Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi
El gobierno de Brasil avanza a marcha forzada para que el país entré en el rol de las naciones que han reestructurado su marco jurídico en el tema de las leyes antiterroristas, aunque Brasil no ha vivido históricamente ningún ataque terrorista. La cámara de diputados aprobó el día 13 de agosto -sin haber tenido un debate- el proyecto de ley enviado por la presidenta Dilma Rousseff al Congreso Nacional. Incendio, sabotaje del transporte o de cualquier bien publico, así como sistemas de informática o el funcionamiento de medios de comunicación están incluidos en el delito de terrorismo, con penas de hasta 30 años en prisión.
“La mayoría de los países europeos ya han aprobado leyes similares a esta. Derivada de la Patriotic Act (Ley Patriótica) de los Estados Unidos, la ley antiterrorista que impuso George W. Bush a los países en su área de influencia después del ataque del 11 de septiembre. Y Brasil es uno de estos países”, asevera para el Programa de las Américas Esther Solano, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo y autora del libro “La verdadera historia de los adeptos de la táctica Black Bloc”.
Para la profesora, uno de los problemas del texto que fue aprobado es el carácter genérico de la definición del termino terrorismo. “Quien daña el patrimonio público o privado puede ser considerado un terrorista. Pero ¿qué significa dañar o atacar un patrimonio? ¿Graffitear, o tirar un piedra quizá? Esto puede ser enmarcado como terrorismo”, agrega la profesora. “Brasil tiene altos índices de violencia institucional, policial y jurídica. ¿Realmente está preparado para una ley de este tipo? No lo sé”.
Movimientos sociales y organizaciones ya se han expresado públicamente sobre los peligros de intensificar la criminalización de la lucha social en Brasil. “La principal falla de este proyecto es que no tiene ningún limite al tipificar de forma general actos terroristas. Internacionalmente se reconoce la dificultad de la tipificación de la conducta terrorista, sin caer en la criminalización de la protesta social y desde las sanciones más inofensivas y relativización del procedimiento democrático”, dice en un comunicado la red de justicia penal, formada por la Asociación para la Reforma Penitenciaria (ARP) y un conjunto de organizaciones de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA), por ejemplo, condenó al Estado Chileno que, al tipificar de manera vaga el delito de terrorismo, terminó por criminalizar a los movimientos sociales y censurar su actividad contestataria.
A pesar de que los diputados brasileños han incluido en el proyecto de ley que dichas sanciones no se aplican a los movimientos sociales y manifestaciones políticas, la profesora insiste en la indefinición jurídica del termino terrorismo. “No tenemos un consenso internacional. ¿Que significa atacar el patrimonio o crear miedo? Mientras no existan definiciones claras, y considerando que se tiene una política claramente conservadora en Brasil que históricamente ha criminalizado la lucha de los movimientos sociales más combativos, leyes como esta siempre son un riesgo “.
La experiencia brasileña reciente incluye casos de mal uso de las tipificaciones penales modificadas, por ejemplo, por la Ley de Organizaciones Criminales, con motivo de las manifestaciones de junio del año 2013. Dicha ley fue instrumentada en la “criminalización de los movimientos, intimidación de líderes políticos y la violación de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y asociación”, sostiene en la nota la red de justicia penal.
Previo a los eventos de la Copa 2014, por los menos 22 Policías Militares (PM) y Policías federales (PF) fueron entrenados por la empresa estadounidense Academi -antigua Blackwater- para contener acciones “terroristas”. Haciendo alusión al concepto de seguridad que rige a la doctrina militar estadounidense en el marco de la guerra contra el “terrorismo”, se intenta ubicar a un enemigo interno que se encuantra entre la población común, al que hay que atacar con todos los medios posibles, según el manual de contrainsurgencia de los Estado Unidos (FM-3-24, MCWP-3-33.5). “Los conceptos de enemigo y terrorismo son base de una seguridad pensada con un alto componente ideológico, de acuerdo a la doctrina militar estadounidense. Es una lógica de comercialización, de privatización y tercerización de la seguridad y por tanto, de la violencia”, señaló la investigadora Solano Gallego.
Una de las propuestas de modificación al texto del proyecto permitiría que agentes del Estado que causaran terror al ciudadano o grupo de ciudadanos, o violentaran legítimas manifestaciones políticas, también fueran juzgadas como actos terroristas con penas que van de 12 a 30 años. No obstante, la propuesta fue rechazada por los diputados.
Brasil convulsionado
El proyecto de ley está en tramites en el Congreso brasileño justamente en un contexto de crisis política y económica. A menos de un año para que arranquen los Juegos Olímpicos- donde se espera que las manifestaciones sean más nutridas que las de la Copa 2014 contra los impactos sociales que van dejando detrás de sí estos mega-eventos – está en pauta la aprobación de la llamada Agenda Brasil, que afecta a derechos económicos y sociales de los trabajadores.
Entre los puntos que aborda dicha agenda están: ajuste fiscal, revisión de las leyes de legislación para las licencias de las inversiones en la zona costera, áreas naturales protegidas y ciudades históricas, como una manera de estimular nuevas inversiones productivas; revisión de los marcos jurídicos que rigen las zonas indígenas, como una forma de coincidir con las actividades productivas.
“Con el argumento de buscar maneras para salir de las crisis económica y política en el país, el gobierno federal actualmente está negociando con el Senado un paquete de medidas legislativas que profundiza los retrocesos en cuestiones sociales y medioambientales, vulnerando los derechos territoriales indígenas y la regulación ambiental y poniendo al país en el lado equivocado de las respuestas que exige la crisis climática”, afirman las entidades y movimientos sociales en el manifiesto público.
A esto se suma el manual que publicó el Ministerio de Defensa de Brasil en el año 2013, titulado «Cómo garantizar la ley y el orden». Un manual que alienta el uso de la acción militar para garantizar la «seguridad pública». También enumera las formas en que se cataloga a los enemigos, que van desde individuos, grupos, organizaciones y movimientos sociales considerados «fuerzas opuestas», destacando aquellos cuyas acciones violan «el orden público o la seguridad pública».
La articulación de los pueblos indígenas de Brasil, en una nota pública, también se manifestaron contra la Agenda Brasil. “Para nosotros, las medidas propuestas en Agenda Brasil sólo agravarán la crisis climática y la política del agua. Es decir, además de las catástrofes ambientales, implicará el aumento de los conflictos y la violencia contra hacia nuestros pueblos, porque no permitiremos mas invasiones, el robo y la destrucción de nuestro territorio”.
Los pueblos indígenas aseguran que continuarán defendiendo sus tierras. “Somos hijos de la tierra, alimentados por la fuerza espiritual de nuestros antepasados y es por ella y por toda la naturaleza y por todo nuestro ser que elevamos nuestros canto y clamor, nuestros puños y arcos para luchar en defensa de la vida y los derechos de las generaciones presentes y futuras”.
De acuerdo con el economista Sammer Siman, del movimiento social Brigadas Populares, es claro que el objetivo del proyecto Antiterror son las movilizaciones sociales que, para él, tienden a incrementarse, considerando que la dirección que está tomando el país llevará a que el descontento se generalice. “La escalada de la crisis está llevando a un aumento de los conflictos sociales, mientras que la factura de la crisis ya se está cobrando a la gente, especialmente a la gente pobre, negra y trabajadora. En respuesta a la austeridad selectiva que seguirá favoreciendo a las elites económicas, fatalmente los conflictos se extenderán una vez más a las calles de Brasil, será el escenario de fuertes disputas”, dice el economista para el Programa de las Américas.
Aunque el partido de los trabajadores (PT), de Dilma Rousseff y del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene sus orígenes en movimientos sociales, hoy en día ha pactado con el modelo económico conservador, que conserva la condición de dependencia de Brasil en el sistema capitalista mundial, evalúa Sammer. “Por lo tanto, es coherente que el PT tenga como única respuesta, más represión, para conservar sus acuerdos, porque sólo así se puede garantizar una economía controlada por las multinacionales”.
Replay de la Copa
Para la abogada y socióloga de la Universidad Federal de Espírito Santo, Thayla Fernandez, quien realizó una investigación sobre los cambios en los marcos jurídicos en el contexto de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil desde el 2013, existe una urgencia en el escenario político de los grandes eventos para la aprobación de la ley Antiterror. El efecto esperado es que los juegos olímpicos acontecerán en un ambiente seguro y ejemplar a los ojos de la comunidad internacional. “Salimos de una Copa del Mundo que construyó aparatos inmensos de seguridad pública–el legado más grande que dejó la Copa para el país”, dijo al Programa de las Américas Fernandez.
La legislatura garantizó, según la investigación Fernandez, más de 20 proyectos de seguridad para contener a los manifestantes contra la Copa. “Como era período electoral, la situación era problemática electoralmente, algunos de estos proyectos fueron quedando atrás y ahora hay tiempo y más posibilidades para ser revisados y aprobados para crear las condiciones de los Juegos Olímpicos,” evalúa la investigadora.
Mientras tanto, el proyecto de ley antiterrorista se encuentra en su segunda etapa para ser aprobado en el senado.
