El lunes 4 de marzo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH‐OEA) presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
El reporte de la MACCIH parte de las más de 40 denuncias presentadas en su día por Berta Cáceres, quien en vida se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa DESA, involucrada en el caso de fraude.
La investigación presentó evidencia probatoria que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.
“Lamentamos su tardanza del requerimiento fiscal... COPINH y Berta Cáceres, denunciaron en innumerables ocasiones los proyectos de minería, hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo no sólo contra el pueblo Lenca sino en todo Honduras", manifestaron familiares de la coordinadora del COPINH asesinada hace tres años, para quienes “mientras no sean desmanteladas las estructuras mafiosas dentro del estado en colusión con la empresa privada, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenasˮ.
En su pronunciamiento público, en el contexto del reporte publicado por la MACCIH, el COPINH añade el cuestionamiento por la decisión de las autoridades de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA, la familia Atala Zablah, el ex ministro Rigoberto Cuéllar, entre otros.
“No es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucá", añade la organización lenca sobre otros proyectos a lo largo de la geografía hondureña promovidos por capitales locales y extranjeros.
“...la Misión sugiere que se revisen los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula, pues de seguir con esta política energética podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE, ya que es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables se encuentren bajo la misma modalidad”, destaca el informe de la MACCIH.
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Esta es la novena investigación penal desde 2016 que presenta el equipo formado por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP) y MACCIH‐OEA.
Entre los casos previamente investigados destacan Caja chica del Hermano, donde se vincula con fraude al familiar del expresidente Porfirio Lobo; Red de Diputados, el cual investiga a 60 parlamentarios y exparlamentarios por malversación de fondos; Pandora, en el que fondos públicos se desviaron para el financiamiento de campañas políticas de tres partidos en 2013, incluida la del presidente Hernández; y Pacto de Impunidad, mediante el cual el Congreso Nacional aprueba poner freno a las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios. Dicha medida podría incluso conseguir la excarcelación de funcionarios procesadas por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En la respuesta del COPINH ante Fraude en el Gualcarque, las comunidades responsabilizan a los bancos financiadores. En el caso del asesinato de Cáceres, en especial al Banco Centroamericano de Integración Económica, FMO(Holandés), FinnFund (Finlandés) y FICOHSA (Honduras) por su colusión ante estos actos de corrupción y ausencia de control de sus inversiones.
Autores intelectuales
Entre las 16 personas con requerimento fiscal se encuentra Roberto David Castillo Mejía, capturado en marzo de 2018 y hasta el momento el único acusado por la autoría intelectual por el asesinato de Berta Cáceres.
En Noviembre de 2018, una corte halló culpables a siete personas del asesinato de Cáceres.
Por su parte Castillo Mejía se desempeñó como presidente de POTENCIA Y ENERGÍA DE MESOAMERICA S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá, una de las dos accionistas de DESA.
Previamente Castillo tuvo el cargo de Teniente Segundo en Inteligencia Militar antes de retirarse del ejército de Honduras. En 2007, el ejército hondureño intervino en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras. Oficiales militares, incluyendo David Castillo, tomaron puestos clave de gestión dentro de la entonces empresa estatal, desde donde posteriormente se vincularía con DESA y el proyecto de Agua Zarca. Actualmente David Castillo se encuentra recluido en espera de la ejecución de su proceso penal por el asesinato de Cáceres, a lo cual se suma el cargo de fraude presentado este lunes.
