El despliegue de policías y militares en El Salvador durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
El joven Levi Morales es integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA). El 11 de noviembre del 2022, cuando finalizaba su jornada en el campo en el municipio de Nahuizalco, fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
En ese momento, transcurrían más de siete meses desde el inicio del régimen de excepción que decretó la Asamblea Legislativa en marzo de ese mismo año. A petición del presidente, Nayib Bukele, y con el argumento de combatir la violencia de las pandillas, que a finales de ese mes asesinaron a más de 80 personas en solo tres días, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas y extendió el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.
Morales pasó a ser parte de las personas capturadas y acusadas, sin pruebas, de pertenecer a una banda criminal. Recluido por más de un año, las autoridades nunca entregaron evidencias para vincular al joven indígena como pandillero, por lo que el 20 de noviembre pasado, un tribunal de la ciudad de Santa Ana ordenó su libertad.
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Pese a que la petición provino de la misma Fiscalía General de la República (FGR), al momento de su liberación, el joven Morales fue capturado nuevamente y sin otorgarle ninguna explicación sobre los cargos que se le imputan, fue trasladado al penal de Usulután, a casi 200 kilómetros de distancia de su lugar de origen.
Durante conferencia de prensa realizada el pasado lunes (4), Ariela González, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y abogada defensora de Levi Morales, destacó que las autoridades jamás notificaron a la familia sobre su liberación ni tampoco sobre los cargos que se le imputan en su recaptura. “Desconocemos quien ha ordenado que se le recapture y bajo qué delitos, si es que existe una nueva imputación, o si estamos ante una doble persecución del delito”, detalló González.
Silverio Morales, padre de Levi, líder indígena del occidente del país centroamericano, alzó la voz para exigir la liberación de su hijo. “Yo estoy un poco temeroso de hacer esta conferencia por la persecución personal familiar, porque algo así similar se me dio la vez pasada, comenzaron a perseguirme el Ejército y la Policía. Pedimos a la Fiscalía que lo deje en libertad”, demandó.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes miembros de MILPA; la Mesa por la Soberanía Alimentaria; la Asociación de Estudiantes de Derecho y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, organizaciones que han documentado las violaciones procesales en el caso de la familia Morales.
Ataque a luchadores sociales
Algo en común entre las diferentes organizaciones que acompañan el caso de la detención de Levi Morales es que éste representa lo que está sucediendo repetidamente en El Salvador, específicamente con las detenciones arbitrarias y como estrategia de represión a las luchas sociales.
Ángel Flores, también integrante de MILPA, contextualizó que, actualmente, en el país centroamericano se está realizando un proceso de reconcentración de la tierra a partir de diferentes iniciativas económicas que continúan el despojo a las comunidades, como los proyectos planeados par la franja costera de El Salvador.
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“En áreas que están bajo presencia de poblaciones indígenas, campesinas, existe una gran cantidad de intereses de impulsar megaproyectos de inversión, establecimiento de complejos hoteleros, procesos de urbanización acelerada y también de turistificación de los territorios (…) no es casualidad que se estén persiguiendo a líderes y líderesas e indígenas, ambientalistas, colectivos de mujeres, entre otros sectores organizados que están en nuestro país, ya que son un obstáculo para poder apropiarse de los bienes comunes”, sostuvo Flores.
El miembro de MILPA resaltó que el ataque a los pueblos originarios se debe a que son antagónicos a la forma de vida que las élites, económicas y políticas, buscan imponer en el país centroamericano. “Obedece a ese interés de apropiarse de lo que en este momento está en manos de las comunidades campesinas e indígenas de El Salvador”, argumentó.
Militarización
El martes (5), Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde acusa al gobierno salvadoreño, con el presidente Nayib Bukele, de cometer “represión y regresión” a los derechos humanos en El Salvador.
De acuerdo a la organización de derechos humanos, la situación de represión representa una de las mayores crisis en el país desde el fin del conflicto armado hace 32 años. Además, denunció que las políticas de las autoridades consolidan un modelo “punitivo de seguridad pública”, el cual constantemente invisibilizan.
A través de entrevistas y monitoreos, la organización identificó la restricción de los derechos de los salvadoreños y la ejecución de políticas que “profundizan la militarización, prácticas represivas y reformas legales permanentes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos -particularmente los relativos a un juicio justo-. Lo anterior, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Ana Piquer, directora de AI para las Américas.
Según la organización, las detenciones ilegales y masivas, las desapariciones forzadas, torturas y muertes ocurridas bajo la custodia del Estado ocurridas en el régimen de excepción “son producto de un alto grado de coordinación estatal y ocurren con el conocimiento de las más altas autoridades, quienes muchas veces las incentivan y justifican”. Entre las consecuencias de estas acciones, encontraron que existe un aumento de patrones de autocensura entre periodistas, medios y organizaciones sociales.
El informe evidencia que existe por parte del Estado una política de tortura sistemática contra las personas que han sido capturadas en el régimen de excepción, acusadas de pertenecer a pandillas criminales.
La detención de Levi Morales es una entre las más de 71 mil personas detenidas que se registraban hasta octubre de este año, 19 meses después del inicio del régimen de excepción, el cual, cada mes, continúa siendo prorrogado por la Asamblea Legislativa.
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Socorro Jurídico Humanitario es una organización que ha registrado la detención sistemática de activistas. Acorde a sus datos han detenido a 17 líderes de sindicatos de alcaldías y dependencias del Gobierno, quienes han sido acusados de asociación delictuosa y terrorismo.
Ángel Flores, de MILPA, aseveró que el caso de Morales es un proceso arbitrario y exigió al gobierno salvadoreño que “cese la criminalización, persecución y encarcelamiento de líderes y lideresas indígenas ambientales, sindicales y sociales y de sus familias, como es el caso que estamos viendo en esta ocasión(…) es una situación sumamente preocupante porque los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, y derechos colectivos e individuales están siendo perseguidos”.
