La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo en Oaxaca denunciará ante la Corte Penal Internacional a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad en contra del movimiento social vivido en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en los años 2006 y 2007. De acuerdo con el defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, durante estos años las instituciones de seguridad del Estado, cuerpos federales, estatales y municipales de policía cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelaciones masivas.
Por lo menos 100 funcionarios federales, estatales y municipales serán denunciados ante la Corte Penal Internacional. Además de los dos expresidentes, serán denunciados el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco Vargas, Manuel Teófilo García Corpus, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, Alma López Vásquez, Sergio Segreste Ríos, Manuel Moreno Rivas, Daniel Camarena Flores, Pedro Hernández Hernández, así como Alejandro Barrita López y Aristeo López Martínez.
“El movimiento social de 2006-2007 en Oaxaca comenzó con las demandas laborales de la Sección 22. Posteriormente se fue ampliando con la inconformidad de la población en general hasta convertirse en un movimiento civil en contra de la forma de gobernar por parte de Ulises Ruiz Ortiz, quién se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de sus derechos de libre expresión, cuestionaban la falta de políticas publicas para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en los gastos públicos”,
SOSTUVO EL DEFENSOR, EN CONFERENCIA DE PRENSA DONDE ANUNCIÓ LA DECISIÓN DE LLEVAR EL CASO A LA CPI.
Calvo denunció el uso de grupos armados ilegales por parte del gobierno para instaurar el terror en la población. “Para resolver las manifestaciones ciudadanas, por un lado el gobierno recurrió a todo el aparato estatal y encarcelamiento injustificado hacia los inconformes y, por otro lado, implementó acciones de grupos armados ilegales, cometiendo ejecuciones extrajudiciales en contra de líderes del movimiento”, dijo.
En total, se registran más de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente, 248 personas torturadas y, por lo menos, 2 desapariciones forzadas. “Este es el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel período y de los cuales no se conoce ninguna autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentada ante una instancia de Justicia”, afirmó Calvo.
Oaxaca: laboratorio de contrainsurgencia
El año 2006 en Oaxaca fue el escenario para la implementación de políticas de contención de la protesta social por parte del Estado mexicano. “En el transcurso de los años 2006-2007, el Estado mexicano inauguró una forma de contención de movimiento social que actualmente se ha repetido en diferentes lugares del país. Y esta forma represiva se ha actualizado ante los crímenes ocurridos en Nochixtlán, en junio de 2016. Actualmente estas políticas se han vuelto recurrentes, incluso podría decirse que son generalizadas y sistemáticas en todo el país. Así que podríamos considerar que existe una crisis humanitarias si se toma en cuenta la gran cantidad de victimas”.
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De igual forma, añade Calvo, esta crisis se observa en las agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos, contra periodistas y comunicadores. La Defensoría registró, de 2015 hasta la fecha, 989 agresiones, 24 de los cuales fueron homicidios. Respecto a periodistas, en el mismo período, se tiene un registro de 517 agresiones, 11 de ellas fueron homicidios.
A nivel federal, la crisis es revelada por datos de un informe de la Fundación Open Society, citado por el defensor, que explica que en los años de 2006 a 2015 más de 150 mil personas fueron asesinadas, según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 26,798 personas figuran en México como desaparecidas. La misma Comisión reportó el hallazgo de 365 fosas clandestinas en todo el país, mientras la Procuraduría General de la República (PGR), reportó la ubicación de18 fosas clandestinas en 32 entidades. Además, la Comisión Interamericana registró un total de 200 mil personas desplazadas de sus comunidades por violencia.
“Los gobiernos tanto federal como estatal han omitido investigar o lo han hecho de forma fraudulenta, buscando exculpar los responsables de tales hechos, quienes disfrutan de completa impunidad”, dijo Calvo.
Conflicto de Interés
Lo que impulsó la Defensoría a llevar a cabo una denuncia en la CPI es que, según Calvo, no hay garantías de imparcialidad en las investigaciones en México ya que probables responsables por los crímenes están ocupando cargos públicos.
Un ejemplo citado por el defensor es el ex subprocurador de la Procuraduría de Justicia y ex subsecretario de Gobierno, Rubén Vasconcelos Méndez, señalado en las investigaciones, y es quien ocupa la función de Fiscal del Estado de Oaxaca.
“La Comisión de la Verdad y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca concluimos que una alternativa era interponer una acción en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sin embargo decidimos no hacerlo, pues el actual Fiscal Estatal puede ser responsable como sujeto de investigación por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ocupó los cargos de Subsecretario de Gobierno y Subprocurador de Asuntos Internos de la ya extinta Procuraduría de Justicia del Estado”, dijo Calvo.
“Por este conflicto de interés y por la inacción de los organismos procuradores de Justicia a nivel doméstico es que la Defensoría se vio en la obligación de hacer las denuncias ante la Corte Penal Internacional”, dijo.
Órgano independiente
El defensor afirmó que solicitará a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un órgano independiente de carácter multilateral internacional que garantice una investigación autónoma que logre sancionar los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad que participaron en los hechos.
