En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.
Por la violación reiterada a los derechos humanos, 13 municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque - San Cristóbal de Las Casas.
El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación.
Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo.
Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas.
En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea.
“Buscamos obtener con este primer amparo que se reconozca la inconstitucionalidad (de los lineamientos) y por ende que se suspenda cualquier inconstitucionalidad o cualquier proceso que se derive de ellos, como la convocatoria del primer tramo”, explicó María Fernanda de la Clínica Jurídica de la Ibero Puebla.
El segundo amparo versa sobre la omisión, la falta de información del Estado en cuanto al proyecto carretero de Palenque a San Cristóbal, puesto que no existe información sobre el impacto ambiental.
María Fernanda recordó el Acuerdo de Escazú, firmado por México, que obliga a todas las autoridades a brindar la información ambiental, intrínsecamente relacionado con la vida misma, el territorio de los pueblos y comunidades indígenas.
Declaratoria
En rueda de prensa, con la presencia de las comisiones representantes de 13 municipios, leyeron la “Declaratoria de territorios libres de megaproyectos” que hicieron llegar a Eduardo Ramírez y la Secretaría de Gobierno, junto con 2 mil firmas recabadas.
En voz de Pascuala Vázquez Aguilar, del Gobierno Comunitario, pueblos y comunidades mayas de los municipios de Candelaria, Chilón, Bachajón, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Oxchuc, Altamirano, Chicomuselo, Yajalón, Salto de Agua y Sitalá, rechazan la construcción de la autopista por las violaciones de derechos a los pueblos mayas.
“El territorio es declarado cultura viva y territorio libre de megaproyectos. Esta protección de la tierra se ampara en el derecho internacional y en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos”.
Domingo Miranda López, coordinador de Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), recordó que la lucha para defender la tierra comenzó desde 2013, y aunque lograron una suspensión, Eduardo Ramírez retomó el proyecto.
Desde las campañas electorales de 2024, los aspirantes a las candidaturas por Morena comenzaron a poner sobre la mesa la reanudación del proyecto, como lo mencionó Marcelo Ebrard en su visita a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
“El proyecto, dicen que es desarrollo para el pueblo pero no, es beneficio para los empresarios. Los empresarios porque tienen productos que pueden transportar, nosotros somos cafetaleros”, señaló Domingo.
A esto se le suma que los habitantes no tienen conocimiento por qué lugares pasará la autopista, toda vez que las placas para marcar el trazo las aventaron desde una avioneta. Y en la supuesta consulta en Chilón comprobaron que la misma personas puede votar hasta en tres ocasiones, “lo que es ilegal”.
Aunque la lucha de las comunidades mayas ha sido pacífica y apegada a la ley, las intimidaciones siguen. Ejemplificaron que en Bachajón los pobladores no firmaron porque el gobierno los condicionó con retirarles los programas sociales y las advertencias también van contra empleados de los ayuntamientos.
Desde Modevite señalaron que un día antes de la supuesta consulta, llegaron personas a la comunidad de Jalalal, municipio de Chilón, para solicitar documentos, firmas y votos para apoyo agropecuario, “esos documentos fueron manipulados”.
