Por MalaYerba*
En portada: Familiares exigen la liberación de uno de los defensores capturados bajo el régimen de excepción
En la comunidad Nuevo Amanecer, de La Unión, tres líderes comunitarios han sido capturados durante el régimen de excepción y enfrentan un proceso sin garantías legales. Los vecinos denuncian que estas detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña del gobierno de Nayib Bukele que se ejecuta entre irregularidades y a costa de dejar sin casas y tierras a los habitantes de dos comunidades.
Es 17 de junio, Día del Padre, en Nuevo Amanecer, una comunidad de casas de láminas entre milpas y árboles en el municipio de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador. Y, desde temprano, uno de los vecinos enciende su altavoz y reproduce, repetidas veces y a todo volumen, la canción “Es un buen tipo mi viejo”.
La música llega hasta esta casa con piso de tierra. Lindsay la escucha, pero no hace mucho caso: está ocupada buscando una manta para limpiarle los mocos a su hermano de un año. Lindsay, tres años mayor que su hermano, no sabe que hoy es el Día del Padre. Aunque lo supiera, no podría celebrar a su papá, Óscar René Martínez Iglesias, ya que está preso.
“A ella le decimos que su papá anda trabajando, que está pintando un gran edificio y no puede regresar ahorita”, cuenta Johanna, la madre de los dos niños, sentada en una hamaca.
Lindsay comienza a dudar de lo que le dicen, porque acompaña seguido a su mamá a hacer trámites a la delegación en La Unión de Policía Nacional Civil (PNC), y en su casa, recibe la visita de vecinos que preguntan por su padre. También la niña ya le preguntó una vez a Johanna si Óscar está preso y ella volvió a contarle la misma historia del edificio.
El 9 de junio, Óscar, un agricultor y pescador de Nuevo Amanecer, volvía de pescar del manglar El Tamarindo, un manglar que queda a metros de donde se construirá el Aeropuerto del Pacífico y donde, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), van a pescar 400 personas de comunidades aledañas, como una forma de sobrevivencia.
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Óscar, uno de los fundadores del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), fue intervenido por un grupo de militares que le pidió que le acompañara a una delegación policial a una revisión de rutina. Y le mintieron, porque no volvió a su casa.
“Nosotros denunciamos, porque se están dando capturas de compañeros que forman parte de organizaciones a nivel comunitario, que protegen los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y que luchan contra la amenaza de megaconstrucciones”, señala Ángel Flores, director de Milpa.
El Salvador vive en un régimen de excepción que comenzó el 27 de marzo de 2022 y ha sido prorrogado 16 veces. La medida represiva inició como una respuesta a la oleada de asesinatos cometidos por pandillas y ha sido utilizada por el gobierno de Nayib Bukele para promover la imagen del país seguro. Ha dejado, así, sin garantías constitucionales a los salvadoreños.
Con el régimen de excepción, el gobierno ha capturado a más de 71,000 personas, mientras que organizaciones civiles registran la muerte 172 en las cárceles salvadoreñas; y hay más de 5,000 denuncias de detenciones ilegales, de acuerdo con las estadísticas que las organizaciones expusieron a inicios de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El día que la Asamblea Legislativa, afín a Bukele, decretó el régimen de excepción, la PNC capturó a José Abel Claro Martínez, un miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de Nuevo Amanecer; y a Walter Francisco Paz, un deportista de la zona que participaba en actividades comunitarias. Ambos líderes pertenecientes a Milpa.
Los vecinos han denunciado estas capturas, pese al miedo a represalias. Ellos aseguran que las detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña de Bukele que se ejecuta con irregularidades y a costa de dejar sin tierra y sin casas a casi 700 campesinos de Flor de Mangle y Condadillo, como lo ha registrado MalaYerba.
Los familiares de Óscar, José y Walter no saben nada de ellos, ya que la falta de un proceso legal es un patrón que se repite en las capturas cometidas bajo el régimen de excepción.
“En este caso, no solo hay un impacto familiar comunitario, también hay un impacto en la lucha por la defensa de los territorios”, dice Ángel Flores, director de Milpa.
El régimen de excepción, a juicio de Flores, también es una forma de frenar la lucha de las comunidades por el acceso a la tierra.
Si en algo tiene Nuevo Amanecer experiencia es en luchar por el territorio. La comunidad nació después de un desalojo, cuenta Johanna. Las familias, antes, vivían en una parcela conocida como La Marañonera, en Intipucá, a unos minutos de donde hoy están. Un litigio por tierras les obligó a vivir a la orilla de la carretera por un tiempo, pero luego se instalaron aquí, sobre un suelo arcilloso que antes era ocupado para pastar ganado y donde hoy cultivan sus cosechas.
Los ataques a personas defensoras de derechos humanos no son recientes en El Salvador, sobre todo para aquellas que dedican su vida a la defensa de la naturaleza. Una investigación que publicó en junio de 2022 la MalaYerba reveló que, en trece años, en este país centroamericano, siete defensores ambientales han sido asesinados.
El ataque más reciente fue el de Bernarda Elizabeth de León Chávez, defensora del agua en Santo Tomás, asesinada el 22 de marzo de 2022, cuando se celebra el Día del Agua y solo cinco días antes de que entrara el régimen de excepción en El Salvador. La base de datos de esa investigación, además, evidenció un patrón de criminalización y persecución a defensores ambientales: el análisis de 14 conflictos socioambientales en diferentes partes de El Salvador dio como resultado: 63 ataques, de los cuales 44 eran legales; y 17 de los 44 eran delitos que se le atribuyen a pandillas o crimen organizado.
El Estado ha usado su aparataje institucional y se ha valido de la falta de garantías constitucionales para continuar con esta criminalización. Durante el gobierno de Bukele, cinco defensores antimineros de la comunidad organizada de Santa Marta, Cabañas, fueron capturados en enero de 2023.
Es más, el gobierno ha contratado para los estudios geotécnicos del Aeropuerto Internacional del Pacífico a una empresa que, a juicio de la Mesa Nacional Frente a la Mintería Metálica en El Salvador, propició la criminalización de los defensores ambientales y líderes en el departamento de Cabañas: Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V.
Esta empresa, además de ser financista del partido ARENA, recibió 7.4 millones de dólares de la minera Pacific Rim para explotar diferentes áreas en la mina El Dorado, en Sensuntepeque, Cabañas, de acuerdo con el libro El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador.
El caso de los defensores antimineros ha escalado hasta el Congreso de Estados Unidos. El 18 de julio, 17 congresistas enviaron una carta al secretario de Estados estadounidense, Antony Blinken, para que pidiera por su libertad. Los funcionarios también señalaron que los defensores enfrentan un proceso judicial irregular y que hay incidios de que el gobierno de Bukele pretende reactivar la minería metálica, que El Salvador prohibió en 2017.
En Nuevo Amanecer, en cambio, los tres defensores capturados durante el régimen de excepción son procesados paralelo a la ejecución de megaproyectos que se desarrollan en todo el país, en los cuales el gobierno ha concedido permisos ambientales exprés, con consultas públicas casi secretas y sin asegurarles viviendas dignas a las familias desalojadas.
En esta investigación, la MalaYerba con el apoyo de DataCrítica, levantó una base de datos a partir de 70 encuestas realizadas en Condadillo y Flor de Mangle, en La Unión; las playas Mizata, El Zonte y el sector comercial de El Obispo, de La Libertad; lugares donde el gobierno ejecuta megaproyectos.
Los resultados de la base de datos revelan que el 21 % de ecosistemas afectados son bosques salados como el Área Natural Protegida Manglar El Tamarindo, que está a la par de la zona de construcción del Aeropuerto del Pacífico, en el municipio costero de Conchagua, en La Unión.
Ahí la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador (CEPA) ha empezado los estudios del suelo, desobedeciendo las recomendaciones de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que advierten sobre inundaciones en el lugar.
El manglar El Tamarindo abastece de especies comerciales de las que subsisten comunidades como Nuevo Amanecer, hogar de los tres defensores criminalizados.
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Las alertas de los líderes comunitarios se activaron en septiembre de 2021, cuando los técnicos del MARN y el titular de CEPA, Federico Anliker, posaron ante las cámaras fotográficas del Ejecutivo para anunciar que habían elegido las tierras. El lugar donde se edificará la promesa anunciada por Bukele en la campaña electoral con la que llegó a la presidencia en 2019. Fue así que, ante la preocupación de quedarse sin tierras para cultivar y sin acceso a un manglar para pescar, Milpa comenzó a pronunciarse contra el gobierno y esto terminó con la detención de sus tres miembros.
A pocos metros del solar que Óscar logró conseguirle a su pareja e hijos hay una casa pequeña de bloque. Es de Maritza Ventura, agricultora que también forma parte de Milpa. Parada frente a su maizal habla del despojo de tierras en todo El Salvador: “Deberíamos de estar defendiendo nuestros territorios, porque son un bien común. El problema es que a veces no entendemos las magnitudes del daño ambiental”, dice.
En Nuevo Amanecer no hay violencia, porque así lo decidieron sus fundadores, cuenta Ventura. Por esto, cuando se instalaron acá dijeron que no permitirían que gente de otros lados llegara a molestarlos. Antes del régimen de excepción, incluso, no había policías merodeando la zona.
Cuando la PNC apareció, encontró varias veces a Óscar, aseguran Ventura y Johanna. Ellas coinciden en que los agentes ya conocían a Óscar por su trabajo en el territorio y que, aunque el defensor siempre cargaba una copia de sus antecedentes penales en limpio, estos no lo salvaron de la detención el 9 de junio.
Milpa trabaja en todo El Salvador, pero tiene mayor incidencia en La Unión. Ahí donde la construcción del Aeropuerto del Pacífico no ha sido la excepción para exponer atropellos que el gobierno realiza con sus habitantes.
Las primeras dos capturas en la comunidad, las de José y Walter, ocurrieron antes de que Milpa se fundara legalmente. Sus familiares, quienes no quisieron identificarse por temor, dicen que los agentes de la PNC que los capturaron los tacharon de “revoltosos”.
Después del nacimiento de Milpa vino la captura de Óscar y, entonces, esto llevó a pensar a la organización que lo que ocurría no era casualidad, apunta el director de Milpa, Ángel Flores. La voz de Ángel ha alcanzado mayor fuerza en La Unión a raíz del acompañamiento que da a las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle.
En esta tarde del 17 de junio, el silencio del bosque tropical del caserío Flor de Mangle es interrumpido por los sonidos de las máquinas excavadoras del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) que hacen los estudios de suelo para el aeropuerto. Flores, el líder de Milpa, se para sin miedo frente a las excavadoras para grabar la remoción de tierra que hacen.
“Hoy nos encontramos al poniente de las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo. Podemos ver cómo ha quedado depredada un área que antes era boscosa”, dice frente a una cámara de celular. Estas imágenes son insumos que Flores comparte con los medios de comunicación para divulgar el avance de las obras en oriente.
Flores se ha vuelto en la voz técnica que acompaña a las comunidades afectadas por el aeropuerto estatal. Y sabe el riesgo que corre al contar lo que ocurre en Oriente. Ya sufre de acoso laboral en la institución gubernamental en la que trabaja, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), donde también se desempeña como secretario general del sindicato.
El líder dice sufrir acoso laboral dentro de la institución, rastreo de movimiento y amenazas de despido por acompañar las denuncias de las comunidades y posibles indicios de malversación de fondos donde trabaja.
Es una forma de “intentar callar la voz ante las afectaciones por megaproyectos”, sostiene.
*Una versión de este reportaje se publicó originalmente en MalaYerba, realizado por: Carolina Amaya, Stanley Luna, Marvin Díaz, Michelle Recinos, Guillermo Orellana Solares. Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
