El día 18 de octubre del 2016 diversas organizaciones no gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y protección de territorios ancestrales de este país centroamericano. El mismo día, Honduras se vestía de luto. En Tocoa, principal ciudad del departamento de Colón donde se vive uno de los principales conflictos por la tierra en Honduras, disparos de bala arrebataban la vida a los luchadores sociales José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente.
Reconocer en vida las acciones de los luchadores sociales y ambientales es una de las tareas que se ha propuesto el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Fundación San Alonzo Rodríguez, Radio Progreso y el Centro de Derechos de Mujeres mediante el premio Carlos Escaleras. En un país como Honduras donde la cifra de asesinatos de activistas ha rebasado los 200 desde el golpe militar en 2009, distintas organizaciones lanzaron su campaña “Defender sin Miedo: Tu vida, la mía, nuestra casa común”, enmarcado en la entrega del galardón para Mirian Miranda por sus más de 30 años de lucha.
El premio Carlos Escaleras nace en memoria del ambientalista hondureño asesinado en 1997 por sostener una lucha contra el emporio del empresario Miguel Facussé Barjum quien pretendía instalar una planta extractora de aceite de palma africana que terminaría contaminando el río Guapinol, cauce que abastece de agua a varias comunidades de la región. El empresario Facussé murió en 2015, heredando una amplia gama de sectores económicos controlados por su familia a partir de la fundación de la fábrica Químicas Dinant, centrada en los sectores de alimentos, la agricultura industrial como la palma africana, biodiesel, biogás y productos de limpieza.
Muerte anunciada
El MUCA, mediante un comunicado publicado el 21 de octubre de este año, denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”. La organización social precisa que las operaciones se vienen llevando a cabo desde el año 2010 en la base militar de Río Claro, departamento de Trujillo, y que desde entonces se ha dado entrenamiento a unidades de fuerzas especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.
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El MUCA denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha entrenado a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes
El 5 de diciembre del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada para detener los crímenes contra campesinos.
Desarrollo y asesinatos
La situación de violencia generada en el Bajo Aguán es producto de un problema estructural derivado de la concentración de las tierras en pocas manos.
“Hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos atentados, pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos Escaleras”, remarcó Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan (COPA) durante una protesta realizada el día 18 de octubre en las calles de Tocoa para recordar el asesinato del activista.
La concentración de tierras en Aguán empeoró después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas de ajuste estructural, la ley redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados. Esto ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño.
El MUCA surgió en 2001 e integra alrededor de 3,500 familias campesinas que demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. “Nosotros estamos pidiendo la devolución de nuestras tierras, porque les fueron robadas a nuestros padres por medio del Banco Mundial, quien apoyó la Modernización Agrícola”, dijo Jaime Adelí Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria de la Zona del Aguán.
La Ley de Modernización Agrícola fue un estrategia del gobierno para favorecer a las principales empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en tres grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen salvadoreño, detalló Vanegas.
Al acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma africana se suma la ganadería intensiva, los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos que han desplazado a comunidades enteras en diversas regiones de Honduras. No sólo se ha utilizado la Ley de la Modernización Agrícola, sino también el engaño, la fuerza pública y grupos de sicarios.
“El Banco Mundial apoyó la Modernización Agrícola y los préstamos que está dando a las grandes corporaciones están siendo utilizados para contratar sicarios que asesinan a los líderes sociales. Esos préstamos también son para pagar al ejército”,
AGREGA ADELÍ.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Santos Torres, del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
Más muertes y amenazas
Han pasado ya 8 meses desde que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), causó un gran impacto a nivel mundial. Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman y se destacó por la lucha para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) con financiamiento de bancos europeos (FMO y FINNFUND, de Holanda y Finlandia respectivamente) y el Banco Mundial.
Mientras los órganos encargados de impartir justicia en Honduras se jactan de haber sufrido el robo del expediente de su caso, miembros del COPINH continúan recibiendo amenazas de muerte por mantener la lucha contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+ y las ciudades modelo.
Tomas Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, responsabiliza a las empresas y los bancos que han financiado los megaproyectos de las agresiones contra la organización lenca.
“En mi caso he sufrido alrededor de siete atentados. Es principalmente por que quieren debilitar a los movimientos sociales en el país. Los mismos entes del Estado como la policía y el ejercito son los que nos vigilan todos nuestro movimientos”, agrega Membreño.
Después del asesinato de Cáceres, otros dos líderes del COPINH fueron asesinados: Lesbia Yaneth Urquía, quién luchaba contra la privatización del agua mediante proyectos de energía en La Paz, y Nelson García, asesinado en Río Lindo dos semanas después de Cáceres.
A pesar de los asesinatos contra el COPINH, sus miembros están en un proceso de reorganización y preparándose continuamente para seguir su lucha para expulsar los megaproyectos en el territorio indígena Lenca. “Nosotros como pueblos Lencas no dibujamos las fronteras, fue la colonización quienes han querido dividir el Abya Yala – nombre de América antes de la colonización- y nosotros somos un mismo pueblo, no hay países y debemos de apostarle por este rumbo, con nuestras propias propuestas contra el saqueo, el despojo y la criminalización”, añade Membreño.
Seguridad Nacional
Honduras es un país geoestratégico y es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos quien desde los ochentas instaló su primer base militar en Palmerola, bajo el argumento de contrarrestar el narcotráfico. En 2015, tras la visita a Honduras del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, se amplió su presencia militar con la creación de la unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración”.
El Coordinador de Actas del COPINH, José López, asegura que la gran mayoría de los proyectos vienen acompañados con un plan de seguridad. “Son proyectos de muerte no solo porque están matando a la naturaleza, sino que también a los activistas y a los pueblos. Incluso porque hay proyectos para ampliar las bases militares estadounidenses en el territorio Lenca y en el resto de Honduras”.
PARA EL COORDINADOR LA MILITARIZACIÓN ANTECEDE LA INSTALACIÓN DE MEGAPROYECTOS.
“A estas alturas los pueblos ya sabemos que todos los proyectos, principalmente los del capital transnacional, vienen acompañados con un proyecto de seguridad que les permita implementar y ejecutar el saqueo de cualquier forma”
RECALCÓ JOSÉ LÓPEZ.
López asegura que el ejército hondureño es asesorado por los Estados Unidos y se aplican estrategias de inteligencia para eliminar a líderes y activistas sociales y ambientales.
“En toda comunidad donde existen estos proyectos está presente la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente, regalando semillas y regalando abonos. Prometen más apoyos, pero no es eso–su estrategia es desarticular los movimientos sociales, las luchas populares, para hacer espionaje y filtrar información de cómo están constituidos los movimientos. La USAID está metido en el proyecto de Agua Zarca en Rio Blanco. ¿Qué nos da a entender? Que USAID estuvo asesorando a DESA y quizá dando fortalecimiento económico, y está presente en todas las comunidades donde tiene presencia el COPINH y eso equivale a tener al gobierno de los Estados Unidos. Por un lado nos meten bases militares, por otro a los cuerpos de paz y otras series de espionajes. Esto se da en todos los países de Latinoamérica”, agrega López.
Triángulo Norte
El año 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN): El Salvador, Guatemala y Honduras.
Entre las condiciones para liberar dichos fondos está el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos; combate a las redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado; E investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos.
“Los 700 millones para el Triangulo Norte no van a resolver la problemática o sacar de la pobreza a los países, más bien es para apoyar a las policías y a los ejércitos. Nosotros decimos que es para apoyar más fuertemente la militarización de la región.
Es para asegurar que las empresas estadounidenses se puedan instalar con la protección de los gobiernos y ese proyecto va a incrementar mas la migración de las comunidades indígenas y de la población centroamericana y continuará más la represión, los presos y los asesinatos”, finaliza Gómez Membreño.
Publicado en Cipamericas
