En portada: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020.
El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.
Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.
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Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.
Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.
L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.
Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.
Colonialismo verde
Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.
“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.
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Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.
Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.
“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.
También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.
Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.
“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.
Mercantilización de la naturaleza
Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.
Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.
“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.
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A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.
“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.
Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.
Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.
Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.
“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.
Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.
“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.
