El pasado 7 de diciembre, la Universidad Veracruzana (UV) anunció la firma de un “convenio general de colaboración” con la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, implicada en la construcción del gasoducto “Puerta al sureste”, el cual pone en riesgo ecosistemas arrecifales del Golfo de México.
Ante ello, organizaciones de la sociedad civil criticaron el convenio debido a que, por medio de una investigación sobre las amenazas en ecosistemas arrecifales en la costa norte y central de Veracruz, se identificó que la construcción de Puerta al sureste pone en riesgo la vida de cerca de 115 especies y más de 400 posibles ecosistemas arrecifales que antes no habían sido identificados en la zona.
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Además del peligro que representa contra los ecosistemas marinos, el informe publicado en agosto pasado enfatiza que la construcción del gasoducto marino acelera el cambio climático e incrementa la dependencia de México hacia los Estados Unidos en materia energética.
“Pese a la evidencia científica, TC Energy ha negado o minimizado públicamente el impacto de sus actividades”, resaltan las organizaciones mediante comunicado. También critican que las universidades públicas estén cooptadas o al servicio de la industria que amenazan el medio ambiente. “TC Energy es una empresa que ha incumplido su responsabilidad de prevenir, hacer frente y reparar los impactos negativos que sus acciones tienen en el medio ambiente”, enfatizan.
Acorde a organizaciones sociales y ambientalistas, proyectos como Puerta al sureste fomentan un modelo que viola los derechos de las comunidades por donde atraviesan los ductos. Esto ocurre desde Canadá, en territorio Gitxsan, pasando por poblaciones Tarahumaras en Chihuahua hasta Pahuatlán en territorios otomíes, nahuas y totonacos.
“El gobierno mexicano y, particularmente, las universidades públicas y las comunidades científicas no pueden hacer alianza con empresas que laceran la vida marina y violan reiteradamente los derechos de las personas más vulnerables a costa de su enriquecimiento”, denuncian.
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Las organizaciones resaltan que, tanto la UV como TC Energy, no han hecho público los fundamentos, acciones concretas y objetivos específicos de dicho convenio, por lo que demandaron que la comunidad universitaria y la población en general tienen derecho a conocer las implicaciones de estas colaboraciones.
“En el pasado, las organizaciones de la sociedad civil advertimos, cuestionamos y solicitamos vía Transparencia información sobre la posible vinculación de la UV con TC Energy pero la universidad negó que existiera alguna intención de trabajar con la industria. Es esencial que la UV, como institución pública mexicana, sea transparente con este tipo de colaboraciones”, sostienen.
Por último, lamentan que la UV no considere las preocupaciones de la sociedad, el movimiento ambientalista y comunidad científica que se ha pronunciado acerca de que los nuevos proyectos fósiles no son compatibles con la meta de contrarrestar el calentamiento global.
