En una peregrinación simultánea en ocho municipios de Chiapas, se conmemoró el primer aniversario luctuoso del ex presidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López.
Las actividades religiosas comenzaron desde la noche del 4 de julio en la comunidad Nueva Israelita de Simojovel, donde nació y se encuentra enterrado el cuerpo del también catequista y defensor de los pueblos originarios.
Simón Pedro fue asesinado a balazos la mañana del 5 de julio en el mercado público de la cabecera municipal de Simojovel cuando se encontraba acompañado de uno de sus pequeños hijos.
“De esta situación, el gobierno estatal y federal tenían información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en esta región”, manifestó la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y equiparó la omisión del Estado con el caso de la Masacre de Acteal.
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A propósito del aniversario luctuoso, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, publicó el informe ‘Bienaventurados los que trabajan por la justicia’ para evidenciar que el asesinato de Simón Pedro no se trató de un hecho aislado, pues responden a un contexto social y político adverso.
“El trabajo político, social, organizativo y eclesial, realizado por Simón Pedro desde Las Abejas de Acteal, así como desde la Parroquia de Santa Catarina -en medio de la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas y el control territorial ejercido por grupos armados criminales- es el principal móvil de su asesinato”, dice el estudio del Frayba.
Para dar un contexto, el informe data que a mediados del siglo XVII los pobladores eran violentados económicamente usados como mano de obra barata. Luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la violencia se concentró en Chenalhó por la distribución de armas de fuego por parte de grupos políticos contrarios al movimiento del 94.
Los desplazamientos de personas entonces comenzaron a ser frecuentes por estas violencias. Frayba explica que en Pantelhó, que limita al norte con Simojovel y Chilón, al sur con Chenalhó y San Juan Cancuc, al este con Sitalá y, al oeste, con Chalchihuitán, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio también impide la paz dentro de las comunidades propias y aledañas.
El Estado parte del problema
Cuatro meses antes del asesinato de Simón Pedro, él junto con autoridades comunitarias de Pantelhó se reunieron para denunciar la situación que vivían las comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó por el asedio de grupos armados vinculados al crimen organizado.
A finales de mayo, pobladores de Pantelhó hicieron llegar una denuncia formal a la Secretaría de Gobierno para pedir su intervención. Pero no hubo respuesta y Simón Pedro fue asesinado.
En el funeral el padre Marcelo Pérez señaló que su muerte fue consecuencia de la injusticia y de los grupos criminales que controlaban el ayuntamiento. Ese mismo día, en la comunidad Nueva Israelita fueron encontrados en distintos puntos, dos artefactos explosivos.
Silveria, esposa de Simón Pedro, relata que sus hijos tienen graves afectaciones emocionales y psicológicas por el asesinato de su compañero de vida, pues se encontraba embarazada de uno de ellos cuando el crimen ocurrió.
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De acuerdo al informe, para la familia, el proceso penal ha sido prolongado y desgastante, que les enfrenta a un sistema de investigación policial y de procuración de justicia victimizante y discriminador.
Aunado a que no existen líneas de investigación que expliquen lo sucedido o el vínculo con sus labores en la defensa de los pueblos. La omisión de las autoridades han provocado que las comunidades vean al Estado como parte del problema y no de la solución.
La criminalización continúa
En las actividades pacíficas de este 5 de julio, en su andar por Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Palenque, Frontera Comalapa, Salto de Agua, Simojovel y Ocosingo, el Pueblo Creyente pidió por la paz y exigieron un alto a la criminalización de defensores de los derechos humanos.
Las voces se unieron para exigir paz ante la desencadenada e imparable violencia que azota a esta entidad. En este tenor se pronunciaron por la criminalización que enfrenta el párroco de Simojovel y defensor de los derechos de los pueblos originarios, Marcelo Pérez Pérez, y que encabezó la peregrinación en San Cristóbal.
Organizaciones nacionales e internacionales se solidarizaron con el sacerdote tsotsil y mediador del conflicto en Pantelhó, tras la solicitud de aprehensión que realizó la Fiscalía General de Chiapas (FGE), el 21 de junio de 2022, ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial.
Esto, por el caso de los 21 personas que fueron desaparecidas por el grupo armado El Machete el 26 de julio de 2021. Aunque el sacerdote precisó que no estuvo presente en ese acto por el que se le acusa y sostuvo que muchos políticos quieren limpiar culpas ensuciando su labor como defensor.
En una carta, el párroco dio aviso al cardenal Felipe Arizmendi Ezquivel sobre la situación que enfrenta; se dijo en paz, tranquilo y realizando actividades normales consciente de que la detención puede concretarse en cualquier momento.
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas dio a conocer la noticia el domingo (3) y dijo que se trata de criminalización por la labor del sacerdote en defensa de los derechos de los pueblos originarios de Chiapas. Incluso en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares número MC- 506-14, que siguen vigentes.
Otras luchas también se aliaron a las peregrinaciones, como la de San Cancuc donde piden la liberación de cinco integrantes del Pueblo Creyente que fueron detenidos de manera arbitraria. Antes de eso participaron en acciones contra proyectos como la ‘mal llamada’ Carretera de las Culturas que afectará a comunidades y parajes de San Cristóbal a Palenque.
Se trata del presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, Manuel Santiz Cruz, además de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, que fueron acusados de la muerte del policía municipal Antonio Aguilar.
Los municipios que se movilizaron pacíficamente este martes (4) viven alta violencia por parte de grupos armados. Por ello buscan que sus voces sean escuchadas.
