El espíritu que tenemos es que el territorio debe de ser de quien lo cuida, lo habita, de quien produce alimentos, de quien cuida el agua y los bienes comunes, en contra de un modelo que pretende generar una infraestructura, minería y extracción de petroleó a costa de los pueblos que han habitados estas tierras históricamente.
A pesar de una fuerte represión, los campesinos, indígenas y afrodescendientes pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular de Colombia han sostenido por mas de 10 días un Paro Nacional que inició desde el día 30 de mayo de este año 2016. Hasta el momento el saldo han sido 3 indígenas muertos, 200 heridos y 105 personas que han iniciado un proceso judicial.
“Los tres indígenas han sido asesinados por la Fuerza Publica del Estado. La respuesta de la policía ha sido una represión salvaje”, dijo en entrevista Sandra Rátiva, integrante del Congreso de los Pueblos, una de las 13 organizaciones que conforman la Cumbre Agraria.
Por lo menos en 70 puntos estratégicos en 24 departamentos en todo Colombia los manifestantes mantienen bloqueadas las principales vías que conectan con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, con una participación de más de 100.000 personas entre indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares, a los cuales se empiezan a sumar otros sectores sociales, como estudiantes, académicos y la solidaridad internacional.
El paro ha sido una respuesta de los pueblos hacia el desconocimiento del Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos, en relacion al Decreto 870 firmado el 8 de mayo del año 2014. Dicho acuerdo contemplaba las exigencias de La Cumbre Agraria, las cuales se han se han dirigido hacia un mandato para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social, retomando 8 puntos: tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; la economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales; relación campo-ciudad; y paz, justicia social y solución política.
“Desde el año 2014 hasta el año 2016 el gobierno ha incumplido esta primera negociación, a partir de ese desconocimiento de los 8 puntos. Es por eso que desde agosto del año 2015 decidimos organizar los preparativos de este Paro Nacional. Le hemos llamado Jornada de Minga Nacional, (Minga significa trabajo colectivo). La hemos llamado minga porque todos aportamos algo en esta acción”, explica Rátiva.
En el momento de esta entrevista, 9 de junio, a raíz de la negativa del gobierno de entablar una mesa de negociación, los voceros de las 13 organizaciones de la Cumbre Agraria se reunían en Gualanday, en el departamento del Cauca, para trazar las estrategias a seguir y los puntos que pretenden negociar con el gobierno. “ El gobierno ha generado declaraciones falsas sobre supuestas negociaciones regionales, afirmando que no tenemos disposición de negociar. El objetivo es fragmentar este movimiento”, agrega Rátiva.
Sin garantías de seguridad
Mientras que el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que se brindarían todas las garantías para el ejercicio legítimo de la protesta social, su declaraciones contrastan con la realidad, ya que la represión se ha endurecido. “El ministro ha dado la orden del desalojo de los bloqueos sin importar la intención de negociación que tenemos, ni considerar nuestro pliego de peticiones que busca una serie de políticas y de trasformaciones justas en el ámbito rural y campesino del país. La respuesta del Estado ha sido una represión muy fuerte y ha intentado dividir al movimiento, ofreciendo pequeñas dadivas en algunas regiones donde no tenia presencia antes del paro”, asegura la militante del Congreso de los pueblos.
Por otra parte la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a las autoridades de ese país aclarar la muerte de los tres indígenas durante el paro. “Estos hechos deben ser plenamente esclarecidos por las autoridades judiciales, nuestra Oficina les ofrece todo su apoyo. Es imperativo adoptar todas las medidas para evitar que se repitan situaciones como estas”, manifestó la organización en un comunicado publicado en su página web.
Cumbre Agraria y el extractivismo
En el año 2011 Colombia signó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el congreso de Estados Unidos y también con Canada. Mientras que en el año 2012 con la Unión Europea.
“En Colombia como en México tenemos un modelo neoliberal muy fuerte. Tenemos 14 TLC firmados y la OMC, el FMI y el BM están reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Hay una gran avanzada de la agroindustria y del capital transnacional energético. En Colombia el presidente Santos ha dicho que uno de los principales motores de su proyecto de desarrollo es justamente con la Locomotora Minero-Energético. Tiene que ver con proyectos extractivos de gran envergadura en la minería y en el sector energético”, argumenta Rátiva.
“Hay una resistencia fuerte de la población urbana, de los campesinos y de las comunidades negras e indígenas hacia el conjunto de proyecto extractivitas de minería, energía hidroelectricas. Por ejemplo en el occidente de Colombia hay una resistencia en el municipio de Valdivia, donde esta el Movimiento Ríos Vivos que esta en contra de la construcción de represas y el estancamiento de nuestros ríos, que es parte del esquema extractivista, así como en el resto del país. En el resto del país la amenaza minera esta latente y hace parte de las razones por lo cual nos hemos movilizado. Porque el espíritu que tenemos es que el territorio debe de ser de quien lo cuida, lo habita, de quien produce alimentos, de quien cuida el agua y los bienes comunes, en contra de un modelo que pretende generar una infraestructura, minería y extracción de petroleó a costa de los pueblos que han habitados estas tierras históricamente”, destacó Rátiva.
La solidaridad
Desde cacerolazos, actividades culturales, foros y con movilizaciones, diversos sectores de Colombia han mostrado su solidaridad al paro.
El pasado 4 de junio se llevo a cabo la reunión de La Comisión Política de las Asociaciones, Organizaciones y Pueblos Indígenas filiales de la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, quienes se pronunciaron contra la respuesta militarizada del Estado hacia las acciones realizadas por la Cumbre Agraria y también anunciaron acciones para fortalecer este movimiento. “Continuamos en Minga, en todos los sitios de concentración, hasta que el Gobierno Nacional instale la Mesa Nacional y se brinden las garantías constitucionales para el legítimo ejercicio del derecho a la protesta”, dice el pronunciamiento.
También en el grupo de investigación Conflicto, Región y Sociedades Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana manifestó su solidaridad a la Minga Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular. Asegurando que como investigadores de las problemáticas rurales, conocen con profundidad los problemas de los pueblos. “Vemos con suma preocupación la negligencia gubernamental, las estrategias dilatorias y la falta de soluciones reales a los problemas del campo colombiano. Apoyamos la Minga Nacional Agraria porque desde nuestro trabajo y como resultado de múltiples investigaciones que se han hecho sobre el mundo rural colombiano, hemos podido constatar que Colombia necesita solucionar los problemas estructurales del campo”.
La cumbre
La Cumbre Agraria fue creada después de una represión similar vivida en un paro realizado en el año 2013. “En el paro del año 2013 fue un paro campesino que tuvo mucha solidaridad del sector urbano, pero tuvo una represión muy violenta por parte del Estado, y así en el año 2014 se conformo la Cumbre Agraria, el espacio de convergencia nacional mas importante de Colombia”, agrega Rátiva.
