Entretejidos bajo las ramas y la espesura de los árboles, los abrumadores rayos de sol no inquietan las voces de una multitud alegre. Ancianas, niños, mujeres y hombres de todas las edades acompañan con júbilo la melodía de guitarra, remarcando el final de la canción con estruendo:
¡No queremos plantas!
Ha transcurrido más de un año de protesta permanente en las comunidades de Prados 1 y 2 quienes resisten las agresiones del capital noruego de la empresa Scatec Solar y del banco de desarrollo Norfund, dupla al frente de intereses corporativos que buscan lucrar con el despojo de sus bienes comunes bajo el engaño de la “urgencia” que demanda el planeta en la generación masiva de energías renovables. El proyecto de energía fotovoltaica Los Prados no es el primero, ni será el último en Honduras ni en Centroamérica en intentar ser impuesto por el poder financiero global, ávido de completar la reconversión de la matriz de generación energética por una que sea “respetuosa del medio ambiente” la cual se abre paso vorazmente con la instalación diaria de 500, 000 paneles solares en el mundo, que representa un lucrativo negocio de 288 billones de dólares. Y es en el sur hondureño, del imponente sol que baña los departamentos de Valle, Choluteca y Francisco Morazán donde se aglutinan las inversiones de bancos de desarrollo europeos, corporaciones chinas, norteamericanas, mexicanas y alemanas, por mencionar sólo algunas, así como de organismos internacionales que mientras simulan salvar al mundo del cataclismo ambiental, promueven los mecanismos para transitar del consumo intensivo de combustibles fósiles hacia la expansión a gran escala de energías “renovables”, sin cuestionarse para qué y para quién es destinada esa energía, y quienes serían afectados en el proceso. El boom de inversiones estalló el año 2013 con las reformas legislativas para exonerar de impuestos a las empresas de generación energética renovable, tras lo cual sólo en Choluteca se aprobaron 34 contratos de captación solar, todos en co-inversión hondureña y extranjera. Para finales de 2016 la capacidad fotovoltaica instalada se posicionó como la tercera tecnología de mayor aporte al sector energético hondureño, detrás de los combustibles fósiles y las hidroeléctricas. Dichas plantas solares que ya generan el 10% de la electricidad hondureña venderán toda la energía que produzcan durante los próximos 20 años a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), último organismo público centroamericano en transitar hacia la privatización, el cual ahora incluso ofrece garantías de cumplimiento de los contratos suscritos con capitales transnacionales durante 20 años y técnicamente pone a disposición toda la generación eléctrica del país en el mercado regional centroamericano.
Aspectos del parque Pavana solar. Las previsiones indican que para 2020 más de la mitad de la generación eléctrica en la interconexión centroamericana provendrá de “energías renovables”. Foto: Aldo Santiago.
Entre las instalaciones que se disputan el potencial solar hondureño valuado en más de un billón de dólares, destaca el parque fotovoltaico Pavana Solar en Choluteca, construido por Yingli Solar, el mayor proveedor de paneles solares del mundo y administrado por Enerbasa/Lufussa subsidiara hondureña perteneciente al grupo de empresas de Luis Kafie, oligarca involucrado en la estafa millonaria al sector salud de Honduras dinero con el cual se financió parte de la campaña electoral del actual presidente Juan Orlando Hernández. Kafie también es dueño de Genisa, responsable del desastre ambiental y social producto de la construcción y llenado de la hidroeléctrica de Barro Blanco en territorio indígena Ngäbe-Bugle, en Panamá.
Otra corporación de menor perfil pero también envuelta en prácticas ilegales es Scatec Solar, quien expande su presencia en África y Europa con la estratégica instalación del proyecto de Agua Fría, municipio de Nacaome, una de las 28 estaciones de interconexión del Sistema de Integración Eléctrica de Centroamérica (SIEPAC), infraestructura ya en operaciones con un costo de $750 millones de dólares para permitir el control de la inversión privada en los proyectos de energía renovable a gran escala que se pretenden instalar en la región mesoamericana desde Colombia hasta México. Scatec Solar es la misma empresa que insiste en imponer el proyecto de energía fotovoltaica Los Prados, uno de los múltiples nodos de urgente construcción en Honduras necesarios para optimizar la infraestructura de la lucrativa red de generación energética que para 2020 demandará hasta 18 mil millones de dólares de inversión para transportar dicho flujo, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de sus mayores impulsores.
Instalaciones eléctricas de la subestación Los Prados, construida por Scatec Solar sin permiso de las comunidades. Foto: Renata Bessi.
La maquinaria irrumpió en las comunidades el 4 de enero de 2016 y sin aviso desmontaron el área donde comenzarían a instalar los paneles solares. Esta acción fue concretada tras la inclusión del parque fotovoltaico en los planes de inversión del banco Norfund a finales del año 2015; el “inmediato” impreso en sus reportes para la fecha de construcción de un proyecto gestado desde 2013 fue interpretado por Scatec Solar como un permiso para atropellar la consulta previa en las comunidades involucradas. “Cuando nosotros miramos que tenían numerado toda esa arboleda porque la iban a arrancar, fue cuando Prados 1 y 2 nos levantamos en manifestación a detener las máquinas” explica Leonardo.
“Esta energía el gobierno la exporta, no se queda al servicio del país, sino que esto es un negocio que a nosotros no nos beneficia en nada. Aquí dan trabajo mientras están planteando el proyecto en un lapso de tres o cuatro meses. Una vez que terminan de poner todos esos espejos, que le apagan la vista a todo el mundo que voltea a ver ahí, sólo queda un guardia en un portón. No queremos el proyecto porque en nada nos va a beneficiar”,
MANIFIESTA LEONARDO AMADOR, REPRESENTANTE DEL PATRONATO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PRADOS LAS CUALES MANTIENE UN CAMPAMENTO A LA ENTRADA DE SU TERRITORIO.
El esfuerzo conjunto de Prados consiguió detener la incursión corporativa a su territorio y tras la acción, la comunidad dejó en claro su rechazo al proyecto. Para resarcir la agresión, los campesinos exigieron a la empresa trabajo comunitario a cambio de permitir la salida de las máquinas recuperadas por la comunidad. “Nos jalaron algunos viajes de material, abrieron una calle donde vamos a hacer el agua potable y de esa forma llegamos al convenio de que se iban a ir firmando una acta de parte donde no iban a regresar con esa maquinaria porque las comunidades estaban muy inconformes. Y que si volvían pues que les íbamos a pegar fuego”, comparte Leonardo la respuesta popular.
Ocupar, resistir
La historia de la fundación de las comunidades de Prados no es ajena a la de cientos que se formaron en la segunda mitad del siglo pasado cuando grupos obreros y campesinos ocuparon terrenos, acompañados de la promesa gubernamental para acceder a la propiedad legal de las tierras nacionales y ejidales. Como en múltiples casos, las actuales tierras de Prados permanecían abandonadas por sus dueños, latifundistas a quienes se les disputaron bajo la exigencia popular por el derecho a la tierra. Desde entonces y hasta la actualidad, el terreno circundante a los campesinos es utilizado para la industria agrícola, principalmente para la producción de melón y granjas camaroneras.
Los fundadores de Los Prados provienen de grupos organizados del Valle de Nacaome como la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras y la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, grupos históricos con presencia en prácticamente todo el país y quienes gestionaron su permanencia en la región con el Instituto Nacional Agrario (INA). Sin embargo la ejecución de la reforma agraria, bloqueada a través de los años por los grupos minoritarios con enorme poder económico, el clientelismo inoculado a movimientos populares y la represión a campesinos, ofreció una simulación que incumplió las acciones para otorgar certeza legal a quienes ocupan y laboran la tierra.
“Era montaña lo que había aquí, la podamos y sembramos maíz, frijoles, sandía, ayote y de eso pasábamos todos los campesinos” cuentan las adultas mayores quienes extraen inmediatamente de su memoria las dificultades de quienes llegaron a estas tierras sin tener siquiera espacio para dormir.
“Hoy yo si tengo papeles de mis tierras, sólo son como ocho manzanas, pero tengo mis papeles. En 1982 el gobierno, a través del INA nos condonó las casas, las primeras 22” relata una de las campesinas sobre la fundación de la comunidad que actualmente cuenta con más de 300 hogares. Como muestra del abandono, el estado hondureño tampoco aportó los servicios de infraestructura básica y en la realidad dejó a los campesinos a su suerte, lo que los llevo a resolver las problemáticas cotidianas a través de su propio trabajo y mediante apoyos solidarios.
“La comunidad también aporto y construyó la luz porque la ENEE no ayuda acá. Antes había luz solo para la gente de las primeras casas y a medida de la fuerza de nosotros vamos haciendo la comunidad más grande” cuenta Digna Quiroz quien además subraya la afectación a la salud que causarían los paneles solares al trastornar el clima de la comunidad. Pese a la ocupación campesina de estas tierras por décadas, los territorios quedaron desprotegidos frente a la posibilidad de ser entregados a manos privadas desde la década de los 90s.
Acorde con la voracidad con que ha sido desintegrado el marco jurídico, y privatizadas áreas y servicios de los estados-nación en Latinoamérica, Honduras promovió y aplicó las reformas agrícolas y de municipalidades gestadas desde el Banco Mundial, lo que aceleró la invasión de tierras campesinas e indígenas durante los últimos años del siglo pasado. De aquellas políticas neoliberales que se fueron imponiendo en Latinoamérica, permanecen las condiciones para la pauperización de campesinos y el despojo de tierras generalizados, la militarización sistemática de los territorios, el éxodo masivo de trabajadores, entre muchos de los conflictos de la región.
De ahí el peligro del discurso y la práctica en la masiva construcción de proyectos de energías renovables en Centroamérica pues sustituye el del “combate a la pobreza” dictado por los organismos financieros internacionales desde la década de los 70s. Hoy es el “combate al cambio climático” lo que justifica otorgar préstamos de 30 millones de dólares a Honduras provenientes de fondos internacionales para “mitigar” los efectos del desastre ambiental e incentivar las energías renovables “en países de bajos recursos” lo que facilita las condiciones para el saqueo de los territorios. Un claro ejemplo de esta farsa es Noruega país que al mismo tiempo que se promueve como ambientalista, pretende expandir la frontera petrolera en el Ártico.
Mientras Honduras es señalado como una de las geografías más dañadas por las consecuencias del cambio climático -principalmente en la zona sur después del azote del huracán Mitch en 1998, así como en el caribe donde generó los primeros desplazados ambientales en la costa garífuna- la sincronía que revelan las exenciones fiscales e incentivos para instalar empresas de generación de energía renovable de acuerdo a los dictados por entes financieros internacionales como el Banco Mundial y el BID, permiten el atropello de las comunidades que sin consulta previa, se enteran del proyecto hasta el momento de su ejecución.
"Nos van a secar las quebradas que tenemos cerca. Ya no va haber pájaros, ya no va haber garrobos. Hay montón de animalitos que van a desaparecer de nuestra comunidad y eso es lo que ellos vienen buscando: Desaparecernos totalmente a nosotros ¿Para dónde vamos agarrar nosotros?”
CUESTIONA BLANCA, FISCAL DEL PATRONATO QUIEN RECLAMA DIRECTAMENTE A LA POLÍTICA PARTIDARIA COMO UNO DE LOS ENEMIGOS DE LA COMUNIDAD.
De la impunidad omnipresente
En uno de los frentes en disputa, la comunidad de Los Prados exige les sean reconocidos sus representantes ante las instancias gubernamentales, debido a la negación sistemática del gobierno municipal para entablar comunicación con los integrantes del patronato elegidos por la comunidad. Leonardo cita con rabia la insistencia y el acoso empresarial, a la par que un grupo de 30 personas nos muestran la organización en el campamento que permite la acción permanente contra Scatec Solar. Las denuncias llueven para el alcalde Douglas Orestes quien desde enero de 2016 mantiene a la comunidad de Los Prados sin la posibilidad de gestionar recursos con su nuevo patronato. Orestes también es acusado de extorsionar y engañar a campesinos para crear un grupo afín para suplantar al integrado por Los Prados. “Se valió llevándose gente de acá, dándoles un dinerito extra para quitarla (del campamento) y que así aprobaran el proyecto. Para hacer esto hay que sacar un listado donde cada quien va a dar su firma o diga que sí con su número de identidad y aunque él no tiene nada, alega que sí hizo el trámite” nos cuenta Leonardo sobre las veces que han sido invisibilizadas sus opiniones frente al parque fotovoltaico. En la cercana ciudad de Choluteca, Denia Castillo, acompañante legal de las comunidades de Los Prados nos ofrece un repaso del marco jurídico hondureño, su permanente transgresión por quienes deberían regirse por él y las dificultades que afrontan las comunidades para poseer títulos de propiedad de la tierra.
“Nosotros hemos firmado tratados y convenios internacionales reconociendo el derecho al acceso a la tierra. Sin embargo la legalización es difícil. El código civil establece el derecho a la prescripción ordinaria y el derecho a la prescripción extraordinaria. La primera se adquiere cuando los ciudadanos utilizan un bien inmueble por más de 10 años de forma quieta, pacífica e ininterrumpida y la segunda se adquiere por más de 20 años. Son situaciones legales que favorecen a nuestras comunidades, sin embargo no se están respetando. Normalmente el acceso a este derecho es bastante difícil para nuestros ciudadanos” resume Denia quien identifica la lógica del desigual sistema judicial hondureño: la balanza siempre se inclina para la minoría privilegiada.
Pese al respaldo existente en la legislación, en la práctica sólo quien tiene el dinero puede legalizar los títulos de propiedad. Las solicitudes de las comunidades son simplemente ignoradas. El INA, responsable histórico de hacer cumplir la ley de reforma agraria obstaculiza el procedimiento, y debido a la escasez de fondos para pagos de abogados, los campesinos se ven limitados para concretar el proceso burocrático.
“De igual manera, a través de documentos falsos, de firmas falsificadas, existen grupos que argumentan que los campesinos han vendido sus tierras. Pero en Honduras radica la impunidad. En casos como estos donde existen delitos que pueden ser fácilmente comprobados, si se le brindara asistencia jurídica al campesino, no fácilmente le quitarían su tierra. De igual manera las leyes que han sido creadas para beneficiar a los grupos vulnerables del país, o no son aprobadas o no las ratifican; o simple y sencillamente también son derogadas. Difícilmente los campesinos tienen acceso legal a la tierra; esta es la dificultad por donde se van todas las empresas y todos los proyectos para poder acceder más fácilmente a lo que ellos consideran necesario: el acceso a la tierra para poder iniciar sus labores de trabajo” evidencia Denia las maniobras de despojo ejecutadas en contubernio entre capital privado e instituciones estatales.
Existe también el caso de la docena de comunidades que rechazan la minería de oro a cielo abierto en el municipio de El Triunfo. En una de ellas, la población de Ojo de Agua, los habitantes no tienen la documentación de los predios. “Debido a eso, trabajadores de la empresa minera Los Lirios han llegado a la comunidad y les han ofrecido a los campesinos ayuda para legalizar sus predios de manera gratuita” denuncia Denia. La medida viene acompañada de un chantaje: a cambio del título de propiedad se les presiona para que vendan sus tierras a un precio fijado por la empresa. Y si se agotan las estrategias mencionadas, suelen recurrir a la persecución y hostigamiento de sus opositores como recientemente lo demuestra la criminalización de seis personas de Ojo de Agua, que como la mayoría de la población se oponen a la extracción de minerales desde el año 2000.
El sur en disputa
Una revisión de la región sur hondureña despierta la sospecha en la relación que existe entre la fuerte inversión en infraestructura eléctrica y la ampliación de industrias demandantes de energía como la minería que desde la caída de los precios en 2009 ha incrementado exponencialmente su producción en Latinoamérica. Un ejemplo del nivel de control territorial por parte de las corporaciones es evidente al señalar planes como las de la empresa canadiense Glen Eagle Resources quien obtuvo el permiso para administrar una zona libre de 15 mil metros cuadrados para la exportación de minerales con exención tributaria desde El Corpus, Choluteca. Por ello las reacciones de las comunidades ante la expansión minera y los daños a la salud que genera, se han multiplicado en la región. Tales son los casos de San Martín, donde a través de cabildo abierto se declararon en contra la industria extractiva; y en el sector de Ojo de Agua, El Triunfo, donde toda la comunidad está en contra del proyecto a cargo de la norteamericana Electrum que persiste en comenzar la explotación minera con una inversión inicial de un billón de dólares.
“Recuerdo la respuesta de uno de los comunicadores, integrante de los Comités de Defensa de la Naturaleza, quien respondió que lo hacía (oponerse a la minería) porque su esposa se había quedado ciega porque se lavó del agua que produce la mina” relata la abogada. “Esta gente vive en situación de defensa y lucha porque su ganado ha muerto, porque ya no tienen zonas de cultivo y les toca comprar el agua para tomar porque saben que está altamente contaminada, tal como lo prueba un requerimiento fiscal de parte del ministerio público el cual prohíbe el consumo de esa agua por las altas cantidades de cianuro” denuncia Denia.
También existe el caso de la zona de El Tránsito, Nacaome donde la minería a cielo abierto acecha el cerro Cuculmeca, (clausurado debido a las numerosas muertes de mineros de la zona) el cual en seis hectáreas se presume guarda un valor en oro y plata de 14 millones de dólares de acuerdo a cálculos de la Comisión para la Alianza Público y Privada (Coalianza). Para Denia, una de las piezas clave en la maquinaria institucional que permite el despojo territorial a nivel nacional es la famosa Coalianza, ente “desconcentrado” del estado hondureño que promueve el modelo de inversión conjunta entre sector público y privado para construir obras o brindar servicios públicos en todo el país. Honduras es pionero desde 2010 en la implementación de estas inversiones en la región centroamericana, modelo de referencia global utilizado para obtener mayor lucro en sectores otrora públicos como la generación energética a través de hidroeléctricas en países de la cuenca amazónica o hasta en la industria carcelaria de Estados Unidos. Coalianza maneja proyectos de privatización ligados al sector energético, de telecomunicaciones, puertos, salud, agua y principalmente en la construcción de infraestructura. No solamente las inversiones públicas y privadas con programas como Honduras 2020, sino la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) también llamadas “Ciudades Modelo”, fragmentos del territorio hondureño que son cedidos a uno o varios países o corporaciones para la creación de ciudades orientadas a los negocios, representan el aceleramiento en las estrategias para la venta de los bienes comunes y naturales de este país centroamericano. Denia recuerda la época del presidente Manuel Zelaya Rosales como un punto de quiebre en el despunte de la violencia contra las comunidades, pues uno de los temas que ayudaron a detonar el golpe de Estado de 2009 fue una política de apertura para los grupos campesinos e indígenas. “Con la aparición del decreto 18-2008 se buscó permitir a los campesinos el acceso a la tenencia legal de la tierra. Honduras estaba en ese proceso cuando se da el golpe de Estado, revirtiendo la lucha que se había gestado en los pueblos y que era para beneficio directo de los pobladores. El gobierno resultado de la ofensiva militar y corporativa derogó ese decreto y reprimió demandas similares” recuerda la abogada.
“El golpe de Estado fue el que permitió este abuso desmedido de nuestros recursos al permitir reformas legislativas en el marco nacional, acorde con las demandas de las empresas trasnacionales y bancos de desarrollo. En el 2013 cuando el presidente actual de la República era presidente del Congreso, se aprueban más de 39 leyes; dentro de ellas: la ley de minería, ley de pesca; leyes que estaban detenidas por la presión social” menciona Denia.“Prácticamente con estas leyes les dicen a los empresarios: No se preocupen, aquí todo es fácil. Aquí pueden hacer lo que les dé la gana. Aquí pueden venir a invertir y se los tenemos listo y preparado. Tenemos la justicia ya preparada para que los beneficie a ustedes; tenemos leyes…” ironiza la abogada sobre los “acuerdos” entre el estado y las corporaciones que permiten la implementación de dicha legislación.
Negocios, como de costumbre
La amenaza constante de una realidad militarizada y la presión de los inversores sobre la próxima fecha que intentarán incursionar al territorio de Los Prados transitan fácilmente de la intimidación hacia la persecución y represión por parte de cuerpos de seguridad tanto privados, como estatales.
Ver también ⇒ Intervención de Estados Unidos en México y Centroamérica: la continuación de la economía de guerra.
Durante un recorrido por la zona donde se han instalado torres de transmisión e infraestructura eléctrica, integrantes del equipo de este reportaje y nuestros acompañantes locales fuimos detenidos por elementos de seguridad pública por realizar el registro fotográfico de una oficina de Norfund construida a escasos kilómetros de la carretera que conduce hacia Los Prados.
-¡Aquí está mi identificación… y mi carta de medidas cautelares de la CIDH! fue la respuesta de uno de nuestros jóvenes acompañantes, originario de la península de Zacate Grande, frente al abordaje policial arbitrario. Ante la reacción de incertidumbre de los policías que no sabían lo que buscaban en el automóvil, nos percatamos de lo inútil que resultan en la práctica dichos papeles. Desde 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en 49 casos hondureños;pese a ello 13 de los “beneficiarios” fueron asesinados. Como recientemente publicó un reporte de Global Witness, desde el golpe de 2009, 123 personas han sido asesinadas en Honduras por defender su territorio y bienes comunes naturales. Los elementos recurrentes en los crímenes apuntan a la corrupción dentro de las esferas gubernamentales, dinamizada por la avaricia corporativa en megaproyectos ya sea de minería, hidroeléctricas, hoteles de lujo y cada vez más de energías renovables. Pese al señalamiento de las redes criminales que vinculan gobierno, empresas y cuerpos de seguridad como responsables de los asesinatos como en el caso de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la impunidad encubre e incentiva el aumento de los asesinatos con cada día. Lo trágico es que esto no es exclusivo de Honduras pues hasta los primeros días de marzo de 2017, el terrorismo corporativo y de estado ha perpetuado homicidios en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia, éste último contabilizando 23 asesinatos en el contexto de re-negociación de paz. Con dichos elementos resulta importante denunciar el apoyo para la expansión de proyectos de “energía renovable” desde los organismos financieros internacionales pese a los numerosos reportes de abusos contra las comunidades que han sido ignorados sistemáticamente por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el BID, así como los bancos para el desarrollo, como ejemplifican el FMO y Finnfund involucrados en la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca al que Berta Cáceres se opuso en vida.
En el caso del proyecto de Los Prados, la empresa Scatec Solar, pretende desembolsar 100 millones de dólares para la imposición del parque fotovoltaico. El dinero provendrá principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica y Norfund, que también ha otorgado préstamos a Ficohsa, grupo financiero propiedad de la familia Atala acusada de apoyar el golpe militar de 2009, sujeto de investigación por lavado de dinero en Panamá, vinculado al desvío de fondos del sector salud hacia el complejo turístico de lujo Indura Beach e involucrado en la inversión de Desarrollos Energéticos, empresa hondureña implicada en el asesinato de Cáceres . Ante los antecedentes criminales del grupo financiero hondureño permanece el cuestionamiento en torno a la pasividad y desdén de los bancos ante los crímenes que posibilitan con sus inversiones.
Denia suma su voz contra la criminalización hacia las comunidades en Centroamérica. “En este momento las leyes hondureñas como tal le benefician a los pobladores de los Prados 1 y 2 que han iniciado una lucha de oposición directa al proyecto de energía fotovoltaica que pretenden implementar en su zona. La declaración universal de los derechos humanos también porque habla del derecho a la consulta que tienen todos los ciudadanos y en este caso se puede verificar en el expediente de otorgamiento de licencia ambiental que estos pobladores no fueron consultados, que sus firmas no están dentro de las peticiones que ellos (la empresa) argumentan fueron socializados. Ellos están ejerciendo su derecho y se tiene que respetar ese derecho” exige en referencia a la legitimidad del campamento en la entrada de las comunidades.
Sin embargo, el proceso iniciado tras el golpe de 2009 para modificar las leyes nacionales continúa su curso. Un ejemplo de ello es la reciente aprobación en 2017 de la reforma del Código Penal donde se legaliza la criminalización del derecho a la protesta de aquellos que se opongan a los mega proyectos de inversión mediante la tipificación de actos de terrorismo. “Han creado un engranaje legal que está blindando a los empresarios para que ellos puedan hacer lo que desean con los recursos de nuestro país. Ahorita tenemos la ley antiterrorista y el delito de sedición ya está contemplado; son reformas mucho más pesadas las que establece este nuevo código penal y de manera general sabemos que es (destinada) a campesinos, sindicalistas y todos estos movimientos sociales que han estado defendiendo nuestros recursos” comenta la abogada. Y todo cambia, para no cambiar en nada. Anclados en el mito del subdesarrollo heredero de la política neoliberal, el aparato estatal hondureño continúa flexibilizando el marco legal que los capitales exigen para incursionar y fragmentar a las comunidades en el intento de imponer proyectos de infraestructura y negocios de generación-transporte energéticos. Ante el panorama impuesto por parte del estado hondureño bajo el modelo de desarrollo basado en la extracción y despojo de los bienes comunes para beneficiar al sector corporativo nacional y transnacional, la lucha de comunidades como Los Prados contribuyen a evidenciar discursos como la energía renovable que son parte del mismo contexto: el “imparable” crecimiento económico del capital; de ninguna manera una alternativa a sus procesos. Aunque la pinten de verde.
Este reportaje forma parte de un conjunto de temas que serán publicados el resto del año, sobre el contexto de la crisis climática, militarización y megaproyectos en la región México-Centroamérica.
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