En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
Desde el pasado martes (25), caciques, cacicas, líderes, guerreros, infancias y chamanes del pueblo Munduruku mantienen un bloqueo en la carretera transamazónica ubicada en la ciudad de Itaituba, estado de Pará, norte de Brasil, para exigir la derogación de la Ley 14.701 la cual establece la tesis jurídica del Marco Temporal.
Ampliamente defendida por el agronegocio y las industrias extractivas, la tesis del Marco Temporal propone que los pueblos indígenas sólo tendrán derecho a la demarcación de sus tierras si los mismos estuvieran ocupando dichos territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña, el 5 octubre de 1988.
El pueblo Munduruku, como muchas otras comunidades en Brasil, considera esta tesis como una violación a sus derechos como pueblos originarios, pues ignora la ocupación ancestral de sus tierras mucho antes de la formación del propio estado brasileño, así como el hecho de que diversos pueblos indígenas han sido desplazados forzadamente de su territorio por el propio gobierno y empresas.
La ley fue aprobada en octubre del 2023 y, pese a que el presidente Lula da Silva emitió un veto en su contra, el Congreso Nacional anuló la acción del ejecutivo en diciembre del 2023. Para abril del 2024, el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), determinó la suspensión, en todo Brasil, de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad del Marco Temporal hasta que dicho tribunal se manifiestre sobre el tema.
En agosto del 2024, el ministro Gilmar Mendes, miembro del STF, instaló una mesa de conciliación, la cual ha sido rechazada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), quien decidió retirarse de la mesa por considerarla una negociación “forzada e ilegítima” de sus derechos. A pesar de la retirada de la representación indígena, la mesa continúa sus trabajos.
A este rechazo se suma el pueblo Munduruku, que exige también una audiencia con el ministro Mendes, el fin de la iniciativa de reconciliación y la derogación de la Ley 14.701. “No abandonaremos este lugar hasta que haya un verdadero diálogo. Nuestro compromiso no es sólo con el presente, sino con las generaciones futuras: nuestros hijos, nietos y todos los que están por venir. No renunciaremos a los derechos que hemos conquistado a lo largo de siglos de lucha y resistencia”, afirma el pueblo Munduruku mediante carta divulgada este lunes (31).
Movilización
La protesta del pueblo Munduruku se realiza en el punto donde se intersectan las carreteras BR-230 y la BR-163, en la región del río Tapajós, al suroeste del estado de Pará. Dicho punto es clave para el acceso al puerto de Miritituba y lo que lo convierte en una de las más importantes vías para el transporte de soja, “símbolo del poder económico que impulsa el Marco Temporal (que) permanecerá interrumpido mientras se nos niegue el debido reconocimiento” asevera el pueblo Munduruku en su misiva.
Difundida por el movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ, el pueblo indígena sostiene que, pese a las presiones de las empresas vinculadas al agronegocio y las intimidaciones físicas y judiciales que buscan reprimir su movilización, seguirán firmes.
El bloqueo de la autopista ha sido interrumpido durante las noches y restablecido al amanecer durante la semana de movilización pacífica del pueblo Munduruku, quienes han permitido la circulación de enfermos y ambulancias mientras restringen la circulación de vehículos de carga.
Cabe resaltar que, durante la noche del jueves 27 de marzo, camioneros dispararon armas de fuego contra el campamento del pueblo Munduruku donde participan indígenas de las regiones alta, media y baja de la cuenca del río Tapajós.
“Nuestro movimiento es pacífico, pero hemos sufrido repetidos ataques y amenazas por parte de los camioneros, incluyendo insultos, lanzamiento de piedras, disparos y maniobras violentas con vehículos. Repudiamos vehementemente estos ataques, que ponen en riesgo la vida de nuestra gente, y declaramos que el STF será responsable de cualquier daño que suframos, porque estamos aquí luchando para ser escuchados”, remarcan en su carta.
Minería
El pueblo Munduruku dio inicio a la ocupación carretera previo a la reanudación de la mesa de conciliación promovida por el juez Mendes, quien ordenó excluir de las discusiones el tema de la actividad minera en las tierras indígenas.
Según investigaciones de InfoAmazonia y Agência Pública, en febrero pasado, el ministro presentó un proyecto de ley para ser propuesta durante la mesa. En este, recogía sgerencias del abogado de la minera canadiense Potássio de Brasil y utilizaba partes del Proyecto de Ley (PL) 191/2020 del gobierno Bolsonaro para permitir la explotación de minerales estratégicos en tierras indígenas en caso de “interés público relevante de la Unión”.
“Mientras se celebran reuniones a puerta cerrada, sin consulta previa, libre e informada, el Pueblo Munduruku sigue resistiendo bajo la lluvia y el sol para proteger territorios como Sawre Ba'pin y Sawre Muybu, cuyas demarcaciones han sido amenazadas o paralizadas. Siguen intentando engañarnos retirando la minería del orden del día, pero mantienen múltiples ataques contra nuestra existencia, que no aceptaremos”, ha sido la respuesta del pueblo originario movilizado.
Ya desde diciembre del 2024, mediante carta difundida por el pueblo Munduruku enfatizaron que desde hace una década realizan la fiscalización de su territorio de manera independiente, sin ningún apoyo del Estado brasileño.
“Nuestro pueblo ha asumido la responsabilidad de proteger nuestras tierras porque sabemos que, sin nuestro trabajo, el avance de la minería y de otras actividades y empresas ilegales sería aún mayor. Lo hacemos en todo nuestro territorio porque sabemos que nuestro dios Karosakaybu nos dejó este legado para las futuras generaciones”, señalaban en la misiva del año pasado.
En el mismo documento argumentaban que las operaciones del gobierno para prohibir la minería en territorios Munduruku no eran suficientes, pues aún existen zonas con presencia de garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia) y maquinaria.
También se posicionaron contra las “falsas soluciones” como créditos de carbono o compensaciones ambientales propuestas por los mismos responsables por la destrucción de sus tierras. “Queremos justicia real, respeto por nuestro modo de vida y la garantía de que nuestro territorio será preservado para las generaciones futuras”.
“Nuestra lucha no es sólo por la retirada de las balsas o el fin de la minería; es por la vida de todos los que dependen del bosque y de los ríos. Nuestro territorio no está en venta, nuestra dignidad no está en venta. Si el Estado y los invasores piensan que nuestra resistencia se puede comprar, que sepan que somos como las raíces del bosque: profundas, colectivas e inquebrantables”, sostuvieron a través de la misiva.
