Sectores de derecha en Perú quieren desconocer a indígenas que viven aislados en la Amazonía

Fotos: Indígenas que viven en aislamiento en Perú. Fuente: Ministerio de Cultura de Perú

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en territorios del Perú son amenazados por la expansión de proyectos extractivistas. Desde el Estado y gremios empresariales, se intenta desconocer su existencia para sumar concesiones de infraestructura y explotación de hidrocarburos, minerales y madera.

Se estima que 7,500 indígenas (5,200 sin contacto y 2,250 en contacto inicial), distribuidos en unos 20 pueblos originarios, viven aislados en áreas remotas de la Amazonía peruana. 
Para su protección, en 2006 se promulgó la Ley 28736 (Ley PIACI), que dispone la creación de reservas en zonas de asentamiento temporal y tránsito de las comunidades nómadas.

Se trata de la única norma que los resguarda en las ocho naciones suramericanas que comparten la selva amazónica, donde se tiene referencias de 114 pueblos aislados, de las cuales 60 han sido confirmadas, según el Observatorio Regional Amazónico.

Desde entonces se crearon dos reservas para pueblos en aislamiento. De otras cinco planificadas con este objetivo, solo dos son adecuadas para las comunidades indígenas. Otras seis se encuentran en la etapa de solicitud. 

En comparación con la experiencia reciente en Ecuador del “Sí” al Parque Nacional Yasuní, una histórica consulta popular que rechazó la actividad petrolera que afecta a la reserva, habitada por pueblos transfronterizos, “existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano”, observan Guisela Loayza y Eduardo Pichilingue, de la alianza Cuencas Sagradas.

Un intento de modificar la Ley PIACI, anulando funciones y garantías correspondientes al Ministerio de Cultura, fue rechazado en junio de este año por la Comisión de Descentralización del Congreso. La propuesta, elaborada por un representante del partido fujimorista, consistía en trasladar facultades a los cinco gobiernos regionales bajo el alcance de la norma, para que estos decidan la categorización de áreas protegidas, responsabilidad que corresponde al Ministerio de Cultura. 

Para el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez, la ley “impide oportunidades de desarrollo” y se debe de demostrar “con evidencias científicas” la existencia de estos pueblos. 

Hay un influyente sector antiderechos de las regiones donde se encuentran etnias no contactadas que niega su existencia -omitiendo las evidencias- o pretende someterla a una validación desde perspectivas etnocentristas, lo que representa un peligro de exterminio.

Luego de la derrota de la propuesta de modificación de la Ley PIACI en el Parlamento, la alianza de empresas de monocultivos, petroleras y forestales, en conjunto con funcionarios públicos, preparan una nueva propuesta legal en torno a la figura de la “prueba material” de la presencia de los PIACI en determinados territorios. Así lo anunciaron en un foro sobre reservas PIACI y “derecho a la defensa del desarrollo de los pueblos originarios de Loreto”.

Obras en reservas

El gobierno regional de Loreto y el Ministerio de Transportes iniciaron en 2021 la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, a pesar de que la ruta trazada atraviesa zonas de amortiguamiento de tres áreas protegidas donde transitan pueblos en aislamiento. En agosto, el Poder Judicial ordenó la suspensión provisional de la obra, debido a que no cuenta con estudio de impacto ambiental. Dos años atrás se demostró que para su ejecución se deforestaron 40 kilómetros de bosques, el 80% de la ruta planificada. 

En la región Madre de Dios, la empresa forestal Canales Tahuamanu, mediante un permiso del Estado, reanudó sus operaciones durante la pandemia en áreas habitadas por la población seminómada Maschco Piro. En agosto de 2022, un trabajador maderero fue asesinado tras un encuentro con nativos de esta etnia. El incidente pudo evitarse si no realizaran operaciones en la zona de influencia. La compañía, además, denunció por difamación a los dirigentes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes que defienden los territorios. 

En los últimos meses, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Dina Boluarte información del proceso y advirtieron un intento de silenciar a los defensores.

“Nos preocupa que el Poder Judicial esté valorando más el interés económico que la vida de los pueblos en aislamiento (….). Ellos son altamente vulnerables a cualquier contacto que podría conllevar a la muerte o exterminio”, declaró al respecto el líder indígena Julio Cusirichi. El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana se refirió al avance del juicio en contra de los guardianes de la naturaleza frente a la acción de amparo de la organización.


¿Consulta?

El marco de la Ley PIACI está regido por dos principios: la libre autodeterminación y el no contacto. Por lo que la consulta previa sobre sus reservas es inviable. No obstante, en 2017 el Ministerio de Cultura incluyó como medida administrativa que puede ser sometida a consulta previa los proyectos de decretos que asignen categoría de reserva indígena para PIACI, disponiendo como titulares del proceso a las comunidades colindantes que “pueden verse afectadas”.

“Eso quiere decir que el Ministerio de Cultura asigna el derecho de consulta previa a pueblos vecinos a las áreas en proceso de categorización donde habitan o se desplazan PIACI, en detrimento de los PIACI que no pueden ser consultados por evidentes razones. Nos preguntamos si es pertinente que el Estado anteponga el derecho de una o varias comunidades indígenas que pueden ser consultadas y que se les brinde la potestad de decidir si se debe categorizar o no una reserva indígena donde habitan PIACI ya reconocidos”, cuestiona Héctor Rodríguez, representante legal de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente.

En 2022, tras 20 años de espera, el Estado decretó oficialmente el reconocimiento de cinco pueblos aislados en el proyecto de reserva binacional Napo-Tigre, que abarca territorio peruano y ecuatoriano. 

Sin embargo, la petrolera Perenco, que opera en la futura área de conservación, interpuso una demanda contra este reconocimiento.

En la práctica, la medida del Ministerio de Cultura permitió que en el caso de la acción judicial de la petrolera, comunidades cooptadas por la empresa presentaran dos demandas contra el reconocimiento de los PIACI de Napo-Tigre.  

Punto de no retorno

La destrucción de la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta, va en aumento. Hasta el 2022, se había perdido el 18% de bosques y el 17% estaba degradado, de acuerdo World Wild Life.

“Todos los informes científicos afirman con pelos y señales que la Amazonía está llegando a un punto de no retorno y que ya estamos frente al peligro de un colapso sistémico de la Amazonía. Porque como afirma el brasileño Mário Tito Barros Almeida, ‘tenemos varias amazonías, pero tenemos, sin embargo, un problema único: la Amazonía es rica, pero no produce riqueza, produce gente rica’”, reflexiona el investigador y escritor Róger Rumrill.

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Los pueblos originarios se organizan y afrontan la criminalización en defensa de los más vulnerables de sus territorios ancestrales. En un video difundido recientemente, una lideresa nativa de la etnia Matsés declara que su comunidad ofrecerá resguardo a pueblos no contactados que durante esta temporada se asientan en zonas próximas a orillas de ríos. 

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