de bosque y la TI Munduruku fue indicada por el INPE como la sexta tierra indígena más deforestada de Brasil. El TI de Sai Cinza, vecino a éste y también habitado por los Munduruku, presentó en el mismo periodo un salto aterrador en este sentido: pasó de 16 a 304 hectáreas deforestadas de 2019 a 2020”, detalla el documento.
Otros de los puntos relevantes del análisis son aquellos que evidencian los daños a la salud de la población indígena debido a la intensificación de la actividad minera. Por ejemplo, el alarmante brote de malaria entre la región del alto y medio Tapajós, así como “niveles preocupantes de mercurio en la población Munduruku”, debido principalmente a la ingesta de pescado contaminado.
“Los daños de la contaminación para la salud son diversos (neurológicos, inmunológicos, digestivos, etc.), y posiblemente irreversibles”, añade el documento en el que también se destaca que la propagación de Covid-19 entre los Munduruku del alto Tapajós coincidió con el aumento de la presión sobre sus tierras para la extracción de oro en 2020.
Legalizar el despojo
En la carta difundida este abril, las organizaciones Munduruku también rechazan la aprobación del Proyecto de Ley 191 (PL191), el cual reglamenta artículos constitucionales para permitir la minería y la explotación de recursos hídricos en Tierras Indígenas y Unidades de Conservación.
A partir de la Asamblea Constituyente (1997-1998) y hasta el año 2020, el sector minero ha presionado con la presentación de múltiples proyectos de ley para conseguir extraer minerales en TIs. No obstante, debido a la fuerte presión del movimiento indígena, ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada.
Sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro ha realizado esfuerzos para conseguir la explotación de tierras indígenas para beneficio del agronegocio, la minería y el turismo.
Desde su discurso de campaña, Bolsonaro apeló a poner un alto a la demarcación de TIs, además de la necesidad de realizar actividades extractivas en ellas.
Ya en su gobierno, promovió la constitución de un grupo de trabajo entre ministerios federales en 2019. Entre sus integrantes se incluyen, además de la Funai (Fundación Nacional del Indio), representantes del Programa de Alianzas e Inversiones (PPI) y el Ministerio de Minas y Energía (MME) y es el organismo responsable por la construcción de la propuesta de ley enviada al Congreso Nacional el 6 de febrero del 2020.
Dicho proyecto de ley pretende modificar dos artículos de la Constitución para establecer las condiciones específicas en la búsqueda y extracción de recursos minerales, hidrocarburos y recursos hídricos en TIs. Actualmente, el proyecto se encuentra en pausa en la Cámara de Diputados.
Según el Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la Minería, en la propuesta “los pueblos indígenas no tendrán la facultad de vetar la instalación de un proyecto en sus zonas y no regula la realización del Convenio 169 de la OIT, sobre la aplicación de la Consulta Libre, Previa e Informada, del que el país es signatario”.
Conforme a una revisión del Comité a datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y de la Funai sobre las aplicaciones en TIs dentro de la Amazonía, señalan algunos beneficiarios de la aprobación del proyecto de ley 191, que van desde la gigantesca compañía minera Anglo American o el ex gobernador del estado de Amazonas, Amazonino Mendes, quien concedió licencias para la extracción de oro en el río Madeira.
Actualmente, una coalición de partidos políticos denominada “Centrão” obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso Nacional de Brasil, por lo que parece probable que la legislatura acelere la aprobación de proyectos de ley prioritarios para la administración de Bolsonaro, entre ellos el PL191.
