En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F
Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.
Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.
El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.
Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.
Este monocultivo se ha expandido en extensos territorios de Honduras, Guatemala y hasta México. El caso de Honduras ha puesto el foco nuevamente sobre la industria global del aceite de palma y sus implicaciones tanto para las comunidades locales como para el medio ambiente.
Las compradoras del aceite de palma
En un comunicado, un grupo de 33 organizaciones ecologistas y de derechos humanos, agrupadas en la Iniciativa Romero (CIR) en Münster, Alemania, ha lanzado la exigencia a empresas multinacionales - como ADM, Cargill, Pepsico, Nestlé, y otras – para que se abstengan de realizar cualquier negocio con Dinant. Estas transnacionales son las principales compradoras de aceite de palma de Honduras y del resto de Latinoamérica.
"Las empresas deben actuar con diligencia debida. Si continúan comprando aceite de palma de Dinant, están apoyando la violencia y la violación de derechos humanos", subrayó Dominik Groß, experto en derechos humanos del CIR.
Durante décadas se han denunciado “robos de tierras, la intimidación, persecución y asesinato selectivos de miembros de organizaciones campesinas y sociales, así como el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares, de los que se sospecha que tienen vínculos con Dinant”, expresan en la misiva los activistas de Europa.
Tras la presión de estas organizaciones internacionales, las empresas BASF y Bunge ya han suspendido sus relaciones comerciales con Dinant. Mientras que Nestlé solo anunció su intención de eliminar al proveedor de sus cadenas de suministro. No obstante, sostienen estas organizaciones, “muchas empresas aún no han tomado medidas”.
La consigna de estas 33 organizaciones es tajante: "no más comercio con Dinant, hasta que cesen la violencia y la intimidación", afirman en el comunicado.
Los desplazados
El 24 de diciembre de 2024, la cooperativa Los Camarones fue desalojada brutalmente por grupos armados. Desde entonces, más de 160 familias viven en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a tierras ni recursos.
A principios de enero de 2025, el activista Arnulfo Díaz fue asesinado. En febrero de 2025, los líderes campesinos José Luis Hernández Lobo y Suyapa Guillén también fueron ejecutados. Estos hechos son solo la punta del iceberg de un conflicto que ha costado la vida de más de 150 pequeños agricultores desde el año 2010.
Las organizaciones europeas señalan que la empresa Dinant tiene un vinculo cercano con los grupos armados en el Valle de Aguán y esto, “ha sido documentado repetidamente”, puntualizan en su comunicado.
Las denuncias hacia Dinant apuntan a que la compañía ha utilizado fuerzas paramilitares y militares para desalojar a los campesinos que se resisten a la expansión de las plantaciones. Entre las estrategias usadas por estos grupos van desde “la violencia física, también la destrucción de los medios de vida de las familias que han cultivado la tierra durante generaciones”, detallan en el comunicado.
El llamado internacional a suspender las relaciones con Dinant no es solo una respuesta a la violencia, sino también a la creciente preocupación por el impacto medioambiental de las plantaciones de palma aceitera. La expansión de este monocultivo está vinculada a la deforestación masiva, la destrucción de ecosistemas vitales y la degradación del suelo. “Estas prácticas no solo afectan a las comunidades locales, sino también a los ecosistemas”, sostiene los activistas europeos.
¿Qué sigue?
Las organizaciones firmantes del comunicado exigen que se suspendan las relaciones comerciales con Dinant hasta que la empresa ponga fin a la violencia. También le recuerdan a Xiomara Castro que, en febrero de 2022, hizo su promesa “de investigar y resolver los conflictos de tierras en el Aguán, mediante una comisión tripartita”, lo cual no ha cumplido.
Por ello exigen que la mandataria de Honduras suspenda legalmente las actividades de esta empresa. Si lo hacen, “ustedes están enviando una fuerte señal a favor de la protección de los derechos humanos y la promoción de prácticas empresariales sostenibles y éticas”, enfatizan en el pronunciamiento.
